{"id":101131,"date":"2026-07-01T16:46:47","date_gmt":"2026-07-01T16:46:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101131"},"modified":"2026-07-01T16:46:47","modified_gmt":"2026-07-01T16:46:47","slug":"stc606-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc606-2018\/","title":{"rendered":"STC606-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC606-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02982-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 29 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ingenier\u00eda T\u00e9cnica en Instalaciones El\u00e9ctricas Intielec S.A.S. contra los Juzgados Sesenta y Tres Civil Municipal y Veinte Civil del Circuito, ambos de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo promovido por Redes y Obras Yesid Carmona \u2013ROYC SS S.A.S.- frente a la aqu\u00ed censora. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente quebrantada por las autoridades querelladas. <\/p>\n

2. De las manifestaciones de la petente y de la informaci\u00f3n vertida en el expediente, se extraen como fundamentos del reclamo los siguientes: <\/p>\n

2.1. La sociedad Redes y Obras Yesid Carmona \u2013ROY SS S.A.S.- inici\u00f3 juicio compulsivo en contra de Ingenier\u00eda T\u00e9cnica en Instalaciones El\u00e9ctricas \u2013Intielec- S.A.S., pretendiendo el pago de diversas sumas contenidas en una factura (fls. 18-22 cdno. 1). <\/p>\n

2.2. Del libelo conoci\u00f3 el Juzgado Sesenta y Tres Civil Municipal de Bogot\u00e1, quien el 8 de julio de 2016 libr\u00f3 el apremio deprecado (fls. 27-28 cdno. 1). <\/p>\n

2.3. Frente al anterior prove\u00eddo, la demandada impetr\u00f3 recurso de reposici\u00f3n (fls. 34-37 cdno. 1), desatado desfavorablemente el 14 de marzo de 2017 (fls. 43-45 cdno. ib\u00eddem). <\/p>\n

2.4. El extremo pasivo tach\u00f3 de falso el documento base de la ejecuci\u00f3n y propuso excepciones de m\u00e9rito, entre las cuales destacaban: \u201cincumplimiento del negocio antecedente\u201d (fls. 79-81); \u201cpago parcial\u201d (fls. 81-83, ib\u00eddem); y otra, innominada e impl\u00edcita, materializada en la \u201ccaducidad del diligenciamiento de espacios en un t\u00edtulo en blanco\u201d. <\/p>\n

2.5. El 4 de agosto de 2017, el juzgador municipal convocado declar\u00f3 no probadas las defensas propuestas, y orden\u00f3 seguir adelante con el coercitivo (fl. 120 cdno. 1). Esa determinaci\u00f3n fue controvertida por la demandada mediante alzada. <\/p>\n

2.6. El 11 de octubre pasado (fls. 7-8 cdno. apelaci\u00f3n), el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la providencia impugnada, y neg\u00f3 una adici\u00f3n solicitada, referente a la supuesta falta de resoluci\u00f3n respecto de la caducidad aducida. <\/p>\n

3. La sentencia de segundo grado, seg\u00fan la tutelante, es ilegal y conculca sus derechos porque el juzgador valor\u00f3 indebidamente el material probatorio, yerro que le condujo a no dar por acreditadas, est\u00e1ndolo, la totalidad de los medios exceptivos planteados, as\u00ed como la tacha de falsedad impetrada; y no se pronunci\u00f3 sobre la \u201ccaducidad del diligenciamiento de espacios en un t\u00edtulo en blanco\u201d. <\/p>\n

4. Con estribo en los anteriores hechos implora, en concreto, revocar el fallo fustigado y proveer nuevamente, teniendo por demostradas las defensas formuladas y haci\u00e9ndose una declaraci\u00f3n en relaci\u00f3n con la caducidad (fls. 10-11). <\/p>\n

