{"id":101112,"date":"2026-07-01T16:40:40","date_gmt":"2026-07-01T16:40:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101112"},"modified":"2026-07-01T16:40:40","modified_gmt":"2026-07-01T16:40:40","slug":"stc564-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc564-2018\/","title":{"rendered":"STC564-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC564-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00488-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Yidy Zuleyka Ordo\u00f1ez Aguirre contra el Juzgado de Familia de Soacha, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio verbal sumario a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La \tpromotora \tdel amparo reclama \tla protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al \tdebido proceso, a la defensa, a la igualdad y al acceso a la \tadministraci\u00f3n de justicia, \tpresuntamente \tconculcados por \tla autoridad judicial accionada, con la sentencia emitida el 24 de \tenero de 2017 al interior del juicio de custodia y cuidado personal \tdel menor Juan Sebasti\u00e1n Melo Ordo\u00f1ez (JSMO), que en \tsu contra promovi\u00f3 Nixon William Melo. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene al Juzgado de Familia de Soacha, \u00abdejar sin efecto la decisi\u00f3n [memorada]\u00bb, y que en consecuencia, \u00abprofiera una nueva sentencia (\u2026) haciendo una valoraci\u00f3n en conjunto de las pruebas allegadas al proceso y sobre todo decretando pruebas que busquen la protecci\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor\u00bb (fl. 12, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tPara sustentar su inconformidad aduce en s\u00edntesis, que dentro del asunto referido en l\u00edneas anteriores, el Despacho accionado asign\u00f3 la custodia \u00abconjunta\u00bb del ni\u00f1o JSMO a favor de ambos progenitores por espacio de un (1) a\u00f1o cada uno, y regul\u00f3 el r\u00e9gimen de visitas \u00abdurante el a\u00f1o que no detenten el derecho de custodia y cuidado personal del menor\u00bb, incurriendo con ello en causal de procedencia del amparo, toda vez que, asegura, valor\u00f3 de manera equivocada la \u00absituaci\u00f3n psicol\u00f3gica y los lazos afectivos\u00bb del peque\u00f1o frente a su padre, pues las conclusiones que arroj\u00f3 el respectivo dictamen se\u00f1alan que el infante se muestra \u00abtemeroso y ansioso\u00bb cuando se le indaga por la figura paterna, debido a los episodios de \u00abviolencia intrafamiliar\u00bb ocurridos al interior del hogar. <\/p>\n

De otra parte, tambi\u00e9n se duele porque el estrado censurado acudi\u00f3 a la figura de la \u00abcustodia conjunta o compartida\u00bb, la cual carece de fundamento legislativo en el ordenamiento patrio, y en todo caso, afirma, esa decisi\u00f3n afectar\u00e1 la estabilidad emocional del ni\u00f1o, si en cuenta se tiene que su formaci\u00f3n se alterar\u00e1 continuamente \u00abpor el cambio de colegio, amigos y costumbres\u00bb (fls. 4 a 27, cdno. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. La \tDefensor\u00eda de Familia del Centro Zonal Soacha del Instituto \tColombiano de Bienestar Familiar, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n \tdel presente tr\u00e1mite, luego de indicar que los reparos de la \taccionante ata\u00f1en al proceso de custodia y cuidado personal \tdel menor JSMO \tque fue adelantado ante la sede judicial de familia accionada \t(fls. \t37 y 38, \u00eddem). <\/p>\n

2. Por \tsu parte, el Juzgado de Familia de Soacha aleg\u00f3, que la \tsentencia cuestionada se encuentra ajustada al ordenamiento \tjur\u00eddico, por lo que se descarta la vulneraci\u00f3n \tsuperior alegada por la promotora del amparo (fls. 41 y 42, ib\u00eddem). <\/p>\n

3. A \tsu turno, la Procuradur\u00eda 128 Judicial II para Asuntos de \tFamilia de esta capital indic\u00f3, que la demanda de tutela es \timprocedente \u00abpor \tno atender el requisito de inmediatez, dado que ha trascurrido m\u00e1s \tde seis meses desde que se adopt\u00f3 el fallo que se pretende \tdejar sin efecto\u00bb \t(fls. 50 a 52, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La promotora recurri\u00f3 el fallo anterior, utilizando argumentos similares a los planteados en la demanda de amparo (fls. 69 a 75, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRespecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela de cara a las decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso, cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la existencia de causal de procedencia del amparo, la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla y la prontitud del reclamo. La misma fuente ha precisado que se incurre en causal de procedencia del amparo cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo, y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad; es decir, cuando la decisi\u00f3n judicial sea el producto de la arbitrariedad de aqu\u00e9l. <\/p>\n

2. En el caso bajo estudio se observa, que la accionante se duele, concretamente, de la sentencia dictada el 24 de enero de 2017, mediante la cual el Juzgado de Familia de Soacha asign\u00f3 la custodia y cuidado personal del menor JSMO a favor de ambos progenitores, pues, en su sentir, no se apreci\u00f3 en debida forma la situaci\u00f3n psicol\u00f3gica del ni\u00f1o y se acudi\u00f3 a la figura de la \u00abcustodia conjunta y compartida\u00bb, la cual es inexistente en nuestro ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

