{"id":101106,"date":"2026-07-01T16:38:28","date_gmt":"2026-07-01T16:38:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101106"},"modified":"2026-07-01T16:38:28","modified_gmt":"2026-07-01T16:38:28","slug":"stc544-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc544-2018\/","title":{"rendered":"STC544-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC544-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2017-00608-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Delia Lizcano en contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Regional Tolima, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9, el Defensor de Familia del Centro Zonal Gal\u00e1n, el Procurador Judicial de Familia del Tolima y todas las partes e intervinientes dentro del tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de derechos seguido en favor del menor XXX1, quien es nieto de la accionante. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora demand\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales a la familia, igualdad, petici\u00f3n, debido proceso, y de los ni\u00f1os, presuntamente vulnerados por las autoridades acusadas. <\/p>\n

2. Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1. Solicit\u00f3 inicialmente la colaboraci\u00f3n del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ya que los padres del menor lo dejaron bajo su cuidado pues se encontraba enfermo y entend\u00eda que dicha entidad prestaba ayuda a las familias que as\u00ed lo necesitaban, situaci\u00f3n que result\u00f3 ser contraria toda vez que en una ocasi\u00f3n \u00abtuv[o] que salir y el menor qued\u00f3 con el t\u00edo y la mujer del t\u00edo, pero no [sabe] por que [sic] los vecinos de envidia llamaron al Bienestar Familiar y manifestaron que el ni\u00f1o estaba completamente solo\u00bb, por lo que \u00abal reclamarlo y demostrar que no era as\u00ed, [se] lo entregaron. Ahora \u00faltimo como el ni\u00f1o es hiperactivo, pese a tener 14 a\u00f1os, se sale para la calle y por eso lo cogieron nuevamente\u00bb. <\/p>\n

2.2. La entidad querellada desconoce que el menor tiene su n\u00facleo familiar por lo que inici\u00f3 un tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de los derechos obviando que siempre \u00abha estado al frente de la crianza\u00bb. <\/p>\n

2.3. El adolescente ha presentado una serie de problemas en los centros donde ha estado \u00abrecluido\u00bb, los cuales han repercutido en su estado de salud aunado a que no se han preocupado por su bienestar comoquiera que no velan por su estudio. <\/p>\n

2.4. Refiere que el proceso lo conoci\u00f3 de igual manera el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9, despacho judicial que lo devolvi\u00f3 al I. C. B. F., sin que de alguna manera se vele por la efectiva protecci\u00f3n del menor. <\/p>\n

2.6. En escrito posterior precis\u00f3 que en el tr\u00e1mite de restablecimiento de derechos explic\u00f3 la circunstancia del n\u00facleo familiar, de igual manera se someti\u00f3 a las valoraciones psicol\u00f3gicas sin obtener el apoyo tendiente a lograr la reintegraci\u00f3n familiar y que \u00ablos hechos de educaci\u00f3n desaparecieron que dieron origen al proceso de restablecimiento de derechos desaparecieron ya que eran temporales\u00bb debiendo as\u00ed modificarse las medidas de tomadas. <\/p>\n

3. Por lo anterior, solicita que se le ordene al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se reintegre a su nieto al n\u00facleo familiar al considerar que \u00abno existe proceso alguno que justifique la supuesta restituci\u00f3n de derechos\u00bb y que se revoque la determinaci\u00f3n que homolog\u00f3 la Resoluci\u00f3n de 2 de mayo de 2016 que dispuso como medida de restablecimiento de derechos la adoptabilidad y terminaci\u00f3n de la patria potestad (fls. 2-3 y 64-70). <\/p>\n

4. La acci\u00f3n de tutela fue admitida inicialmente el 8 de noviembre de 2017 por el Juzgado Once Administrativo de Ibagu\u00e9 el que mediante prove\u00eddo del d\u00eda 20 del mes y a\u00f1o referenciados declar\u00f3 la nulidad de lo actuado y dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

El Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 inform\u00f3 que en esa dependencia judicial \u00abse tramit\u00f3 bajo el rad. 73001311000520170016900 solicitud de homologaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n N. 080 de mayo 2 de 2016 que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulnerabilidad los derechos fundamentales al adolescente XXX solicitando como medida de restablecimiento de derechos la iniciaci\u00f3n de los tr\u00e1mites de adopci\u00f3n, la cual fue corroborada con Resoluci\u00f3n 040 de marzo 16 de 2017, d\u00e1ndosele el tr\u00e1mite correspondiente\u00bb. <\/p>\n

Manifest\u00f3, que \u00abpor providencia de agosto 02 de 2017 se orden\u00f3 HOMOLOGAR la Resoluci\u00f3n N. 080 proferida el 2 de mayo de 2016 por el Defensor de Familia del ICBF Centro Zonal Gal\u00e1n por medio de la cual se declara que el adolescente XXX, nacido el 22 de julio de 2003 en Chaparral Tolima, [\u2026], se le vulneraron derechos fundamentales establecidos en la Constituci\u00f3n Nacional y en la Ley de Infancia y Adolescencia, ordenando como medida de restablecimiento de derechos la adoptabilidad y en consecuencia la terminaci\u00f3n de la patria potestad respecto de los padres, continuando como medida provisional en ubicaci\u00f3n en medio institucional\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abrealizado el control de legalidad no se advirti\u00f3 que la medida de adoptabilidad sea desbordada, pues la misma se sustenta en las pruebas e intervenciones y valoraciones psicol\u00f3gicas, sociales, m\u00e9dicas, entre otras, que reflejan la falta de idoneidad de los padres y de la abuela paterna para ejercer el rol parental, ya que han sido desprotectores en su ejercicio de cuidadores, a lo que se suma la inestabilidad general, afectando la dignidad, desarrollo integral y verificaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (fls. 41 y 42). <\/p>\n