1.1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n

1. La oficina municipal querellada se opuso a la prosperidad del amparo, insisti\u00f3 en la licitud de sus decisiones e histori\u00f3 el tr\u00e1mite cursado en el asunto objetado (fl. 51). Similar comportamiento despleg\u00f3 el Juzgado Veinte Civil del Circuito (fls. 55-56). <\/p>\n

2. Los otros guardaron silencio. <\/p>\n

2. La \t\tsentencia impugnada <\/p>\n

Estim\u00f3 parcialmente el ruego, aduciendo que, en efecto, se vislumbraba la existencia de una v\u00eda de hecho materializada en la omisi\u00f3n por parte del estrado del Circuito accionado, de pronunciarse respecto de la caducidad propuesta; con fundamento en ello, revoc\u00f3 el mandato del 11 de octubre pasado, mediante la cual se neg\u00f3 la adici\u00f3n de la decisi\u00f3n, y orden\u00f3 proferir fallo complementario manifest\u00e1ndose expresamente sobre dicho asunto. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, no hall\u00f3 irregularidad alguna en la valoraci\u00f3n de las pruebas ni en la aplicaci\u00f3n de la ley. <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La propuso la promotora quien, sin expresar los motivos de su inconformidad (fl. 76), indic\u00f3 que la misma se referir\u00eda a lo \u201cdesfavorable\u201d. <\/p>\n

En escrito posterior, allegado a esta Corporaci\u00f3n, la recurrente adem\u00e1s de reiterar sus argumentos iniciales puntualiz\u00f3 las razones de su discrepancia con el pronunciamiento de primer grado; aduciendo para el efecto que no invalidar la sentencia objeto de este ruego tornaba nugatoria la protecci\u00f3n otorgada, por cuanto \u201c(\u2026) la adici\u00f3n no podr\u00eda ser el mecanismo para que el juez revoque su propia decisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n

2. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. El presente resguardo se cifra en establecer si la determinaci\u00f3n de segunda instancia, dictada el 11 de octubre de 2017, por el Juzgado Veinte Civil del Circuito de Bogot\u00e1, es vulneradora de los derechos de la accionante, al no haber tenido por probados los hechos constitutivos de las excepciones de m\u00e9rito propuestas, as\u00ed como de la tacha de falsedad alegada. <\/p>\n

2. Como proyecci\u00f3n de normas superiores de derecho, dado su abolengo constitucional, la regulaci\u00f3n del proceso civil se halla estructurada con fundamento en el principio de contradicci\u00f3n o de defensa, en cuya virtud el demandado est\u00e1 facultado para hacer resistencia a las pretensiones del actor, procurando obtener, mediante ella, una sentencia desfavorable a \u00e9ste. <\/p>\n

El concepto de defensa abarca todo acto del extremo pasivo, expresivo del poder jur\u00eddico de oposici\u00f3n a las aspiraciones del accionante, condensadas casi siempre en el libelo inaugural. <\/p>\n

La doctrina1 y la Corte2 han advertido que el derecho superior de contradicci\u00f3n traduce diversas maneras de ejercerla, para desquiciar los fundamentos f\u00e1cticos o los jur\u00eddicos de la pretensi\u00f3n. <\/p>\n

En ocasiones, la actividad del demandado puede limitarse a negar el sustrato causal o los elementos de derecho en que apoya el demandante sus s\u00faplicas. <\/p>\n

Otras veces, es viable contraponer a las pretensiones del actor hechos nuevos, diversos a los postulados en la demanda, ya porque han impedido el nacimiento de sus efectos (impeditivos), o invocar hechos extintivos, como elementos propios de la excepci\u00f3n sustancial. <\/p>\n

Esa ha sido la jurisprudencia constante de la Corte, decantada en el transcurso del tiempo (CSJ. SC. Sentencias 31 de mayo de 1938; 31 de julio de 1945; 18 de julio de 1955; 9 de abril de 1969; 11 de mayo de 1981; y 30 de enero de 1992). <\/p>\n

3. Los art\u00edculos 1757 del C\u00f3digo Civil y 167 del C\u00f3digo General del Proceso consagran la carga de la prueba y la parte a la cual le ata\u00f1e ejercerla. <\/p>\n

