{"id":101105,"date":"2026-07-01T16:37:50","date_gmt":"2026-07-01T16:37:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101105"},"modified":"2026-07-01T16:37:50","modified_gmt":"2026-07-01T16:37:50","slug":"stc545-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc545-2018\/","title":{"rendered":"STC545-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01769-01
\n(Aprobado en Sala de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 31 de octubre de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la tutela de Hermes Lizcano Rojas frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Juzgado Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso, igualdad y libertad presuntamente vulneradas por los querellados, y en consecuencia se imparta \u00abla orden perentoria para que se me conceda el permiso de salida por 72 horas al cual tengo derecho\u00bb (fl. 12). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de las pretensiones adujo que el 27 de junio de 2007 fue condenado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Tunja a 37 a\u00f1os y 4 meses de prisi\u00f3n por el delito de secuestro extorsivo agravado; que la vigilancia de la pena le correspondi\u00f3 al Juez Cuarto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga, donde pidi\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio administrativo de hasta 72 horas que le fue negado el 15 de febrero de 2017, y confirmado por la Sala Penal del Tribunal Superior de esa ciudad en prove\u00eddo de 13 de junio siguiente; aleg\u00f3 que a otros sentenciados en las mismas circunstancias y por la misma conducta punible s\u00ed se les otorg\u00f3 tal pedimento. <\/p>\n

El Tribunal manifest\u00f3 que las razones para negar la dispensa se encuentran insertas en la resoluci\u00f3n fustigada. <\/p>\n

El juzgado convocado inform\u00f3 que la disposici\u00f3n \u00abfue adoptada con base en la normatividad vigente sobre la materia, es decir en la prohibici\u00f3n expresamente consagrada en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006\u00bb y por tratarse de un il\u00edcito de conocimiento de la justicia especializada. <\/p>\n

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Neg\u00f3 la s\u00faplica tras inferir que \u00abla argumentaci\u00f3n de los funcionarios accionados no resulta equivocada ni arbitraria. Por el contrario, se ci\u00f1e a lo dispuesto en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1997, con la modificaci\u00f3n que a esa norma introdujo el apartado 29 de la Ley 504 de 1999 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

La alzada fue formulada por el libelista sin expresar los motivos de su disenso. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la salvaguarda de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias, se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el caso bajo estudio se advierte el fracaso del amparo, por cuanto el Tribunal al confirmar la negativa de otorgarle a Lizcano Rojas el subrogado administrativo de las \u00ab72 horas\u00bb, ciment\u00f3 el auto en la normatividad vigente que rige para los punibles por el cual fue condenado. <\/p>\n

Por ello, en la tarea de administrar justicia los falladores ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la interpretaci\u00f3n del ordenamiento, por ende, al del resguardo le resulta imposible inmiscuirse en sus pronunciamientos mientras no comporten una desviaci\u00f3n evidente o grosera de la ley, que en este asunto no se advierte si en cuenta se tiene que las determinaciones cuestionadas se acompasaron a las preceptivas aplicables, lo que excluye de tajo una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada. <\/p>\n

3. En punto de la vigencia de la Ley 504 de 1999, alegaci\u00f3n que constituy\u00f3 uno de los fundamentos expuestos por el actor para cuestionar las resoluciones emitidas por los funcionarios que vigilan su condena, importa mencionar lo expuesto por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n en STP de 6 de abril de 2011, reiterado en STP6605-2017 cuando dijo <\/p>\n

(\u2026) el precepto en discusi\u00f3n conserva su vigencia como quiera que el art\u00edculo 46 de la Ley 1142 de 2007 ampli\u00f3 con car\u00e1cter indefinido las normas incluidas en el cap\u00edtulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal especializada. <\/p>\n

En ese orden, es claro, entonces, que para las autoridades judiciales accionadas se impon\u00eda la aplicaci\u00f3n del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 147 de la Ley 63 de 1993 con la modificaci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 y la correspondiente verificaci\u00f3n de los presupuestos normativos all\u00ed exigidos, ejercicio que en el caso concreto arroj\u00f3 resultados desfavorables a las pretensiones del sentenciado e impidi\u00f3 la concesi\u00f3n del beneficio reclamado por cuanto se insiste, el demandante fue juzgado por la justicia especializada y no ha descontado el 70% de la pena impuesta. <\/p>\n

Ahora bien, pretende el actor que en sede de tutela se elabore un control concreto de constitucionalidad sobre la norma cuestionada toda vez que a su juicio ella contrae una discriminaci\u00f3n injustificada respecto de los condenados por la justicia ordinaria, respecto de los cuales no se exige haber descontado el 70% de la pena impuesta. <\/p>\n

Al respecto, basta decir que el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999 fue sometido al control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional y declarado exequible en sentencia C-392 de 2000, operando por lo tanto, la cosa juzgada constitucional, tal como se reiter\u00f3 en las sentencias C-708 de 2002 y C-426 de 2008, lo cual impide hacer cualquier otro juicio de constitucionalidad de car\u00e1cter concreto, pues los efectos generales del fallo emitido por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional as\u00ed lo condicionan. <\/p>\n

Como puede verse, sin necesidad de que la Corte acoja o no las conclusiones de los convocados, lo cierto es que no se les puede atribuir defecto alguno, toda vez que, como se dijo, fueron fruto de valoraci\u00f3n respetable de las preceptivas penales; labor en la que no es viable interferir, en virtud de la autonom\u00eda e independencia propia de los operadores jur\u00eddicos reconocida en la propia Carta Pol\u00edtica (art\u00edculo 230). <\/p>\n

Lo anterior no impide que, en medio de la vigilancia de la ejecuci\u00f3n de su pena en curso, el promotor pueda insistir ante el juez que cumple ese encargo en la autorizaci\u00f3n del permiso administrativo que echa de menos; para ello deber\u00e1 cumplir con el 70% de la pena impuesta, tal como lo establece el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999. <\/p>\n

4.\tAhora bien, en cuanto a la presunta transgresi\u00f3n al derecho a la igualdad, por la concesi\u00f3n del \u00abbeneficio\u00bb a otros internos en an\u00e1loga situaci\u00f3n, no est\u00e1 demostrado que en similares condiciones a las descritas en este ruego, los encartados hayan impartido un trato diferente en favor de otras personas. <\/p>\n

Frente a ese t\u00f3pico, expres\u00f3 <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Ahora, se duele el impugnante del trato desigual; empero, no acredit\u00f3 el aspecto relacional con el fin de efectuar el test de razonabilidad en la diferenciaci\u00f3n dispensada por las accionadas, exigencia que cobra relevancia cuando se demanda la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, puesto que con el prop\u00f3sito de determinar su desconocimiento, resulta necesario confrontar los casos concretos en los cuales las autoridades convocadas hayan actuado de manera diferente frente a situaciones semejantes a las que se encuentra inmerso el actor constitucional (\u2026)\u00bb(SC de 18 de octubre de 2013, exp. 2013-00446-01, citada en STC10136-2017). <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n8<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01769-01 (Aprobado en Sala de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 31 de octubre de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101105","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101105\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}