{"id":101116,"date":"2026-07-01T16:42:08","date_gmt":"2026-07-01T16:42:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101116"},"modified":"2026-07-01T16:42:08","modified_gmt":"2026-07-01T16:42:08","slug":"stc569-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc569-2018\/","title":{"rendered":"STC569-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC569-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01965-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de amparo promovida por Flor Mireya Pinz\u00f3n Garc\u00eda contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la citada Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados la Sala Laboral del Tribunal de Bogot\u00e1, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como la parte pasiva del proceso laboral a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa gestora del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la defensa, \u00abAL PRINCIPIO DE LA FAVORABILIDAD EN LA APLICACI\u00d3N E INTERPRETACI\u00d3N DE LAS FUENTES FORMALES DEL DERECHO\u00bb, a la \u00abpropiedad\u00bb y a los \u00abDERECHOS ADQUIRIDOS A JUSTO T\u00cdTULO\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la sentencia dictada en sede de casaci\u00f3n el 18 de octubre de 2017, dentro del juicio ordinario laboral que instaur\u00f3 contra los Ministerios de la Protecci\u00f3n Social y Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios en Liquidaci\u00f3n, y, Bogot\u00e1 D.C., con radicado No. 2008-00167-00. <\/p>\n

Solicita entonces, de manera concreta para la protecci\u00f3n de sus prerrogativas, que se ordene \u00aba la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia que anule la sentencia de casaci\u00f3n [referenciada], y en su lugar profiera providencia casando la sentencia [de segunda instancia]\u00bb (fl. 8, cdno. 1). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reparo y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, aduce en lo esencial, que en raz\u00f3n a que estuvo vinculada a la extinta Fundaci\u00f3n San Juan de Dios entre el 23 de diciembre de 1985 y el 11 de agosto de 2006, desempe\u00f1ando como \u00faltimo cargo el de \u00abAuxiliar de Enfermer\u00eda Nocturna en el INSTITUTO MATERNO INFANTIL\u00bb, y amparada en el hecho de que los decretos que crearon dicha fundaci\u00f3n \u00able dieron una estructura propia de las personas jur\u00eddicas de derecho privado\u00bb, y por ende, dice, ostentaba la calidad de trabajadora oficial, circunstancia que fue avalada no solo por el Consejo de Estado, no obstante haber anulado tales normas, sino tambi\u00e9n por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema y la Corte Constitucional, respeto de los derechos adquiridos de los trabajadores, instaur\u00f3 el juicio referido en l\u00edneas precedentes, con el fin de obtener \u00abque se declarara la existencia de un contrato de trabajo de car\u00e1cter privado a t\u00e9rmino indefinido\u00bb, y por ende, \u00abel reconocimiento y pago de factores salariales, incrementos, prima de servicios, primas de vacaciones, primas de navidad, reliquidaci\u00f3n de cesant\u00edas definitivas, intereses a las cesant\u00edas, reconocimiento de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n [extralegal], indemnizaci\u00f3n e indexaci\u00f3n\u00bb, pretensiones que fueron negadas el 14 de mayo de 2010 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de la misma ciudad mediante fallo del 30 de junio siguiente, al determinar que ella no ostenta la calidad que denuncia sino la de empleada p\u00fablica, motivo por el cual no le eran aplicables las disposiciones de orden privado ni las convenciones colectivas de trabajo invocadas. <\/p>\n

Expresa que inconforme con la anterior decisi\u00f3n, present\u00f3 en su contra recurso extraordinario de casaci\u00f3n, mecanismo que fue resuelto desfavorablemente por la Sala Especializada acusada, ya que resolvi\u00f3 no casar la sentencia impugnada a trav\u00e9s de providencia del 18 de octubre de 2017, tras desestimar los cargos formulados, aduciendo falta de t\u00e9cnica para desarrollarlos y los mismos planteamientos de las instancias, raz\u00f3n por la que considera que la se\u00f1alada autoridad incurri\u00f3 en causal de procedencia del amparo (fls. 1 a 9, Cit.). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

a. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Colegiatura a trav\u00e9s del Magistrado ponente del fallo cuestionado, solicit\u00f3 denegar el resguardo implorado, con sustento en que lo resuelto \u00abse ajusta en un todo a la l\u00ednea jurisprudencial de la Corte, luego de la declaratoria de nulidad de los Decretos 290 y 134 de 1979 y 371 de 1998, (\u2026) expresamente citadas en el [mismo]\u00bb (fls. 121 a 123, cdno. 1). <\/p>\n

b. El Juez Quince Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, aunque tard\u00edamente, se limit\u00f3 a informar que esa dependencia judicial no fue quien decidi\u00f3 en primera instancia el asunto de la referencia, sino un Despacho adjunto de descongesti\u00f3n, motivo por el cual no puede pronunciarse respecto de la presente querella constitucional, m\u00e1xime cuando no cuenta con el correspondiente expediente (fl. 180, Cit.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, luego de transcribir los fundamentos en que la hom\u00f3loga en lo Laboral fund\u00f3 la providencia criticada, neg\u00f3 la salvaguarda suplicada, tras considerar que el razonamiento efectuado por aqu\u00e9lla \u00abno puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela\u00bb, ya que \u00abde manera alguna se percibe ileg\u00edtimo, caprichoso o irracional\u00bb (fls. 155 a 167, cdno. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La accionante se mostr\u00f3 inconforme con el fallo anterior, esgrimiendo de manera condensada, los mismos planteamientos con los que sustent\u00f3 la queja constitucional (fls. 181 y 182, \u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De entrada resulta indispensable puntualizar, que la salvaguarda constitucional resulta improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues de interpretarse de esa manera las normas que regulan la acci\u00f3n de tutela no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha considerado que excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental, en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

2. As\u00ed mismo cabe acotar, que para determinar la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra una providencia judicial proferida por una Alta Corporaci\u00f3n, la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica en la sentencia SU-573 de 2017 fij\u00f3 tres requisitos, a saber: \u00ab(i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de procedencia; y (iii) la configuraci\u00f3n de una anomal\u00eda de tal entidad que exija la imperiosa intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n

3. Descendiendo al caso concreto, se advierte con vista en los elementos de juicio obrantes en las diligencias, que la protecci\u00f3n rogada por la se\u00f1ora Flor Mireya Pinz\u00f3n Garc\u00eda resulta improcedente, pues como bien lo indic\u00f3 el a quo constitucional, la determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral el 18 de octubre de 2017, por medio de la cual resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida el 30 de junio de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario laboral que la aqu\u00ed interesada promovi\u00f3 contra los Ministerios de la Protecci\u00f3n Social y Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, el departamento de Cundinamarca, la Beneficencia de Cundinamarca, la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios en Liquidaci\u00f3n, y, el Distrito Capital de Bogot\u00e1 (fls. 124 a 144, cdno. 1), tuvo como fundamento argumentos jur\u00eddicos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta la posibilidad de censurar esa decisi\u00f3n en el campo de la acci\u00f3n de tutela, dado que no se trata, entonces, de un comportamiento ileg\u00edtimo que claramente se oponga al ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n

En efecto, en la determinaci\u00f3n objeto de reproche, la Corporaci\u00f3n acusada, no obstante haber advertido las falencias de la demanda contentiva del recurso extraordinario propuesto por la demandante, aqu\u00ed actora, suficientes como lo indic\u00f3 para desestimarla, procedi\u00f3 a analizar los tres cargos formulados por \u00e9sta a la luz de la normatividad aplicable al asunto y la postura que ha adoptado respecto de la calidad de los trabajadores de la extinta Fundaci\u00f3n San Juan de Dios luego de la declaratoria de nulidad de los Decretos 290 y 134 de 1979 y 371 de 1998 por parte del Consejo de Estado, en armon\u00eda con las pruebas recaudas en el rese\u00f1ado juicio laboral, tarea de la cual concluy\u00f3 que el ad quem no incurri\u00f3 en los errores jur\u00eddicos denunciados, en la medida que en la decisi\u00f3n dictada por esa Alta Corporaci\u00f3n el 8 de marzo de 2005, que declar\u00f3 la nulidad de la aludida normatividad, tienen efectos ex tunc y no ex nunc, como lo propone la recurrente, de ah\u00ed que no pod\u00eda d\u00e1rsele el status de trabajadora oficial, sino de empleada p\u00fablica, m\u00e1xime cuando no demostr\u00f3 haber ejercido alguna de las funciones que otorgan tal car\u00e1cter, menos a\u00fan, entonces, darle aplicaci\u00f3n a las convenciones colectivas invocadas por \u00e9sta, raz\u00f3n por la que no era procedente casar la sentencia refutada. <\/p>\n

