{"id":101075,"date":"2026-06-30T22:29:34","date_gmt":"2026-06-30T22:29:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101075"},"modified":"2026-06-30T22:29:34","modified_gmt":"2026-06-30T22:29:34","slug":"atc1227-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc1227-2018\/","title":{"rendered":"ATC1227-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

ATC1227-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2018-00023-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de trece de junio de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 26 de abril de 2018, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante la cual neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Wilfrido Vallejo Mindiola contra el Procurador General de la Naci\u00f3n, vincul\u00e1ndose al Procurador Regional y el Juzgado Penal del Circuito Especializado, ambos de esa misma ciudad, la Fiscal\u00eda 46 Especializada de Valledupar y el INPEC Regional Norte, si no fuera porque se observa que en la tramitaci\u00f3n surtida en la primera instancia se incurri\u00f3 en causal de nulidad que afect\u00f3 lo actuado, seg\u00fan pasa examinarse. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor, actuando a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso y \u00ablibre acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por el funcionario acusado. <\/p>\n

2. Se\u00f1al\u00f3, como sustento de su reclamo, en s\u00edntesis, que: <\/p>\n

2.1. En proceso que le adelanta la Fiscal\u00eda 46 Especializada de Valledupar, radicado interno 2015-00005 y spoa 11-001-60-00097-2013-00045-00, que cursa ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Riohacha, le imputaron los delitos de \u00abrebeli\u00f3n, concierto para delinquir, uso de prendas e insignias de uso exclusivo de las fuerzas armadas, porte ilegal de armas, empleo, producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y almacenamiento de minas antipersonales\u00bb. <\/p>\n

2.2. Aduce que en dicho tr\u00e1mite le \u00abvienen violando sus derechos fundamentales al debido proceso, principio de inocencia y no dos veces por el mismo delito\u00bb, porque no ha existido \u00abigualdad procesal\u00bb, ni vigilancia de los \u00f3rganos de control, puesto que el agente del Ministerio P\u00fablico, de m\u00e1s de 10 audiencias programadas, \u00fanicamente asisti\u00f3 a la de 22 de septiembre de 2015 \u00abcuando el tribunal revoc\u00f3 el auto que neg\u00f3 todas las pruebas\u00bb; por lo que dicha entidad ha incumplido la misi\u00f3n institucional, y es deber que \u00abexista un agente del ministerio p\u00fablico para la audiencia programada para el d\u00eda 24 de abril pr\u00f3ximo en donde injustamente se le leer\u00e1 sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n

2.3. Se\u00f1ala que no fue capturado en flagrancia y, sin embargo, se le dict\u00f3 medida de aseguramiento, \u00absin existir los presupuestos necesarios para imponerla\u00bb; adem\u00e1s, se le ha vulnerado la prerrogativa a \u00abla libertad por vencimiento de t\u00e9rminos\u00bb, le fue negado el \u00abderecho a la prueba\u00bb, (decisi\u00f3n que luego revoc\u00f3 el tribunal); el juez de la causa instal\u00f3 la audiencia de juicio oral sin su presencia por fallas del INPEC en su traslado, y no le pregunt\u00f3 si se declarara culpable o no; adem\u00e1s, la aplaz\u00f3 por petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda. Y, se present\u00f3 cambio del juez de conocimiento, pero el nuevo funcionario \u00abno tuvo en cuenta unas pruebas reinas expuestas mediante el video beam donde venc\u00eda la tesis de la fiscal\u00eda\u00bb; y fij\u00f3 fecha para \u00ablectura del sentido del fallo\u00bb para el 24 de marzo pasado, data en la que el INPEC no lo traslad\u00f3, y el 6 de abril siguiente \u00abemiti\u00f3 sentido del fallo concluyendo escuetamente que exist\u00edan los presupuestos para condenar[lo]\u00bb. <\/p>\n