Conforme a la jurisprudencia de la Sala3, ahora reiterada, por regla general compete al demandante (onus probando incumbit actori); pero el demandado, cuando excepciona, se convierte en actor, y en ese orden le corresponde suministrar los elementos de convicci\u00f3n necesarios para demostrar sus alegaciones (reus in excipiendo fit actori). <\/p>\n

4. En relaci\u00f3n con las defensas de \u201cpago parcial\u201d e \u201cincumplimiento del negocio antecedente\u201d planteadas, a manera de excepciones, por la petente, y que \u2013sostiene- debieron tenerse por probadas, se desestima la queja constitucional. <\/p>\n

Revisadas las actuaciones confutadas, en particular la sentencia dictada en la audiencia p\u00fablica adelantada el 11 de octubre pasado, se constata que el estrado querellado, para resolver la primera de las defensas mencionadas, soslay\u00f3 que el cheque girado por la demandada para pagar a la ejecutante, no fue descargado satisfactoriamente, siendo imposible, en consecuencia, tener por solventada la obligaci\u00f3n, en las voces del art\u00edculo 882 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n

Adujo el fallador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) debe decirse (\u2026) que la sociedad demandada le entreg\u00f3 a la demandante un cheque (\u2026) cuyo prop\u00f3sito era el pago de la obligaci\u00f3n que aqu\u00ed se est\u00e1 ejecutando pero no puede perderse de conformidad (sic) con el art\u00edculo 882 del C\u00f3digo de Comercio la entrega de letras, cheques (\u2026) y dem\u00e1s t\u00edtulos valores de contenido crediticio por una obligaci\u00f3n valdr\u00e1 como pago de esta y si no se estipula otra cosa pero llevar\u00e1 impl\u00edcita la condici\u00f3n resolutoria el pago (sic) en caso de que el instrumento sea rechazado o no sea descargado de cualquier manera entonces si bien es cierto, al no poderse efectivamente recibir el dinero como tambi\u00e9n se ha expresado sin discusi\u00f3n por (\u2026) los extremos de la Litis, esa condici\u00f3n resolutoria del pago se hizo efectiva y en consecuencia no puede entenderse que haya habido un pago efectivo por virtud de aqu\u00e9l cheque\u201d (Resaltos fuera del original). <\/p>\n

Como motivo para negar la segunda, arguy\u00f3 el fallador que, por un lado, de las pruebas arrimadas era factible colegir que las obras a realizar por la demandante fueron efectiva y cabalmente ejecutadas, descart\u00e1ndose, en consecuencia, la infracci\u00f3n contractual endilgada; y por el otro, que seg\u00fan la regla 773 del Estatuto Mercantil, el contenido de la factura materia de cobro era susceptible de objetarse; empero el extremo resistente no hizo uso de esa prerrogativa, entendi\u00e9ndose que acept\u00f3 los t\u00e9rminos consignados en ella. <\/p>\n

