{"id":101125,"date":"2026-07-01T16:44:25","date_gmt":"2026-07-01T16:44:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101125"},"modified":"2026-07-01T16:44:25","modified_gmt":"2026-07-01T16:44:25","slug":"stc593-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc593-2018\/","title":{"rendered":"STC593-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC593-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02554-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de octubre de dos mil diecisiete por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela interpuesta por C\u00e9sar William G\u00f3mez Correal quien act\u00faa en nombre propio y como representante legal de Datcom System S.A., Daniela Patricia y Valentina G\u00f3mez Brito contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a todas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual que se adelanta con el radicado No. 2011-00052. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

Por tal motivo, pretenden se amparen los derechos invocados y \u00abse determine la nulidad del Auto de fecha 27 de junio de 2017, que llam\u00f3 a diligencia de alegatos y a dictar sentencia, por cuanto atenta contra los intereses de DATCOM SYSTEMS S.A., de C\u00c9SAR WILLIAM G\u00d3MEZ CORREAL, de DANIELA G\u00d3MEZ BRITO y de VALENTINA G\u00d3MEZ BRITO, de tal manera que la actuaci\u00f3n se retrotraiga al momento anterior al llamado a diligencia de alegatos y de sentencia, para que el JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO haga el llamamiento ex \u2013 oficio al representante legal de DATCOM SYSTEMS S.A., al se\u00f1or C\u00c9SAR WILLI\u00c1M G\u00d3MEZ CORREAL, a la se\u00f1orita DANIELA G\u00d3MEZ BRITO y a la se\u00f1orita VALENTINA G\u00d3MEZ BRITO. <\/p>\n

\u2026Se ordene al JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO decretar las pruebas solicitadas y las dem\u00e1s que deber\u00eda ordenar el juez para esclarecer los hechos y llegar a la verdad. <\/p>\n

\u2026Solicitamos se vincule a esta tutela a los terceros que puedan tener inter\u00e9s leg\u00edtimo en la decisi\u00f3n, a fin de evitar nulidades.\u00bb [Folio 54, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Patricia Leonor Brito Caldera formul\u00f3 demanda de responsabilidad civil extracontractual en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hijo Daniel David G\u00f3mez Brito contra la Cl\u00ednica Reina Sof\u00eda y la Compa\u00f1\u00eda de Medicina Prepagada \u2013 Colsanitas S.A. para el resarcimiento de los da\u00f1os ocasionados por las \u00abfallas en la prestaci\u00f3n del servicio m\u00e9dico\u00bb durante el per\u00edodo de embarazo y nacimiento del citado infante. <\/p>\n

2. El asunto le correspondi\u00f3 inicialmente al Juzgado 15 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, autoridad que el 14 de febrero de 2011 admiti\u00f3 la demanda y dispuso la notificaci\u00f3n de la parte demandada, quien se opuso a las pretensiones y propuso excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n

3. Posteriormente el expediente fue remitido por disposici\u00f3n del Consejo Superior de la Judicatura a diversos Juzgados Civiles del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta ciudad. <\/p>\n

4. El proceso se abri\u00f3 a pruebas el 9 de mayo de 2012, decisi\u00f3n contra la que no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n

5. En diversas ocasiones la parte demandante ha cuestionado que han existido numerosas anomal\u00edas relacionadas con el decreto y pr\u00e1ctica de los elementos demostrativos, pues no se recaud\u00f3 una valoraci\u00f3n m\u00e9dico legal que daba cuenta de los perjuicios sufridos. <\/p>\n

Adem\u00e1s reproch\u00f3 la incorporaci\u00f3n de un dictamen psiqui\u00e1trico efectuado a sus hijas, el cual a su juicio fue obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso y el manejo dado por los empleados de los estrados judiciales al sistema de registro de actuaciones \u00absiglo XXI\u00bb y al \u00abexpediente\u00bb. Determinaciones que fueron objeto de pronunciamiento por parte de los juzgados que conocieron de la actuaci\u00f3n y que han sido censuradas por v\u00eda de tutela. <\/p>\n