2.4. El 8 de mayo de 2017 mediante derecho de petici\u00f3n con radicado E-2017-592318 le comunic\u00f3 tales irregularidades al Procurador General de la Naci\u00f3n y, en especial, que \u00absu delegado en lo penal del municipio de Riohacha departamento de La Guajira, no hab\u00eda asistido sino una sola vez durante el proceso y en todos sus actos posee un criterio sesgado a condenar[lo]\u00bb, pero no le ha respondido ni \u00abha ordenado que se desplace a Riohacha un procurador delegado especial para que asista a la audiencia [de 24 de abril de 2018]\u00bb; y no se pronunci\u00f3 frente a los requerimientos que le efectu\u00f3 el 15 de junio siguiente \u00abradicado E-2017-645301\u00bb, y el 6 de abril de 2018 \u00abdonde solicitaba que [el] ministerio p\u00fablico estuviera presente en la audiencia de lectura de fallo\u00bb. <\/p>\n

3. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que \u00abse ordene al doctor Jorge [sic] Carrillo Fl\u00f3rez, Procurador General de la Rep\u00fablica, que resuelva en el t\u00e9rmino de la distancia la petici\u00f3n radicada con n\u00famero E-2017-592318\/08\/05\/2017\u00bb, y los requerimientos efectuados, el 15 de junio de 2017 \u00abradicado E-2017-645301\u00bb y 6 de abril de 2018 \u00abradicado E- 2018-148172\u00bb (ff. 1-9 cuad. 1). <\/p>\n

Ello, con fundamento en que \u00abel actor considera que el Procurador accionado vulnera aquella prerrogativa por no dar respuesta de fondo a su derecho de petici\u00f3n radicado con n\u00famero E-2017-592318\/08\/05\/2017 y los requerimientos elevados el 15 de junio de 2017 con radicado E-2017-645301 y 06 de abril de 2018 con radicado E-2018-148172\u00bb, y que \u00abuna lectura del texto del derecho de petici\u00f3n permite evidenciar que se encamina a obtener de parte del se\u00f1or Procurador General de la Naci\u00f3n, su intervenci\u00f3n dentro del proceso penal que se adelanta en el Juzgado Penal Especializado de Riohacha, aduciendo vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y principio de inocencia durante su tr\u00e1mite. Afirma igualmente que esa petici\u00f3n hab\u00eda sido radicada el 8 de mayo y 15 de junio de 2017\u00bb.; pero que, \u00ab[d]e las pruebas que obran en el expediente, resulta palmario que el t\u00e9rmino para contestar la solicitud no ha vencido, como quiera [sic] que el derecho de petici\u00f3n fue radicado el 06\/04\/2018 con el n\u00famero E-2018-148172 como se aprecia a folio 11, luego la entidad accionada debe responderle, por tardar el 27 de abril del mismo a\u00f1o, t\u00e9rmino que para el momento cuando se present\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, no hab\u00eda vencido, raz\u00f3n por la cual resulta prematuro\u00bb. <\/p>\n

A la par, adujo, que \u00abfrente a las peticiones radicadas el 8 de mayo y 15 de junio de 2017\u00bb que \u00absi bien superaron el lapso establecido en el art\u00edculo 14 de la Ley 1755 de 2015, no es menos cierto que seg\u00fan los documentos que obran a folios 57 a 72, mediante oficios 058 del 9 de agosto de 2017 y 061 del 14 de agosto mismo, se dio respuesta de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, siendo remitida al peticionario v\u00eda correo electr\u00f3nico y por medio de la empresa postal 472\u00bb, por lo que \u00aba la fecha se encuentra satisfecho el objetivo del pedimento inicialmente formulado, sin embargo no hay lugar para declarar un hecho superado como lo solicita la agencia accionada, por cuanto el motivo que origin\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela, es la presunta vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n radicado el 06\/04\/2018 con el n\u00famero E-2018-148172, el cual, como atr\u00e1s se indic\u00f3, como quiera [sic] que para el momento en que se present\u00f3 la acci\u00f3n, no ha vencido el t\u00e9rmino para responder, por lo tanto no puede afirmarse la existencia de vulneraci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

