{"id":101134,"date":"2026-07-01T16:48:20","date_gmt":"2026-07-01T16:48:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101134"},"modified":"2026-07-01T16:48:20","modified_gmt":"2026-07-01T16:48:20","slug":"stc610-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc610-2018\/","title":{"rendered":"STC610-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC610-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00776-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2017, por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Harold Anc\u00edzar Cort\u00e9s Mar\u00edn contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del \u201ctraslado laboral\u201d del aqu\u00ed actor. <\/p>\n

1. ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El gestor demanda la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de petici\u00f3n e igualdad, presuntamente lesionados por la querellada. <\/p>\n

2. Acota como fundamento de la queja que en la actualidad desempe\u00f1a el cargo de \u201cAsistente de Fiscal II \u201d de la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Caldas, ejerciendo dicho empleo desde el 6 de marzo de 2017. <\/p>\n

Aduce que el 26 de septiembre anterior, fue notificado de su \u201creubicaci\u00f3n\u201d en el municipio de Saman\u00e1, a pesar de llevar solo un semestre laborando en Manizales, lugar donde adquiri\u00f3 una vivienda para \u00e9l y su familia. <\/p>\n

Comenta que el 13 de octubre pasado, requiri\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u201cponderar\u201d los motivos que conllevaron el cambio de sede de trabajo; sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta a su petici\u00f3n. <\/p>\n

Refiere que recibe \u201cun tratamiento m\u00e9dico (\u2026) para la epilepsia focal\u201d, por tanto, no le resulta viable mudarse a otra localidad, pues debe asistir a \u201ccontrol con el neur\u00f3logo\u201d en la \u00faltima de las citadas ciudades. <\/p>\n

Se duele porque la convocada \u201cjam\u00e1s se detuv[\u00f3] a analizar [su] situaci\u00f3n\u201d, pues, existen otros \u201cfuncionarios con igual o mayor experiencia\u201d, los cuales \u201cnunca han sido trasladados\u201d.
\n3. Implora \u201cgarantizar su permanencia (\u2026) en la ciudad de Manizales\u201d. <\/p>\n

1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n

La tutelada extempor\u00e1neamente arguy\u00f3 haber contestado la petici\u00f3n del convocante desde el 8 de noviembre de 2017, y adujo que el traslado de Harold Anc\u00edzar Cort\u00e9s Mar\u00edn obedeci\u00f3 a necesidades del servicio, conforme al Decreto 898 de 2017 (fls. 42 a 50). <\/p>\n

1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada tras advertir: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Una vez allegados al dosier por parte del accionante los pronunciamientos que acerca de su solicitud hicier[a] la entida[d] accionad[a], se pudo observar, a pesar de haber sido (\u2026) tard\u00eda, que la contestaci\u00f3n s\u00ed se dio y le fue notificada por medio de correo electr\u00f3nico [al actor] el pasado 10 de noviembre\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Relativo al traslado, huelga decir que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para controvertir este tipo de decisiones, toda vez que (\u2026) los traslados dentro de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n tienen sujeci\u00f3n a normativas internas como ocurre en el presente caso (\u2026)\u201d (fls. 39 a 41.). <\/p>\n

1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n

La formul\u00f3 el gestor realzando los argumentos del libelo genitor y esgrimiendo que el tribunal ya hab\u00eda concedido una tutela con id\u00e9ntica situaci\u00f3n f\u00e1ctica a la expuesta en el asunto bajo estudio (fls. 72 a 73). <\/p>\n

1. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Del escrito contentivo del resguardo emerge con claridad que Harold Anc\u00edzar Cort\u00e9s Mar\u00edn se halla inconforme con la decisi\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n de trasladarlo al municipio de Saman\u00e1, desconociendo, por un lado, su actual tratamiento m\u00e9dico en Manizales; y de otro, que existen \u201cfuncionarios con igual o mayor experiencia\u201d, los cuales nunca han sido objeto de una medida similar. <\/p>\n