De igual modo, la parte activa por tales hechos instaur\u00f3 una denuncia ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y quejas en el Tribunal de \u00c9tica M\u00e9dica y en la Secretar\u00eda Distrital Salud de esta ciudad, tr\u00e1mites finalizados desfavorablemente a sus pretensiones. <\/p>\n

6. Actualmente el asunto se encuentra en el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad y el 24 de octubre de 2016, C\u00e9sar William G\u00f3mez Correal, Daniela Patricia y Valentina G\u00f3mez Brito, ahora accionantes, en calidad de esposo e hijas de la parte demandante mediante apoderada presentaron solicitud de llamamiento de oficio contemplado en el art\u00edculo 72 del C\u00f3digo General del Proceso al se\u00f1alar que quedaron demostradas las contradicciones y afirmaciones contrarias a la verdad que fueron consignadas en el escrito de objeci\u00f3n al dictamen suscrito por la apoderada de la parte pasiva y que origin\u00f3 que se ordenara uno nuevo, decisi\u00f3n que vulner\u00f3 sus derechos como terceros afectados. <\/p>\n

Igualmente expresaron que \u00abse est\u00e1 incurriendo en una v\u00eda de hecho al negarse a aplicar la ley procesal que le atribuye al juez la funci\u00f3n de citar al proceso al tercero contra quien advierta que se puede estar fraguando un fraude o colusi\u00f3n, a trav\u00e9s del llamamiento ex oficio, contemplado en el art. 72 del C.G. del P.\u00bb <\/p>\n

7. El 19 de diciembre de 2016, el juzgado se abstuvo de pronunciarse frente al poder allegado por considerar que el poderdante no es parte dentro del asunto y por tanto no resolvi\u00f3 la solicitud de llamamiento de oficio presentada. [Folios 78 y 79, c.1] <\/p>\n

8. En desacuerdo con la decisi\u00f3n los accionantes interpusieron recurso de reposici\u00f3n y en subsidio de apelaci\u00f3n tras se\u00f1alar que les asiste el derecho que les resuelva la solicitud presentada por cuanto el llamamiento de oficio no est\u00e1 sujeto a las decisiones discrecionales del juzgado sino que es una garant\u00eda al debido proceso que les corresponde y por tanto \u00abel despacho no tiene alternativa distinta de la de ejercitar los poderes reactivos y preventivos atribuidos por la ley que dejan de ser puramente potestativos dado que su consagraci\u00f3n se ha hecho con miras a garantizar una recta administraci\u00f3n de justicia.\u00bb <\/p>\n

9. El 26 de abril de 2017, el despacho mantuvo la decisi\u00f3n cuestionada al manifestar que no se advierte la colusi\u00f3n, fraude o situaci\u00f3n especial para ordenar la citaci\u00f3n de otras personas y si lo que se pretende es que el esposo y las hijas de la parte activa se hagan parte del proceso \u00ab\u00e9sta ya no es la oportunidad legal para ello, pues el asunto fue iniciado y tramitado hasta esta instancia por la se\u00f1ora Patricia Leonor Brito Caldera, quien act\u00faa en su propio nombre y como representante del menor Daniel David G\u00f3mez Brito, por lo que si considera la abogada que los dem\u00e1s familiares les asiste inter\u00e9s leg\u00edtimo en las resultas del proceso tiene a su alcance otros medios jur\u00eddicos a fin de procurar que aquellos reclamen los perjuicios que consideren a trav\u00e9s de las v\u00edas judiciales.\u00bb <\/p>\n

Igualmente, se neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n por improcedente al no encontrarse la decisi\u00f3n recurrida enlistada dentro de las se\u00f1aladas en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso. [Folios 96-100, c.1] <\/p>\n

10. Por auto separado de la misma fecha, se neg\u00f3 la solicitud de pruebas presentada por el extremo demandante tras indicarse que la oportunidad para ello hab\u00eda fenecido. [Folio 101, c.1] <\/p>\n