De otra parte, sostuvo, que \u00ab[i]gual suerte corre este mecanismo constitucional frente al derecho fundamental al debido proceso alegado por el accionante, atendiendo su car\u00e1cter subsidiario, habida cuenta que el proceso penal se encuentra en tr\u00e1mite y no obra prueba en el expediente que se haya proferido decisi\u00f3n de fondo, la cual una vez producida ofrece la posibilidad de recurrir en caso de decisi\u00f3n adversa, oportunidad donde podr\u00e1 recabar en la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado, resultando as\u00ed la tutela como una acci\u00f3n paralela, al encontrarse sin definir la instancia administrativa, por lo tanto, refulge prematura la queja constitucional\u00bb. <\/p>\n

5. El fallo impugnado por el apoderado del gestor (ff. 150-151 cuad. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El debido proceso constituye un conjunto de garant\u00edas fundamentales de acuerdo con las cuales nadie puede ser investigado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante funcionario competente y con observancia de las formas propias de cada juicio, entre las que destaca el derecho del interesado a aducir pruebas y controvertir las allegadas por la parte contraria, principios estos que por imperativo legal est\u00e1n consagrados en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

2. La tutela como tr\u00e1mite judicial de defensa de los intereses superiores no obstante estar caracterizada por la brevedad y sumariedad, no es ajena a las reglas de la apuntada prerrogativa, por lo que su conocimiento debe corresponder el juez que se encuentre legalmente facultado para resolverla, dado que, como lo explicado la jurisprudencia en su tr\u00e1mite \u00abse deben satisfacer ciertos presupuestos b\u00e1sicos del juicio como son, entre otros, la capacidad de las partes, la competencia y la evidente creaci\u00f3n de la causa pasiva\u00bb (CC A-257\/06). <\/p>\n

3. Mediante derecho de petici\u00f3n radicado E-2017-592318, el 8 de mayo de 2017 el gestor le solicit\u00f3 al \u00abProcurador General de la Naci\u00f3n\u00bb, que i) \u00ab[d]elegue a uno de sus agentes en la procuradur\u00eda delegada en lo penal de Bogot\u00e1, Cundinamarca, para que sustituya al procurador judicial Rafael Agust\u00edn Navas Curiel, quien incumpli\u00f3 con su labor profesional y que ese agente especial enviado desde Bogot\u00e1, ejerza intervenci\u00f3n directa como ministerio p\u00fablico, bajo cualquier modalidad de agencia especial dentro del proceso de rebeli\u00f3n, concierto para delinquir, uso de prendas e insignias de uso exclusivo de las [sic] fuerza armada, porte ilegal de armas, empleo, producci\u00f3n, comercializaci\u00f3n y almacenamiento de minas antipersonales llevado ante la Fiscal\u00eda 46 Especializada de Valledupar con radicado interna 2015-00005-00 y spoa 11-001-60-000 97-2013-00045-00 en contra de Wilfrido Vallejo Mindiola, para que coadyuve y sea el garante del respeto de las garant\u00edas legales y constitucionales\u00bb; ii) que dicho agente \u00abasista a las [sic] diligencia de lectura de fallo programada para el d\u00eda 28 de julio a las 2:00 de la tarde a realizarse en el juzgado especializado Riohacha\u00bb; y iii) \u00abse compulse [sic] copias disciplinarias en contra el procurador judicial Rafael Agust\u00edn Navas Curiel, quien incumpli\u00f3 con su labor profesional, pues de las m\u00e1s de 15 audiencias ejecutadas s\u00f3lo asisti\u00f3 a una\u00bb; solicitud que le reiter\u00f3 los d\u00edas 15 de junio de 2017 (rad. E-2017-645301) y 6 de abril del a\u00f1o en curso (rad. E-2018-148172). <\/p>\n