2. Se confirmar\u00e1 la providencia de primer grado, teniendo en cuenta que el auxilio no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, por cuanto ning\u00fan elemento demostrativo revela que por el acto reprochado, el accionante haya acudido ante la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo a trav\u00e9s del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, establecido en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [T]oda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jur\u00eddica, podr\u00e1 pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; tambi\u00e9n podr\u00e1 solicitar que se le repare el da\u00f1o. La nulidad proceder\u00e1 por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del art\u00edculo anterior (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [I]gualmente podr\u00e1 pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicaci\u00f3n. Si existe un acto intermedio, de ejecuci\u00f3n o cumplimiento del acto general, el t\u00e9rmino anterior se contar\u00e1 a partir de la notificaci\u00f3n de aquel (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Por consiguiente, la tutela desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, porque frente al pronunciamiento confutado debe agotarse la acci\u00f3n judicial rese\u00f1ada, pues este mecanismo excepcional no es una v\u00eda paralela ni sustitutiva de los instrumentos ordinarios o extraordinarios de defensa. <\/p>\n

Al respecto, esta Corte ha expresado: <\/p>\n

3. Debe a\u00f1adirse, en el decurso del proceso contencioso administrativo, se puede implorar la suspensi\u00f3n de la resoluci\u00f3n censurada, a fin de conjurar un eminente perjuicio. <\/p>\n

Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha dicho: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]n esa instancia se puede solicitar y obtener la suspensi\u00f3n provisional de ciertos actos administrativos desde el momento mismo de la admisi\u00f3n de la demanda (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [Q]ue la suspensi\u00f3n provisional es un mecanismo no menos importante y efectivo que la acci\u00f3n de tutela, el cual se concibe como medida cautelar cuando una entidad vulnera en forma manifiesta los derechos del administrado- (\u2026). <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]o que ha querido el legislador al reglamentar el mecanismo de la suspensi\u00f3n provisional, ha sido ofrecer a los particulares un medio eficaz y oportuno, que se materialice desde la admisi\u00f3n misma de la demanda, para evitar que sus derechos sean vulnerados de manera flagrante por la administraci\u00f3n (\u2026)2. <\/p>\n

4. Al margen de lo discurrido, el peticionario del ruego no demostr\u00f3 hallarse frente a un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves, inminentes y urgentes, con entidad suficiente para facultar la intervenci\u00f3n de esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

5. Ahora, frente a la petici\u00f3n elevada por el actor ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, para que se \u201cponderara\u201d su traslado, observadas las pruebas allegadas a esta salvaguarda, se tiene que ese requerimiento fue resuelto por la convocada el 8 de noviembre de 2017, contestaci\u00f3n enviada el 10 del mismo mes y a\u00f1o al correo de notificaci\u00f3n suministrado por el tutelante (fls. 34 a 37) manifest\u00e1ndole: <\/p>\n

\u201c(\u2026) no es procedente disponer de un traslado laboral hacia la ciudad de Manizales, por tema m\u00e9dico laboral, toda vez que (\u2026) las patolog\u00edas que usted presenta, pueden ser tratadas en el municipio de Saman\u00e1, dado que el esquema de tratamiento m\u00e9dico ya fue establecido por el especialista neur\u00f3logo y solo hay que asistir a controles espor\u00e1dicos con el mismo\u201d. <\/p>\n

\u201cEn lo que refiere a que su situaci\u00f3n sea ponderada bajo criterios de igualdad frente a otros funcionarios. Al respecto le comunico que se han efectuado varios traslados del personal a diferentes municipios que hacen parte de la Seccional Caldas, con el fin de atender la necesidad del servicio, los planes, las estrategias y los programas de la entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n es una de las instituciones que cuenta con una planta global y flexible, lo cual se traduce a que en la misma, opera una mayor discrecionalidad para ordenar traslados territoriales (\u2026)\u201d. <\/p>\n

6. Refulge entonces, la solicitud elevada fue satisfecha antes de proferirse en este asunto el fallo de primera instancia, por cuanto se resolvi\u00f3 de fondo el requerimiento contenido en ella. As\u00ed, resulta inane en la actualidad cualquier pronunciamiento de esta jurisdicci\u00f3n al respecto, por configurarse un hecho superado. <\/p>\n