En relaci\u00f3n con lo primero, acot\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) en lo tocante con el incumplimiento del negocio antecedente que tambi\u00e9n formul\u00f3 por v\u00eda exceptiva el extremo demandado (\u2026)\u00a0[que] la apelante \u00a0[afirmando] que hay prueba de que se incumpli\u00f3 el contrato por parte de la sociedad actora y para ello se funda en el documento (\u2026) denominado informe de vista (\u2026) pero\u00a0[a] ese documento el juzgado no puede confer\u00edrsele mayor valor probatorio (\u2026) \u00a0[pues no] est\u00e1 suscrito (\u2026) \u00a0[ni] tiene ninguna firma aut\u00f3grafa ni mec\u00e1nica y dice que \u00e9l (sic) es residente de la urbanizaci\u00f3n Kubik Verde (\u2026) \u00a0[que]\u00a0no es parte dentro del negocio antecedente (\u2026)\u00a0[ni] tampoco est\u00e1 demostrado que se trate de la misma urbanizaci\u00f3n (\u2026) \u00a0[ni] del mismo trabajo, un informe realizado por un residente (\u2026) no puede tener mayor credibilidad en tanto que no se ha acreditado que se trate de una persona con conocimientos t\u00e9cnicos (\u2026). Aunado a ello se se\u00f1al\u00f3 \u00a0[por el ejecutado] que el demandante confes\u00f3 (\u2026) que no hab\u00eda culminado las obras contratadas (\u2026) pero no \u00a0[se]\u00a0puede tomar de manera aislada (\u2026) lo declarado por cualquiera de los interrogados (\u2026) sin tener en cuenta todo el contexto (\u2026) y justamente en este asunto el se\u00f1or Yesid el representante de la sociedad actora (\u2026)\u00a0[sostuvo que] el 13 de octubre de 2015 cuando se cre\u00f3 la factura, ya se hab\u00edan iniciado con antelaci\u00f3n las obras contratadas (\u2026) hasta casi culminaci\u00f3n y que para ese d\u00eda lo que se convino con la parte demandada y se incluy\u00f3 en la factura correspond\u00eda a obras que ya hab\u00edan sido ejecutadas sino que de hecho as\u00ed lo se\u00f1ala el documento de folio 3 que textualmente dice \u201ccantidades de obra ejecutada, sin que all\u00ed se repare que existen algunas faltantes o pendientes\u201d (\u2026)\u201d. \u00a0\u00a0 <\/p>\n

En lo ata\u00f1edero a la falta de objeci\u00f3n frente al contenido de la factura, adujo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) seg\u00fan se ha analizado, la factura se recibi\u00f3 desde el 13 de octubre de 2015 luego legalmente ten\u00eda un t\u00e9rmino la sociedad adquirente de los servicios para objetarla, para decir \u201cno se cumplieron\u201d, lo que usted me est\u00e1 discriminando ac\u00e1 no se cumpli\u00f3 en todo o en una parte\u00a0y al margen de este t\u00e9rmino legal tampoco o m\u00e1s bien reconoci\u00f3 la parte demandada que en ning\u00fan momento hizo tales reclamaciones (\u2026) lo que para el despacho es indicativo de que no existe certeza acerca de cu\u00e1l fue el incumplimiento que se reputa (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Esta Sala ha expuesto repetidamente en sede constitucional que si la materia es dudosa o los elementos de juicio se prestan a diversas interpretaciones o es preciso arg\u00fcir esforzados raciocinios para convencer que la conclusi\u00f3n debe ser otra, el error grosero y ostensible queda descartado. <\/p>\n

4.1. Se redarguye de falso o se refuta un instrumento \u2013lo tiene dicho la Sala4- cuando se niega la verdad, legitimidad o autenticidad que se le imputa, o se alega cualquiera de las falsedades o defectos que le restan eficacia o lo privan de validez. <\/p>\n

La objeci\u00f3n es la manifestaci\u00f3n, de una manera expresa y directa, de no reconocerse en \u00e9l las cualidades que se suponen. Implica, adem\u00e1s, determinar los vicios o las faltas que contenga, acompa\u00f1\u00e1ndose las pruebas que para el efecto se pretendan hacer valer (art. 270 C.G.P.). <\/p>\n

La tacha de falsedad persigue impugnar un documento con eventual eficacia probatoria, destruyendo su fuerza demostrativa. Por consiguiente, se endereza contra el instrumento p\u00fablico o privado, que re\u00fana el car\u00e1cter de aut\u00e9ntico5. <\/p>\n

El peticionario, recu\u00e9rdese, sustent\u00f3 su impugnaci\u00f3n en el sello \u201cseco\u201d plasmado en la factura donde se introdujo, \u201ctorticeramente\u201d, la \u201cfecha de recibido\u201d, para que se librara el mandamiento deprecado (Cfr. fls. 77-79). <\/p>\n

