{"id":101129,"date":"2026-07-01T16:46:02","date_gmt":"2026-07-01T16:46:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101129"},"modified":"2026-07-01T16:46:02","modified_gmt":"2026-07-01T16:46:02","slug":"stc597-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc597-2018\/","title":{"rendered":"STC597-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC597-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00227-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mary Victoria Vasconez L\u00f3pez contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad; actuaci\u00f3n en la que se orden\u00f3 vincular a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima vulnerado por la autoridad judicial accionada al librar, en su contra, mandamiento de pago en contrav\u00eda de los art\u00edculos 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 281 del C\u00f3digo General del Proceso, junto con las dem\u00e1s actuaciones que derivaron de aquel prove\u00eddo, como fue ordenar seguir adelante con la ejecuci\u00f3n y aprobar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que contemplaba una suma dineraria por concepto de intereses moratorios los cuales no se hab\u00edan ordenado. <\/p>\n

Por tal motivo pretende que se proteja su garant\u00eda irrogada y en consecuencia, dejar sin efectos i) la orden de apremio de fecha 4 de octubre de 2012, junto con las actuaciones subsiguientes y ii) la providencia de 23 de febrero de 2015, as\u00ed como las liquidaciones presentadas por la parte actora y aprobadas por el despacho. [Folio 3, c. 1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 17 de septiembre de 2012, Lilia Maritza Revelo O\u00f1ate present\u00f3 demanda ejecutiva contra V\u00edctor C\u00e9sar Vasconez L\u00f3pez y la aqu\u00ed accionante. <\/p>\n

2. El asunto le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, quien en auto de 4 de octubre de ese a\u00f1o, libr\u00f3 mandamiento de pago a favor de la ejecutante por la suma pretendida, con la salvedad que sobre el rubro de $40.000.000,oo, como valor de la anticresis, no se causan intereses. <\/p>\n

3. Los ejecutados, se notificaron mediante aviso; no obstante, guardaron silencio. <\/p>\n

4. Ante la actitud silente de los convocados, el 23 de febrero de 2015, el juzgado encartado orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n; as\u00ed como el remate y aval\u00fao de los bienes que se hallaren embargados y practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y las costas. <\/p>\n

5. El d\u00eda 9 de abril de esa anualidad, la parte actora alleg\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, con un c\u00e1lculo actuarial de intereses moratorios. <\/p>\n

6. El 22 de abril de 2015, se corri\u00f3 traslado del anterior trabajo. <\/p>\n

7. Tras cumplirse el t\u00e9rmino de ejecutoria en silencio, la oficina judicial acusada, aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n en prove\u00eddo de 4 de junio siguiente. <\/p>\n

8. En uso de la facultad de control de legalidad, mediante providencia de 12 de septiembre de 2017, el juzgado accionado resolvi\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) dejar sin efectos, las siguientes actuaciones: (i) auto de abril 22 de 2015 (corre traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y ordena incluir agencias en derecho); (ii) liquidaci\u00f3n de costas de abril 22 de 2015; (iii) sus correspondientes traslados; (iv) auto de junio cuatro (4) de 2015 (aprueba liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y costas).
\n(\u2026) Rehacer la actuaci\u00f3n viciada y, consecuencialmente, por contener las liquidaciones del cr\u00e9dito, intereses sobre capital que no han sido demandados ni decretaos por el Juzgado, se ORDENA a la parte demandante, presentar nuevamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito ajustada a la demanda y al auto de octubre 4 de 2012, por el cual se libra mandamiento de pago. La liquidaci\u00f3n ser\u00e1 actualizada a la presente fecha.\u00bb <\/p>\n

9. La ciudadana solicit\u00f3 el amparo de su derecho fundamental al debido proceso, que estima conculcado por la autoridad judicial accionada al aprobar una liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito que incluye intereses cuando en el mandamiento de pago no se orden\u00f3 tal concepto. <\/p>\n

As\u00ed mismo, aleg\u00f3 que el inmueble objeto de anticresis no se ha restituido, raz\u00f3n por la cual no se daban los presupuestos para iniciar una acci\u00f3n ejecutiva en su contra. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 8 de septiembre de 2017 se admiti\u00f3 el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela y de orden\u00f3 correr traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho de defensa. [Folio 27, c. 1] <\/p>\n