7. En torno a los argumentos expuestos en el escrito impugnatorio, referente a la presunta vulneraci\u00f3n de la prerrogativa enmarcada por el art\u00edculo 13 de la Carta Pol\u00edtica, esta Corte tiene establecido que las decisiones de otros jueces en materia de tutela son juicios inter partes, que no pueden ostentar pretensi\u00f3n de universalidad porque no est\u00e1n revestidas de efectos erga omnes. <\/p>\n

8. Resta se\u00f1alar, siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n

El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n

\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5. <\/p>\n

9. Por las razones mencionadas, se impone revalidar la providencia impugnada. <\/p>\n

3. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n

RESUELVE: <\/p>\n

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n

SEGUNDO: Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nCon aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nCORTE SUPREMA DE JUSTICIA
\nSALA DE CASACI\u00d3N CIVIL <\/p>\n

STC610-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba. 17001-22-13-000-2017-00776-01 <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con el debido respeto, me permito aclarar mi voto en la decisi\u00f3n que ha tomado la Sala en la tutela de la referencia, por cuanto a pesar de acompa\u00f1ar el sentido de la providencia, considero innecesario que en todos los casos, se incluya un p\u00e1rrafo gen\u00e9rico, hablando del control de convencionalidad y del derecho de los tratados, cuando los derechos que se pretende proteger o que en cada caso se protegen o no, nada tienen que ver con el bloque de constitucionalidad que se forma, de acuerdo con el art\u00edculo 93 de nuestra Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, cuando existen derechos humanos protegidos en tratados internacionales celebrados, acogidos o aprobados por Colombia, los cuales prevalecen sobre el derecho interno para efectos de su protecci\u00f3n constitucional formando con dicha constituci\u00f3n un todo protegible. <\/p>\n

Y mi aclaraci\u00f3n en nada se dirige a que se desconozcan esos derechos o que no se utilicen las herramientas superiores y m\u00e1s eficaces para la defensa de los derechos fundamentales. Por el contrario, me preocupa que la introducci\u00f3n de un discurso gen\u00e9rico en todas las sentencias sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica y verificaci\u00f3n efectiva, puede tener los efectos contrarios y conducir a la trivializaci\u00f3n de una herramienta importante en la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales, si tenemos en cuenta que no se trata simplemente de enunciar un control de manera lapidaria y autom\u00e1tica sino de aplicarlo efectivamente en cada caso donde haga falta su uso, que no es siempre, porque creo que existen muchas solicitudes de amparo que pueden obtener resultados positivos con el mero derecho nuestro, ya sea el legislativo o el constitucional, sin que para nada haga falta hacer uso de los tratados, y otras veces porque no siempre existen tratados que contengan el derecho invocado por el ciudadano demandante de protecci\u00f3n. <\/p>\n

No es mi inter\u00e9s polemizar sino por el contrario, simplificar la forma de enfrentar en cada caso cada vulneraci\u00f3n alegada con el derecho reclamado y si llenamos las providencias de teor\u00edas, las hacemos m\u00e1s complejas y menos comprensibles para los ciudadanos que son los destinatarios de ellas y de la did\u00e1ctica que conllevan. Tampoco niego que en unos casos es necesario teorizar respecto de ciertos hechos o situaciones que se refieren a la protecci\u00f3n solicitada, como cuando se requiere invocar los tratados para proteger unos derechos que no aparecen muy di\u00e1fanos en nuestra legislaci\u00f3n o que han avanzado m\u00e1s en otros pa\u00edses, all\u00ed, bienvenida toda la teor\u00eda sobre los tratados y sobre la convencionalidad, pero para cada caso particular y adaptada a los hechos, no pegada en todas las tutelas para hacer creer que en todos los casos se necesita hacer el mencionado control, pues considero que se llega a \u00e9ste cuando existen choques de legislaci\u00f3n entre la interna y el respectivo tratado , yendo \u00e9ste m\u00e1s all\u00e1 en la protecci\u00f3n No de manera general. <\/p>\n

