{"id":101142,"date":"2026-07-01T16:49:40","date_gmt":"2026-07-01T16:49:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101142"},"modified":"2026-07-01T16:49:40","modified_gmt":"2026-07-01T16:49:40","slug":"stc852-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc852-2018\/","title":{"rendered":"STC852-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC852-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00058-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz Dur\u00e1n, contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, integrada por los Magistrados Amanda Janneth S\u00e1nchez Taborda, Flor Margoth Gonz\u00e1lez Fl\u00f3rez y Nelson Ruiz Hern\u00e1ndez, tr\u00e1mite al que fueron citados el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas de la Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio y las partes e intervinientes en el proceso de restituci\u00f3n de tierras No. 2016-00057. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante quien act\u00faa en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la restituci\u00f3n de tierras, vivienda digna, a la justicia material y efectiva, debido proceso, reparaci\u00f3n integral, segundad jur\u00eddica y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n mencionada, en la sentencia de 26 de octubre de 2017 mediante la cual al decidir la solicitud de restituci\u00f3n y formalizaci\u00f3n de tierras que present\u00f3, la neg\u00f3. <\/p>\n

En consecuencia requiere, \u00abQue de conformidad con la sentencia del Consejo de estado Radicaci\u00f3n n\u00famero: 11001-03-15-000-2017-01457-00(AC), magistrado ponente Carlos Enrique Moreno Rubio y lo preceptuado en la ley 1448 de 2011, el Tribunal de C\u00facuta nos restituya material y jur\u00eddicamente los predios La Pradera y La Vega, (\u2026) tal y como sucedi\u00f3 con el predio Lote 1 La Pradera, identificado con la matricula inmobiliaria No. 303-53057, el cual en su momento corri\u00f3 la misma suerte de los otros dos (los tres predios se le enajenaron a una misma persona, por causas a fines con el conflicto armado)\u00bb (f. 13, vto.). <\/p>\n

2.\tEn sustento de la inconformidad aduce, en s\u00edntesis, que el 27 de julio de 2015 present\u00f3 ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, una solicitud de restituci\u00f3n de tierras en relaci\u00f3n con los predios denominados \u00ab1 LA PRADERA\u00bb, conocido tambi\u00e9n como \u00abLA PRADERA\u00bb, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-200680 y \u00abPARCELA 3-A\u00bb, distinguido como \u00abLA VEGA\u00bb, con matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-200679, que se encuentran ubicados en la vereda Marta del municipio de Gir\u00f3n, departamento de Santander, y fueron incluidos en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. <\/p>\n

Agrega que posteriormente, la UAEGRTD inici\u00f3 el respectivo proceso, del que conoci\u00f3 el Juzgado de Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, Despacho que luego lo remiti\u00f3 al Tribunal Superior de C\u00facuta para que decidiera de fondo sobre la pretensi\u00f3n. <\/p>\n

Manifiesta que no obstante su apoderado puso en conocimiento del Tribunal accionado las razones de hecho y derecho por las cuales ella y su n\u00facleo familiar fueron v\u00edctimas del conflicto armado, tales como, (i) \u00abMi n\u00facleo familiar y yo como v\u00edctima reconocida de desplazamiento forzado ten\u00edamos nuestro consentimiento viciado pues nos encontr\u00e1bamos en estado de vulnerabilidad e indefensi\u00f3n\u00bb; (ii) \u00abQue por un temor justificado en los asesinatos de mi pareja sentimental y de mi primo, las exacciones producto del secuestro de mi primo aun cuando este habla sido asesinado y la constante preocupaci\u00f3n de ver afectada no solo mi integridad sino la de alg\u00fan otro miembro de mi familia, nos era imposible retornar a los predios abandonados y continuar con la explotaci\u00f3n de los mismos\u00bb; (iii) \u00abQue de no haber sido asesinado mi primo, la no existencia de amenazas y el constante cobro por parte de la guerrilla, yo hubiera enajenado ninguno de mis tres predios\u00bb (sic), y, (iv) \u00abQue al momento en que se realiza el abandono y la enajenaci\u00f3n del predio, en la zona a\u00fan permanec\u00edan grupos ilegales al margen de la ley, en especial la Guerrilla\u00bb, as\u00ed como la sentencia que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Barrancabermeja profiri\u00f3 a su favor, esa Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la restituci\u00f3n material y jur\u00eddica de sus predios, desconociendo la relaci\u00f3n \u00abentre mis hechos victimizantes y la enajenaci\u00f3n de los fundos\u00bb, con lo que incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por deficiente e indebida valoraci\u00f3n probatoria de los testimonios, interrogatorio y prueba documental que obraban en el proceso, adem\u00e1s que desech\u00f3 \u00ablos precedentes constitucionales que tratan sobre la materia\u00bb. <\/p>\n

