{"id":101094,"date":"2026-06-30T22:35:10","date_gmt":"2026-06-30T22:35:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101094"},"modified":"2026-06-30T22:35:10","modified_gmt":"2026-06-30T22:35:10","slug":"atc1275-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/06\/30\/atc1275-2018\/","title":{"rendered":"ATC1275-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

ATC1275-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00210-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de junio de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2018, por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Jotagallo S.A. frente a la Agencia Nacional de Miner\u00eda \u2013Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera- y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Grupo del Sistema de Informaci\u00f3n de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad \u2013SIRI-. No obstante, en la actuaci\u00f3n surtida se advierte una causal de nulidad, la cual afecta la actividad desplegada, como a continuaci\u00f3n se procede a explicar. \t<\/p>\n

1.\tLa sociedad accionante demanda el amparo del derecho al debido proceso, presuntamente lesionado por los acusados. <\/p>\n

En apoyo de su queja, sostiene que el 5 de mayo de 2006 suscribi\u00f3 un contrato de concesi\u00f3n con el entonces Instituto Colombiano de Geolog\u00eda y Miner\u00eda, para la explotaci\u00f3n y exploraci\u00f3n de un yacimiento \u201c(\u2026) de materiales de construcci\u00f3n y dem\u00e1s concesibles (\u2026) [en el] municipio de Santa Rosa de Cabal (\u2026)\u201d, con una vigencia de 30 a\u00f1os. <\/p>\n

Relata que luego de m\u00faltiples requerimientos a su representante legal para acreditar requisitos tales como la p\u00f3liza del cumplimiento de obligaciones mineras y ambientales, el pago de regal\u00edas y \u201c(\u2026) la visita de fiscalizaci\u00f3n (\u2026)\u201d, entre otros, el 1\u00b0 de diciembre de 2016, se declar\u00f3 la caducidad del negocio jur\u00eddico y se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n de todas las actividades ejecutadas en el \u00e1rea establecida; no obstante, \u201c(\u2026) ni en la parte considerativa (\u2026), ni en la (\u2026) resolutiva de dicha resoluci\u00f3n (\u2026), se impuso una sanci\u00f3n de inhabilidad alguna (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Anota que tras allegar los documentos exigidos, deprec\u00f3 la revocatoria directa de la determinaci\u00f3n comentada; empero, el 27 de junio de 2017 se neg\u00f3 esa reclamaci\u00f3n. <\/p>\n

Indica que el 28 de febrero de 2018, consult\u00f3 el certificado de antecedentes disciplinarios de la compa\u00f1\u00eda para participar en otro proceso licitatorio; no obstante, evidenci\u00f3 que se encontraba inhabilitada para contratar con el Estado. <\/p>\n

Como esa sanci\u00f3n no fue plasmada en los actos de la Agencia accionada, seg\u00fan afirma, se le ha impedido acudir a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa para demandar su nulidad. <\/p>\n

Finalmente, asevera haberle reclamado al Sistema de Informaci\u00f3n de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad \u2013SIRI- de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, el levantamiento de dicho correctivo; sin embargo, ello se neg\u00f3 mediante oficio de 5 de abril de 2018. <\/p>\n

Pide, por tanto, revocar la inscripci\u00f3n rese\u00f1ada, relativa al impedimento para suscribir negocios con entidades p\u00fablicas (fls. 1 L 36, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, se apart\u00f3 del conocimiento del presente resguardo y lo remiti\u00f3 a su superior funcional por estimarse incompetente para decidir (fl. 40, \u00eddem). <\/p>\n

3.\tEl 22 de mayo de 2018, el a quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n exigida por incumplir los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad (fls. 85 al 90, \u00eddem). <\/p>\n

La sociedad promotora impugn\u00f3 con argumentos an\u00e1logos a los vertidos en el libelo introductor (fls. 92 al 99, \u00eddem). <\/p>\n