El juzgador convocado se\u00f1al\u00f3 el porqu\u00e9, a su juicio, en t\u00edtulos de esa clase era factible para el acreedor de la obligaci\u00f3n all\u00ed incorporada llenar los espacios en blanco, incluso el relacionado con la \u201cfecha de recibido\u201d, razonamiento que argument\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) en primer lugar, el art\u00edculo 774 del C. de Co., al establecer varios de los elementos o de los requisitos que debe contener un documento para ser catalogado como factura de venta, (\u2026) si se hace una interpretaci\u00f3n gramatical de este elemento normativo para el despacho es claro que all\u00ed no se se\u00f1ala qui\u00e9n debe realizar esa inclusi\u00f3n de la fecha de recibido, lo que dice la ley, y lo que el legislador as\u00ed dispuso en esta materia espec\u00edfica es que contenga la fecha de recibido, desde ese punto de vista (\u2026) el despacho encuentra que en ninguna falta se incurre si es que la fecha de recibido la impone como aqu\u00ed acaeci\u00f3 el leg\u00edtimo tenedor o el acreedor del respectivo t\u00edtulo valor, de la factura en este caso. Ahora bien, no pierde de vista el juzgado que dentro de los argumentos de la apelaci\u00f3n se present\u00f3 acuciosamente por la censora una serie de planteamientos provenientes del Tribunal de Bogot\u00e1 en donde se indica precisamente en uno de ellos (\u2026) que es el adquirente de los bienes o de los servicios quien debe incluir la fecha de recibo (\u2026); empero, para este despacho no solamente la interpretaci\u00f3n gramatical que se acaba de hacer, sino una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica permite observar que no necesariamente incluya o escriba la fecha de recibido dentro de la factura de venta, esta interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica se realiza con fundamento en el art\u00edculo 622 del C. de Co., seg\u00fan el cual est\u00e1 permitido que un t\u00edtulo valor se extienda con espacios en blanco, inclusive un documento con una sola firma puede convertirse en un t\u00edtulo valor, y ser llenado ya no por el creador o por el suscriptor, en este caso por el comprador de bienes o por el adquirente de servicios, sino por el acreedor de la obligaci\u00f3n que all\u00ed se incorpora; entonces si la ley permite que hayan espacios en blanco, no se advierte por esta sede judicial, que sea un requisito que uno de esos atributos de la factura como lo es la fecha de recibido no pueda tambi\u00e9n ser creado con espacio en blanco entorno a esa fecha de recibido y que en consecuencia podr\u00eda v\u00e1lidamente ser llenado con posterioridad. <\/p>\n

\u201cEn este sentido, es que el Despacho se aparta de esas posturas de las que se sirvi\u00f3 la recurrente para se\u00f1alar [que] no era v\u00e1lido el llenado por parte de la sociedad actora acreedora de esa factura, en punto de la fecha de recibido\u201d. <\/p>\n

Insisti\u00f3 el estrado criticado en que a pesar de no haber certeza respecto de la existencia de instrucciones verbales o escritas, necesarias para llenar los espacios en blanco, de la realidad procesal, en particular de diversos elementos probatorios adosados al plenario, y de las circunstancias del negocio antecedente, pod\u00eda establecerse v\u00e1lidamente que la factura fue recibida el 13 de febrero de 2015; y que, en todo caso, correspond\u00eda al ejecutado probar que la atestaci\u00f3n impuesta sobre la misma se hab\u00eda realizado contraviniendo las \u00f3rdenes dadas. <\/p>\n

