{"id":101128,"date":"2026-07-01T16:45:39","date_gmt":"2026-07-01T16:45:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101128"},"modified":"2026-07-01T16:45:39","modified_gmt":"2026-07-01T16:45:39","slug":"stc596-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc596-2018\/","title":{"rendered":"STC596-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC596-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b017001-22-13-000-2017-00798-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil, Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Yesenia Mar\u00eda Mar\u00edn Rodr\u00edguez contra la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional; tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Direcci\u00f3n de Sanidad de Caldas y del Tolima. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

En el libelo introductorio de la presente acci\u00f3n, la reclamante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la vida, integridad personal y m\u00ednimo vital, los cuales considera vulnerados por la entidad accionada por la demora en la autorizaci\u00f3n de la pr\u00e1ctica de los ex\u00e1menes ordenados por el m\u00e9dico especialista. <\/p>\n

En consecuencia, pretende que se ordene a la demandada asigne la fecha y lugar para la realizaci\u00f3n de los ex\u00e1menes ordenados y \u00abprocedan a suministrarle TRATAMIENTO INTEGRAL para TODAS LAS PATOLOG\u00cdAS que se mencionaron al inicio de esta Acci\u00f3n de Tutela, AS\u00cd COMO LAS ENFERMEDADES O INCONVENIENTES QUE SE PRESENTEN A RA\u00cdZ DE LAS PATOLOG\u00cdAS INICIALES U OTRAS DISTINTAS A \u00c9STAS INDEPENDIENTEMENTE QUE LAS CUBRA O NO EL P.O.S. <\/p>\n

\u2026.Ordene a la accionada a SUMINISTRAR DE MANERA PREVIA AL VIAJE, POR LO MENOS DOS (2) D\u00cdAS ANTES, LOS GASTOS DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA, ALIMENTACI\u00d3N Y ESTADIA a la ciudad que sea necesario, para la realizaci\u00f3n de cualquier procedimiento, tratamiento, cirug\u00eda, terapia, controles o cualquier otro ordenado por los m\u00e9dicos, sin importar el n\u00famero de veces ni el tiempo que requiera para m\u00ed y un acompa\u00f1ante todas las veces que lo requiera el m\u00e9dico. <\/p>\n

ACLARAR que el transporte debe otorgarse de manera integral, es decir, que abarque los costos de traslado de municipio a municipio, y adem\u00e1s todo lo relacionado con la movilidad dentro de la ciudad donde deba recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica, esto es, taxis, buses y dem\u00e1s.
\nAdicional a ello se debe otorgar este beneficio para traslado a la ciudad que sea necesario para recoger el suministro o entrega de medicamentos. <\/p>\n

\u2026As\u00ed mismo se ordene a quien corresponda para que me exima del pago de los dineros correspondientes a copagos y cuotas moderadoras para el tratamiento de estas enfermedades y todas que se le generen a futuro debido a mi precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n

\u2026Se ordene a la accionada o a quien corresponda el SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS P.O.S. o NO P.O.S. DE MANERA PUNTUAL Y PRECISA, APARATOS, TERAPIAS, MEDICAMENTOS, VITAMINAS, PROTEINAS, ALIMENTOS NUTRITIVOS o cualquier otro elemento que requiera no s\u00f3lo para estas enfermedades enunciadas en el inicio de esta acci\u00f3n de tutela, sino todas aquellas que se puedan presentar en el futuro sin que se cobre ning\u00fan costo, SIN IMPORTAR QUE LAS CUBRA O NO EL P.O.S.\u00bb [Folios 17-18, c.1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Refiere la accionante que tiene 28 a\u00f1os de edad y no cuenta con trabajo de ninguna clase por tanto es una persona de escasos recursos y se encuentra afiliada por su esposo al Sistema Nacional de Seguridad Social en Salud y la entidad que se encarga de prestar sus servicios es la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional en calidad de beneficiaria. <\/p>\n

2. Que el m\u00e9dico tratante de la Dorada – Caldas le diagnostic\u00f3 \u00abEXCAVACIONES ASIM\u00c9TRICAS DE LOS NERVIOS OPTICOS, MIOP\u00cdA, GASTRITIS CR\u00d3NICA\u00bb. <\/p>\n

3. Que debido a la enfermedad el galeno orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de varios procedimientos: \u00abTOMOGRAF\u00cdA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO, CONTROL POR OFTALMOLOG\u00cdA CON RESULTADOS, CONSULTA POR MEDICINA DE GASTROENTEROLOG\u00cdA, EX\u00c1MENES DE UROCULTIVO Y UROAN\u00c1LISIS, CONTROL POR UROLOG\u00cdA\u00bb <\/p>\n