2. Dentro de la oportunidad concedida, el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n constitucional por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez; respecto del primero mencion\u00f3 que la parte pasiva, notificada del mandamiento de pago guard\u00f3 silencio absoluto, pues dej\u00f3 de hacer uso de los recursos ordinarios, formulaci\u00f3n de medios exceptivos, o incluso interponer recurso contra la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito all\u00ed presentada; mientras frente al segundo, advierte que los prove\u00eddos atacados, datan de 4 de octubre de 2012 y 23 de febrero de 2015. <\/p>\n

De otro lado, explic\u00f3 que si bien, hab\u00eda aprobado las liquidaciones de cr\u00e9dito presentadas por la ejecutante, lo cierto es que en uso de la facultad de control de legalidad, dej\u00f3 sin efectos los autos que ata\u00f1\u00edan a la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y costas, como quiera que all\u00ed se calcularon intereses moratorios, los cuales no fueron pretendidos en la demanda ni incluidos en la orden de apremio. [Folios 32 -33, c. 1] <\/p>\n

3. En sentencia de 19 de septiembre de 2017, la Sala Civil- Familia del Tribunal Superior de Pasto deneg\u00f3 por improcedente el amparo, luego de considerar que la tutelante no acudi\u00f3 prontamente al reclamo constitucional, aunado a que dej\u00f3 de interponer los recursos ordinarios que proced\u00edan contra el mandamiento de pago y frente al auto por medio del cual se orden\u00f3 el remate del bien perseguido y se dispuso practicar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. [Folios 39- 42, c. 1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la promotora de la queja la impugn\u00f3 e insisti\u00f3 en la censura frente a la orden de apremio; agreg\u00f3 que no cont\u00f3 con los recursos econ\u00f3micos para que un abogado la representara en su defensa. [Folio 49 -51, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

Visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el primero de los presupuestos se\u00f1alados impide que la tutela se convierta en factor de inseguridad jur\u00eddica y en fuente de vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el tr\u00e1mite mismo, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n

Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n

Aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente. (CSJ STC 2 ago. 2007, Rad 00188-01) <\/p>\n

M\u00e1s adelante, la Corporaci\u00f3n sent\u00f3: <\/p>\n

En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez\u00a0inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses. (CSJ STC 29 abr. 2009, Rad, 00624-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el eventual afectado debe procurar acudir oportunamente a este mecanismo excepcional, pues la acci\u00f3n de tutela no se puede convertir en un instrumento generador de incertidumbre e incluso de quebranto de los derechos de terceros. <\/p>\n

En virtud del otro principio se\u00f1alado, el amparo s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede considerarse una herramienta alternativa o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n. <\/p>\n

2. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos en la solicitud de protecci\u00f3n, se concluye que el amparo resulta improcedente, porque la parte actora pretende desconocer los requisitos de la acci\u00f3n que vienen de comentarse.
\nY lo anterior es as\u00ed, de atender que en el presente caso las decisiones que cuestiona la quejosa, se remiten en primera medida, al prove\u00eddo que tuvo lugar el 4 de octubre de 2012 mediante el cual se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra; y luego, fustig\u00f3 la providencia que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n que data de 23 de febrero de 2015; sin embargo, el amparo constitucional, s\u00f3lo lo intent\u00f3 hasta el 6 de septiembre de 20171. <\/p>\n

Lo anterior deja en evidencia que la tutelante, para acudir al amparo por esta v\u00eda, dej\u00f3 trascurrir un per\u00edodo superior a dos (2) a\u00f1os \u2013incluso m\u00e1s respecto de las primera providencia en menci\u00f3n-, despu\u00e9s de la actuaci\u00f3n reprochada, siendo palpable que dicho t\u00e9rmino supera el que la jurisprudencia de esta Corte ha considerado como razonable y prudencial para promover el mecanismo de defensa de los derechos fundamentales, sin que de manera alguna se justificara la tardanza en su interposici\u00f3n. <\/p>\n

3. De otra parte, la solicitud de amparo tampoco atiende el principio de subsidiariedad, pues la gestora de la s\u00faplica tuvo a su alcance otros medios de defensa judicial id\u00f3neos para plantear el debate que expone por la v\u00eda constitucional. <\/p>\n

