{"id":101109,"date":"2026-07-01T16:39:45","date_gmt":"2026-07-01T16:39:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101109"},"modified":"2026-07-01T16:39:45","modified_gmt":"2026-07-01T16:39:45","slug":"stc559-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc559-2018\/","title":{"rendered":"STC559-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC559-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-03047-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n del fallo de 29 de noviembre de 2017 dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la salvaguarda de \u00c1lvaro de J. Rodr\u00edguez contra los Juzgados Veinte Civil del Circuito de Oralidad y Diecisiete Civil Municipal, ambos de Bogot\u00e1. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl vocero pidi\u00f3 el respeto del debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por los querellados, y pidi\u00f3 que, como consecuencia, se ordene admitir el libelo que present\u00f3. <\/p>\n

2.\tEn respaldo de lo anterior, dijo haber instaurado demanda de responsabilidad civil extracontractual ante el \u00faltimo de los estrados accionados, la que fue rechazada, por falta de competencia, mediante prove\u00eddo de 21 de junio de 2017 que recurri\u00f3 por v\u00eda de reposici\u00f3n y, subsidiariamente, a trav\u00e9s de apelaci\u00f3n, pero que el juzgador mantuvo en pie su criterio y concedi\u00f3 el alzamiento que correspondi\u00f3 al ente primeramente referido, que lo declar\u00f3 inadmisible tras aducir que existe una regla de procedimiento especial que gobierna el caso y que, por tanto, torna inapelable el auto atacado. <\/p>\n

3.\tNotificada la queja y hechos los llamamientos pertinentes, el a quo neg\u00f3 el amparo porque, seg\u00fan lo reliev\u00f3, la actuaci\u00f3n del funcionario del circuito est\u00e1 sustentada en una norma vigente (fl. 23 a 24). <\/p>\n

4.\tImpugn\u00f3 el accionante, quien insisti\u00f3 en las mismas razones que expuso cuando impuls\u00f3 el ruego supralegal. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tLa tutela, consagrada en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, no fue instituida para controvertir la actividad desplegada por el aparato judicial, salvo que sea arbitraria y desatinada, a tal punto que configure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, siempre que el ofendido as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo prudencial y no tenga ni haya desaprovechado otros remedios para conjurar el agravio, excepto cuando la promueve de modo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Al respecto, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que (\u2026) en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial (\u2026) (CSJ STC-4726 2015). <\/p>\n

2.\tEn el sub judice, pronto se observa que no era viable dispensar la protecci\u00f3n solicitada respecto del Juzgado 17 Civil Municipal de Bogot\u00e1, porque tal petici\u00f3n es prematura, teniendo en cuenta que es de cargo del \u00f3rgano judicial a quien se reasigne el diligenciamiento en la ciudad a la que fue remitido (Sogamoso), determinar si asume su conocimiento o, seg\u00fan sea del caso, formular un conflicto negativo de competencia. <\/p>\n

Por tanto, hasta que no se emita un pronunciamiento al respecto no es viable incursionar en este \u00e1mbito supralegal para censurar la postura del estrado que se desprendi\u00f3 del libelo, porque no se cumple el presupuesto de subsidiariedad establecido en el art\u00edculo 7\u00ba del Decreto 2591 de 1991, debi\u00e9ndose concluir, por tanto, que la queja es presurosa. <\/p>\n

Al efecto, esta Sala en STC 20283-2017, record\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026.)\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, y STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, entre otras). <\/p>\n

3.\tAhora bien, se observa que la postura asumida por el juzgado del circuito que inadmiti\u00f3 la alzada interpuesta contra el auto de rechazo del pliego introductor no refleja atropello, habida cuenta que los argumentos que le sirven de respaldo enmarcan dentro de lo razonable y dejan entrever que esa autoridad advirti\u00f3 la existencia de las reglas de procedimiento provistas para dirimir esa clase de controversias, sin que su actuar revele arbitrariedad o subjetividad. <\/p>\n