4. Que esas \u00f3rdenes se encuentran a la espera de asignaci\u00f3n, toda vez que lleva m\u00e1s de seis meses esperando y s\u00f3lo le informan que no tienen contrato para su ejecuci\u00f3n aunado a que todas las consultas y ex\u00e1menes son practicados en la ciudad de Ibagu\u00e9. <\/p>\n

5. Que lamentablemente los traslados fuera de esta localidad generan demasiados gastos que no puede cubrir para continuar con los tratamientos m\u00e9dicos que requiere. <\/p>\n

6. La promotora del amparo, acude a este mecanismo porque considera que necesita una atenci\u00f3n continua y sin problemas por lo que la omisi\u00f3n de la entidad demandada en garantizar la prestaci\u00f3n del servicio est\u00e1 afectando gravemente su salud. [Folios 17-18, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 17 de noviembre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de tutela, y se dispuso el traslado a las partes accionadas para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 20, c.1] <\/p>\n

2. Dentro del t\u00e9rmino concedido por la primera instancia, los encartados no se pronunciaron. <\/p>\n

En consecuencia, orden\u00f3 a la Direcci\u00f3n General de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, al \u00e1rea de Sanidad de la Polic\u00eda de Caldas y del Tolima para que en un t\u00e9rmino de 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n del fallo, autoricen y lleven a cabo los ex\u00e1menes m\u00e9dicos ordenados por el m\u00e9dico tratante y de igual manera se le garantice a la actora el tratamiento integral que requiera para el manejo de su enfermedad. [Folios 23-27, c.1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el Jefe \u00c1rea de Sanidad de Caldas de la Polic\u00eda Nacional la impugn\u00f3 y para cuyo efecto se\u00f1al\u00f3 que no aparece registro de radicaci\u00f3n de los ex\u00e1menes ordenados por el m\u00e9dico tratante a la quejosa y \u00abVerificada la base de datos del SISAP, se evidencia que la paciente ha sido atendida de forma continua e interrumpida en el \u00c1rea sanidad Tolima, municipio de dorada, escuela Gabriel Gonz\u00e1lez \u2013 espinal. Tolima y cabecera municipal de Ibagu\u00e9, es por esto entonces que el \u00c1rea de Sanidad Caldas, no es competente para autorizar ni dar tr\u00e1mites a lo solicitado por la accionante.\u00bb <\/p>\n

As\u00ed las cosas, peticion\u00f3 negar las pretensiones de la tutelante y se vincule al \u00e1rea de Sanidad del Tolima. [Folios 41-45, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Esta Sala ha reiterado que acorde con la jurisprudencia constitucional, la salud es \u00abun derecho fundamental aut\u00f3nomo que \u201ctiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad\u00bb (Sentencia T-1036 de 4 de diciembre de 2007). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la acci\u00f3n de tutela procede como mecanismo para proteger el derecho a la salud cuando se demuestre que existe una afectaci\u00f3n inminente del derecho a la vida del actor, o de sus derechos a la integridad personal o a la dignidad humana, por remisi\u00f3n que instituyera el art\u00edculo 46 de la Carta Pol\u00edtica, cuando determin\u00f3 que el Estado, la sociedad y la familia concurrir\u00e1n para su protecci\u00f3n y asistencia, garantizando adem\u00e1s los servicios de la seguridad social integral entre otros. <\/p>\n

2. En el presente caso, la accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales que considera vulnerados por las autoridades acusadas al negarse a autorizarle los procedimientos de \u00abTOMOGRAF\u00cdA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO, CONTROL POR OFTALMOLOG\u00cdA CON RESULTADOS, CONSULTA POR MEDICINA DE GASTROENTEROLOG\u00cdA, EX\u00c1MENES DE UROCULTIVO Y UROAN\u00c1LISIS, CONTROL POR UROLOG\u00cdA\u00bb que requiere para el tratamiento de la enfermedad que la aqueja, esto es \u00abEXCAVACIONES ASIM\u00c9TRICAS DE LOS NERVIOS OPTICOS, MIOP\u00cdA, GASTRITIS CR\u00d3NICA\u00bb. <\/p>\n

Pues bien, qued\u00f3 plenamente demostrado en el tr\u00e1mite, que a la paciente se le prescribi\u00f3 la atenci\u00f3n m\u00e9dica reclamada, conforme se desprende de la historia cl\u00ednica visible a folios 4 -16 del expediente. <\/p>\n