Adem\u00e1s, porque esa trivializaci\u00f3n del bloque de constitucionalidad sin entrar efectivamente a confrontarlo, nos puede llevar a contradicciones, o casos en que se invoca o se incluye en la tutela y efectivamente no se hace el control. <\/p>\n

No desconozco el esfuerzo y el inter\u00e9s del ponente por los temas del derecho internacional de los derechos humanos, el cual admiro y comparto, pero si lo limitamos a lo estrictamente necesario nos puede generar mejores frutos en favor de los sujetos especialmente protegidos. <\/p>\n

Es cierto que existen tendencias a las inclusi\u00f3n de los derechos humanos en las constituciones y que eso constituye garant\u00eda de su eficacia, pero no necesariamente de su fundamentalidad y de su protecci\u00f3n como derechos naturales, pues la mayor\u00eda de las constituciones advierten que la lista de esos derechos no es taxativa y que pueden existir muchos otros que alcancen esa categor\u00eda y protecci\u00f3n como tales aunque la constituci\u00f3n no los contenga, e incluso aunque no existan en ning\u00fan tratado internacional. Pero eso no le quita validez a la teor\u00eda del bloque de constitucionalidad y del control de convencionalidad. Es una herramienta v\u00e1lida y \u00fatil que no se puede desprestigiar us\u00e1ndola mal, o diciendo que se usa sin hacerlo, solo enunci\u00e1ndola. <\/p>\n

Es cierto que fue la Constituci\u00f3n de 1991 la que orden\u00f3 la constitucionalizaci\u00f3n de los derechos humanos, y que antes de ella no se aplicaban aunque estuvieran inscritos en tratados internacionales aprobados por Colombia, caso de los derechos laborales incluidos en convenciones de la OIT, pero adem\u00e1s exist\u00edan teor\u00edas que negaban valor a los tratados por encima de la constituci\u00f3n interna de cada pa\u00eds, pero cada d\u00eda con mayor intensidad se va superando ese desconocimiento con fundamento en la pr\u00e1ctica de su aplicaci\u00f3n, pero no basta mencionar de manera autom\u00e1tica la teor\u00eda sino ejercer la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica. Por eso reclamo que no se inserte un p\u00e1rrafo vac\u00edo sino que se aplique con toda atenci\u00f3n en los casos en que sea necesario con todo el tiempo y el espacio que el tema necesite, para defender los derechos humanos no solo desde el punto de vista de la constituci\u00f3n sino tambi\u00e9n desde la prevalencia de las normas internacionales que regulan esos derechos. <\/p>\n

Lo que trae el p\u00e1rrafo cuya inclusi\u00f3n critico no es falso, pero trivializa el tema. Es cierto que la Constituci\u00f3n de 1991 acogiendo tendencias internacionales del derecho da un tratamiento especial al derecho internacional de los derechos humanos, que fue acogido de manera certera al crear lo que se conoce doctrinariamente como \u201cel bloque de constitucionalidad\u201d, que permiti\u00f3 una incorporaci\u00f3n fuerte del derecho internacional de los derechos humanos en la pr\u00e1ctica jur\u00eddica del constitucionalismo, dando poder vinculante a la teor\u00eda internacional de los derechos humanos, y no solo en acciones constitucionales sino en todo el derecho ordinario, pues la constituci\u00f3n es la norma de normas. <\/p>\n

Por eso mi aclaraci\u00f3n no es una oposici\u00f3n a que se haga control de convencionalidad que veo no solo \u00fatil sino necesario, sino a que cuando se incluya su teor\u00eda en las providencias sea porque verdaderamente se necesite y efectivamente se haga, y de esa forma no se vuelva una operaci\u00f3n autom\u00e1tica de inclusi\u00f3n de un tema que se vuelve vanal y sin aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica en la defensa de los derechos. <\/p>\n