Finalmente afirma que como frente a la sentencia de 26 de octubre de 2017 no procede ning\u00fan recurso, acude a la acci\u00f3n de tutela \u00abpara que se respeten\u00bb las prerrogativas que reclama (ff. 1 a 14). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

1. La Juez Primera Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, manifest\u00f3 que ese Despacho en el tr\u00e1mite de restituci\u00f3n que adelant\u00f3 a favor de Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz Dur\u00e1n no vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la reclamante, m\u00e1xime cuando la causal de reparo, se dirige a la determinaci\u00f3n adoptada por el Tribunal (f. 37). <\/p>\n

2. La Magistrada ponente de la sentencia atacada, solicit\u00f3 negar lo pretendido por improcedente, en raz\u00f3n a que esa Sala actu\u00f3 de conformidad con lo establecido en la Ley 1448 de 2011, y realiz\u00f3 un an\u00e1lisis conjunto de las pruebas recaudadas a efectos de determinar, adem\u00e1s del hecho victimizante, el nexo de causalidad que debe existir entre \u00e9ste y el negocio jur\u00eddico, ya que para la procedencia de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n es menester que el despojo haya acaecido como consecuencia directa o indirecta del conflicto armado, y afirm\u00f3 que, \u00abal no encontrar presente el nexo de causalidad referido\u00bb, esa Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas present\u00f3 a nombre de la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz Duran. <\/p>\n

En cuanto a la sentencia emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restituci\u00f3n de Barrancabermeja, dentro de la solicitud de restituci\u00f3n del predio \u00abLote 1 La Pradera\u00bb, advirti\u00f3 que por tratarse de un proceso sin oposici\u00f3n, la competencia para decidirlo radicaba en los juzgados de restituci\u00f3n, y que adem\u00e1s, \u00ablo decidido en el referido proceso, no es \u00f3bice para que en este asunto se estudien los pormenores del negocio jur\u00eddico frente al despojo, toda vez que cada asunto en concreto reclama su particular an\u00e1lisis, en la medida que tienen circunstancias propias que no pueden medirse ni valorarse con un mismo rasero, so pena de llegar a la tesis apresurada que toda dejaci\u00f3n de bienes en zona afectada por el conflicto, implica per se "despojo" o "abandono forzado", en tanto no pueden generalizarse todos los supuestos, y tal como se analiz\u00f3 en la sentencia proferida por esta Corporaci\u00f3n, en el presente caso no se prob\u00f3 el nexo causal entre el negoci\u00f3 jur\u00eddico y el conflicto armado, por lo que no se configur\u00f3 el despojo\u00bb (f. 40). <\/p>\n

3. Tanto el Coordinador del Grupo de Atenci\u00f3n de Procesos Judiciales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como la Jefe de la Oficina Jur\u00eddica de la Agencia Nacional de Tierras, y el Registrador Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga, solicitaron negar por improcedente el amparo y la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva (ff. 53 a 55, 75 a 76 y 87 a 88). <\/p>\n

4. El Director Territorial Santander del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, se opuso a las pretensiones respecto de esa Entidad y manifest\u00f3 que el IGAC \u00abha venido trabajando con celeridad dentro del proceso de la referencia con ocasi\u00f3n del proceso de Restituci\u00f3n de Tierras y las \u00f3rdenes impartidas por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, en el marco de la ley 1448 de 2011 y Decreto 4829 de 2011. Corolario de lo anterior, nos encontramos ante un Hecho Superado\u00bb (ff. 60 y 61). <\/p>\n

5. El Procurador 12 Judicial II de Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, solicit\u00f3 conceder el amparo y manifest\u00f3 que, \u00ablas consideraciones del Ministerio P\u00fablico al momento de proferir la sentencia impugnada fueron ignoradas por la Magistrada Ponente\u00bb, en las que se dijo, que tanto el documento de an\u00e1lisis de contexto presentado como prueba, as\u00ed como las declaraciones de los testigos, reforzaron suficientemente la existencia de un contexto de violencia generalizada en la zona de ubicaci\u00f3n de los predios cuya restituci\u00f3n se solicit\u00f3 (ff. 92 a 95). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tSe recuerda que la tutela en l\u00ednea de principio, no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n