De all\u00ed, entonces, que la decisi\u00f3n adoptada por el a quo, en el sentido de amparar los derechos fundamentales de la tutelante resulte acertada, pues al no expedirse la orden para la pr\u00e1ctica de los referidos ex\u00e1menes sin un fundamento que lo justifique, qued\u00f3 demostrado que no se atendi\u00f3 la disposici\u00f3n en la forma prescrita por su m\u00e9dico tratante, lo que evidencia la amenaza actual a su derecho a la salud y vida digna. <\/p>\n

Al respecto la Sala ha dicho que es viable la protecci\u00f3n del derecho a la salud \u201ccuando la vida e integridad personal o la dignidad humana de la persona est\u00e1 comprometida. Sin embargo, cuando la protecci\u00f3n constitucional vaya m\u00e1s all\u00e1 de lo establecido en el plan obligatorio de salud, el juez de tutela s\u00f3lo puede dar \u00f3rdenes cuando encuentre demostrados los siguientes elementos: (\u2026) Que exista un riesgo para la vida o la integridad personal del interesado en caso de no suministrarse el \u2018medicamento o tratamiento\u2019; (\u2026) Que no exista un sustituto que tenga el mismo nivel de efectividad que el \u2018medicamento o tratamiento\u2019 excluido, siempre y cuando ese nivel de efectividad sea el necesario para proteger el m\u00ednimo vital del paciente; (\u2026) Que el usuario no est\u00e9 en capacidad de sufragar el costo del \u2018medicamento o tratamiento\u2019 requerido, y que no pueda acceder a \u00e9l por ning\u00fan otro sistema o plan de salud; y, (\u2026) Que el m\u00e9dico tratante que prescribi\u00f3 el \u2018medicamento o tratamiento\u2019 est\u00e9 adscrito a la entidad promotora de salud a la que se encuentra afiliado\u201d (Sentencia de 13 de diciembre de 2010, exp. 70001-22-14-000-2010-00194-01). <\/p>\n

3. Por otra parte, respecto del tratamiento integral solicitado, ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, que la atenci\u00f3n que debe brind\u00e1rsele a quien padece de una afecci\u00f3n f\u00edsica debe ser global y dirigida al restablecimiento total del estado de salud del paciente. <\/p>\n

En tal sentido, ha precisado la Sala que la tutela debe hacerse extensiva al \u00abtratamiento integral que surja como consecuencia del grave estado de salud (\u2026), si se tiene en cuenta\u2026 la patolog\u00eda que aqueja a la paciente, seg\u00fan consta en los documentos allegados a la actuaci\u00f3n\u2026 y la falta de capacidad econ\u00f3mica para sufragar el costo del tratamiento, circunstancia que no fue desvirtuada por la\u2026 demandada, es m\u00e1s que razonable concluir que resulta necesario suministrarle el tratamiento integral, incluyendo procedimientos, ex\u00e1menes m\u00e9dicos e intervenciones no enlistados dentro de las coberturas del POS\u2026\u201d1 <\/p>\n

4. As\u00ed mismo, no ofrece discusi\u00f3n la protecci\u00f3n concedida en primera instancia para que los encausados asumieran el pago de los gastos por transporte y alojamiento que se ocasionen en virtud del traslado de la paciente y su acompa\u00f1ante fuera de su domicilio actual para recibir la atenci\u00f3n m\u00e9dica que en estos momentos y a futuro requiera para obtener el tratamiento oportuno por la patolog\u00eda que soporta, pues aunado a la incuestionable necesidad de recibir el cuidado m\u00e9dico especializado, no se demostr\u00f3 la capacidad econ\u00f3mica de la actora o de sus familiares para asumir dichos gastos. <\/p>\n

En relaci\u00f3n a este t\u00f3pico, para el caso es aplicable la jurisprudencia constitucional reiterada por esta Corporaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

(\u2026) el transporte y hospedaje del paciente no son servicios m\u00e9dicos, en ciertos eventos el acceso al servicio de salud depende de que al paciente le sean financiados los gastos de desplazamiento y estad\u00eda en el lugar donde se le pueda prestar atenci\u00f3n m\u00e9dica. (\u2026) As\u00ed pues, toda persona tiene derecho a que se remuevan las barreras y obst\u00e1culos que impidan a una persona acceder a los servicios de salud que requiere con necesidad, cuando \u00e9stas implican el desplazamiento a un lugar distinto al de residencia, debido a que en su territorio no existen instituciones en capacidad de prestarlo, y la persona no puede asumir los costos de dicho traslado (Corte Constitucional, Sentencia T-760 de 2008; tesis reiterada en la Providencia T-842 de 2011).
\nAs\u00ed mismo, tambi\u00e9n ha puntualizado sobre los presupuestos que el juez constitucional debe observar para la concesi\u00f3n del amparo con relaci\u00f3n al subsidio de transporte y hospedaje del paciente, a saber: <\/p>\n