Entre tanto, el 14 de junio de 2017 la Procuradora Delegada para el Ministerio P\u00fablico en Asuntos Penales le dio traslado de la anterior petici\u00f3n al Procurador 159 Judicial II Penal (Dr. Dar\u00edo Fernando Mosquera Guevara), se\u00f1al\u00e1ndole que en ella solicita que \u00abel Ministerio P\u00fablico intervenga dentro del proceso penal No. 110016000097201300045, de conocimiento del Juzgado Especializado de Riohacha\u00bb; que se la remite \u00abcon el prop\u00f3sito de que, previa ubicaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, practique visita y establezca el estado actual en que se encuentra el proceso, cu\u00e1l ha sido la intervenci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico en defensa del orden jur\u00eddico, los derechos y las garant\u00edas fundamentales, si se ha observado el debido proceso\u00bb, y que \u00abcuenta con un t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, dentro del cual deber\u00e1 ofrecer respuesta al peticionario\u00bb. <\/p>\n

4. En ese orden, advierte la Sala que el Decreto 262 de 22 de febrero de 2000, \u00abPor el cual se modifican la estructura y la organizaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y del Instituto de Estudios del Ministerio P\u00fablico; el r\u00e9gimen de competencias interno de la Procuradur\u00eda General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el r\u00e9gimen de carrera de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos\u00bb, estableci\u00f3 en el art\u00edculo 36, relativo a la \u00abCoordinaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n ante las autoridades judiciales\u00bb, que \u00abEl Procurador General asignar\u00e1 a los procuradores delegados funciones de coordinaci\u00f3n y vigilancia de las actividades de intervenci\u00f3n ante las autoridades judiciales que realicen los diferentes funcionarios de la Procuradur\u00eda y los personeros. Estos delegados podr\u00e1n desplazar a los respectivos agentes, asumiendo directamente la intervenci\u00f3n judicial, si lo consideran necesario, o designando, ocasionalmente, agentes especiales. Igualmente, podr\u00e1n desplazar a los personeros Distritales y municipales, ordenando la intervenci\u00f3n de procuradores judiciales\u00bb [se resalta]. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se observa que el canon 72 de la misma norma, dispone que \u00abEl Procurador General de la Naci\u00f3n conoce en \u00fanica instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra el Viceprocurador, los Procuradores Delegados, los Procuradores Auxiliares, el Secretario General, el Veedor, el Director del Instituto de Estudios del Ministerio P\u00fablico, el Director Nacional de Investigaciones Especiales y el Secretario Privado\u00bb; y el precepto 73, se\u00f1ala que \u00abLa competencia para conocer en primera instancia los procesos disciplinarios por faltas leves, que se adelanten contra los servidores de la Procuradur\u00eda corresponde a los respectivos superiores inmediatos, salvo que est\u00e9 asignada expresamente a otro funcionario de la Procuradur\u00eda. \/\/ En las procuradur\u00edas judiciales y territoriales la competencia para conocer en primera instancia los procesos disciplinarios por faltas graves corresponde a los respectivos superiores inmediatos. \/\/ 1 Los respectivos Procuradores Delegados con funciones de coordinaci\u00f3n conocen en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los procuradores judiciales por faltas leves y graves [\u2026]\u00bb [Destaca la Sala]. <\/p>\n