3. Para la decisi\u00f3n que se est\u00e1 adoptando tienen trascendencia para la Corte los elementos de juicio que enseguida se relacionan, a saber: <\/p>\n

3.1. Nixon William Melo instaur\u00f3 proceso verbal sumario contra Yidy Zuleyka Ordo\u00f1ez Aguirre -aqu\u00ed accionante, con el prop\u00f3sito de obtener la custodia y el cuidado personal de su menor hijo JSMO (fls. 2 a 8, cdno., principal). <\/p>\n

3.2. Una vez agotado el tr\u00e1mite pertinente, en fallo del de 24 de enero de 2017, el Juzgado de Familia de Soacha resolvi\u00f3 \u00ab[a]signar de manera conjunta la custodia y cuidado personal del menor (\u2026) a sus progenitores Yidy Zuleyka Ordo\u00f1ez Aguirre y Nixon William Melo\u00bb, y, \u00ab[r]egular el r\u00e9gimen de visitas que debe cumplir los se\u00f1ores Yidy Zuleyka Ordo\u00f1ez Aguirre y Nixon William Melo, durante la anualidad que no detenten el derecho de custodia y cuidado personal de su menor hijo\u00bb, tras considerar lo siguiente:
\n\u00ab[S]e acredita que entre los se\u00f1ores Melo y Ordo\u00f1ez, han existido diferencias personales traducidas en agresiones verbales y f\u00edsicas, de las cuales dan cuenta, y que los ha llevado a acudir a autoridades administrativas y judiciales. Tambi\u00e9n que la propia demandada ha hecho caso omiso al cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas que le asisten al se\u00f1or Melo para con su menor hijo Juan Sebasti\u00e1n. <\/p>\n

Esta situaci\u00f3n ha llevado al se\u00f1or Melo a reclamar para s\u00ed la custodia y cuidado personal de su menor hijo, atendiendo adem\u00e1s que ha cumplido a cabalidad con la obligaci\u00f3n alimentaria. Presume que estando el menor al lado del compa\u00f1ero permanente de la se\u00f1ora Yidy Zuleyka es un riesgo a su salud mental y f\u00edsica, por raz\u00f3n a que este se\u00f1or ha estado privado de la libertad y es consumidor de sustancias alucin\u00f3genas. <\/p>\n

La valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica practicada a los se\u00f1ores Melo-Ordo\u00f1ez, da cuenta de ser personas mentalmente sanas, aptas para asumir el cuidado de su menor hijo. Sugieren los peritos cient\u00edficos que estas personas deben someterse a terapia de grupo, en aras de lograr una adecuada crianza del hijo. <\/p>\n

La visita social realizada a las residencias de los padres, nos informan que el se\u00f1or Melo actualmente vive solo, en tanto que la se\u00f1ora Yidy Zuleyka vive con otros parientes, y que las condiciones habitacionales que ofrecen, son \u00f3ptimas para el menor hijo, donde se garantizan sus derechos fundamentales prevalentes\u00bb. <\/p>\n

A continuaci\u00f3n el estrado judicial acusado apreci\u00f3 la prueba testimonial practicada dentro del juicio cuestionado, y a ese respecto indic\u00f3: <\/p>\n

\u00abLos testimonios escuchados de Francisco Antonio Ramos Aponte y Mar\u00eda Marlen Melo Casas, dan cuenta de hechos, seg\u00fan los cuales, la se\u00f1ora Zuleyka obstruye el r\u00e9gimen de visitas que le asisten al se\u00f1or Nixon William para con su menor hijo, pero adem\u00e1s de las agresiones de que ha sido v\u00edctima el padre, por cuenta de la demandada y el compa\u00f1ero permanente de esta. Tambi\u00e9n el peligro en que puede encontrar el menor junto a su madre, pro encontrarse esta conviviendo con una persona agresiva, con antecedentes de haber ingresado a prisi\u00f3n y ser consumidor de estupefacientes\u00bb. <\/p>\n

Y luego de valorar en conjunto los elementos de prueba arrimados a la causa censurada, el Juzgado accionado concluy\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab[D]e tiempo atr\u00e1s ha existido entre los se\u00f1ores Nixon William Melo y Yudi Zuleyka Ordo\u00f1ez Aguirre, una relaci\u00f3n personal p\u00e9sima a pesar de tener en com\u00fan un hijo. Este hecho ha generado una serie de irregularidades en lo que al r\u00e9gimen de visitas ata\u00f1e, toda vez que la progenitora del menor Juan Sebasti\u00e1n ha obstruido de manera deliberada el cumplimiento de las visitas que debe realizar el se\u00f1or Melo a su hijo, siempre presentando excusas o argumentos que se apartan de la realidad. <\/p>\n

De otra parte, se evidencia que de parte del se\u00f1or Melo ha existido cumplimiento de sus obligaciones de padre, espec\u00edficamente en el pago de la obligaci\u00f3n alimentaria y el inter\u00e9s en el cumplimiento de las visitas programadas. <\/p>\n

