{"id":101066,"date":"2026-06-30T18:03:04","date_gmt":"2026-06-30T18:03:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101066"},"modified":"2026-06-30T18:03:04","modified_gmt":"2026-06-30T18:03:04","slug":"atc528-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc528-2018\/","title":{"rendered":"ATC528-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC528-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 54518-22-08-003-2018-00003-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintitr\u00e9s (23) de febrero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 23 de enero de 2018, por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, dentro de la tutela promovida por Jairo Rodr\u00edguez Villamizar, contra el Ministerio de Transporte Nacional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Presidente de la Rep\u00fablica y los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y Comercio, Industria y Turismo. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad, la cual afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar.
\n1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El actor suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la propiedad y dignidad humana, presuntamente lesionadas por los convocados. <\/p>\n

2. Sostiene, como fundamento de su reclamo, en s\u00edntesis, que con la expedici\u00f3n del Decreto 2229 de 2017: \u201cPor el cual se adiciona un T\u00edtulo a la Parte 3 del Libro 2 del Decreto 1079 de 2015, en relaci\u00f3n con las condiciones, t\u00e9rminos, y requisitos para autorizar la internaci\u00f3n temporal de veh\u00edculos, motocicletas y embarcaciones fluviales menores con matr\u00edcula del pa\u00eds vecino, a los residentes en las Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo\u201d se ve vulnerado su derecho a la propiedad respecto de un automotor que adquiri\u00f3 en el territorio venezolano, puesto que, a su juicio, con la entrada en vigencia de dicha normativa \u201c(\u2026) ahora resulta que [el referido bien] es del [E]stado (\u2026)\u201d (fls. 1 a 3). <\/p>\n

3. Implora ordenar al Ministerio de Transporte, dejar sin efecto el mencionado acto administrativo. <\/p>\n

4. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que el amparo era improcedente por inobservancia del requisito de subsidiariedad, el cual solo puede ser suplido si se prueba la existencia de un perjuicio irremediable, circunstancia no acreditada por el interesado (fls. 30 a 32). <\/p>\n

5. La Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del aqu\u00ed tutelante, aduciendo que \u00e9ste puede acudir a otros mecanismos judiciales para atacar el memorado acto administrativo. En adici\u00f3n, resalt\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n de esa cartera respecto a lo peticionado en el ruego constitucional (fls. 43 a 47). <\/p>\n

6. Tanto el Ministerio de Transporte como el de Comercio, Industria y Turismo, y la Presidencia de la Rep\u00fablica, guardaron silencio. <\/p>\n

7. El a quo constitucional desestim\u00f3 el resguardo luego de verificar la ausencia del presupuesto de subsidiariedad, pues \u201c(…) el accionante cuenta con otros medios de defensa para cuestionar el decreto que acusa como violatorio del derecho a la propiedad y a la dignidad humana, y, adem\u00e1s, no se encuentra demostrada la existencia de perjuicio irremediable que tenga la condici\u00f3n de ser inminente, grave e impostergable para que amerite la intervenci\u00f3n urgente del juez constitucional (…)\u201d (fls. 53 a 58). <\/p>\n

Adicionalmente, hall\u00f3 legitimados a los ministros convocados para ser sujetos pasivos de esta tramitaci\u00f3n, por cuanto todos subscribieron el Decreto cuestionado. <\/p>\n

8. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n frente al anterior fallo, por la negativa de su \u201cdesvinculaci\u00f3n\u201d por cuanto \u201c(…) lo pretendido implica unas actividades ajenas a [sus] funciones (\u2026) que rebasar\u00edan las competencias funcionales asignadas (fls. 87 a 89). <\/p>\n

1. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De las circunstancias narradas se desprende la falta de competencia de la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona para desatar la salvaguarda deprecada el 3 de enero de 2018, contra el Ministerio de Transporte Nacional, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Presidente de la Rep\u00fablica y los ministros de Relaciones Exteriores, Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y Comercio, Industria y Turismo.por cuanto el reclamo involucra, al Presidente de la Rep\u00fablica y a los Ministerios de Transporte Nacional, Relaciones Exteriores, Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, y Comercio, Industria y Turismo. <\/p>\n

Lo anterior porque la queja constitucional se dirige exclusivamente frente al Ministerio de Transporte, organismo que seg\u00fan la Ley 489 de 1998, forman parte de la Rama Ejecutiva del poder p\u00fablico en el sector central del orden nacional. <\/p>\n

En efecto, le\u00eddo con detenimiento el escrito contentivo del ruego, se colige que el descontento del actor ata\u00f1e exclusivamente con el titular de esa cartera, pues el Decreto criticado tiene que ver con asuntos propios de su competencia. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la vinculaci\u00f3n realizada por el colegiado a quo en relaci\u00f3n con los otros funcionarios que orden\u00f3 citar es meramente aparente. <\/p>\n

2. Dada la naturaleza del Ministerio de Transporte y lo preceptuado en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 1 del Decreto 1983 de 2017, vigente desde el 30 de noviembre de 2017, esta demanda constitucional, formulada el 3 de enero de 2018 (Cfr. fl. 4), debi\u00f3 ser definida en primer grado por los falladores del circuito de esa ciudad. <\/p>\n

3. La situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en lo referente a los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones. <\/p>\n

4.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Sala, con argumentos que hoy, en vigencia del aludido Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) respecto a que los jueces \u2018no est\u00e1n facultados para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del Decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 A de 2006, Corte Constitucional)\u201d1. <\/p>\n

5.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata a la Oficina Judicial de Pamplona, para ser repartida entre los jueces del circuito de esa ciudad, quienes son los competentes para conocer de ella en primera instancia. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d2. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jairo Rodr\u00edguez Villamizar frente al Ministerio de Transporte; sin perjuicio, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, de la validez de las pruebas. <\/p>\n

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente a la Oficina Judicial de Pamplona, para ser repartido entre los jueces del circuito de esa ciudad, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante telegrama. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tCSJ. ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n2 \tCSJ. ATC \tde 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; \treiterado el 9 de agosto de 2010, exp. \t63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. \t08001-22-13-000-2013-00648-01
\n8<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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