Luego entonces, resulta evidente que la queja objeto de discusi\u00f3n, si bien est\u00e1 dirigida contra \u00abel Procurador General de la Naci\u00f3n\u00bb, de los hechos y las pruebas aportadas se colige, que la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos invocados tendr\u00eda su fuente en la conducta y omisi\u00f3n de las dependencias \u00abprocuradur\u00edas delegadas\u00bb de la \u00abProcuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb, entidad p\u00fablica del orden nacional, concretamente de la \u00abProcuradur\u00eda Delegada para Asuntos Penales\u00bb, puesto que es esta la llamada a pronunciarse frente a las espec\u00edficas solicitudes del actor, de i) designar un agente especial para que intervenga en el juicio penal seguido en contra del gestor, y ii) determinar si adelantan investigaci\u00f3n disciplinaria en contra del \u00abprocurador judicial\u00bb Rafael Agust\u00edn Navas Curiel, conforme a las funciones a ella asignadas por los art\u00edculos 36 y 73 del Decreto n\u00b0. 262 de 2000 y, por ende, es a ella a quien le comete dar respuesta al derecho de petici\u00f3n de marras. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, advierte la Corte que al tenor de lo previsto en el numeral 2\u00ba del canon 1\u00b0 del Decreto 1983 de 2017, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, \u00ab[l]as acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda\u00bb.
\n5.1. Por tanto, se configura una \u00abnulidad funcional\u00bb, al haberse tramitado la tutela en primera instancia, por el Tribunal a quo, pues de lo narrado y la normativa se\u00f1alada, encuentra la Sala que las omisiones que se le reprochan al organismo p\u00fablico en relaci\u00f3n con lo pretendido por el quejoso en el derecho de petici\u00f3n que elev\u00f3 el 8 de mayo de 2017 y que reiter\u00f3 el 15 de junio siguiente y, posteriormente, el 6 de abril del a\u00f1o en curso, corresponden a funciones que se encuentran asignadas legalmente a otras dependencias de la entidad (procuradora delegada para asuntos penales), y no, al jefe del ministerio p\u00fablico, para que habilitara el conocimiento de la aludida colegiatura en las condiciones en que lo hizo, seg\u00fan el numeral 3\u00b0 de la norma citada en precedencia que establece: <\/p>\n

\u00abLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la Rep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del Fiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del Estado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la Rep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del Consejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial o a los Tribunales Administrativos\u00bb. <\/p>\n

5.2. En ese orden, no son los tribunales los llamados a conocer en primera instancia de las acciones de tutela promovidas en contra de las entidades de orden nacional \u2013tales como la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n (Procuradur\u00eda Delegada)-, sino los juzgados del circuito o con categor\u00eda de tales; por lo que, atendiendo a la naturaleza jur\u00eddica de los referidos sujetos pasivos de la tutela, y lo dispuesto en el canon en cita, le corresponde conocer de la misma, se itera, a los juzgados del circuito de la ciudad de Riohacha. <\/p>\n

6. En consecuencia, el presente asunto se encuentra viciado por falta de competencia funcional conforme al art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso, aplicable en virtud de lo dispuesto en el canon 2.2.3.1.1.3 ib\u00eddem que prev\u00e9 \u00abpara la interpretaci\u00f3n de las disposiciones sobre tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela u previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicar\u00e1n los principios generales del C\u00f3digo General del Proceso, en todo aquello que no sean contrarios a dicho Decreto\u00bb. <\/p>\n

7. En consecuencia, se declarar\u00e1 la invalidez de lo actuado y se ordenar\u00e1 remitir el expediente a los jueces del circuito de la ciudad de Riohacha (reparto), con el fin de que le imprimen el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado por la Colegiatura a quo, sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

SEGUNDO: Disponer que por Secretar\u00eda se remita el expediente a los jueces civiles del circuito de Riohacha (reparto), a fin de que asuman su conocimiento. <\/p>\n

TERCERO: Comunicar esta decisi\u00f3n a los interesados y al Tribunal Constitucional de origen, en la forma prescrita por el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente ATC1227-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2018-00023-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de trece de junio de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de junio de dos mil dieciocho (2018). Ser\u00eda del caso entrar a decidir la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 26 de abril de 2018, proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101075","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101075","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101075"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101075\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101075"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101075"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101075"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}