(i) que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la integridad, en conexidad con la vida de la persona; (ii) ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos econ\u00f3micos suficientes para pagar el valor del traslado; y (iii) de no efectuarse la remisi\u00f3n se pone en riesgo la vida, la integridad f\u00edsica o el estado de salud del usuario. (Corte Constitucional, Sentencias T-246 de 2010 y T-481 de 2011, citadas en el Fallo T-842 de 2011). <\/p>\n

Entonces, \u00abcuando se verifican los requisitos mencionados, el juez constitucional debe ordenar el desplazamiento medicalizado o el pago total del valor de transporte y estad\u00eda para acceder a servicios m\u00e9dicos que no revistan el car\u00e1cter de urgencias m\u00e9dicas (Providencia T-481 de 2011, citada en la Sentencia T-842 de 2011). <\/p>\n

Aunado a ello, la Corte Constitucional ha estimado que procede la tutela para garantizar el pago del traslado y estad\u00eda del usuario con un acompa\u00f1ante en aquellos casos en los que: \u201c(i) el paciente sea totalmente dependiente de un tercero para su desplazamiento, (ii) requiera atenci\u00f3n permanente para garantizar su integridad f\u00edsica y el ejercicio adecuado de sus labores cotidianas y (iii) ni \u00e9l ni su n\u00facleo familiar cuenten con los recursos suficientes para financiar el traslado\u201d. (CC T-233\/11)
\n5. Finalmente, frente a los reparos efectuados por el Jefe de \u00c1rea de Sanidad de Caldas en el sentido que se le debe desvincular de la orden de tutela porque es la Direcci\u00f3n de Sanidad de Polic\u00eda del Tolima la encargada de adelantar las gestiones administrativas y presupuestales necesarias para autorizar y garantizar los servicios m\u00e9dicos que requiere la quejosa, se hace necesario indicar que de acuerdo a la informaci\u00f3n y documentos suministrados por la actora, su domicilio se encuentra ubicado en la Dorada \u2013 Caldas y el 2 de noviembre de 2017, el ESPAB de ese departamento realiz\u00f3 control y seguimiento por medicina general a la quejosa. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el Decreto 1795 de 2000, \u00abpor el cual se estructura el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional\u00bb, en el canon 5\u00ba estableci\u00f3 como objeto el \u00ab[P]restar el Servicio de Sanidad inherente a las Operaciones Militares y del Servicio Policial como parte de su log\u00edstica Militar y adem\u00e1s brindar el servicio integral de salud en las \u00e1reas de promoci\u00f3n, prevenci\u00f3n, protecci\u00f3n, recuperaci\u00f3n y rehabilitaci\u00f3n del personal afiliado y sus beneficiarios\u00bb. <\/p>\n

Seguidamente, respald\u00f3 dichos preceptos con los principios orientadores de \u00abprotecci\u00f3n integral e integraci\u00f3n funcional\u00bb que los describi\u00f3 se\u00f1alando que \u00abel SSMP brindar\u00e1 atenci\u00f3n en salud integral a sus afiliados y beneficiarios en sus fases de educaci\u00f3n, informaci\u00f3n y fomento de la salud\u00bb y que \u00abla Direcci\u00f3n General de Sanidad Militar, la Direcci\u00f3n de Sanidad de la Polic\u00eda Nacional, las Direcciones de Sanidad de las Fuerzas, los Establecimientos de Sanidad Militar y Policial, y el Hospital Militar Central, concurrir\u00e1n arm\u00f3nicamente a la prestaci\u00f3n de los servicios de salud, mediante la integraci\u00f3n en sus funciones, acciones y recursos (\u2026)\u00bb. [Art\u00edculo 6\u00ba] <\/p>\n

La anterior normativa permite inferir que el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Polic\u00eda Nacional, debe funcionar de manera arm\u00f3nica e integral entre todas las dependencias prestadoras de tal servicio, principios que en el caso particular son trascendentales por tanto no ofrece discusi\u00f3n la protecci\u00f3n concedida en primera instancia sobre que los acusados de manera coordinada adelantaran todas las gestiones administrativas y presupuestales a fin de garantizar el tratamiento integral que requiere la gestora para la atenci\u00f3n de su enfermedad y que conforme lo indic\u00f3 la accionante dichos procedimientos fueron ordenados por su galeno tratante. <\/p>\n

6. Basten las anteriores razones para confirmar el fallo que por v\u00eda de impugnaci\u00f3n se ha revisado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC596-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b017001-22-13-000-2017-00798-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). La Corte decide la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el veintitr\u00e9s de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil, Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101128","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101128","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101128"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101128\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101128"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101128"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101128"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}