2.\tCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDel examen del asunto planteado, se colige la falta de competencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira para desatar el resguardo en primer grado. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto Inversiones Jotagallo S.A. dirige su queja contra la Agencia Nacional de Miner\u00eda \u2013Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera- y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Grupo del Sistema de Informaci\u00f3n de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad \u2013SIRI-, por generar en el certificado de antecedentes disciplinarios la inscripci\u00f3n consistente en su inhabilidad para contratar con el Estado. <\/p>\n

Los auxilios constitucionales iniciados frente a entes como los aqu\u00ed atacados, esto es, autoridades \u201c(\u2026) del orden nacional (\u2026)\u201d, corresponden a los jueces del circuito, seg\u00fan lo previsto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 1983 de 20171; por tanto, el ruego actual debe ser asignado a los despachos de esa categor\u00eda y, en este caso, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de la mencionada ciudad, dado el reparto inicial de estas diligencias. <\/p>\n

Se resalta, aun cuando el numeral 3\u00b0 \u00eddem2, indica las atribuciones de los tribunales para conocer de s\u00faplicas tutelares incoadas frente a los actos del Procurador General de la Naci\u00f3n, entre otros, lo discutido en el amparo de la referencia en nada involucra la gesti\u00f3n de ese funcionario. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, en un asunto asimilable, recientemente advirti\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Es menester se\u00f1alar, el numeral 3\u00ba del citado canon precisa que concierne a los tribunales tramitar las salvaguardas en donde se cuestionen las \u201c(\u2026) actuaciones (\u2026) del Registrador Nacional del Estado Civil (\u2026)\u201d; sin embargo, en el presente decurso no se ataca acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna de esa autoridad (\u2026)\u201d3. <\/p>\n

2.\tLa situaci\u00f3n descrita permite la aplicaci\u00f3n del canon 138 del C\u00f3digo General del Proceso, en relaci\u00f3n con los efectos de la declaratoria de falta de competencia, norma extensiva a la acci\u00f3n de tutela en virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 4\u00b0 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del 2591 de 1991, el cual alude a los principios generales del Estatuto Procesal Civil para la interpretaci\u00f3n de los preceptos regulatorios de dicho tr\u00e1mite, en cuanto no contrar\u00ede sus propias disposiciones.
\n3.\tBajo la \u00e9gida del Decreto 1382 de 2000 la Corte, con argumentos que hoy, en vigencia del indicado Decreto 1983 de 2017, reitera, ha discrepado de la tesis prohijada por la Corte Constitucional y, en ese sentido, tiene ocasi\u00f3n de puntualizar: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [R]especto a [no estar] facultados (\u2026) los jueces (\u2026) para declararse incompetentes o para decretar nulidades por falta de competencia con base en la aplicaci\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las reglas de reparto del decreto 1382 de 2000\u2019 el cual \u2018(\u2026) en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicci\u00f3n constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acci\u00f3n de tutela, puesto que las reglas en \u00e9l contenidas son meramente de reparto (\u2026), [pues para esta Corporaci\u00f3n el aludido Decreto] reglamenta el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991 relativo a la competencia para conocer de la acci\u00f3n de tutela y, por supuesto, establece las reglas de reparto entre los jueces competentes\u201d. <\/p>\n

\u201c[Por lo tanto,] \u201c(\u2026) aunque el tr\u00e1mite del amparo se rige por los principios de informalidad, sumariedad y celeridad, la competencia del juez est\u00e1 indisociablemente referida al derecho fundamental del debido proceso (art\u00edculo 29 de Carta), el acceso al juez natural y la administraci\u00f3n de justicia, de donde, \u2018seg\u00fan la jurisprudencia constitucional la falta de competencia del juez de tutela genera nulidad insaneable y la constataci\u00f3n de la misma no puede pasarse por alto, por m\u00e1s urgente que sea el pronunciamiento requerido, pues (\u2026) la competencia del juez se relaciona estrechamente con el derecho constitucional fundamental al debido proceso\u201d (Auto 304 A de 2007), \u2018el cual establece que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio\u2019 (Auto 072 de 2006, Corte Constitucional)\u201d4. <\/p>\n