El Coordinador del Grupo Jur\u00eddico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima, luego de efectuar un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso objeto de la queja, sostuvo que las mismas \u00abhan sido conforme lo establecido en la Ley 1098 de 2006, tanto as\u00ed que los actos administrativos proferidos por dicha autoridad fueron homologados en su totalidad por parte del juez de familia\u00bb. Solicit\u00f3 que se deniegue la protecci\u00f3n impetrada comoquiera que la misma \u00abcarece de fundamento jur\u00eddico\u00bb dado que \u00abest\u00e1 demostrado no solo la vulneraci\u00f3n de los derechos del adolescente XXX sino tambi\u00e9n que el procedimiento adelantado por esta entidad est\u00e1 acorde a la Constituci\u00f3n y la Ley\u00bb (fls. 49-56). <\/p>\n

La Defensora de Familia del ICBF Centro Zonal Gal\u00e1n efectu\u00f3 un sucinto recuento de lo actuado en el proceso objeto de reparo (fls. 57 y 58). <\/p>\n

El curador ad litem de Mar\u00eda Luceldi Lionas expuso que no encuentra sustento a la queja constitucional (fl. 73). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el amparo al considerar que \u00abal descender sobre el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, se tiene que la tutelante ha participado en el desarrollo del mismo. De igual manera, fueron citados y emplazados los padres del adolescente XXX. As\u00ed mismo, se desprende de las diligencias que a la audiencia celebrada el 2 de mayo de 2016, en la que fue proferida la Resoluci\u00f3n N\u00b0 080, asistieron los se\u00f1ores JOS\u00c9 ULISES PRADA LIZCANO en calidad de progenitor y ANA DELIA LIZCANO en calidad de abuela l\u00ednea paterna, luego la accionante desde un inicio de la actuaci\u00f3n ha participado en dicho tr\u00e1mite, encontr\u00e1ndose garantizada de esta forma su participaci\u00f3n al interior del mismo, incluso en la audiencia en la que se adoptaron las medidas frente a las cuales manifiesta su inconformidad\u00bb. <\/p>\n

Respecto a la Resoluci\u00f3n No. 080 de 2 de mayo de 2016 precis\u00f3 que \u00abla Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Gal\u00e1n consider\u00f3: \u201c(\u2026) al indagar por red familiar de apoyo se establece que no cuenta con familia extensa que cuente con las condiciones socio familiares para asumir el cuidado personal de XXX, ya que al establecer comunicaci\u00f3n con su progenitor Jos\u00e9 Eulises Prada Lizcano, el se\u00f1or expres\u00f3 que no \u201cpuede recibir a su hijo en este momento\u201d y por el contrario solicit\u00f3 a la Defensora de Familia que el ICBF \u201clo tenga por un tiempo de por lo menos dos a\u00f1os\u201d (\u2026)\u201d por lo que resolvi\u00f3: \u201c(\u2026) art\u00edculo primero: declarar que al adolescente XXX se le vulneraron los derechos fundamentales establecidos en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art. 44) y en la Ley de Infancia y Adolescencia (ART. 17, 18, 20 N\u00b01, 23, 24 y 29) por parte de sus progenitores (\u2026) ARTICULO SEGUNDO: ordenar la ADOPTABILIDAD como medida de restablecimiento de derechos del adolescente XXX (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, destac\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 108 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia ense\u00f1a: \u201ccuando se declare la adoptabilidad de un ni\u00f1o, una ni\u00f1a o un adolescente habiendo existido oposici\u00f3n en la actuaci\u00f3n administrativa, y cuando la oposici\u00f3n se presente en la oportunidad prevista en el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo anterior, el defensor de familia deber\u00e1 remitir el expediente al Juez de Familia para su homologaci\u00f3n (\u2026)\u201d. En ese sentido, el par\u00e1grafo primero del art\u00edculo 107 del mismo compendio normativo se\u00f1ala: \u201cdentro de los veinte d\u00edas siguientes a la ejecutoria de la resoluci\u00f3n que declara la adoptabilidad podr\u00e1n oponerse las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educaci\u00f3n del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente, aunque no lo hubieran hecho durante la actuaci\u00f3n administrativa. Para ello deber\u00e1n expresar las razones en que se fundan y aportar las pruebas que sustentan la oposici\u00f3n\u201d\u00bb. <\/p>\n

Por lo anterior, \u00abvencido el t\u00e9rmino de 20 d\u00edas sin que se hubiese presentado oposici\u00f3n alguna, el mentado acto administrativo qued\u00f3 en firme tal como se desprende de la respectiva constancia de ejecutoria, ello, sin dejar de lado que con posterioridad la Defensora en decisi\u00f3n de abril 24 de 2017 orden\u00f3 remitir el expediente al Juez de Familia, en raz\u00f3n a la oposici\u00f3n presentada por la tutelante contra la Resoluci\u00f3n 040 marzo 16 de 2017, la que fue dictada a ra\u00edz del derecho de petici\u00f3n radicado por la abuela del menor y que abri\u00f3 paso a que la funcionaria revisara nuevamente el caso del adolescente\u00bb. <\/p>\n

Relev\u00f3, que \u00abllegadas las diligencias al Juzgado Quinto de Familia y surtido el tr\u00e1mite, dicha dependencia judicial en prove\u00eddo de agosto 2 de 2017 concluy\u00f3: \u201c(\u2026) as\u00ed las cosas, no encuentra el despacho que la medida de adoptabilidad sea desbordada, pues la misma se sustenta en las pruebas e intervenciones y valoraciones psicol\u00f3gicas, sociales, m\u00e9dica entre otras, que reflejan la falta de idoneidad de los padres y la abuela paterna para ejercer el rol paternal, ya que han sido desprotectores en su ejercicio de cuidadores, a lo que se suma la inestabilidad general, afectando la dignidad, desarrollo integral y verificaci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026)\u201d, resolviendo: \u201c(\u2026) HOMOLOGAR la resoluci\u00f3n N\u00b0 080 proferida el 2 de mayo de 2016 (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n