En efecto, se encuentra que la queja de la promotora del resguardo recae sobre el mandamiento de pago que se libr\u00f3 en su contra, y luego, frente a la orden de seguir delante la ejecuci\u00f3n con el mandato de rematar el inmueble materia de cautela y luego aprobar una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, en el que se incluyeron unos intereses moratorios que no se hallaban contemplados en la orden de apremio. <\/p>\n

En suma a su reparo, expuso que no cont\u00f3 con los recursos econ\u00f3micos para designar un profesional en derecho que atendiera su defensa. <\/p>\n

Sin embargo, se observa que la accionante omiti\u00f3 hacer uso oportuno de los mecanismos de defensa judicial que ten\u00eda a su alcance, como quiera que durante todo el tr\u00e1mite asumi\u00f3 una actitud silente, sin que mediare formulaci\u00f3n de recursos, ni medios exceptivos de contradicci\u00f3n. <\/p>\n

De otro lado, si era cierto, su d\u00e9ficit monetario que le imped\u00eda sufragar los gastos de un abogado, lo correcto era que la situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n la pusiera en conocimiento del juez de la causa, para que aquel atendiera su afectaci\u00f3n. <\/p>\n

En otras palabras, una vez enterada de la acci\u00f3n ejecutiva en su contra, la afectada debi\u00f3 comunicar al despacho, la carencia de recursos econ\u00f3micos a fin de que le fuera otorgado el amparo de pobreza y se le asignara un abogado para su representaci\u00f3n. <\/p>\n

Luego, si la accionante no aprovech\u00f3 los instrumentos de defensa establecidos en el ordenamiento procesal para controvertir los fundamentos de las providencias emitidas por la autoridad accionada, no puede ahora aspirar a que en esta v\u00eda, se brinde soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que plantea. <\/p>\n

En casos similares al presente, la Sala ha destacado que \u00ab(\u2026) cuando hay descuido de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria\u00bb. (CSJ SC 26 Enero 2011, Exp. 00027-00) <\/p>\n

4. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

5. En cierre, es de anotar que la queja constitucional la enfilaba tambi\u00e9n en que el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto, hab\u00eda aprobado la liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito que inclu\u00eda, en el c\u00e1lculo actuarial, intereses moratorios no reconocidos en el mandamiento de pago, lo que afect\u00f3 adem\u00e1s la liquidaci\u00f3n de las costas al tener un monto de agencias en derecho que no correspond\u00edan. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) dejar sin efectos, las siguientes actuaciones: (i) auto de abril 22 de 2015 (corre traslado de la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito y ordena incluir agencias en derecho); (ii) liquidaci\u00f3n de costas de abril 22 de 2015; (iii) sus correspondientes traslados; (iv) auto de junio cuatro (4) de 2015 (aprueba liquidaci\u00f3n de cr\u00e9dito y costas).
\n(\u2026) Rehacer la actuaci\u00f3n viciada y, consecuencialmente, por contener las liquidaciones del cr\u00e9dito, intereses sobre capital que no han sido demandados ni decretaos por el Juzgado, se ORDENA a la parte demandante, presentar nuevamente la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito ajustada a la demanda y al auto de octubre 4 de 2012, por el cual se libra mandamiento de pago. La liquidaci\u00f3n ser\u00e1 actualizada a la presente fecha.\u00bb Se resalta <\/p>\n

Significa lo anterior que este hecho que origin\u00f3 la petici\u00f3n de amparo y en el cual se sustent\u00f3 la s\u00faplica se encuentra superado y, en esa medida, carecer\u00eda de objeto una orden de protecci\u00f3n al respecto, pues antes de emitirse el fallo de primera instancia en este tr\u00e1mite, el Juzgado cuestionado emiti\u00f3 un pronunciamiento que superaba el yerro denunciado, como se dej\u00f3 visto. <\/p>\n

5. As\u00ed las cosas, los argumentos consignados en precedencia se estiman suficientes para concluir que la impugnaci\u00f3n formulada est\u00e1 destinada al fracaso, por lo que se ratificar\u00e1 la decisi\u00f3n revisada. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tRadicaci\u00f3n, visible en folio 3 de la encuadernaci\u00f3n \tprincipal y acta de reparto, obrante en folio 25 \tib.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC597-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 52001-22-13-000-2017-00227-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veinticinco (25) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101129","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101129","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101129"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101129\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101129"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101129"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101129"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}