4.\tEn consecuencia, se declarar\u00e1 la nulidad de lo actuado a partir del auto admisorio de la presente demanda de amparo y se dispondr\u00e1 su remisi\u00f3n inmediata al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por ser el competente para tramitarla en primera instancia, dado, adem\u00e1s, el conocimiento previo de este asunto. <\/p>\n

En cuanto a la orden impartida, no est\u00e1 dem\u00e1s memorar lo indicado por esta Corte: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o cabe en absoluto declarar conflicto de competencia afirmativa ni negativa de un juez de inferior categor\u00eda al superior, pues la historia jur\u00eddica ha patentizado desde \u00e9pocas remotas (Ley 105 de 1931) que la organizaci\u00f3n judicial en forma de cuerpo piramidal deviene del concepto de jerarqu\u00eda tan b\u00e1sico para una recta administraci\u00f3n de justicia, pues de lo contrario se llegar\u00eda a la anarqu\u00eda y perder\u00eda el concepto de autoridad fijado en la misma ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201cEn esta misma perspectiva se han reflejado en el tiempo diversas reformas conservando el n\u00facleo esencial, tal y como ocurri\u00f3 con el Decreto 1400 y 2019 de 1970 que adopt\u00f3 el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, confirmando la regla que \u2018El juez que reciba el negocio no podr\u00e1 declararse incompetente, cuando el proceso le sea remitido por su respectivo superior jer\u00e1rquico o por la Corte Suprema de Justicia\u2019. Criterio posteriormente recogido por el Decreto 2289 de 1989 en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 148 bajo el mismo texto y con plena vigencia (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: Declarar la nulidad de todo lo actuado en la acci\u00f3n de tutela promovida por Inversiones Jotagallo S.A. contra la Agencia Nacional de Miner\u00eda \u2013Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera- y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u2013Grupo del Sistema de Informaci\u00f3n de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad \u2013SIRI-; sin perjuicio de la validez de las pruebas, en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00ba del art\u00edculo 138 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Segundo: Por lo tanto, se ordena remitir el expediente al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, para lo de su competencia. Of\u00edciese. <\/p>\n

TERCERO: Comun\u00edquese lo as\u00ed resuelto a la Corporaci\u00f3n de origen y a las partes mediante telegrama. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

1 \t\u201c(\u2026)2. \tLas acciones de tutela que se interpongan contra cualquier \tautoridad, organismo o entidad p\u00fablica del orden nacional \tser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, \ta los Jueces del Circuito o con igual categor\u00eda (\u2026)\u201d.
\n2 \t\u201c(\u2026)3. \tLas acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del \tPresidente de la Rep\u00fablica, del Contralor General de la \tRep\u00fablica, del Procurador General de la Naci\u00f3n, del \tFiscal General de la Naci\u00f3n, del Registrador Nacional del \tEstado Civil, del Defensor del Pueblo, del Auditor General de la \tRep\u00fablica, del Contador General de la Naci\u00f3n y del \tConsejo Nacional Electoral ser\u00e1n repartidas, para su \tconocimiento en primera instancia, a los Tribunales Superiores de \tDistrito Judicial o a los Tribunales Administrativos (\u2026)\u201d.
\n3 \tCSJ. ATC aprobado \ten Sala de 21 de marzo de 2018, Rad. 50001-22-13-000-2018-00031-01, \treiterado el 5 de abril de 2018 en ATC780, exp. \t11001-22-03-000-2018-00446-01
\n4 \tCSJ. ATC \tde 13 de mayo de 2009, exp. 08001-22-13-000-2009-00083-01.
\n5 \tCSJ. ATC \tde 16 de julio de 2010, exp. 81001-22-08-000-2010-00022-01; \treiterado el 9 de agosto de 2010, exp. \t63001-22-14-000-2010-00064-01; y el 28 de febrero de 2014, exp. \t08001-22-13-000-2013-00648-01<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente ATC1275-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2018-00210-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinte de junio de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintiuno (21) de junio de dos mil dieciocho (2018) Ser\u00eda del caso resolver la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida el 22 de mayo de 2018, por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101094","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101094","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101094"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101094\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101094"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101094"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101094"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}