11. Actualmente el asunto se encuentra para recibir los alegatos de conclusi\u00f3n y la emisi\u00f3n del fallo correspondiente. <\/p>\n

12. En criterio de los accionantes se vulneraron sus derechos con la decisi\u00f3n adoptada por el accionado por cuanto solicitaron ser aceptados como intervinientes en el referido proceso y en dicha oportunidad \u00abpusimos bajo conocimiento del Despacho varias actuaciones de mala fe de la demandada CL\u00ccNICA REINA SOFIA, de sus apoderados, de sus testigos y perito. No obstante las evidencias, y que nos asiste un derecho leg\u00edtimo, el Juzgado nos neg\u00f3 las peticiones, las cuales fueron recurridas y apeladas sin lograr que el Juez entrara en raz\u00f3n.\u00bb [Folio 45-54,c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 3 de octubre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 56, c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1, se opuso a la prosperidad del amparo para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que los accionantes no hacen parte del proceso, ni como demandantes ni demandados \u00aby durante las oportunidades legales, los apoderados que han representado a los demandantes y a algunos de los hoy accionantes, no solicitaron correcci\u00f3n, reforma de demanda, o demanda acumulada alguna.\u00bb <\/p>\n

As\u00ed mismo manifest\u00f3 que los actores fungieron como testigos de la parte demandante dentro de la etapa probatoria y \u00abpretenden hacer ver una especie de complot de todos los funcionarios y personas que no se pliegan a los caprichos de los involucrados en esta acci\u00f3n de tutela y la anterior y en las vigilancias judiciales y administrativas, seg\u00fan la cual todos \u2013 procuradur\u00eda, todos los jueces civiles del circuito que conocieron del asunto, el tribunal de \u00e9tica m\u00e9dica, los peritos, el Consejo Seccional y Superior de la Judicatura, medicina legal y un largo etc\u00e9tera -, obran de consumo para desconocer sus derechos\u00bb lo que es equivocado. [Folios 60-64, c.1] <\/p>\n

3. En sentencia de 12 de octubre de 2017, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, deneg\u00f3 el amparo tras considerar que a pesar de la insatisfacci\u00f3n de los accionantes, la determinaci\u00f3n adoptada por la autoridad accionada el 26 de abril de ese a\u00f1o no se advierte caprichosa ni arbitraria atendido adem\u00e1s el momento procesal en que se encuentra la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

De otra parte se\u00f1al\u00f3 que no existe legitimaci\u00f3n en lo que respecta a la Sociedad Datcom Systems S.A. por cuanto no es parte en el proceso y no obra ninguna solicitud ante el juzgado que hubiere radicado all\u00ed en tal sentido. [Folios 208-210, c.1] <\/p>\n

4. Inconformes con esta determinaci\u00f3n, los promotores del resguardo la impugnaron con los mismos argumentos de su escrito inicial y se\u00f1alaron que el fallo debe revocarse \u00abpor carecer de las condiciones necesarias a la sentencia congruente y ajustada a derecho\u00bb toda vez que \u00abel inter\u00e9s del cual somos titulares y nos legitima para participar en el proceso\u00bb no fue tenido en cuenta por el accionado y la decisi\u00f3n adoptada se constituy\u00f3 en una v\u00eda de hecho, lo que \u00abresulta un alto riesgo que el juez no tome las medidas necesarias de manera oportuna, sino que decida terminar de forma abrupta la etapa probatoria y llamar a diligencias de alegatos, sin tener en cuenta que existen otras circunstancias que deben primar, como lo es la garant\u00eda al debido proceso. Por su parte el Juez constitucional, debiendo dictar una sentencia con base en la norma, sin fundamento legal y jurisprudencial, homolog\u00f3 la decisi\u00f3n del juez accionado.\u00bb [Folios 277-283, c.1] <\/p>\n

