{"id":101107,"date":"2026-07-01T16:38:28","date_gmt":"2026-07-01T16:38:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101107"},"modified":"2026-07-01T16:38:28","modified_gmt":"2026-07-01T16:38:28","slug":"stc546-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc546-2018\/","title":{"rendered":"STC546-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC546-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-002-2017-00357-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Eduardo Vargas Chaux frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2017 por la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, dentro de la tutela que el recurrente le promovi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de la referida ciudad; extensiva a las partes e intervinientes en la litis radicada bajo el n\u00famero 2011-00211-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1\tEl precursor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al debido proceso; en consecuencia, implor\u00f3 revocar los autos de 9 y 31 de octubre de 2017; as\u00ed como aplazar la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento programada para el 9 de noviembre de la misma anualidad. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3, en s\u00edntesis, que inici\u00f3 juicio de responsabilidad m\u00e9dica en el que solicit\u00f3 un dictamen rendido por uno de los galenos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano de la ciudad de Neiva, respecto del cual pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n. En vista que la citada entidad hizo caso omiso al requerimiento, el despacho accionado libr\u00f3 oficio exhortando el cumplimiento de tal obligaci\u00f3n, remitido por la parte interesada al lugar indicado en la comunicaci\u00f3n; sin embargo, como la documentaci\u00f3n fue devuelta por la empresa 472 debido al error en la direcci\u00f3n, se procedi\u00f3 a enviarla por correo certificado a la correcta, notificando de lo sucedido al estrado. <\/p>\n

Adujo que, pese a lo anterior y a la importancia del mencionado elemento de acreditaci\u00f3n para dirimir la controversia, el estrado mediante prove\u00eddos del pasado 9 y 31 de octubre, decret\u00f3 cerrada la etapa probatoria y mantuvo inc\u00f3lume su pronunciamiento, respectivamente, sin tener en cuenta que la tardanza no es atribuible al extremo activo sino a la renuencia de la instituci\u00f3n convocada y a la equivocaci\u00f3n en que incurri\u00f3 la agencia de conocimiento. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

El gerente de la Cl\u00ednica Medilaser manifest\u00f3 que el elemento de convicci\u00f3n echado de menos, fue decretado en debida forma desde el a\u00f1o 2013 y el director del litigio adelant\u00f3 todas las gestiones necesarias tendientes a obtener la adici\u00f3n del concepto por parte del ente hospitalario.
\nPor otro lado, Mauricio Alberto Vargas Chaux present\u00f3 escrito coadyuvando los argumentos y pretensiones del libelo inicial. <\/p>\n

El operador judicial acusado inform\u00f3 que, en audiencia de 9 de noviembre de 2017 finiquit\u00f3 el asunto materia de cuestionamiento y aport\u00f3 un CD con el audio correspondiente. <\/p>\n

EL FALLO DEL PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El censor reiter\u00f3 lo esgrimido en el escrito genitor, agregando que si bien el interregno de espera de la mentada repuesta super\u00f3 un t\u00e9rmino m\u00e1s que razonable, lo cierto es que el estrado en virtud de la \u00faltima amonestaci\u00f3n que autoriz\u00f3 efectuar con dicho prop\u00f3sito, debi\u00f3 respetar el plazo que concedi\u00f3 para que se emitiera la respectiva contestaci\u00f3n. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela fue instituida para la salvaguarda de los atributos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la actuaci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de un funcionario p\u00fablico o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este sendero excepcional, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el presente caso el accionante pretende que se aplace la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento programada para el pasado 9 de noviembre; as\u00ed como dejar sin valor ni efecto los autos de 9 y 31 de octubre de 2017, mediante los cuales se declar\u00f3 clausurado el per\u00edodo instructivo y mantuvo inc\u00f3lume esa determinaci\u00f3n, pese a no haberse rendido la aclaraci\u00f3n y complementaci\u00f3n instada por el extremo activo, frente al dictamen que emiti\u00f3 el Hospital Universitario Hernando Moncaleano, que en su sentir, resultaba relevante para proferir el veredicto dentro del proceso de Responsabilidad M\u00e9dica que inco\u00f3 contra la Cl\u00ednica Medilaser S.A. <\/p>\n

Bajo el contexto planteado y teniendo en cuenta que en la citada diligencia el estrado querellado desat\u00f3 el asunto objeto de cuestionamiento, mediante un fallo que fue apelado por el querellante, advierte la Sala que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por configurarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, en tanto luce palmario que el demandante tiene a su disposici\u00f3n otras herramientas id\u00f3neas para el pleno ejercicio de las prerrogativas que aduce conculcadas. <\/p>\n

Lo anterior, por cuanto en el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n de sentencia, el art\u00edculo 327 del C.G.P. establece que: <\/p>\n

\u201cSin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelaci\u00f3n de sentencia, dentro del t\u00e9rmino de ejecutoria del auto que admite la apelaci\u00f3n, las partes podr\u00e1n pedir la pr\u00e1ctica de pruebas y el juez las decretar\u00e1 \u00fanicamente en los siguientes casos:
\n1. Cuando las partes las pidan de com\u00fan acuerdo.
\n2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidi\u00f3.
\n3. Cuando versen sobre hechos ocurridos despu\u00e9s de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.
\n4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria. <\/p>\n

5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior.
\n(\u2026) \u201c
\nEn casos de contornos similares, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n

De modo que, como el tutelante cuenta con el citado mecanismo, para pedir ante juez natural lo que pretende por esta v\u00eda, resulta evidente la improcedencia del reclamo constitucional, habida cuenta que es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los prerrogativas fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender instituido como una herramienta que permita desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias que se suscitan entre las asociados. <\/p>\n

3.\tPor consiguiente, se impone respaldar el fallo del a quo por las razones aqu\u00ed expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar anotadas conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC546-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 18001-22-08-002-2017-00357-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Se resuelve la impugnaci\u00f3n formulada por Eduardo Vargas Chaux frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2017 por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101107","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101107\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}