Expres\u00f3 el sentenciador: <\/p>\n

\u201c(\u2026) en este orden de ideas (\u2026) si bien es cierto no hay certeza para el despacho de que haya habido unas instrucciones ni menos de cu\u00e1les hubieran podido ser ellas, en punto del llenado de la fecha de recibo de la factura, lo cierto es que ha debido desplegar una actividad demostrativa la parte demandada para se\u00f1alar que la fecha que all\u00ed se impuso no correspond\u00eda a sus instrucciones o en caso de no existir las mismas, como aparece (sic) finalmente plantearse, que ello no se ajust\u00f3 la realidad, y aqu\u00ed por el contrario se demostr\u00f3, para este juzgado hay certeza de que efectivamente esa factura se recibi\u00f3 por parte de la sociedad demandada, el 13 de octubre de 2015, esta deducci\u00f3n surge de las declaraciones que rindi\u00f3 el se\u00f1or representante legal de la sociedad demandada cuando en su interrogatorio expresaba que su esposa le indic\u00f3 que el se\u00f1or Yesid representante de la parte actora hab\u00eda concurrido a esas oficinas y hab\u00eda dejado all\u00ed tanto el documento denominado factura como el que aparece con la titulaci\u00f3n \u201cpropuesta econ\u00f3mica\u201d del martes 13 de octubre de 2015, y este segundo documento visto a folio 3 del plenario aparece en su manuscrito recibido justamente el d\u00eda 13 de octubre de 2015, luego se deduce que est\u00e1 demostrado que ese d\u00eda, 13 de octubre de 2015, la sociedad demandada recibi\u00f3 tambi\u00e9n la factura. <\/p>\n

\u201cEn este orden de ideas, tampoco encuentra el Despacho que exista o m\u00e1s bien ni se demostr\u00f3 por la parte demandada que ese llenado hubiere sido realizado en contrav\u00eda de unas previas instrucciones ni tampoco que hubiese sido falso en cuanto a esa realidad negocial de ese negocio jur\u00eddico y (\u2026) por el contrario, aqu\u00ed se demostr\u00f3 que fue en esa fecha que se impuso por parte del leg\u00edtimo tenedor, 13 de octubre de 2015, cuando la se\u00f1ora Luz \u00c1ngela Aponte recibi\u00f3 la factura de venta No. 031 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Para esta Sala, la conclusi\u00f3n de la providencia confutada es razonable, de su lectura, prima facie, no se aprecia v\u00eda de hecho o atropello, pues el accionado efectu\u00f3 una valoraci\u00f3n coherente que le llev\u00f3 a adoptar la postura hoy criticada. <\/p>\n

El convocado explicit\u00f3, pormenorizadamente, con apoyo en las normas que consider\u00f3 aplicables, los motivos por los cuales, en su sentir, era posible que el ejecutante llenara los espacios en blanco de la factura adosada como base del cobro; asimismo, enunci\u00f3 las razones que sirvieron para sostener que la carencia de instrucciones, verbales o escritas, pod\u00eda suplirse consultando las circunstancias del negocio subyacente y las pruebas recaudadas en el proceso. <\/p>\n

La determinaci\u00f3n reprochada no se observa descabellada al punto de permitir la injerencia de esta justicia. Seg\u00fan lo ha expresado esta Corporaci\u00f3n, \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n

4.2. Esta Corporaci\u00f3n, al resolver otra acci\u00f3n de tutela referente a los t\u00edtulos valores incompletos o con espacios sin diligenciar, expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c[Q]uien suscribe un t\u00edtulo valor con espacios en blanco se declara de antemano satisfecho con su texto completo, haciendo suyas las menciones que se agregan en ellos, pues es consciente que el documento incompleto no da derecho a exigir la obligaci\u00f3n cambiaria, luego est\u00e1 autorizando al tenedor, inequ\u00edvocamente, para completar el t\u00edtulo, a fin de poder exigir su cumplimiento, aunque, esto es claro, debe aquel ce\u00f1irse a las instrucciones que al respecto se hubieran impartido\u201d. <\/p>\n

\u201c[P]or supuesto que esa posibilidad de emitir t\u00edtulos valores con espacios en blanco, prevista y regulada por el ordenamiento, como ya se dijera, presupone la completitud del t\u00edtulo en dos momentos distintos: uno, cuando fue emitido por su creador, y otro, cuando es cubierto para efectos de ejercitar la acci\u00f3n cambiaria. As\u00ed se colige de lo dispuesto por el art\u00edculo 622 del C\u00f3digo de Comercio\u201d. <\/p>\n