Al respecto, t\u00e9ngase en cuenta que dicho estamento se apoy\u00f3 en el art\u00edculo 139 del C\u00f3digo General del Proceso, consagratorio del tr\u00e1mite que se debe seguir cuando se rechaza el libelo inaugural por \u201cfalta de competencia territorial\u201d, y con base en dicha disposici\u00f3n normativa encontr\u00f3 que la providencia apelada no era susceptible de ese medio de control, habida cuenta que, conforme lo explicit\u00f3, es de cargo del estrado a quien se reasigne la actuaci\u00f3n entrar a pronunciarse al respecto, bien asumiendo esa atribuci\u00f3n, ora provocando un \u201cconflicto negativo de competencia\u201d. <\/p>\n

Como se logra advertir, ese raciocinio no luce caprichoso ni apartado del r\u00e9gimen positivo, sino que, por el contrario, se acompasa con los dictados legales impuestos por el legislador para regular escenarios como el que se tiene a la vista. <\/p>\n

En un caso de contornos similares, esta Corte expres\u00f3: <\/p>\n

\u00ab[L]a repulsa de un funcionario para tramitar un asunto por considerarse incompetente por el factor territorial, tampoco admite la apelaci\u00f3n conforme lo dispone el art\u00edculo 148 del estatuto procesal civil, que descarta expresamente este remedio. Por ello, la Sala ha explicado que la inviabilidad de este medio de contradicci\u00f3n tiene \u201csu raz\u00f3n de ser porque de llegar a admitirse la procedencia de la apelaci\u00f3n contra el auto que declara la falta de competencia, se estar\u00eda obligando al superior a dirimir un conflicto de competencia que debe ser planteado por el juez a quien se env\u00eda la actuaci\u00f3n y se niega a conocer del proceso; y al tiempo se estar\u00eda invadiendo la \u00f3rbita de acci\u00f3n del \u00f3rgano a quien el art\u00edculo 18 de la Ley 270 de 1996 le asigna la facultad para desatar el conflicto. (\u2026) De ah\u00ed que frente a una supuesta arbitrariedad del funcionario judicial en la decisi\u00f3n que se viene comentando, no resulte exigible el agotamiento de los recursos ordinarios, pues esa determinaci\u00f3n no es susceptible de alzada, tal como lo ha sostenido esta Corporaci\u00f3n en reciente pronunciamiento\u00bb (CSJ STC 11728-2016). <\/p>\n

Bajo esa \u00f3ptica, es patente la ausencia del desafuero sobre el que se afinc\u00f3 la protesta examinada, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que la inconformidad del censor apunta m\u00e1s bien a combatir el criterio de la juzgadora del circuito, lo que constituye una disputa de pareceres que no puede ser zanjada por este sendero residual, so pena de invadir esferas ajenas, sin tener como soporte un sustento plausible, porque, como es sabido (\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades1 (\u2026) (CSJ. 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-0o1). <\/p>\n

T\u00e9ngase en cuenta que la intromisi\u00f3n excepcional solamente se justifica cuando se tiene a la vista (\u2026) una determinaci\u00f3n alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano (\u2026), en cuyo caso es pertinente y necesario intervenir para corregir la infracci\u00f3n detectada y poner a salvo las garant\u00edas quebrantadas. <\/p>\n

En los dem\u00e1s casos, ins\u00edstase, no es posible traspasar las competencias establecidas para la definici\u00f3n de los pleitos, lo que resulta obvio, comoquiera que esta v\u00eda <\/p>\n

\u00abno est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u00bb (CSJ. SC.12801-2017). (Se resalta). <\/p>\n

Es que, \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales\u00bb (STC 5860-2017). <\/p>\n

4.\t Luego, la intromisi\u00f3n pedida no resulta viable, por lo que se prohijar\u00e1 el veredicto revisado en esta oportunidad. <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tCSJ. SC, 20 de \tseptiembre de 2012, rad. 2012-00245-01)
\n4<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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