Para llegar a dicha determinaci\u00f3n, el Cuerpo Colegiado censurado precis\u00f3 en cuanto al primer reproche, relacionado con la calidad de trabajadora oficial invocada, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abAunque lo anterior ser\u00eda suficiente para desestimar el cargo, cumple dejar sentado que la decisi\u00f3n del Consejo de Estado dictada el 8 de marzo de 2005, que declar\u00f3 la nulidad de los Decretos 290 y 1374 de 1979 y 371 de 1998, tienen efectos ex tunc \u00abdesde siempre\u00bb, no ex nunc \u00abdesde ahora\u00bb, como lo propone la censura. <\/p>\n

Por tanto, el impacto de la nulidad decretada por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa tiene efectos desde la fecha de expedici\u00f3n de los decretos anulados, por tanto, como la actora se vincul\u00f3 el 1\u00b0 de agosto de 1997, se concluye que ostent\u00f3 la calidad de empleada p\u00fablica y no de trabajadora oficial. <\/p>\n

As\u00ed lo ha venido advirtiendo la Sala, precisamente para desatar casos seguidos contra la misma Fundaci\u00f3n demandada, para ello es suficiente citar la sentencia SL 17428-2016, reiterada en sentencias SL5170-2017, rad. 44713, 5 abr. 2017 y CSJ SL 13743-2017, 5 sep. 2017, cuando al efecto precis\u00f3: <\/p>\n

[\u2026] <\/p>\n

Tampoco es de recibo el argumento que los servidores de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios solo ser\u00edan empleados p\u00fablicos a partir de la declaratoria de nulidad de los decretos de creaci\u00f3n del Centro Hospitalario, es decir, desde el a\u00f1o de 2005, en tanto por sabido se tiene, que las sentencias de nulidad del Consejo Estado producen efectos ex tunc, esto es, desde la expedici\u00f3n de los actos administrativos anulados, luego ello significa que la naturaleza jur\u00eddica del v\u00ednculo laboral de la actora siempre ha sido la de empleada p\u00fablica. <\/p>\n

Finalmente, en cuanto a la incidencia de la sentencia CC SU-484 de 2008, en relaci\u00f3n con la calidad de empleada p\u00fablica que ostent\u00f3 la demandante, es pertinente volver a lo dicho por la Sala en sentencia SL 17428-2016, rad. 49244, 30 nov. 2016, cuando al efecto consider\u00f3: <\/p>\n

[\u2026] <\/p>\n

Ahora, en cuanto a que los derechos de los trabajadores que pudieran haber tenido sus relaciones laborales como privadas, regidas por contratos de trabajo, deben prevalecer por sobre todo, para lo cual, la recurrente cita la sentencia SU-484 de 2008, para la Sala es claro que al anularse los Actos de creaci\u00f3n de la entidad, los efectos de esa declaratoria no hacen retrotraer sus efectos, es decir, estos son hac\u00eda el futuro, tal como se pregona del efecto general de las leyes. Lo que sucede es que esa sentencia, al igual que el auto 286 de junio 23 de 2016, emanado de la Corte Constitucional, como resultado del seguimiento que se hace a la misma, deja a salvo los derechos adquiridos por los trabajadores de la Fundaci\u00f3n pero en ning\u00fan momento indica, como lo quiere hacer ver la recurrente, que los empleados de la Fundaci\u00f3n sean trabajadores oficiales o del sector privado. Deja a salvo los derechos de todos, incluidos los empleados p\u00fablicos. <\/p>\n

Si lo anterior no fuera suficiente, en el auto mencionado, la Corte Constitucional indica: <\/p>\n