\u201c[L]uego, si la parte ejecutada aleg\u00f3 como medio defensivo que el espacio en blanco asignado a la fecha de vencimiento no fue llenado con sustento en un acuerdo o en una carta de instrucciones (\u2026), le incumb\u00eda a ella, en asuntos como el de esta especie, probar ese hecho de manera integral, vale decir, que asum\u00eda el compromiso de demostrar que realmente fueron infringidas las instrucciones que imparti\u00f3, labor que, desde luego, ten\u00eda como punto de partida demostrar cu\u00e1les fueron esas recomendaciones (\u2026)\u201d7. <\/p>\n

4.3. No debe olvidarse, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en los eventos de subsunci\u00f3n normativa es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n

4.4. Distinta suerte corre la censura referente a la falta de pronunciamiento en relaci\u00f3n con la \u201ccaducidad del diligenciamiento de t\u00edtulos valores con espacios en blanco\u201d. <\/p>\n

Revisadas las actuaciones, especialmente los audios contentivos de la audiencia celebrada el 11 de octubre pasado, donde se dict\u00f3 el fallo fustigado, se colige que el sentenciador accionado ning\u00fan pronunciamiento hizo respecto de la mentada excepci\u00f3n y, m\u00e1s a\u00fan, rechaz\u00f3 la solicitud de adici\u00f3n all\u00ed presentada con ese fin, argumentando que \u201c(\u2026) en la resolutiva (\u2026) se abarcaron los planteamientos a integridad en tanto que se confirm\u00f3 la totalidad de la decisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Como dedujo el tribunal, la conducta del fallador as\u00ed descrita configura, no hay duda, una aut\u00e9ntica v\u00eda de hecho por falta de motivaci\u00f3n, pues, como insistentemente lo ha recordado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n

\u201c(\u2026) el fallador (\u2026) no puede, sin desbordar los l\u00edmites de su potestad, resolver temas que no hayan sido propuestos por las partes, y tampoco puede, desde luego que se reclama su intervenci\u00f3n para desatar el litigio, dejar sin decisi\u00f3n materias de las que fueron sometidas a su composici\u00f3n. Por ello, de manera terminante ordena el art\u00edculo 304 del C. de P. Civil, que la parte resolutiva de la sentencia deber\u00e1 contener decisi\u00f3n expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda y de las excepciones, y el 305 siguiente puntualiza que el fallo deber\u00e1 ser consonante con esas pretensiones y con las excepciones dichas \u00a0[hoy contenidas en los c\u00e1nones 281 y 282 del C\u00f3digo General del Proceso]. La resoluci\u00f3n judicial entonces debe ser respuesta acompasada con lo pedido por el demandante y con las defensas del demandado; no puede exceder los l\u00edmites y tampoco puede dejar de desatar los precisos temas que fueron sometidos a su decisi\u00f3n\u201d8. <\/p>\n

En consecuencia, la Corte estima necesario confirmar el auxilio otorgado por el a quo constitucional, en torno a este punto. <\/p>\n

5. En consecuencia, la Corte har\u00e1 el control constitucional inherente a la acci\u00f3n de tutela y tambi\u00e9n el de convencionalidad, dimanante del bloque de constitucionalidad, seg\u00fan lo previsto en la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9, que obliga a los pa\u00edses suscriptores procurar armonizar el ordenamiento interno al mismo, para evitar cualquier disonancia entre uno y otro. As\u00ed se consign\u00f3 en sus preceptos primero y segundo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art\u00edculo 1. Obligaci\u00f3n de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convenci\u00f3n se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que est\u00e9 sujeta a su jurisdicci\u00f3n, sin discriminaci\u00f3n alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religi\u00f3n, opiniones pol\u00edticas o de cualquier otra \u00edndole, origen nacional o social, posici\u00f3n econ\u00f3mica, nacimiento o cualquier otra condici\u00f3n social\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Para los efectos de esta Convenci\u00f3n, persona es todo ser humano\u201d. <\/p>\n

