{"id":101118,"date":"2026-07-01T16:42:50","date_gmt":"2026-07-01T16:42:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101118"},"modified":"2026-07-01T16:42:50","modified_gmt":"2026-07-01T16:42:50","slug":"stc571-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc571-2018\/","title":{"rendered":"STC571-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC571-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00353-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 8 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Walter Caicedo Riascos contra la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, al h\u00e1beas data y a la intimidad, presuntamente conculcados por la entidad accionada, al no contestar el requerimiento que elev\u00f3 ante sus dependencias el pasado \u00ab25 de septiembre\u00bb, con el fin de que sea suprimido de su certificado de antecedentes disciplinarios el reporte de una sanci\u00f3n penal que fue emitida en su contra. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00abactuali[zar] la base de datos\u00bb referida en precedencia, \u00abBorr[ando] el [citado] reporte negativo\u00bb (fls. 13 y 14, Cit.). <\/p>\n

2.\tComo sustento de lo pretendido y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, expuso en s\u00edntesis, que aunque en la citada data elev\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la entidad accionada \u00abcon el prop\u00f3sito de que Actualice\u00bb y retire su \u00abReporte NEGATIVO\u00bb del sistema, el que se gener\u00f3 con ocasi\u00f3n del juicio penal en el que result\u00f3 condenado a la \u00abpena principal de 6 meses de Prisi\u00f3n\u00bb, y la \u00abinhabilitaci\u00f3n en el ejercicio del Derecho y Funciones P\u00fablicas por un periodo igual\u00bb, a la fecha no ha recibido respuesta alguna, situaci\u00f3n, que, dice, puede causarle un perjuicio irremediable, pues desde hace cerca de \u00ab03 a\u00f1os\u00bb ha sido \u00abdiscriminado\u00bb por este motivo al momento de conseguir empleo (fls. 8 a15, ib\u00eddem). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADOS <\/p>\n

El apoderado judicial y el Coordinador del Grupo SIRI del ente de control criticado, aunque en escritos separados, coincidieron en solicitar que se deniegue el amparo rogado, luego de precisar que, contrario a lo alegado por el actor, se dio respuesta a la misiva elevada por \u00e9ste, indic\u00e1ndole las \u00abcircunstancias jur\u00eddicas y f\u00e1cticas que soportan las anotaciones que se reflejan en su Certificado de Antecedentes Disciplinarios\u00bb, lo que demuestra, seg\u00fan \u00e9stos, que la vulneraci\u00f3n alegada se encuentra superada (fls. 25 a 28, ib.). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la salvaguarda invocada, tras advertir, en lo esencial, que si bien la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00abdio respuesta al derecho de petici\u00f3n del asunto de marras, en punto de manifestarle al accionante la imposibilidad de retirar las anotaciones reflejadas en su certificado de antecedentes\u00bb, lo cierto es que \u00aba\u00fan pende la efectiva notificaci\u00f3n al interesado\u00bb, raz\u00f3n por la que en consecuencia, orden\u00f3 a la entidad accionada que \u00abdentro del improrrogable t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de es[a] sentencia, si a\u00fan no lo hubiere hecho, proceda a [enterar] eficazmente la respuesta otorgada a Walter Caicedo Riascos con ocasi\u00f3n a la petici\u00f3n incoada el pasado 25 de septiembre del corriente a\u00f1o\u00bb (fls. 32 a 36, \u00eddem). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando similares argumentos a los expuestos en el escrito de tutela, se\u00f1alando adem\u00e1s, que ya fue notificado de la respuesta emitida a su solicitud (fls. 42 y 43, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal y como lo ha sostenido de tiempo atr\u00e1s esta Corporaci\u00f3n, el n\u00facleo esencial del derecho de petici\u00f3n radica en la resoluci\u00f3n r\u00e1pida y pertinente del asunto; de ah\u00ed, entonces, que la respuesta debe ser oportuna, resolver de fondo y de manera clara, precisa y congruente lo solicitado, y, ser puesta en conocimiento del peticionario, pues si no se cumple con alguno de estos presupuestos, se estar\u00eda quebrantando la referida prerrogativa constitucional fundamental. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, que el accionante se duele de la falta de respuesta de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n frente a la petici\u00f3n que le elev\u00f3 con el prop\u00f3sito de que se elimine de sus bases de datos el registro del proceso penal seguido en su contra y la condena que all\u00ed le fue impuesta, pues, asegura, transcurridos aproximadamente 3 a\u00f1os desde que fue proferido el fallo, dicha informaci\u00f3n sigue siendo un obst\u00e1culo para poder acceder a un trabajo. <\/p>\n

3.\tPues bien, efectuado el an\u00e1lisis correspondiente al escrito de tutela y los medios de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias, observa la Sala que la decisi\u00f3n de instancia habr\u00e1 de mantenerse, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n