En relaci\u00f3n con las decisiones judiciales proferidas con posterioridad a la Sentencia SU-484 de 2008, ADVERTIR que s\u00f3lo se podr\u00e1n reconocer derechos por relaciones laborales o prestaci\u00f3n de servicios, teniendo en cuenta que, en todo caso, dichas relaciones s\u00f3lo pudieron tener como vigencia m\u00e1xima las fechas indicadas en los numerales cuarto y quinto de la parte resolutiva de la sentencia de unificaci\u00f3n. <\/p>\n

CUARTO. En relaci\u00f3n con el establecimiento de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, la Corte Constitucional DECLARA que quedaron terminadas el 29 de Octubre de 2001:
\n4.1. Todas las relaciones de trabajo vigentes para esa fecha que hayan tenido como causa un contrato de trabajo o un nombramiento y posesi\u00f3n; y que se reg\u00edan respectivamente por el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y las normas complementarias \u2013 incluida la ley 6 de 1945- o por la ley y el reglamento (las resaltas son del texto). <\/p>\n

Lo anterior indica que en momento alguno la Corte Constitucional, en la sentencia que se acaba memorar, dispuso que los empleados de la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios fueran trabajadores oficiales o del sector privado, como lo quiere hacer ver la censura\u00bb. <\/p>\n

Asimismo apunt\u00f3, respecto del segundo cargo atinente a la ausencia de valoraci\u00f3n de cierta prueba documental, que: <\/p>\n

\u00abel Tribunal para confirmar la decisi\u00f3n del a quo, en primer lugar, consider\u00f3 que la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios pertenec\u00eda a la Beneficencia de Cundinamarca, que es un establecimiento p\u00fablico del orden departamental. Premisa que obtuvo de la sentencia dictada por el Consejo de Estado con radicado 2001-00145 de 8 de marzo de 2005.
\nEl segundo argumento utilizado por el Tribunal en su decisi\u00f3n se refiere a que, como consecuencia de lo anterior, la norma general que gobierna a los trabajadores de los establecimientos p\u00fablicos del orden departamental, que lo era la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios, es que son empleados p\u00fablicos y solo, excepcionalmente, son trabajadores oficiales aquellos dedicados a la construcci\u00f3n o sostenimiento de obras p\u00fablicas, criterio soportado en lo establecido en el Decreto 3135 de 1968. Ahora bien, como en el proceso no se demostr\u00f3 tampoco que la actora ejerciera funciones de mantenimiento de planta f\u00edsica o de servicios generales, no hab\u00eda lugar a declararse que ostentaba la calidad de trabajadora oficial. <\/p>\n

Teniendo en cuenta lo anterior, desde ya se advierte que ning\u00fan yerro f\u00e1ctico cometi\u00f3 el Tribunal, menos con el car\u00e1cter de evidente como para direccionar al quebranto de la decisi\u00f3n recurrida, toda vez que en el proceso no fue materia de controversia que la actora estuvo vinculada laboralmente a la entidad hospitalaria demandada y que la naturaleza jur\u00eddica de \u00e9sta es la de un establecimiento p\u00fablico del nivel departamental. <\/p>\n

Luego, por estos hechos, la carga de la prueba para demostrar su calidad de trabajadora oficial estaba en cabeza de la demandante, en raz\u00f3n a que la regla general es que en estos centros hospitalarios, los servidores son empleados p\u00fablicos y, por excepci\u00f3n, trabajadores oficiales; por tanto, le correspond\u00eda a la actora acreditar que las funciones correspondientes al cargo desempe\u00f1ado, estaban directamente relacionadas con la construcci\u00f3n o el mantenimiento de la planta f\u00edsica hospitalaria o con las de servicios generales, para con ello probar su calidad de trabajadora oficial, m\u00e1s, como no lo hizo, y ninguna de las pruebas allegadas al proceso y enlistadas en el cargo como dejadas de apreciar dan cuenta de ello, la decisi\u00f3n recurrida se mantiene inalterable\u00bb. <\/p>\n

Por \u00faltimo estim\u00f3, frente al ataque alusivo a la falta de aplicaci\u00f3n de normas sustantivas contenidas en la parte colectiva del C\u00f3digo Laboral, lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEn cuanto a este cargo se refiere, la Sala comienza por recordar que, si bien el no estudiar las convenciones colectivas de trabajo puede conducir a la comisi\u00f3n de un error de derecho, atacable por la v\u00eda indirecta, como lo propuso la recurrente, lo cierto es que, en el caso que estudia, no se cometi\u00f3 el dislate pregonado por la censura. <\/p>\n