2. De cara a los argumentos planteados por la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz Duran, la queja est\u00e1 directamente encaminada contra la sentencia proferida el 4 de octubre de 2017, a trav\u00e9s de la cual, la Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta, resolvi\u00f3 negar las pretensiones de la solicitud (Cd f. 16 y ff. 42 a 51). <\/p>\n

3. \tNo obstante, una vez examinado el pronunciamiento censurado advierte la Sala que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, pues estuvo soportado en fundamentos que de manera contraria a considerarse caprichosos o absurdos, son el resultado del an\u00e1lisis normativo y probatorio aplicado al caso por la autoridad criticada, lo que descarta toda posibilidad de que sea modificado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional. <\/p>\n

4. En efecto, los documentos allegados permiten observar a esta Sala, en relaci\u00f3n con lo que constituye la queja constitucional, lo siguiente: <\/p>\n

En la solicitud prevista en la ley 1448 de 2011 que formul\u00f3 la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz Duran actuando por conducto de la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Territorial Magdalena Medio, ante el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga, se pretendi\u00f3 la restituci\u00f3n de los inmuebles denominados \u00abLa Pradera\u00bb y \u00abLa Vega\u00bb, ubicados en la vereda la Mar\u00eda del municipio de Gir\u00f3n, departamento de Santander, identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 300-200680 y 300-200679, y se aleg\u00f3 que pese a que el Incora mediante Resoluci\u00f3n No. 0069 de 12 de marzo de 1997 revoc\u00f3 el acto administrativo de adjudicaci\u00f3n a la totalidad de parceleros, su familia contin\u00fao explotando los predios, y luego fueron objeto de amenazas, hostigamientos y exigencias de tipo econ\u00f3mico por parte de las FARC, organizaci\u00f3n que hac\u00eda presencia en la zona sur de Sabana de Torres, y a continuaci\u00f3n del asesinato de Luis Ernesto Ayala, su compa\u00f1ero y del secuestro de Miguel \u00c1ngel Dur\u00e1n Arguellas, su primo, quien le colaboraba con la administraci\u00f3n y el cuidado de cultivos y animales, por la intimidaci\u00f3n de ese grupo armado debi\u00f3 desplazarse forzosamente con su familia a la ciudad de Bucaramanga el 20 de diciembre de 2003. <\/p>\n

Agreg\u00f3 la demandante que con posterioridad al abandono, y como continu\u00f3 siendo objeto de amenazas por parte de las Farc, se vio obligada a vender en $70'000.000 \u00abLa Pradera\u00bb y las mejoras junto con los animales y cultivos a Alberto Duarte Quiroga, por lo que realizaron una permuta a cambio de una vivienda en el municipio de Piedecuesta, avaluada en $30\u2019000.000 m\u00e1s la entrega en efectivo de $22'000.000, quedando pendiente un saldo de $18'000.000.00 que no ha sido pagado. <\/p>\n

El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Bucaramanga admiti\u00f3 la solicitud, dispuso las publicaciones de ley, y corri\u00f3 traslado de la solicitud a Alberto Duarte Quiroga quien por conducto de apoderado se opuso a las pretensiones, y aleg\u00f3 que la muerte de Luis Ernesto Ayala Vargas sucedi\u00f3 por circunstancias ajenas al conflicto armado; que la se\u00f1ora D\u00edaz Dur\u00e1n vivi\u00f3 en una de sus parcelas mientras ofreci\u00f3 en venta los predios, los que finalmente negoci\u00f3 con \u00e9l e incluso habit\u00f3 en uno de ellos despu\u00e9s de la enajenaci\u00f3n y a\u00f1adi\u00f3 que actu\u00f3 con buena fe exenta de culpa, adem\u00e1s que no ejerci\u00f3 presi\u00f3n sobre la vendedora. <\/p>\n

Instruido el proceso, fue remitido al Tribunal Superior de C\u00facuta, Corporaci\u00f3n que avoc\u00f3 conocimiento, decret\u00f3 pruebas de oficio y, recaudadas \u00e9stas, corri\u00f3 traslado a los intervinientes para que presentaran sus alegaciones finales, y una vez que estudiaron cada uno de los hechos expuestos por la solicitante, y validaron la oposici\u00f3n presentada, llegaron a la conclusi\u00f3n, que no fue demostrado el nexo de causalidad que debe existir entre el hecho victimizante y el negocio jur\u00eddico. <\/p>\n