En efecto, estim\u00f3 que \u00abacorde con lo registrado en las diligencias, el amparo constitucional est\u00e1 llamado a ser impr\u00f3spero, ya que lo decidido por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 no es producto de la subjetividad o el capricho, por el contrario obedece al estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el adolescente al carecer de personas que asuman un rol de cuidado y protecci\u00f3n que requiere, a lo cual el juzgador no puede ser ajeno si del expediente revisado a tal conclusi\u00f3n llega\u00bb, por lo que concluy\u00f3 que la determinaci\u00f3n cuestionada tuvo como fundamento las pruebas que reposan en el diligenciamiento administrativo. <\/p>\n

Finalmente, consider\u00f3 que \u00abs\u00edguese de lo expuesto, que el amparo constitucional no se abre paso \u201c(\u2026) mientras las decisiones cuestionadas en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible acudir al resguardo, pues \u201caunque el sentido de la providencia no se avenga a los intereses o interpretaci\u00f3n de la impugnante en modo alguno la convierte en caprichosa o arbitraria, ni le permite acudir con \u00e9xito a este mecanismo excepcional, el cual no est\u00e1 concebido \u201c\u2026para obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los jueces del conocimiento (\u2026), menos a\u00fan si la determinaci\u00f3n cuestionada obedece a una interpretaci\u00f3n racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso dialectico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el juez constitucional, quien de hacerlo, se estar\u00eda inmiscuyendo \u2013de manera inconsulta- en el \u00e1mbito propio de otra jurisdicci\u00f3n\u201d (CSJ STC, 16 may. 2012, rad. 00928-00 reiterada en STC5367-2016, 28 abr. 2016, rad. 00154-01, entre otras) (\u2026)\u201d\u00bb (fls. 74-78). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 la accionante argumentando, en s\u00edntesis, que \u00abel argumento aducido por todas las entidades para la negaci\u00f3n de la entrega de [su] nieto, a pesar de que se ci\u00f1e al ordenamiento jur\u00eddico que rige esta situaci\u00f3n, olvida uno de los factores m\u00e1s importantes de las personas como es el aspecto personal, emocional, familiar\u00bb aspectos que \u00abest\u00e1n ligados a los derechos fundamentales de las personas, como es el determinado en el art. 2\u00b0 de la Carta Constitucional sobre los fines del estado\u00bb (fls. 87 y 88). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La \treiterada \tjurisprudencia constitucional ha \tsostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la \tv\u00eda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole \tlegal; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa \therramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna \tdeterminaci\u00f3n \u00abcon \tostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y \tapoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que \testructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, \ty bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un \tt\u00e9rmino sensato a formular la queja, y de que \u00abno \tdisponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb \t(ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de v\u00eda de hecho fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana en raz\u00f3n de la necesidad de que todo el ordenamiento jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la disposici\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que sentencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por excepci\u00f3n la posibilidad de proteger esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590 \/ 2005, reiterada, entre otras, SU-913 \/ 2009 y T-125 \/ 2012). <\/p>\n

2. Pretende la gestora que por este excepcional tr\u00e1mite, se revoque la determinaci\u00f3n de 2 de agosto de 2017 mediante la cual el juzgado encartado homolog\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 080 de 2 de mayo de 2016 que dispuso como medida de restablecimiento de los derechos del menor declarar su estado de adoptabilidad as\u00ed como la actuaci\u00f3n administrativa y todas las decisiones que decidieron respecto a la custodia y patria potestad del adolescente, al referir que en dichas determinaciones no se tuvo en cuenta el derecho a la familia, aduciendo as\u00ed que las autoridades encartadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n

3. De la revisi\u00f3n de las pruebas aportadas, observa la Corte lo siguiente: <\/p>\n

a) Resoluci\u00f3n No. 020 de 12 de febrero de 2014 por medio de la que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Bogot\u00e1 Centro Zonal Ciudad Bol\u00edvar declar\u00f3 en situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n de los derechos del menor XXX y orden\u00f3 su restablecimiento inmediato (fls. 108-121 cuaderno copias paquete 1). <\/p>\n

b) Acto administrativo No. 035 de 24 de abril de 2014 que modific\u00f3 la medida provisional adoptada y orden\u00f3 otorgar \u00abde manera provisional a la se\u00f1ora ANA DELIA LIZCANO, la custodia y cuidado personal del ni\u00f1o XXX\u00bb (fls. 158-167). <\/p>\n

c) Resoluci\u00f3n No. 35 de 4 de marzo de 2016 a trav\u00e9s de la cual el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima Centro Zonal Gal\u00e1n alter\u00f3 la medida de restablecimiento de derechos y dispuso el ingreso del adolescente \u00abal centro de emergencia Fundaci\u00f3n Shekinah\u00bb e inst\u00f3 \u00abal equipo interdisciplinario de la Defensor\u00eda de Familia, se realice intervenci\u00f3n a los progenitores del adolescente, con miras a afianzar v\u00ednculos afectivos y mejorar pautas de crianza con el adolescente y determinar reintegro. As\u00ed mismo, se logre constatar si existe red familiar que pueda apoyar el cuidado del adolescente en caso de que la progenitora no re\u00fana condiciones, con fundamento en el art\u00edculo 53 numeral 6\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia\u00bb (fls. 398-401 paquete 2). <\/p>\n