\u201cArt\u00edculo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el art\u00edculo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro car\u00e1cter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convenci\u00f3n, las medidas legislativas o de otro car\u00e1cter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De esta manera, las reglas de aquella normatividad deben observarse en asuntos como \u00e9ste, so pena de incumplir deberes internacionales. Por tanto, es menester tener en consideraci\u00f3n las prerrogativas a las \u201cgarant\u00edas judiciales\u201d y a la \u201cprotecci\u00f3n judicial\u201d, seg\u00fan las cuales, una persona podr\u00e1 acudir ante las autoridades jurisdiccionales competentes para obtener la pronta y eficaz resoluci\u00f3n de sus litigios. <\/p>\n

En el presente caso, como se dijo, el accionado omiti\u00f3 pronunciarse respecto de una de las excepciones propuestas por la aqu\u00ed quejosa vulnerando, con ello, los derechos de defensa y contradicci\u00f3n que le asisten. En consecuencia, contravino los c\u00e1nones 8.1 y 25 de ese tratado: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Art. 25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun cuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen en ejercicio de sus funciones oficiales\u201d. <\/p>\n

\u201c2. Los Estados Partes se comprometen: \u201ca) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; \u201cb) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y \u201cc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso (\u2026)\u201d (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n

El instrumento citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d <\/p>\n

Complementariamente, la regla 93 ej\u00fasdem, dispone: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11. <\/p>\n

6. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 el fallo examinado. <\/p>\n

3.\tDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley,
\nRESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO:\tCONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

SEGUNDO:\tNotif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC606-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 11001-22-03-000-2017-02982-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02982-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb12, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb13; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrada <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al fginal del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCfr. MORALES MOLINA, Hernando. Curso \tde Derecho Procesal Civil. \tParte General. \t1978. P\u00e1gs. 145 y ss.; DEVIS ECHAND\u00cdA, Hernando. \tTratado de Derecho \tProcesal Civil. Tomo III. \t1963. P\u00e1gs. 198 y ss.
\n2 \tCSJ. SC. Sentencia de 9 de abril de 1969; reiterada en fallos de 11 \tde mayo de 1981 y de 30 de enero de 1992. En sentido similar: CSJ. \tSC. Sentencias de 31 de mayo de 1938; de 31 de julio de 1945; 18 de \tjulio de 1955.
\n3 \tCSJ. SC. Sentencia de 13 de febrero de 1936.
\n4 \tCSJ. CS. Sentencia de 21 de octubre de 1941.
\n5 \tSobre estos puntos, v\u00e9ase: ROCHA ALVIRA, Antonio. De \tla Prueba en Derecho. \t1967. P\u00e1g. 522; SCARDACCIONE, Aurelio. Le \tProve. 1965. P\u00e1gs. \t173 y ss.
\n6 \tCSJ. STC de 18 \tde marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; \tver en el mismo sentido el fallo de \t18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01.
\n7 \tCSJ. STC. 20 mar. 2009, rad. 00032, reiterada el 28 sep. 2011, rad. \t00196-01 y el 3 sep. 2013, rad. -01946-00; \ty el 29 de abril de 2015, exp. 2015-00176-01.
\n8 \tCSJ. SC. Sentencia de 29 de agosto de 1998. Reiterada en la STC SC \tde 25 de febrero de 2016.
\n9 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n10 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n11 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n12 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.
\n13 \tCIDH. Caso \tHeliodoro Portugal contra Panam\u00e1. Sentencia de enero 27 de \t2009. Serie c No. 186, p\u00e1rrafo 180.
\n28<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC606-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2017-02982-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 29 de noviembre de 2017, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101131","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101131","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101131"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101131\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101131"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101131"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101131"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}