Importante tener en cuenta la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica emanada del Instituto Nacional de Medicina Legal, que le fuera practicada al demandante y demandada, experticio del cual se desprende que tanto el se\u00f1or Melo como la se\u00f1ora Ordo\u00f1ez, son personas sanas psicol\u00f3gicamente, y con capacidad mental para asumir la guarda de su hijo. Sugieren s\u00ed, los peritos cient\u00edficos que los padres deben llegar a acuerdos para que cada uno de ellos ejerza su rol de manera adecuada y a su vez retomar el seguimiento terap\u00e9utico sugerido por la Comisar\u00eda de Familia, en lo referente a establecimiento de canales de comunicaci\u00f3n entre los padres\u00bb (fls. 182 a 190, ib\u00eddem). <\/p>\n

4.\tCon vista en lo anterior, para la Corte la demanda de amparo carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por las siguientes razones: <\/p>\n

Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n

Se establece, entonces, que la pretensi\u00f3n no se formul\u00f3 dentro de un moderado y prudencial plazo, pues como se rese\u00f1\u00f3, transcurri\u00f3 un tiempo significativo \u2013m\u00e1s de nueve (9) meses, respectivamente, sin que la interesada solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con aquella decisi\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve la inactividad de la inconforme y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n

La Corte, en la materia, de vieja data ha se\u00f1alado que <\/p>\n

\u00ab[T]al conclusi\u00f3n no responde a un parecer arbitrario de esta Sala; por el contrario, coincide con la posici\u00f3n que sobre el tema han fijado la jurisprudencia constitucional y la doctrina nacional. <\/p>\n

En efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art\u00edculo 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda consagrado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ese pronunciamiento se ha determinado por la jurisprudencia constitucional, incluida la de esta Sala, que aunque no existe propiamente un plazo espec\u00edfico para el ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, por su propia naturaleza, por lo que constituye el objeto de protecci\u00f3n al que apunta, y, en fin, por el prop\u00f3sito inherente a esa herramienta de defensa judicial, la interposici\u00f3n del amparo debe llevarse a cabo en un t\u00e9rmino que se avenga con la inmediatez que contempla el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al punto de permitir que la decisi\u00f3n no sea tard\u00eda o extempor\u00e1nea. <\/p>\n

Con fundamento en lo anterior, se declarar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por causa de la inobservancia del principio de la inmediatez que caracteriza su ejercicio adecuado. Esta limitaci\u00f3n tiene como objetivo conservar y resaltar el car\u00e1cter \u00e1gil, expedito, inmediato, de la tutela como mecanismo de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se estiman vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica acusada. <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (resalta la Sala, CSJ STC, 3 oct. 2007, rad. 2007-01230; reiterada en STC1410-2017). <\/p>\n

4.2. Y a\u00fan con prescindencia de lo anterior, se observa que el Despacho acusado luego de apreciar y valorar los medios probatorios obrantes en las diligencias, pudo finiquitar que ambos padres contaban con las calidades sociales y morales para tener el cuidado personal de su menor hijo, por lo que en virtud del inter\u00e9s superior de \u00e9ste, era necesario conceder la custodia conjunta a ambos, soluci\u00f3n que no luce para esta Sala como fruto del capricho del operador judicial, lo que torna improcedente la salvaguarda aqu\u00ed reclamada, m\u00e1xime porque resulta claro que la real intenci\u00f3n de la promotora del amparo es que se haga a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional un juzgamiento paralelo a lo resuelto por la autoridad competente al interior del asunto objeto de estudio, lo cual descalifica de entrada su reclamo constitucional, pues aunque la Corte pudiera o no compartir el entendimiento utilizado por el Juzgado accionado en la sentencia motivo de cuestionamiento, ello es insuficiente para invalidar lo resuelto, dado que desde la perspectiva ius fundamental, se itera, no existe un comportamiento irreflexivo o infundado de aqu\u00e9l que permita dar por establecida la vulneraci\u00f3n aqu\u00ed alegada. <\/p>\n

En la materia, reiteradamente se ha pregonado que, <\/p>\n

\u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC277-2017). <\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n

4.3.\tAhora, si bien la figura de la \u00abcustodia compartida\u00bb no se encuentra regulada como tal en nuestra legislaci\u00f3n de familia, lo cierto es que dicho concepto no ri\u00f1e para nada con la situaci\u00f3n socio familiar que hall\u00f3 probada el Despacho accionado, la cual, se insiste, revela la importancia que representan ambos padres para el crecimiento y la crianza del ni\u00f1o, en cuyo inter\u00e9s debe concentrarse el esfuerzo del juzgador para tomar la decisi\u00f3n que le resulte m\u00e1s favorable. <\/p>\n

5.\tDe este modo, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo de primera instancia, por las razones expuestas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por secretar\u00eda, devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC564-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00488-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101112","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101112","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101112"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101112\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101112"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101112"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101112"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}