d) Determinaci\u00f3n No. 080 de 2 de mayo de 2016 que declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del menor y orden\u00f3 \u00abLA ADOPTABILIDAD como medida de restablecimiento de los derechos del adolescente\u00bb debi\u00e9ndose \u00abiniciar los tr\u00e1mites de ADOPCI\u00d3N del adolescente XXX, incluy\u00e9ndolo en el programa de adopci\u00f3n que adelanta el ICBF Regional Tolima\u00bb y respecto a los padres, como consecuencia, se determin\u00f3 la terminaci\u00f3n de la patria potestad (fls. 447-487paquete 3). <\/p>\n

e) Derecho de petici\u00f3n elevado el 8 de febrero de 2017 por Ana Delia Lizcano (aqu\u00ed accionante) en el que solicit\u00f3 la expedici\u00f3n de copias y manifest\u00f3 que \u00abpor disposici\u00f3n legal priman los derechos de los menores a tener una familia, a no ser separados de ella, que por [su] condici\u00f3n de abuela deb[e] tener derecho a la defensa y al ejercer la contradicci\u00f3n de sus decisiones y por la lejan\u00eda de la ciudad no [pudo] ejercer el derecho de defensa\u00bb (fls. 521-522). <\/p>\n

f). Respuesta dada el 20 de febrero de 2017 en la que se accedi\u00f3 a la entrega de copias (fl. 523). <\/p>\n

g) Resoluci\u00f3n No. 040 de 16 de marzo de 2017 que consider\u00f3 \u00abque no hay lugar a revisar la medida de restablecimiento de derechos que se asumi\u00f3 mediante Resoluci\u00f3n No. 080 del dos (2) de mayo de 2016, pues no se evidencian cambios trascendentales a las circunstancias que dieron lugar a la adopci\u00f3n de la medida definitiva de restablecimiento de derechos a favor del adolescente\u00bb y, en consecuencia, ratific\u00f3 \u00abINTEGRALMENTE el contenido de la resoluci\u00f3n No. 080 del dos (2) de mayo de 2016, en donde se estableci\u00f3 la adoptabilidad como medida de restablecimiento de derechos\u00bb, determinaci\u00f3n frente a la cual la accionante expres\u00f3 su inconformidad (fls. 553-566). <\/p>\n

h) Auto de 28 de abril de 2017 por medio del cual el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 admiti\u00f3 \u00abla presente solicitud de revisi\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad de la Resoluci\u00f3n No. 040 de marzo 16 de 2017\u00bb (fl. 574 vuelto). <\/p>\n

i) Sentencia de 2 de agosto del a\u00f1o inmediatamente anterior que homolog\u00f3 \u00abla Resoluci\u00f3n No. 080 proferida el 2 de mayo de 2016 por el Defensor de Familia del ICBF Centro Zonal Gal\u00e1n por medio de la cual se declara que al adolescente XXX [\u2026], se le vulneraron derechos fundamentales establecidos en la Constituci\u00f3n Nacional y en la Ley de Infancia y Adolescencia, ordenando como medida de restablecimiento de derechos la adoptabilidad y en consecuencia la terminaci\u00f3n de la patria potestad respecto de los padres, continuando bajo medida provisional en ubicaci\u00f3n en medio institucional\u00bb lo anterior al considerar, en primer lugar que, \u00abel tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n contemplado en el art\u00edculo antes mencionado, no es un proceso ni un recurso, sino un tr\u00e1mite que permite control jurisdiccional o de legalidad sobre la actuaci\u00f3n adelantada por los funcionarios del ICBF, cuando se acoge la medida de restablecimiento de derechos de que trata el art. 53 y las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, crianza y educaci\u00f3n del menor, se hubieren opuesto a la medida dentro del rito administrativo en que se decret\u00f3\u00bb. <\/p>\n

Situaci\u00f3n por la cual \u00abla homologaci\u00f3n tiene por finalidad garantizar los derechos procesales de los padres de los ni\u00f1os y ni\u00f1as o quien los tenga bajo su custodia y subsanar los defectos en que la Defensor\u00eda de Familia del ICBF hubiere podido incurrir. Al juez le est\u00e1 vedado examinar el contenido de la Resoluci\u00f3n solo est\u00e1 facultado para ejercer la vigilancia del cabal cumplimiento de los preceptos y lineamientos procesales para la actuaci\u00f3n en menci\u00f3n, analizando el cumplimiento del debido proceso\u00bb. <\/p>\n

En segundo orden, efectu\u00f3 un recuento de algunas de las etapas surtidas en el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos y advirti\u00f3 que \u00abde conformidad con el art. 100 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia las actuaciones administrativas se resolvieron dentro de los t\u00e9rminos establecidos siguientes a la fecha de apertura del proceso administrativo, en las diferentes oportunidades en que se declararon vulnerados los derechos de XXX, se realizaron procesos de valoraci\u00f3n, atenci\u00f3n e intervenci\u00f3n psicosocial a fin de determinar factores protectores y de riesgo; se indago [sic] sobre la familia extensa y red familiar, valoraciones nutricionales, odontol\u00f3gicas, m\u00e9dicas y conceptos del equipo interdisciplinario, entre otros, se reintegr\u00f3 en varias oportunidades a su abuela paterna ANA DELIA LIZCANO concedi\u00e9ndole la custodia y cuidado personal; pero luego de varios a\u00f1os de brindar medidas de protecci\u00f3n y seguimientos, el 2 de mayo de 2016 profiri\u00f3 Resoluci\u00f3n N. 080 por medio de la cual se ordena como medida de restablecimiento de derechos la adoptabilidad y en consecuencia la terminaci\u00f3n de la patria potestad respecto de los padres, a efectos de garantizar el derecho a tener y crecer en el seno de una familia\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, sostuvo que \u00abde la revisi\u00f3n del proceso administrativo se corrobora que dicha Resoluci\u00f3n est\u00e1 conforme a derecho, en cuanto tiene que ver con la observancia del art. 29 de la C. Nacional y el tr\u00e1mite previsto en los art. 36 y ss del C. del Menor y art. 99 y ss del C. I. A. garantizando plenamente el derecho al debido proceso, cumpliendo cabalmente los principios constitucionales y legales\u00bb. <\/p>\n