Lo anterior, en tanto que las pruebas demostraban, que la celebraci\u00f3n del contrato no se hizo contra la voluntad de la reclamante, puesto que, <\/p>\n

\u00abno resulta ser tan cierto que la intenci\u00f3n de vender por parte de la reclamante haya surgido precisamente como consecuencia del homicidio de Miguel \u00c1ngel, pues las tratativas del negocio iniciaron "como en septiembre", raz\u00f3n por la que fue el propio Miguel quien recogi\u00f3 al comisionista y al futuro comprador y los llev\u00f3 hasta la heredad\u00bb, adem\u00e1s que, \u00abMar\u00eda Trinidad reconoci\u00f3 su plena conformidad con lo acordado con el comprador Alberto Duarte, respecto de quien sin dubitaci\u00f3n alguna afirm\u00f3 "\u00e9l no me oblig\u00f3, lo que pas\u00f3 fue que yo al verme asustada, con miedo por lo que me hab\u00eda pasado all\u00e1, y por lo que me estaba pasando pues qui\u00e9n no busca salida entonces ya F\u00e9lix le dijo al se\u00f1or Alberto a ver si nos compraba la finca, y el hizo todo eso, o sea eso fue a consentimiento m\u00edo pero entonces yo no estuve de acuerdo fue con el precio, yo despu\u00e9s fui que ya vine a percatar" (negrilla intencional). <\/p>\n

Bajo este panorama, no resulta plausible afirmar que la celebraci\u00f3n del contrato se hizo contra la voluntad de Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz, en tanto no reposa prueba alguna que acredite que el comprador la priv\u00f3 de manera arbitraria e ilegal de la propiedad y posesi\u00f3n que ejerc\u00eda sobre el predio que aquella le prometi\u00f3 permutar, pues la p\u00e9rdida de la relaci\u00f3n jur\u00eddica acaeci\u00f3 como consecuencia del contrato con \u00e9l celebrado, convenio que se itera, no propici\u00f3 Alberto Duarte pues la propuesta de llevar a cabo el negocio naci\u00f3 del ofrecimiento que, a trav\u00e9s de un amigo en com\u00fan, hizo Mar\u00eda Trinidad\u00bb (f. 48).
\nAfirm\u00f3 adem\u00e1s, que el comportamiento de Alberto Duarte tampoco indicaba aprovechamiento de las circunstancias de violencia, porque no viv\u00eda en la zona y el conocimiento que tuvo de la venta de las parcelas que hac\u00eda la se\u00f1ora D\u00edaz Duran proven\u00eda de lo que le coment\u00f3 Jos\u00e9 Felicitas Duran Romero, a quien la demandante le hab\u00eda pedido que le ayudara a vender los predios, persona que en relaci\u00f3n con las amenazas recibidas por la se\u00f1ora Mar\u00eda Trinidad manifest\u00f3 en su testimonio \u00ab"nunca me coment\u00f3 eso", (\u2026) \u201cTrina me coment\u00f3, ay\u00fademela a vender, yo qued\u00e9 sola … yo hice el canal de intermediaci\u00f3n. Alberto es conocido, es mi padrino de matrimonio, y Trina es una pariente, cu\u00f1ada de mi papa (\u2026) yo lo que siempre he cre\u00eddo es que ese negocio fue ambos de buena fe\u201d\u00bb (f. 48 vto), concluyendo el Tribunal en relaci\u00f3n con lo anterior, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Corolario, queda claro que la dejaci\u00f3n de los fundos el 20 de diciembre de 2003 por parte de la solicitante no se produjo con ocasi\u00f3n a abandono o desplazamiento forzado como \u00e9sta lo afirm\u00f3 ante la Unidad para la Reparaci\u00f3n Integral a las Victimas, y lo ratific\u00f3 ante la UAEGRTD el 3 de mayo de 2013, sino que, por el contrario, obedeci\u00f3 a la materializaci\u00f3n del acuerdo suscrito con el se\u00f1or Duarte Quiroga, pues en dicha data Mar\u00eda Trinidad le entreg\u00f3 el bien rural y a su vez tom\u00f3 posesi\u00f3n del inmueble urbano cuya propiedad, it\u00e9rese, le hab\u00eda sido trasladada por este m\u00e1s de un mes atr\u00e1s\u00bb (f. 48, vto y 49). <\/p>\n