En efecto, la forma de probar la existencia de una convenci\u00f3n colectiva de trabajo y su aplicaci\u00f3n a un trabajador determinado, es aportando el texto de la misma y la nota de que fue depositada ante el Ministerio correspondiente, pero en este caso el Tribunal no cometi\u00f3 el error de derecho de no apreciar las convenciones colectivas aportadas, porque al concluir que la Fundaci\u00f3n San Juan de Dios pertenec\u00eda al establecimiento p\u00fablico del orden departamental denominado Beneficencia de Cundinamarca, lo que hizo fue dar por sentado que esos acuerdos convencionales no se aplicaban a la recurrente, sin que se pueda decir que los desconoci\u00f3. <\/p>\n

Adem\u00e1s, la conclusi\u00f3n del Tribunal en el sentido de que la actora ostent\u00f3 la calidad de empleada p\u00fablica no puede ser derruida con las convenciones colectivas de trabajo, ora con la certificaci\u00f3n expedida por \u00abSINTRAHOSCLISAS\u00bb, en raz\u00f3n a que es la ley la que determina tal condici\u00f3n, no el acuerdo entre las partes o la certificaci\u00f3n del sindicato. As\u00ed lo ha reiterado esta Sala de Corte, entre otras, en sentencia CSJ SL14971-2017, rad. 58814, 20 sept. 2017, que transcribi\u00f3 la sentencia CSJ SL, 19 jul 2011, rad. 46457, que a su vez memor\u00f3 lo dicho en sentencia CSJ SL, 25 ago. 2000, rad. 14146, en la que al respecto se precis\u00f3:
\n(\u2026)
\nLo dicho en precedencia, es suficiente para concluir, que no se present\u00f3 el error de derecho atribuido por la censura, por consiguiente, el cargo no prospera\u00bb (fls. 124 a 144, cdno. 1). <\/p>\n

4. Surge de lo anteriormente expuesto, que los mencionados argumentos en los que, se repite, la instancia judicial acusada edific\u00f3 la providencia aqu\u00ed cuestionada, relacionados con que, en s\u00edntesis, la peticionaria no ostent\u00f3 la calidad de trabajadora oficial sino la de empleada p\u00fablica, y por ende, no le es aplicable el C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y las convenciones colectivas suscritas desde 1980 a 1998 entre la extinta Fundaci\u00f3n San Juan de Dios y \u201cSINTRAHOSCLISAS\u201d, no revelan arbitrariedad o desmesura, pues como pasa de verse, la Sala de Casaci\u00f3n acusada estim\u00f3 que la demandante no demostr\u00f3 la condici\u00f3n de servidora que invoc\u00f3, teniendo en cuenta precisamente, la prueba documental obrante en el plenario, as\u00ed como la posici\u00f3n jurisprudencial vigente, lo cual descarta, por simple l\u00f3gica, la prosperidad de la censura de acuerdo a las reflexiones atr\u00e1s esbozadas, e impide sostener, entonces, que en la sentencia criticada se hubiera incurrido en alguna causal de procedencia del amparo, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le permite obrar al mecanismo excepcional interpuesto respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo pues, la simple discrepancia con lo decidido raz\u00f3n suficiente para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ya que como de vieja data lo tiene dicho la Sala, no constituyen causal de procedencia del resguardo \u00ablas meras discrepancias que se tengan con las interpretaciones normativas y las apreciaciones probatorias en las decisiones judiciales, por ser ello de competencia de los jueces\u00bb (ver hace poco en CSJ STC12810-2017, STC13342-2017 y STC15892-2017). <\/p>\n

5. A ese respecto, se ha considerado, que <\/p>\n

\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver en, CSJ STC18010-2017). <\/p>\n

Asimismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido, que <\/p>\n

\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (enunciado en CSJ STC15892-2017 y STC20663-2017). <\/p>\n

6. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC569-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-01965-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 23 de noviembre de 2017, proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101116","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101116","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101116"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101116\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101116"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101116"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101116"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}