Y, concluy\u00f3 que \u00abno encuentra el despacho que la medida de adoptabilidad sea desbordada, pues la misma se sustenta en las pruebas e intervenciones y valoraciones psicol\u00f3gicas, sociales, m\u00e9dicas, entre otras, que reflejan la falta de idoneidad de los padres y de la abuela paterna para ejercer el rol parental, ya que han sido desprotectores en su ejercicio de cuidadores, a lo que se suma la inestabilidad general, afectando la dignidad, desarrollo integral y verificaci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (fls. 586-591). <\/p>\n

4. Escrutado el preciso caso materia de an\u00e1lisis surge que el amparo instado ha de otorgarse en consideraci\u00f3n a que la autoridad judicial encartada gest\u00f3 un labor\u00edo que, materialmente, no se ajusta a los par\u00e1metros de la Ley 1098 de 2006, en tanto que incurri\u00f3 en los requisitos especiales de procedencia por defecto f\u00e1ctico y falta de motivaci\u00f3n, conforme a las razones que pasan a explicarse. <\/p>\n

4.1. La Carta Pol\u00edtica patria regla que los derechos de los ni\u00f1os son de raigambre ius fundamental y prevalecen sobre los de los dem\u00e1s, por lo cual merecen custodia preferente y especial. As\u00ed pues, de acuerdo a lo sostenido por esta Sala, tales garant\u00edas comprenden \u00abla de \u201ccrecer en el seno de una familia\u201d y no ser separado de ella (art\u00edculos 5, 42 y 44 de la Constituci\u00f3n), salvo en casos de riesgo o quebranto de sus privilegios y con la \u00fanica finalidad de protegerlos; de igual manera, es una prerrogativa de los padres estar con sus hijos y no ser separados de ellos, por lo que una determinaci\u00f3n en ese sentido debe estar plenamente fundamentada\u00bb (CSJ STC, 23 ene. 2012, rad. 2011-00371-01, reiterada, entre otras, en CSJ STC16516-2017 oct. 11 de 2017, rad. 2017-00598-01). <\/p>\n

Por supuesto, la aplicaci\u00f3n de medidas \u00faltimas y extremas, como lo es dar en adopci\u00f3n a un menor, amerita un cardinal cuidado por parte de quienes son responsables de tal declaratoria; dicha decisi\u00f3n ha de estar debida y satisfactoriamente sustentada en el prolijo y cuidadoso an\u00e1lisis de la concreta situaci\u00f3n evidenciada, y solamente debe surgir ante la imposibilidad de ser materializadas otras preeminentes gestiones tendientes a restablecer el orden familiar y las condiciones necesarias para el desarrollo del ni\u00f1o, ni\u00f1a y\/o adolescente con los suyos. <\/p>\n

4.2. La jurisprudencia ha precisado, verbigratia, en CSJ STC, 9 jul. 2012, rad. 2012-00181-01, que \u00ab\u201cen los eventos en que media una situaci\u00f3n de vulneraci\u00f3n a los derechos y libertades de los menores, requi\u00e9rese la inaplazable imposici\u00f3n de medidas de restablecimiento, para lo cual debe tenerse en cuenta que el C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 8 de noviembre de 2006) establece un procedimiento que se desarrolla en dos fases bien diferenciadas, a saber: la de naturaleza administrativa que se surte ante el defensor o el comisario de familia o, en su caso, el inspector de polic\u00eda, y la judicial que se adelanta para la homologaci\u00f3n de la decisi\u00f3n administrativa tendiente a la declaratoria de adoptabilidad, ante el juez de familia\u201d (sentencia de 28 de julio de 2010, Exp. 2010-00237-01)\u00bb (subrayado propio). <\/p>\n

4.2.1. Acerca de las declaraciones de situaci\u00f3n de adoptabilidad esta Corporaci\u00f3n expuso, entre otras providencias, en CSJ STC, 24 feb. 2010, rad. 2009-00634-01, lo siguiente: <\/p>\n

[D]entro del amplio espectro de derechos fundamentales del ni\u00f1o, reluce por su trascendencia el de tener una familia y no ser separado de ella, pues es incontestable que en su interior encuentra el menor el cuidado y el amor necesarios para su desarrollo arm\u00f3nico (\u2026). La Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos y los instrumentos internacionales de protecci\u00f3n al menor, como la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos del Ni\u00f1o, no vacilan en resaltar la importancia que para \u00e9ste tiene el hecho de pertenecer a una familia, y a no ser separado de ella, pues el infante necesita para su desarrollo integral del afecto, amor y cuidado que los suyos le brindan. Inclusive, tales convenios no se restringen a las relaciones entre padres e hijos, sino que abarcan un grupo m\u00e1s amplio, que comprende a sus hermanos, tener contacto con sus t\u00edos y primos, recibir el afecto de sus abuelos, v\u00ednculos afectivos todos ellos que comportan que el ni\u00f1o se sienta en un ambiente familiar que le sea ben\u00e9fico. <\/p>\n

En la legislaci\u00f3n colombiana, la Ley 12 de 1991 aprob\u00f3 la Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en cuyo art\u00edculo 9\u00b0 se dispuso: \u201cLos Estados Partes velar\u00e1n porque el ni\u00f1o no sea separado de sus padres contra la voluntad de \u00e9stos, excepto cuando, a reserva de decisi\u00f3n judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separaci\u00f3n es necesaria en el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o\u201d; luego ha de tratarse de una soluci\u00f3n extrema a la que solamente se debe llegar despu\u00e9s de agotar todos los mecanismos de protecci\u00f3n que sean del caso, pues es palpable que semejante decisi\u00f3n apareja un monumental hecho traum\u00e1tico, particularmente cuando son vivos y fuertes los v\u00ednculos afectivos que los unen (se resalta). <\/p>\n

