{"id":101138,"date":"2026-07-01T16:49:08","date_gmt":"2026-07-01T16:49:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101138"},"modified":"2026-07-01T16:49:08","modified_gmt":"2026-07-01T16:49:08","slug":"stc666-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc666-2018\/","title":{"rendered":"STC666-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC666-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00757-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales, en la tutela promovida por Augusto Becerra Largo contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad; tr\u00e1mite al que fueron vinculados Bancolombia S.A., la Defensor\u00eda del Pueblo, la Personer\u00eda de Manizales, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 la salvaguarda de sus garant\u00edas procesales y el derecho al debido proceso que considera vulnerados por la autoridad judicial accionada al rechazar la acci\u00f3n popular con radicado No. 2017-00193-00 que present\u00f3 contra el Bancolombia S.A. con desconocimiento de lo previsto en el art\u00edculo 16 de Ley 472 de 1998. <\/p>\n

Por consiguiente, pretende que se conceda la tutela, en consecuencia, se declare la nulidad de aquella providencia. [Folio 3, c.1] <\/p>\n

1. El reclamante entabl\u00f3 una acci\u00f3n popular contra Bancolombia S.A. por la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos colectivos, ya que presta sus servicios en un inmueble que no ostenta gu\u00eda o interprete acreditado por el Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional. <\/p>\n

2. La referida demanda le correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales. <\/p>\n

3. En auto de 23 de octubre de 2017, aquel despacho rechaz\u00f3 la demanda por falta de competencia y dispuso su env\u00edo a la Oficina Judicial para los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn. <\/p>\n

4. Contra la anterior determinaci\u00f3n el peticionario no impetr\u00f3 recurso alguno. <\/p>\n

5. En criterio del peticionario del amparo se vulneraron sus garant\u00edas fundamentales, en raz\u00f3n a que la autoridad accionada al rechazar la mencionada acci\u00f3n desconoci\u00f3 normas de orden p\u00fablico, viol\u00f3 lo previsto en el art\u00edculo 16 de la Ley 472 de 1998, puesto que cualquier juez civil del circuito del pa\u00eds es competente para tramitar su demanda. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 2 de noviembre de 2017 el Tribunal admiti\u00f3 la tutela y orden\u00f3 el traslado a la sede judicial acusada y vinculados para que ejercieran sus derechos de contradicci\u00f3n y defensa. [Folio 6, c. 1] <\/p>\n

2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales aclar\u00f3 que no ha provocado conflicto alguno sino que declar\u00f3 su falta de competencia para conocer el asunto, sin que el promotor haya agotado los medios ordinarios o extraordinarios de defensa, dado que no se propuso recurso alguno contra su determinaci\u00f3n. [Folio 8-11, c. 1] <\/p>\n

Por su parte, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n advirti\u00f3 que la queja constitucional no cumple con el presupuesto de subsidiariedad, debido a que el tutelante no hizo uso de mecanismos judiciales que ten\u00eda a su alcance. <\/p>\n

Los dem\u00e1s vinculados guardaron silencio. <\/p>\n

3. En sentencia de 16 de noviembre de 2017, la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Manizales neg\u00f3 el amparo al estimar que el gestor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n para atacar el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su acci\u00f3n popular, de manera que su inconformidad resulta improcedente al no confluir uno de los requisitos para la procedencia de la tutela. [Folios 17-23, c. 1] <\/p>\n

4. Inconforme con esta determinaci\u00f3n, el promotor de la queja la impugn\u00f3 sin aducir las razones de su inconformidad [Folio 32, c. 1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que solamente procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

En el caso que es objeto de estudio, en punto de los argumentos expuestos en la demanda de tutela, de entrada se advierte la improcedencia de la solicitud de amparo, pues el accionante pretende desconocer el presupuesto de procedibilidad que viene de comentarse. <\/p>\n

En efecto, es claro que la queja del actor se suscita por la determinaci\u00f3n del Juez Segundo Civil del Circuito de Manizales al rechazar la acci\u00f3n popular que formul\u00f3 contra el Bancolombia S.A. y su remisi\u00f3n por competencia territorial de las respectivas diligencias a los Juzgados Civiles del Circuito de Medell\u00edn (Antioquia), lugar de domicilio de la entidad financiera, pues, en su criterio, ello no era viable, en virtud a que cualquier juez del circuito del pa\u00eds es competente para gestionar su demanda. <\/p>\n

Sin embargo, analizada la situaci\u00f3n expuesta a la vista de esta sede, la Corte no evidencia que sea posible prodigar la protecci\u00f3n constitucional reclamada por prematura, pues de la revisi\u00f3n del expediente se advierte que los jueces receptores no han definido si asumen el conocimiento del asunto o no, debido a que ello no fue probado. <\/p>\n

Por consiguiente, resulta anticipada la solicitud de amparo, porque a\u00fan est\u00e1 pendiente de emitir una decisi\u00f3n de fondo respecto a la admisi\u00f3n de la aludida acci\u00f3n popular, por tanto, como ello no se ha definido, no se ha consolidado circunstancia alguna que pueda considerarse vulneradora de los derechos invocados. <\/p>\n

3. En ese orden de ideas, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea anticipadamente la soluci\u00f3n de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado, pues el amparo no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los medios de oposici\u00f3n establecidos por la ley. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes los ordenamientos constitucional y legal, les ha asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC666-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2017-00757-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., veintis\u00e9is (26) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada respecto del fallo proferido el diecis\u00e9is de noviembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101138","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101138","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101138"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101138\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101138"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101138"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101138"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}