Con todo respeto y acatamiento <\/p>\n

ALVARO FERNANDO GARCIA RESTREPO
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00776-01 <\/p>\n

Aunque comparto la decisi\u00f3n adoptada por la Honorable Sala, dado el acierto en su motivaci\u00f3n, respetuosamente aclaro mi voto con el exclusivo prop\u00f3sito de resaltar que se torna innecesario en el ejercicio jurisdiccional cotidiano, incluir de forma gen\u00e9rica y autom\u00e1tica una menci\u00f3n sobre el ejercicio del denominado \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb. <\/p>\n

Ciertamente, de conformidad con la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convenci\u00f3n Americana, surge, entre otros deberes, el imperativo para sus jueces de examinar ex officio, en sus decisiones, la vigencia material de lo pactado. <\/p>\n

De esta manera, el \u00abcontrol de convencionalidad\u00bb comporta una actitud de consideraci\u00f3n continua que deber\u00e1 acentuarse y manifestarse expresamente, tan solo en aquellos pronunciamientos donde se advierta comprometido o amenazado \u00abel efecto \u00fatil de la Convenci\u00f3n\u00bb6, lo cual acontecer\u00e1 en los eventos donde pueda verse \u00abmermado o anulado por la aplicaci\u00f3n de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin del instrumento internacional o del est\u00e1ndar internacional de protecci\u00f3n de los derechos humanos\u00bb7; todo lo cual resulta ajeno al presente caso. <\/p>\n

En los anteriores t\u00e9rminos dejo fundamentada mi aclaraci\u00f3n de voto con comedida reiteraci\u00f3n de mi respeto por la Honorable Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado <\/p>\n

ACLARACI\u00d3N DE VOTO <\/p>\n

Con mi acostumbrado respeto hacia los magistrados que suscribieron la providencia, me permito exponer las razones por las cuales debo aclarar mi voto en el presente asunto. <\/p>\n

En lo que concierne a la afirmaci\u00f3n que se hizo al fginal del fallo acerca del control de convencionalidad, considero que esa creaci\u00f3n de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco de un sistema cuya naturaleza es subsidiaria y complementaria como lo es el sistema interamericano de protecci\u00f3n de derechos humanos, no tiene aplicaci\u00f3n general en todas las controversias en que est\u00e9n involucrados derechos fundamentales. <\/p>\n

Particularmente, en los casos en los que las garant\u00edas superiores sobre las cuales versa la queja, se encuentran reconocidas y suficientemente garantizadas en el derecho interno, no estimo necesario dar aplicaci\u00f3n a la indicada figura, cuya utilidad, en mi criterio, se restringe a los eventos de ausencia de regulaci\u00f3n, d\u00e9ficit de protecci\u00f3n a nivel de las normas nacionales, o una manifiesta disonancia entre estas y la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos. <\/p>\n

A mi juicio, las controversias en que no se presente tal desarmon\u00eda en la normatividad protectora, ni falta de garant\u00eda constitucional y legal de los derechos involucrados, como sucede en la acci\u00f3n de tutela de la referencia, en la cual esas prerrogativas est\u00e1n consagradas en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en preceptos legales que se ocupan espec\u00edficamente de reconocerlas y se\u00f1alar la forma en que pueden hacerse efectivas ofreci\u00e9ndoles un adecuado marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n, es inane el control de convencionalidad al que se alude. <\/p>\n

De los se\u00f1ores Magistrados, <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado <\/p>\n

1 \tCSJ. STC. 10 dic. 2008, rad. 2008-00414-01.
\n2 \tCSJ. rad. 2013-00180-01, reiterado en STC. 17 Jul. 2013-00118-01.
\n3 \tPacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre \tde 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972.
\n4 \tSuscrita en Viena el 23 de mayo de 1969.
\n5 \tAprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985.
\n6 \tCIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) \tcontra Per\u00fa. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C \tNo. 158, p\u00e1rrafo 128.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC610-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00776-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil dieciocho (2018) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto de la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2017, por la Sala Civil Familia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101134","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101134","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101134"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101134\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101134"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101134"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101134"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}