Asimismo, denot\u00f3 en CSJ STC, 31 mar. 2008, rad. 2007-00351-01, que \u00aben relaci\u00f3n con el otro medio de defensa al que consider\u00f3 el a quo deb\u00edan acudir los accionantes, no es el previsto en la legislaci\u00f3n especial para lograr el control de legalidad de las actuaciones del Defensor de Familia, como si lo es el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n previsto ahora en el art\u00edculo 108 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia, el cual se adelanta por el Juez de Familia respectivo\u00bb. <\/p>\n

4.2.2. A su vez, ata\u00f1edero con la homologaci\u00f3n judicial de la referida decisi\u00f3n administrativa, esta Corporaci\u00f3n ha puntualizado: <\/p>\n

\u201c[C]ompr\u00e9ndese, entonces, que la homologaci\u00f3n de las decisiones adoptadas en sede administrativa, reviste cardinal val\u00eda, pues tal decisi\u00f3n trascendente como cualquier sentencia judicial, es cierto, implica validar la ruptura jur\u00eddica del n\u00facleo familiar, toda vez que la declaraci\u00f3n de abandono produce respecto de los padres del infante, seg\u00fan el art\u00edculo 60 del C\u00f3digo del Menor (esta disposici\u00f3n fue incorporada en el art\u00edculo 108 de la Ley 1098 de 2006), no solo la terminaci\u00f3n de la patria potestad, sino tambi\u00e9n entra\u00f1a, en la mayor\u00eda de los casos, la iniciaci\u00f3n de los tr\u00e1mites de adopci\u00f3n y la ubicaci\u00f3n de los hijos en hogares sustitutos, entre otras medidas, con todo lo que ello supone en el campo de las relaciones familiares. <\/p>\n

[\u2026] \u201cPor todo lo anotado, aprovecha esta ocasi\u00f3n la Corte Suprema, para llamar -de manera respetuosa- la atenci\u00f3n de los juzgadores, con el objeto de que en sus providencias, invariablemente, quede registrada la motivaci\u00f3n que, en forma suficiente y cabal, sirva de b\u00e1culo a la decisi\u00f3n que se permite adoptar, regla \u00e9sta igualmente predicable del tr\u00e1mite de homologaci\u00f3n a que se refiere el art\u00edculo 61 del C\u00f3digo del Menor, el que en manera alguna es inmune a la aplicaci\u00f3n del precitado deber judicial, m\u00ednima garant\u00eda que debe brindarse en el marco del debido proceso, rectamente entendido. <\/p>\n

\u201cAl fin y al cabo, este no es un tr\u00e1mite mec\u00e1nico, que implique desatender las reglas de juzgamiento consustanciales a toda actuaci\u00f3n judicial. De all\u00ed que el juzgador, que no es un aut\u00f3mata, no puede limitarse a realizar un control, am\u00e9n que meramente formal y rutinario, como si los intereses que estuvieran en conflicto, ciertamente, fueran de ninguna o de poca monta. Muy por el contrario, con arreglo a los poderes con los que ha sido investido, deber\u00e1 desplegar una labor que est\u00e9 en consonancia con dichos intereses, en este caso -donde hay menores- de insoslayable y aquilatada relevancia, al mismo tiempo que con la finalidad que anima la homologaci\u00f3n, se insiste, de marcada trascendencia jur\u00eddica\u201d. <\/p>\n

Por su lado, la Corte Constitucional, en relaci\u00f3n con el alcance de la competencia del jugador en el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n, puso de presente en providencia T-671 de 2010, que la competencia del juez de familia en tal no s\u00f3lo se limita al control formal del procedimiento llevado a cabo en la actuaci\u00f3n administrativa, sino que se extiende a establecer si la medida adoptada atendi\u00f3 el inter\u00e9s superior del ni\u00f1o; lo propio, al determinar que \u00ab[\u2026] en el marco del proceso de homologaci\u00f3n, la funci\u00f3n de control de legalidad de la resoluci\u00f3n de adoptabilidad va m\u00e1s all\u00e1 de la verificaci\u00f3n del cumplimiento de los requisitos formales del procedimiento administrativo. Es as\u00ed, que con presentarse la oposici\u00f3n por parte de los padres o de los familiares o con el incumplimiento de los t\u00e9rminos por parte de las autoridades administrativas competentes, el asunto merece la mayor consideraci\u00f3n y adecuado escrutinio de la autoridad judicial con el fin de que exista claridad sobre la real garant\u00eda de los derechos fundamentales del ni\u00f1o, la ni\u00f1a o el adolescente involucrado y de su inter\u00e9s superior\u00bb.
\n\u00a0
\nDicha posici\u00f3n fue reiterada en la Sentencia T-1042 de 2010, en la cual se\u00f1al\u00f3 que el \u00abobjetivo de la homologaci\u00f3n\u00bb es revisar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales del debido proceso durante la actuaci\u00f3n administrativa, por lo que se constituye como\u00a0\u00abun mecanismo de protecci\u00f3n eficaz para que las personas afectadas por una resoluci\u00f3n de adoptabilidad recobren sus derechos mediante la solicitud de terminaci\u00f3n de sus efectos, acreditando que las circunstancias que ocasionaron tal situaci\u00f3n se han superado y que razonadamente se puede deducir que no se repetir\u00e1n\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente, esta Sala explic\u00f3 que \u00ab[c]omo instrumento encaminado a garantizar la efectividad de los derechos de los ni\u00f1os se encuentra, entre otros, el tr\u00e1mite administrativo de restablecimiento de los derechos ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuya decisi\u00f3n final est\u00e1 sujeta a homologaci\u00f3n por parte de los jueces de familia, cuando alguna de las partes o el Ministerio P\u00fablico lo solicita conforme lo previsto en el art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006; en tal evento el juez de \u00e9sta no cumple una funci\u00f3n simplemente formal sino que, con fundamento en los poderes previstos en el ordenamiento, tiene el deber de desplegar una actividad coherente con los objetivos trazados por la Constituci\u00f3n, leyes y tratados internacionales, a fin de garantizar la efectividad material de los derechos de los menores en orden a proteger su vida, integridad y desarrollo arm\u00f3nico e integral\u00bb (CSJ STC, 23 sep. 2011, rad. 2011-00229-01; destacado ajeno al texto original). <\/p>\n