3.1.\t El aqu\u00ed tutelante fue condenado el 25 de febrero de 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Buenaventura, a la pena principal de 6 meses de prisi\u00f3n, y la accesoria de interdicci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo periodo, como autor responsable de la conducta punible de \u00abHURTO CALIFICADO EN LA MODALIDAD DE TENTATIVA\u00bb (fls. 5 y 6, Cit.). <\/p>\n

3.2.\t Como quiera que el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n da cuenta de las sanciones rese\u00f1adas, el citado ciudadano, exponiendo los mismos argumentos aqu\u00ed tra\u00eddos, solicit\u00f3 ante dicho organismo el d\u00eda 25 de septiembre de 2017, que se \u00abreali[zaran] las gestiones requeridas y d[\u00e9] baja del sistema\u00bb dicho reporte (fls. 2 y 3, ib\u00eddem). <\/p>\n

3.3.\t La memorada entidad mediante oficio No. CGS (2665) MLOB del 1\u00ba de noviembre pasado neg\u00f3 tal aspiraci\u00f3n, informando al se\u00f1or Caicedo Riascos lo siguiente: <\/p>\n

\u00abSobre el particular, vale resaltar que seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 174 de la Ley 734 DE 200[4], \u201cla certificaci\u00f3n de antecedentes deber\u00e1 contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) a\u00f1os anteriores a su expedici\u00f3n\u2026\u201dy, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento\u201d (Negrilla fuera de texto). Tal es el caso de la sentencia condenatoria en su contra, la cual, vale la pena reiterar, comenz\u00f3 a producir efectos el 25 de febrero de 2015, es decir, dentro de los cinco a\u00f1os anteriores a la expedici\u00f3n del certificado de antecedentes disciplinarios. <\/p>\n

Respecto de la inhabilidad para contratar con el Estado, que inici\u00f3 el 25 de febrero de 2015 y, finaliza el 24 de febrero de 2020 (\u2026), [ello de conformidad con lo establecido en el] art\u00edculo 8\u00ba, numeral 1, literal d), de la Ley 80 de 1993.
\n(\u2026) <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la inhabilidad para contratar con el Estado es de car\u00e1cter legal, que si bien se genera en raz\u00f3n de la condena impuesta por la autoridad judicial, el t\u00e9rmino no est\u00e1 ligado a esta sino que se establece en virtud de la ley. <\/p>\n

As\u00ed mismo, vale destacar que para efectos de la generaci\u00f3n de Certificado Especial, exigido para posesi\u00f3n o nombramiento en cargos p\u00fablicos espec\u00edficos que requieran ausencia de antecedentes, se certificar\u00e1n todas las anotaciones que figuren en el registro, conforme al inciso final del art\u00edculo 174 de la Ley 734 de 2002\u00bb (fls. 29 y 30, ejusdem). <\/p>\n

4.\tDe este modo, entonces, considera la Sala que el fallo confutado merece ser ratificado, pues aunque el promotor esgrime que la contestaci\u00f3n dada a su petici\u00f3n conculca sus garant\u00edas primarias, al no acceder a sus pretensiones, lo cierto es que en dicha respuesta, la cual fue notificada en cumplimiento de la orden constitucional de instancia, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n atendi\u00f3 de fondo lo solicitado por el peticionario, inform\u00e1ndole las razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que hacen necesario mantener en el certificado de antecedentes tantas veces aludido la anotaci\u00f3n motivo de inconformidad, lo cual no luce desproporcionado o antojadizo, sin que por dem\u00e1s, el contenido adverso de la respuesta frente a lo reclamado implique per se desconocimiento alguno al derecho fundamental de petici\u00f3n, dado que dicha prerrogativa <\/p>\n

\u00abconsagra para el Estado la obligaci\u00f3n positiva de resolver con prontitud y de manera congruente acerca de la solicitud elevada, lo que no implica que ese pronunciamiento tenga que ser favorable, pues como bien se sabe la garant\u00eda constitucional mencionada tiende a asegurar respuestas oportunas y apropiadas en relaci\u00f3n con aquello que de las autoridades se pide, no a obtener de estas \u00faltimas una resoluci\u00f3n que indefectiblemente acceda a las pretensiones del solicitante\u00bb (ver entre otras CSJ STC16118 – 2017). <\/p>\n

5.\tFinalmente, tampoco resulta procedente la tutela como medida transitoria para evitar un perjuicio irremediable al interesado, toda vez que m\u00e1s all\u00e1 de las aseveraciones expuestas en el escrito de tutela, no se alleg\u00f3 elemento de juicio alguno para demostrarlas, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia. <\/p>\n

Sobre el tema, la jurisprudencia de la Sala ha se\u00f1alado que,
\n\u00abno se han demostrado las circunstancias necesarias para conceder la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (enunciada en CSJ STC1723-2017). <\/p>\n

6.\tEn consecuencia, y por las razones anteriormente expuestas, se ratificar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC571-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00353-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo del 8 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101118","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101118","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101118"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101118\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101118"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101118"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101118"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}