{"id":101063,"date":"2026-06-30T18:02:56","date_gmt":"2026-06-30T18:02:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101063"},"modified":"2026-06-30T18:02:56","modified_gmt":"2026-06-30T18:02:56","slug":"atc525-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc525-2018\/","title":{"rendered":"ATC525-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC525-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 63001-22-14-000-2018-00001-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia de 24 de enero de 2018, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carolina Arias Hoyos, quien act\u00faa como agente oficiosa de su hijo Juan Jos\u00e9 Salazar Arias, contra el Juzgado Tercero de Familia de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de sucesi\u00f3n intestada del se\u00f1or Henry Salazar Ospina; si no fuera porque en el tr\u00e1mite de la primera instancia se incurri\u00f3 en una causal de nulidad que afecta lo actuado, seg\u00fan se examina. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La accionante en la calidad descrita reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa, entre otras, presuntamente vulneradas por la autoridad querellada. <\/p>\n

2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n

En el estrado confutado se tramita la sucesi\u00f3n materia de este ruego, en la cual fue reconocido como heredero su hijo Juan Jos\u00e9 Salazar Arias. <\/p>\n

Esgrime que el 26 de mayo de 2016, el tutelado aprob\u00f3 los inventarios y aval\u00faos, donde se incluy\u00f3 como activo \u201c(\u2026) la posesi\u00f3n que supuestamente ten\u00eda el causante sobre la casa de habitaci\u00f3n ubicada en la carrera 16 N\u00ba 3N-11 de Armenia (\u2026)\u201d, decisi\u00f3n confirmada por el Tribunal Superior de esa ciudad el 8 de mayo de 2017. <\/p>\n

Se\u00f1ala que el apoderado del prenombrado infante solicit\u00f3 la \u201cexclusi\u00f3n\u201d del memorado bien, por cuanto estaba demostrado que Carolina Arias Hoyos era \u201c(\u2026) quien actualmente tiene la posesi\u00f3n (\u2026)\u201d de ese fundo. <\/p>\n

Acota que el anterior requerimiento fue resuelto desfavorablemente por el estrado convocado el 21 de junio pasado, argumentando que ese tema ya hab\u00eda sido resuelto \u201cen primera y segunda instancia\u201d, al zanjarse la objeci\u00f3n impetrada frente a los inventarios all\u00ed aprobados, determinaci\u00f3n recurrida en reposici\u00f3n, desestimada el 1 de agosto de 2017. <\/p>\n

Se duele la quejosa porque el estrado convocado \u201c(\u2026) no dio cumplimiento a lo indicado en el art\u00edculo 505 del C.G.P. en virtud de haberse promovido proceso sobre la propiedad (\u2026)\u201d del inmueble inmiscuido. <\/p>\n

3. Suplica, en concreto \u201cdejar sin efecto\u201d la providencia que neg\u00f3 la exclusi\u00f3n deprecada en la aludida causa mortuoria. <\/p>\n

4. El Juzgado Tercero de Familia de Armenia remiti\u00f3 copias del expediente contentivo del pleito subex\u00e1mine (fl. 167). <\/p>\n

5. El tribunal desestim\u00f3 el ruego, aduciendo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l accionante en dos ocasiones en el proceso sucesorio en referencia ha solicitado la exclusi\u00f3n de bienes de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 505 del C\u00f3digo General del Proceso, y por ende, es evidente que ya se ha agotado la oportunidad para decidir sobre esta clase de solicitudes (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) se comprueba que en las actuaciones objeto de censura se ha producido el fen\u00f3meno de consumaci\u00f3n o principio de eventualidad, el cual impide que se puedan presentar intervenciones sucesivas, a pesar de haber sido rechazadas (\u2026)\u201d (fls. 178 a 184). <\/p>\n

6. La interesada repiti\u00f3 los mismos argumentos expuestos en el libelo genitor y agreg\u00f3 que el tribunal dio una interpretaci\u00f3n indebida al principio invocado para negar el auxilio (fls. 193 a 210).
\n2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del relato expuesto en el escrito genitor se desprende, sin asomo de duda, que el amparo tambi\u00e9n involucra a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, por cuanto esa corporaci\u00f3n resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n impetrado contra el auto resolutorio de la objeci\u00f3n que atacaba la inclusi\u00f3n en los inventarios y aval\u00faos practicados en el litigio subex\u00e1mine, de \u201cla posesi\u00f3n que supuestamente ten\u00eda el causante sobre la casa de habitaci\u00f3n ubicada en la carrera 16 N\u00ba 3N-11 de Armenia\u201d, tema objeto de censura en este auxilio. <\/p>\n

2. As\u00ed, le corresponde entonces a esta Sala de Casaci\u00f3n resolver la presente s\u00faplica en primera instancia, por ser el superior funcional del colegiado a vincular, seg\u00fan lo consagrado en el inciso 1\u00ba del numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 precepto 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 20171. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo estipulado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones.
\n4.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d2. <\/p>\n

5. Con fundamento en lo expuesto se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir de la admisi\u00f3n del presente tr\u00e1mite, y se ordenar\u00e1 que la Secretar\u00eda de esta Sala, realice el reparto respectivo, tendiente a habilitar el conocimiento de este asunto en primera instancia. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Conforme a lo anterior, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en esta acci\u00f3n de tutela, a partir del auto que orden\u00f3 darle tr\u00e1mite a la misma, inclusive, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil para que realice el reparto respectivo tendiente a habilitar su conocimiento en primera instancia. Of\u00edciese. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \t\u201c(\u2026)5. \tLas acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \tal respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional \taccionada. (\u2026)\u201d.
\n2 \tCSJ. ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n7<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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