Conforme a lo anterior, puede pregonarse v\u00e1lidamente que el ordenamiento jur\u00eddico consagra la \u00abhomologaci\u00f3n de la declaratoria de adoptabilidad ante el juez de familia\u00bb como un mecanismo m\u00e1s de protecci\u00f3n a las privilegiadas prerrogativas de los peque\u00f1os, por lo que aquel \u00abdebe verificar no s\u00f3lo el cumplimiento del procedimiento administrativo, sino tambi\u00e9n velar por la garant\u00eda y protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior de los menores y los derechos de los familiares, de tal suerte que la autoridad judicial cumple una doble funci\u00f3n: por una parte, realiza el control de legalidad de la actuaci\u00f3n administrativa, pero al mismo tiempo, examina que se hayan respetado los derechos fundamentales de los implicados en el tr\u00e1mite, actuando de esta forma como juez constitucional\u00bb (CSJ STC3599-2015, 26 mar. 2015, rad. 2015-00031-01). <\/p>\n

4.2.3. En el orden de ideas que viene de trazarse, la determinaci\u00f3n de alejar a los hijos de sus padres y\/o de su entorno familiar extenso, tiene que estar \u00abplenamente fundamentada, no s\u00f3lo en las pruebas recaudadas en el proceso, sino en las que se aportaron con anterioridad al expediente y todas las que el juez o la autoridad administrativa estimen necesarias para llegar al convencimiento de que su decisi\u00f3n es las m\u00e1s adecuada para los menores\u00bb, mismas que cumple recaudar aun oficiosamente, por lo cual \u00abla aplicaci\u00f3n de medidas extremas, como dar en adopci\u00f3n a [una menor], amerita un mayor cuidado por parte de los funcionarios responsables de tal declaratoria, esto es, esa determinaci\u00f3n debe sustentarse en la imposibilidad de restablecer el orden familiar y las condiciones b\u00e1sicas para el desarrollo de los infantes\u00bb (CSJ STC, 8 may. 2013, rad. 2013-00055-01). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, seg\u00fan el derecho pretoriano lo ha expuesto desde tiempo atr\u00e1s, entre otras en CSJ STC, 13 feb. 2004, rad. 2003-00536-01, que: <\/p>\n

La resonancia e indiscutida significaci\u00f3n de esta providencia, por tanto, exige -como lo ha puesto de presente la Corte Constitucional- \u201c\u2026que los padres gocen de la plenitud de las garant\u00edas procesales establecidas en la Constituci\u00f3n y la ley\u201d (T-079\/93), y que el juez al ejercer el control de legalidad a \u00e9l conferido, ministerio legis, motive y explique suficientemente las razones que la justifican. <\/p>\n

En este singular contexto, la funci\u00f3n del juez tiene un rol fundamental, pues no se entiende cumplida con el proferimiento de una decisi\u00f3n que resuelva formalmente, el asunto sometido a su consideraci\u00f3n. La sentencia, como acto procesal que es, seg\u00fan el art\u00edculo 303 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, debe ser motivada \u201cde manera breve y precisa\u201d -pero necesariamente fundamentada-, dicha evaluaci\u00f3n debe cobijar el \u201cexamen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales\u201d que sean indispensables para fundamentarla (art. 304 ib.). <\/p>\n

[\u2026] En otras palabras, juzgar con sujeci\u00f3n a la certeza, m\u00e1s all\u00e1 de la mera probabil\u00edstica, desde luego que en asuntos como estos, el juez no puede asumir un papel pasivo, cual esfinge de piedra, mudo e inm\u00f3vil, o sea de \u201csimple espectador\u201d (Vid: cas. civ. 10 de diciembre de 1999, Exp. 5367), sino por el contrario, activo en grado sumo, habida cuenta que se encuentra en juego, bien se sabe, el inter\u00e9s de la instituci\u00f3n familiar y del menor o menores. Al fin y al cabo, el tr\u00e1mite de la homologaci\u00f3n, rectamente entendido, se ha instituido en protecci\u00f3n del menor (Cap\u00edtulo 3, T\u00edtulo II del C\u00f3digo del Menor), por manera que para establecer que es lo que conviene m\u00e1s a sus intereses, ser\u00e1 menester, ex abundante cautela, desplegar una actuaci\u00f3n m\u00e1s rigurosa, anal\u00edtica y ponderada, se itera, en estricta consonancia con las prerrogativas en comentario, las que no siempre se protegen, per se y sin f\u00f3rmula de juicio, acudiendo al expediente de la declaratoria de abandono y la posterior adopci\u00f3n, remedios \u00e9stos que, por radicales, deben ser utilizados con cuidado y con prudencia extrema (se resalt\u00f3). <\/p>\n