Igualmente, la vinculada Patricia Leonor Brito Caldera, parte demandante en el proceso cuestionado, tambi\u00e9n impugn\u00f3 la sentencia de tutela tras se\u00f1alar luego de realizar un recuento de las actuaciones adelantadas al interior de ese asunto que \u00abNo se requiere ser experto en Leyes para darse cuenta que el Estado Colombiano representado en la rama judicial, pretende librar a COLSANITAS y a la CL\u00cdNICA REINA SOF\u00cdA de toda responsabilidad (penal, civil, administrativa y disciplinaria), y pretenden librar de responsabilidad a todos y cada uno de los funcionarios involucrados en las irregularidades, antijuricidad e ilegalidades que denunciamos; y que para lograrlo pretenden darle un tinte de legalidad a sus actuaciones, cuando en efecto de lo que se trata es de encubrir una de las peores formas de violaci\u00f3n a los derechos humanos de las mujeres y de los ni\u00f1os.\u00bb [Folios 285-292, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. La jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado que, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones. <\/p>\n

Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos se basan en el reproche que merece toda actividad judicial infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. Atendidos los argumentos que fundan la solicitud de protecci\u00f3n y aquellos expuestos por el Juzgado Diecis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 para despachar desfavorablemente la solicitud de llamamiento de oficio presentada por los actores, no se advierte procedente la concesi\u00f3n del amparo, por cuanto la determinaci\u00f3n que se tom\u00f3 no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y por ende, no tiene aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quienes promovieron la queja constitucional. <\/p>\n

En efecto, para fundamentar su decisi\u00f3n el demandado se\u00f1al\u00f3 en su prove\u00eddo fechado 26 de abril de 2017 que en el presente asunto el extremo demandante se encuentra conformado por la se\u00f1ora Patricia Leonor Brito Caldera, quien act\u00faa en su propio nombre y como representante de su hijo menor Daniel David G\u00f3mez Brito y contrario a lo expuesto por la apoderada de los ahora accionantes \u00abno han sido reconocidos como parte demandante el esposo y las hijas de la demandante\u2026pues no obra sustituci\u00f3n o reforma de la demanda ni acumulaci\u00f3n de otra demanda, para inferir que los citados conforman el extremo activo.\u00bb <\/p>\n

De igual modo se\u00f1al\u00f3 que en torno al llamamiento de oficio que invocan los peticionarios, no se advierte la hip\u00f3tesis contemplada en el art\u00edculo 72 del C\u00f3digo General del Proceso para ordenar la citaci\u00f3n de otras personas en ese asunto y si lo pretendido es que el esposo y las hijas de la parte demandante se hagan parte del proceso \u00abest\u00e1 ya no es la oportunidad legal para ello\u00bb por tanto \u00abs\u00ed considera la abogada que los dem\u00e1s familiares prenombrados les asiste inter\u00e9s leg\u00edtimo en las resultas del proceso tiene a su alcance otros medios jur\u00eddicos a fin de procurar que aquellos reclamen los perjuicios que consideren a trav\u00e9s de las v\u00edas judiciales, no siendo esta la v\u00eda para ellos.\u00bb <\/p>\n

De otra parte advirti\u00f3 que los tutelantes fueron testigos de la parte demandante conforme se aprecia en el expediente y requiri\u00f3 a dicho extremo para que \u00abse ci\u00f1an al procedimiento establecido en el ordenamiento jur\u00eddico, pues parte de que este asunto se encuentre tan atrasado tiene como fundamento los cambios intempestivos de abogado de la demandante, escritos extensos que no se ajustan al procedimiento, acusaciones entre s\u00ed y en contra de la parte demandada (\u2026) pues no es de recibo que pretenda fusionar un llamamiento de oficio con el tr\u00e1mite de la objeci\u00f3n de un dictamen pericial, porque sin duda alguna la contradicci\u00f3n del dictamen est\u00e1 trazada por lo dispuesto en el art. 238 del C. de P.C., norma que es aplicable porque este proceso se est\u00e1 tramitando bajo el C. de P.C. y tan pronto, se concluya esta etapa se someter\u00e1 a las reglas de transici\u00f3n de legislaci\u00f3n estipuladas en el art. 65 del C.G. del P.\u00bb <\/p>\n

