{"id":101115,"date":"2026-07-01T16:42:07","date_gmt":"2026-07-01T16:42:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101115"},"modified":"2026-07-01T16:42:07","modified_gmt":"2026-07-01T16:42:07","slug":"stc566-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc566-2018\/","title":{"rendered":"STC566-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC566-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02879-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Gustavo Bulla Berm\u00fadez contra el Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Treinta y Seis Civil del Circuito de dicha urbe y la parte activa del juicio divisorio a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con las decisiones proferidas en el marco del proceso declarativo especial divisorio que Beatriz Bulla de Ru\u00edz y Fanny Bulla de Parra promovieron en su contra, con radicado No. 2014-00338-00. <\/p>\n

De la demanda de amparo se colige que lo pretendido por el actor, es que se dejen sin valor y efecto las actuaciones que se han surtido dentro del citado litigio, y que como consecuencia de ello, se ordene al Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, adoptar las medidas que sean necesarias para garantizarle, dice, un debido proceso (fls. 87 a 92, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que el juicio referido en l\u00edneas precedentes fue sustentado en pruebas falsas, y pese a ser un sujeto especial de protecci\u00f3n, ya que padece de \u00abc\u00e1ncer\u00bb, la aludida oficina judicial no le ha garantizado un trato favorable, al punto que, asegura, \u00abno aplic[\u00f3] las disposiciones legales que estaba en la obligaci\u00f3n de respetar y cumplir seg\u00fan la LEY 1306 DE 2009\u00bb, como tampoco \u00abhizo uso de las facultades OFICIOSAS que esta le confiere\u00bb, por lo que termin\u00f3 accediendo a las pretensiones incoadas por las demandantes, quienes de mala fe lo hicieron incurrir en error \u00abcon sus FALSOS TESTIMONIOS\u00bb. <\/p>\n

Finalmente refiere, que no obstante hab\u00e9rsele nombrado un abogado de oficio en virtud del amparo de pobreza que solicit\u00f3, la togada designada no ha ejercido actuaci\u00f3n alguna en favor de sus intereses, razones todas \u00e9stas por las cuales acude al presente mecanismo excepcional en procura de salvaguardar las garant\u00edas superiores invocadas (ejusdem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. La titular del Juzgado Cincuenta y Uno Civil del Circuito de esta capital, luego de compendiar las actuaciones que se han desplegado con ocasi\u00f3n del asunto que se debate, solicit\u00f3 negar el resguardo implorado por cuanto \u00abno se han vulnerado las garant\u00edas constitucionales del accionante\u00bb (fl. 106, \u00eddem). <\/p>\n

b. Los vinculados, guardaron silencio. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Juez constitucional de primera instancia desestim\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, con fundamento en que \u00ab[e]n ning\u00fan momento se observa que el Juzgado [acusado] hubiera incurrido en una ostensible equivocaci\u00f3n\u00bb, pues \u00abel fallador soporta sus determinaciones en plausibles premisas dentro del contexto del derecho vigente y en el entorno de la \u00f3rbita de la autonom\u00eda judicial\u00bb, a lo que se suma que \u00abno obra en el plenario solicitud alguna que el accionante haya dirigido oportunamente al Juzgado accionado, poniendo de presente las diversas circunstancias de las que hoy se duele\u00bb (fls. 108 a 110, Cit.).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El tutelante se mostr\u00f3 inconforme con la anterior decisi\u00f3n, esgrimiendo los mismos planteamientos con los que sustent\u00f3 la presente queja constitucional (fls. 147 a 149, cdno. 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tDe entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces; sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

2. En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la tutela y con los elementos de juicio obrantes en estas diligencias, se advierte que la protecci\u00f3n constitucional rogada por el se\u00f1or Gustavo Bulla Berm\u00fadez, resulta improcedente, pues el accionante, pese a estar asistido por una abogada nombrada de oficio, en una conducta constitutiva de incuria, no solo replic\u00f3 de manera extempor\u00e1nea la demanda divisoria que dio origen al juicio reprochado, sino que dej\u00f3 de hacer uso de las herramientas que el ordenamiento le brinda para controvertir las determinaciones que hoy estima lesivas de sus garant\u00edas superiores, como lo son, entre otras, los prove\u00eddos a trav\u00e9s de los cuales se decret\u00f3 la venta del bien inmueble objeto del mismo y su posterior secuestro1, qued\u00e1ndole cerrada, entonces, toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido en la tutela. <\/p>\n

3.\tPor tanto, si el tutelante cont\u00f3 con los medios de defensa judicial id\u00f3neos para invocar y conjurar los yerros que manifiesta por esta v\u00eda en relaci\u00f3n a las demarcadas actuaciones, la demanda de amparo no puede salir avante, ya que de otra manera \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (mencionada recientemente en CSJ STC3468-2017). <\/p>\n

Puntualizando que, <\/p>\n

\u00abno basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (citada en CSJ STC18024-2017). <\/p>\n

4. Por otro lado, el hecho que la togada que le fue designada de oficio al aqu\u00ed interesado en virtud del amparo de pobreza, no haya ejercido en debida forma su defensa en el juicio criticado, no se erige como motivo suficiente y tampoco aceptable para soslayar la incuria evidenciada, pues recu\u00e9rdese que uno de los requisitos fijados por la Corte Constitucional para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, es que \u00abla persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela\u00bb (C.C. SU-813\/07), actuaci\u00f3n que, se reitera, no despleg\u00f3 en debida forma el tutelante; de ah\u00ed que la Corte ha considerado que la eventual negligencia del apoderado, curador ad litem o abogado nombrado de oficio tampoco sirve como \u00abelemento que abra el camino de la s\u00faplica constitucional; (\u2026) pues esa circunstancia, con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra las decisiones judiciales (\u2026) porque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejado la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u2018(\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026)\u2019, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u2019\u00bb (mencionada hace poco en STC5871-2017 y STC18024-2017)2. <\/p>\n

5. Finalmente cabe acotar, frente a la manifestaci\u00f3n del actor relacionada con que la juez del conocimiento no le brind\u00f3 una protecci\u00f3n especial en virtud de su estado de salud, que la misma no se ajusta a la realidad que brota del expediente contentivo del juicio criticado, pues a m\u00e1s que aqu\u00e9lla atendi\u00f3 su solicitud de amparo de pobreza, \u00e9ste en el mismo escrito en el que solicit\u00f3 dicha salvaguarda procesal, le manifest\u00f3 que la enfermedad que padece (c\u00e1ncer) \u201cno me incapacit\u00f3 mentalmente, me siento en plena capacidad de contestar, responder a todo relacionado con dicha demanda\u201d (fl. 119, cdno. 1); luego, entonces, no hay razones para que la citada autoridad dispusiera de alg\u00fan tipo de medida protectora especial frente al promotor, all\u00e1 demandado, circunstancia que descarta, entonces, el auxilio constitucional suplicado por este puntual motivo. <\/p>\n

6. Corolario de lo anterior, se impone ratificar el fallo de tutela refutado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tComo lo eran los recursos de reposici\u00f3n y \tapelaci\u00f3n conforme a los art\u00edculos 318 y 409 del \tC.G.P.
\n2 \t\u00danicamente la Sala ha reconocido la \tprocedencia del amparo por esta circunstancia entrat\u00e1ndose de \tcasos donde haya que darse un trato con perspectiva de g\u00e9nero \t(Ver al respecto CSJ12840-2017).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC566-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02879-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 16 de noviembre de 2017, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101115","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}