4.3. Seg\u00fan ya se dijo, el amparo deprecado deviene pertinente, habida cuenta que la decisi\u00f3n atacada por este cauce constitucional entra\u00f1a senda anomal\u00eda, esto es, it\u00e9rase, aquilatar indebidamente el acervo probatorio \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb y albergar una argumentaci\u00f3n deficitaria \u00abfalta de motivaci\u00f3n\u00bb, por cuanto que \u00ab[p]ara propender por un procedimiento garantista, la Ley 1098 de 2006 previ\u00f3 que \u201cla declaratoria de adoptabilidad del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente corresponde exclusivamente al Defensor de Familia\u201d, quien debe ordenar \u201cuna o varias de las medidas de restablecimiento\u201d, y cuyo pronunciamiento, en caso de objeci\u00f3n, debe ser homologado por un juez, ya que separar a los infantes de sus progenitores o de las personas con las que viven es un mecanismo irreversible que requiere atenci\u00f3n preponderante. Ahora, dichos tr\u00e1mites deben observar estrictamente las normas sobre la materia, las cuales establecen la necesidad de convocar a los interesados y al Ministerio P\u00fablico; observar unos t\u00e9rminos perentorios e inmodificables, y motivar las decisiones que all\u00ed se adopten acudiendo al recaudo de pruebas suficientes, requisitos que pas\u00f3 por alto el acusado\u00bb (Cfr. CSJ STC, 8 may. 2013, rad. 2013-00055-01; se sublinea). <\/p>\n

Por ende, la sentencia que homolog\u00f3 la decisi\u00f3n que declar\u00f3 en situaci\u00f3n de adoptabilidad al menor XXX proferida por el juzgado encartado el d\u00eda 2 de agosto de 2017, adolece de un sustento demostrativo y una motivaci\u00f3n suficiente, en tanto que dej\u00f3 de apreciar circunstancias relevantes y se apuntal\u00f3 en t\u00f3picos que no resultan valederos de cara a los prevalentes intereses en juego. Entonces, olvid\u00f3 que \u00abantes de proferir una decisi\u00f3n sobre la situaci\u00f3n de un menor en la familia y en la sociedad, deben valorarse de manera ponderada y objetiva todos los aspectos involucrados en el bienestar y el adecuado desarrollo del ni\u00f1o. El funcionario que se encuentre a cargo de dicho tr\u00e1mite debe considerar todas las alternativas posibles para proteger los intereses del menor y, con base en los elementos de juicio que recaude, debe optar por la mejor soluci\u00f3n posible, es decir, la que permita su desarrollo integral, y no s\u00f3lo su bienestar econ\u00f3mico\u00bb (CSJ STC, 5 may. 2011, rad. 2011-00045-01). <\/p>\n

4.3.1. Lo anterior comoquiera que el juzgador querellado se limit\u00f3 a precisar que la homologaci\u00f3n es simplemente un estudio que permite el control jurisdiccional o de legalidad respecto de la actuaci\u00f3n adelantada en la instancia administrativa lo cual limitaba su campo de acci\u00f3n encontrando como \u00fanica finalidad garantizar los derechos procesales de las partes involucradas por lo que en suma advirti\u00f3 que el tr\u00e1mite se desat\u00f3 en los t\u00e9rminos legalmente previstos y que en dicho proceder se salvaguard\u00f3 el debido proceso de cada uno de los sujetos procesales. <\/p>\n

4.4. En consecuencia, para la Sala no es suficiente justificar la medida de iniciar los tr\u00e1mites de la adopci\u00f3n en el hecho de que la \u00abinvestigaci\u00f3n administrativa\u00bb se adelant\u00f3 con arreglo al procedimiento previsto en el C\u00f3digo de la Infancia y de la Adolescencia, seg\u00fan as\u00ed sucintamente anot\u00f3 el juzgado enjuiciado, pues es irrefragable que ello no puede constituirse en excusa para justificar esa decisi\u00f3n extrema, m\u00e1xime cuando existen otros modos de salvaguardar los intereses superiores del XXX, para lo cual lo pertinente era efectuar un an\u00e1lisis juicioso de todo el acervo probatorio y de cada una de las particularidades del asunto. <\/p>\n

4.5. As\u00ed las cosas, se le restar\u00e1 valor y efecto a la sentencia de 2 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9 que homolog\u00f3 la Resoluci\u00f3n No. 080 de 2 de mayo de 2016 dictada por el Defensor de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Centro Zonal Gal\u00e1n mediante la cual se declar\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de XXX y en consecuencia dispuso la adoptabilidad como medida de restablecimiento de los mismos, con la finalidad de que profiera nuevamente la determinaci\u00f3n que considere adecuada en la que se efect\u00fae una valoraci\u00f3n probatoria adecuada en aras de la protecci\u00f3n integral del menor. <\/p>\n

5. De conformidad con lo discurrido, se revocar\u00e1 el fallo objeto de la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivaci\u00f3n que antecede y, en su lugar, dispone: <\/p>\n

PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de Ana Delia Lizcano y del inter\u00e9s superior del menor XXX, seg\u00fan se consider\u00f3. <\/p>\n

SEGUNDO: Dejar, en consecuencia, sin valor ni efecto la sentencia de 2 de agosto de 2017 proferida por el Juzgado Quinto de Familia de Ibagu\u00e9; ello, a fin de que dicho despacho proceda, en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas, contados desde el momento en que reciba el expediente por parte de la Defensor\u00eda de Familia Centro Zonal Gal\u00e1n, nuevamente al estudio del proceso objeto de la queja, debiendo motivar suficiente y adecuadamente la correspondiente providencia. <\/p>\n

TERCERO: Por Secretar\u00eda, env\u00edese copia de la presente decisi\u00f3n a todos los interesados y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Tolima Centro Zonal Gal\u00e1n para que de forma inmediata remita el expediente objeto de la queja al despacho judicial anteriormente referenciado. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONZALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tEn \tvirtud del art\u00edculo 47 del C\u00f3digo de la Infancia y la \tAdolescencia, armonizado con el canon 7\u00ba de la Ley 1581 de \t2012, se omite el nombre del menor.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC544-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 73001-22-13-000-2017-00608-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente la sentencia proferida el 11 de diciembre de 2017, mediante la cual la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101106","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101106","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101106"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101106\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101106"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101106"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101106"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}