3. De lo anterior, surge palpable que la pretensi\u00f3n de los gestores del amparo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada se bas\u00f3 para resolver el asunto puesto en su conocimiento, disconformidad que, naturalmente, excede el \u00e1mbito de la tutela, con independencia de que la Corte proh\u00edje o no la tesis que se reprocha. <\/p>\n

Lo antepuesto, porque est\u00e1 claro que, en ejercicio de sus atribuciones legales, el administrador de justicia tiene entera libertad para realizar una apreciaci\u00f3n aut\u00f3noma y reflexiva de los medios demostrativos a partir de los cuales debe formar su convencimiento, y aplicar al asunto sus razonamientos de orden jur\u00eddico, sin incurrir, desde luego, en desviaci\u00f3n ostensible del ordenamiento legal al interpretar las normas que regulan la tem\u00e1tica de la discusi\u00f3n procesal, supuesto que no se advierte configurado en el caso, por lo que le est\u00e1 vedado al juez del amparo interferir en la labor acometida bajo los principios de autonom\u00eda e independencia que demarcan la funci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Por ello, los accionantes no pueden pretender anteponer su propia interpretaci\u00f3n, a la de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que considera los desfavoreci\u00f3, pues tal finalidad resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, mecanismo que dada su naturaleza excepcional no fue creado para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Al respecto, la Sala ha sostenido \u00abque al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u201c\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u00bb. (Sentencia CSJ SC, 20 de septiembre de 2012, Rad. 2012-00245-01.), <\/p>\n

4. Al margen de lo anterior, se observa que en la referida decisi\u00f3n el accionado tambi\u00e9n dispuso negar por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n que en subsidio interpusieron los actores contra la providencia que despach\u00f3 su solicitud de llamamiento de oficio, sin controvertir esta \u00faltima determinaci\u00f3n, a trav\u00e9s de los recursos de reposici\u00f3n y queja, a efectos de que se concediera la segunda instancia y el superior revisara la actuaci\u00f3n, omisi\u00f3n que impide que se acceda a las pretensiones a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n

Sobre la idoneidad del recurso de reposici\u00f3n que se extra\u00f1a, ha reiterado la Sala que: <\/p>\n

\u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz, so pretexto de que el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, pues de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como medio de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde el inicio el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia\u00bb (CSJ STC 3 ago. 2011, Rad. 0741-01, reiterada en fallos de 18 mar. 2013, Rad. 2012-0176-02; y 23 may. 2013, Rad. 0060-01.) <\/p>\n

Del mismo modo, respecto al tr\u00e1mite de la queja, la Corte ha sostenido que: <\/p>\n

\u00ab\u2026como el petente declin\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de queja con que contaba para controvertir, ante los juzgadores ordinarios, la decisi\u00f3n proferida por la Jueza querellada el 28 de febrero de 2012, providencia en que adujo que no era susceptible del recurso vertical la de 16 de enero de esta anualidad, resoluci\u00f3n \u00e9sta que en \u00faltimas es la motiva su descontento, tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia de su reclamaci\u00f3n, dado el apuntado atributo propio de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como bien se sabe, proh\u00edbe su interposici\u00f3n ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial de los derechos que se predican como conculcados en tanto que su naturaleza obedece al postulado de la subsidiariedad, am\u00e9n que tampoco es esta una herramienta que pueda activarse a discreci\u00f3n del interesado, circunstancia por la cual no resulta de recibo que el accionante haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, toda vez que como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso.\u00bb (STC 26 jul. 2012. Rad.00086-01; reiterada en STC 16 abr. 2013, Rad. 00025-01, entre otros) <\/p>\n

En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al funcionario judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque los aqu\u00ed tutelantes no emplearon los medios de defensa judiciales ordinarios, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los instrumentos de oposici\u00f3n establecidos por la ley que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su incuria. <\/p>\n

5. Las razones que se han dejado consignadas se estiman suficientes para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC593-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02554-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el doce de octubre de dos mil diecisiete por la Sala Civil del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101125","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101125","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101125"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101125\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101125"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101125"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101125"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}