Adicion\u00f3 que igualmente qued\u00f3 demostrado, que la reclamante a pesar de alegar haber recibido amenazas, permaneci\u00f3 en la regi\u00f3n no solo despu\u00e9s de la ocurrencia del homicidio de su compa\u00f1ero sentimental Luis Ernesto Ayala Vargas, sino tambi\u00e9n con posterioridad al asesinato de su primo Miguel \u00c1ngel Dur\u00e1n Arguellas, pues tanto ella como sus hijos visitaban constantemente la vereda y sus alrededores, puesto que, <\/p>\n

Permanencia que fue corroborada por la misma solicitante quien al indag\u00e1rsele sobre su retorno a la zona una vez efectuada la venta de los inmuebles indic\u00f3: "si, si yo he arrimado por all\u00e1". Adicional a ello, en respuesta a lo manifestado por el se\u00f1or Duarte Quiroga con relaci\u00f3n al hecho que con posterioridad a la venta sus hijos iban a la finca a extraer cultivos de yuca contest\u00f3: "a m\u00ed no me consta que ellos hayan tra\u00eddo nada de eso", y admiti\u00f3 que su hijo Francisco se qued\u00f3 trabajando con Orlando Mar\u00edn -propietario del predio contiguo- a quien visitaba despu\u00e9s de la muerte de Miguel. Igualmente relat\u00f3 "yo volv\u00ed como al mes porque yo me iba a traer un chivito qu\u00e9 ten\u00eda para bajarlo a donde don Antonio, yo siempre bajaba a donde don Antonio, (\u2026)." En relaci\u00f3n con esta afirmaci\u00f3n res\u00e1ltese que Jos\u00e9 Antonio Celis Salamanca fue la persona a quien en el a\u00f1o 2005 Mar\u00eda Trinidad entreg\u00f3 en aumento el ganado que ten\u00eda en las parcelas que vendi\u00f3 a Alberto Duarte, quien asevero que la reclamante "bajaba aproximadamente cada 15 d\u00edas". <\/p>\n

Concluyendo de lo anterior, <\/p>\n

\u00abEntonces, si fue el alegado temor el que impuls\u00f3 a Mar\u00eda Trinidad a vender sus heredades, no resulta comprensible que haya permanecido en el predio no solo despu\u00e9s del homicidio de sus allegados y de haber recibido amenazas, sino que ella y sus hijos continuaran frecuentando la zona olvidando las intimidaciones a ellos realizadas por parte de miembros de grupos armados ilegales que all\u00ed operaban; as\u00ed las cosas no puede arribarse a conclusi\u00f3n distinta que el miedo o temor al que se hizo referencia como motivo de la venta no fue insuperable\u00bb (Cd f. 16 y ff. 42 a 51, negrilla en texto). <\/p>\n

4.\tDe manera que, siendo evidente que la determinaci\u00f3n cuestionada est\u00e1 sustentada en una postura respetable, en la medida en que fue producto de la aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en la ley 1448 de 2011 que orienta estos procesos especiales de Restituci\u00f3n de Tierras, sin que la aqu\u00ed interesada lograra acreditar la calidad de v\u00edctima de despojo y abandono forzado de tierras, se impone la desestimaci\u00f3n de su revocatoria por estar estructurada en una interpretaci\u00f3n que de ninguna manera puede calificarse como irracional, y por tanto, como lo ha sostenido esta Sala, la circunstancia de que el resultado de la determinaci\u00f3n censurada no se avenga a los intereses de una de las partes del proceso, es cuesti\u00f3n que en s\u00ed misma considerada escapa al \u00e1mbito del juez constitucional, comoquiera que este: <\/p>\n

\u00abno puede entrar a descalificar la gesti\u00f3n del juzgador, ni a imponerle una determinada hermen\u00e9utica, m\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; citada, entre otras, en la CSJ STC, 7 abr. 2011, rad. 00604-00, STC3145-2015, STC7147-2016, STC21455-2017, 14 dic. rad. 03451-00). <\/p>\n

5.\tAdem\u00e1s, como la acci\u00f3n ataca la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas pretendiendo que mediante esta v\u00eda extraordinaria se dirima la controversia que plantea frente a la Corporaci\u00f3n accionada respecto de este asunto, encuentra la Sala improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, porque, es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia, determinando que: <\/p>\n

\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC17828-2016, STC16155-2017 y, STC393-2018, 24 ene. rad. 03572-00, entre muchas otras).
\n6.\tEn virtud de lo antes dicho, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC852-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00058-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda Trinidad D\u00edaz Dur\u00e1n, contra la Sala Civil Especializada en […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101142","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101142","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101142"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101142\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101142"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101142"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101142"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}