{"id":101144,"date":"2026-07-01T16:50:15","date_gmt":"2026-07-01T16:50:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101144"},"modified":"2026-07-01T16:50:15","modified_gmt":"2026-07-01T16:50:15","slug":"stc854-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc854-2018\/","title":{"rendered":"STC854-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

STC854-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-03593-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Roc\u00edo Granados Lozano, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, integrada por las Magistradas Martha Patricia Guzm\u00e1n \u00c1lvarez, Hilda Gonz\u00e1lez Neira y Ruth Elena Galvis Vergara, as\u00ed como frente al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil No. 2013-00075. <\/p>\n

ANTECEDENTES
\n1. La actora a trav\u00e9s de apoderada, pide la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades judiciales accionadas con las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso declarativo referido, \u00aben cuanto al estudio de los medios probatorios, a la exclusi\u00f3n de alguno de ellos, y en otros al valor probatorio que le otorgan a un CD de la parte pasiva y sus leyendas, sin confrontarse con el restante acervo probatorio, etc.,\u00bb (f. 18). <\/p>\n

No eleva ninguna solicitud pero infiere la Corte que lo pretendido es que se deje sin efecto la decisi\u00f3n de segunda instancia. <\/p>\n

2. En sustento de la inconformidad se aduce, que formul\u00f3 demanda de responsabilidad civil contractual contra la sociedad Emir Kent Representaciones Ltda. y Jorge Nicol\u00e1s Kent Castillo Cortes, por el incumplimiento del contrato de arrendamiento que celebr\u00f3 en calidad de arrendadora el 1\u00ba de marzo de 2010 con los nombrados, en relaci\u00f3n con un local comercial de su propiedad ubicado en la avenida 19 No.104-20 de Bogot\u00e1, con folio matr\u00edcula inmobiliaria N. 050N-1801, estableci\u00e9ndose como canon mensual la suma $24\u2019000.000 y el t\u00e9rmino de duraci\u00f3n fue de seis meses a partir del 1 de marzo de 2010. <\/p>\n

Agrega que en cl\u00e1usula d\u00e9cima tercera, la arrendataria se oblig\u00f3 a mantener el inmueble en buen estado durante el t\u00e9rmino del contrato y a realizar las reparaciones locativas, igualmente pod\u00eda realizar las mejoras que considerara necesarias para el desarrollo de sus actividades comerciales y financieras sin ninguna responsabilidad de la arrendadora. <\/p>\n

Manifiesta que como llegado el d\u00eda de la finalizaci\u00f3n del contrato, en vista que el inmueble no fue entregado en las mismas condiciones en las que lo recibieron, puesto que \u00abestaba en un estado lamentable (\u2026) en estado de semidestrucci\u00f3n techos, pisos y paredes\u00bb, requiri\u00f3 a la sociedad para que lo reparara y el 5 de octubre de ese a\u00f1o \u00e9sta ofreci\u00f3 pagar la suma de $4\u2019500.000 para que se hicieran las reparaciones, oferta que no acept\u00f3., y como el local no fue reparado ni entregado, el 19 de octubre se vio obligada a ingresar con cerrajero y cambiar las guardas. <\/p>\n

Sostiene que agotado el requisito de procedibilidad sin acuerdo, formul\u00f3 la demanda requiriendo el pago de $130\u2019000.000 correspondiente al valor que debi\u00f3 invertir en las reparaciones, juicio que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, Despacho que neg\u00f3 las pretensiones al considerar que no se demostr\u00f3 el incumplimiento del contrato, incurriendo en v\u00eda de hecho por indebida valoraci\u00f3n probatoria \u00abtoda vez, que cercen\u00f3 los medios probatorios arrimados al proceso, de tal suerte que no los examin\u00f3 en desarrollo de los principios de la sana critica\u00bb. <\/p>\n

Informa que apel\u00f3 la determinaci\u00f3n y el Tribunal en sentencia de 26 de septiembre de 2017 la confirm\u00f3, realizando un an\u00e1lisis parcial de algunas de las pruebas, y dando plena credibilidad a lo afirmado por la parte demandada y a las pruebas que \u00e9sta alleg\u00f3 con la contestaci\u00f3n de la demanda, y \u00abextra\u00f1amente\u00bb consider\u00f3 que, \u00abcomo la demandante arrend\u00f3 el local en enero de 2.011 y ha este se hab\u00eda ingresado en oct-10 no estaba en un estado deplorable de conservaci\u00f3n, cuando ello no constituye prueba alguna que estuviera en buen estado o regular estado de conservaci\u00f3n, ES UNA MERA PRESUNCION del Tribunal lo que comparado con los dem\u00e1s medios de prueba no tendr\u00eda como deducirse\u00bb. <\/p>\n

Finalmente reitera que los accionados incurrieron en v\u00eda de hecho por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los medios probatorios, porque no tuvieron en cuenta la totalidad de las pruebas e hicieron una interpretaci\u00f3n parcial de la misma (ff. 7 a 19). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La Juez Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que en el proceso cuestionado, en la audiencia de 1\u00ba de septiembre de 2017 se declararon probadas las excepciones propuestas y se negaron las pretensiones, decisi\u00f3n que apelada por la parte demandante confirm\u00f3 el Tribunal (f. 48). Adem\u00e1s, remiti\u00f3 en medio magn\u00e9tico la totalidad del expediente (Cd, f. 49). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme a lo previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo extraordinario establecido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que esta acci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, apoyado \u00fanicamente en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder ileg\u00edtimo, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las prerrogativas fundamentales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. El problema jur\u00eddico que se somete a consideraci\u00f3n de esta Sala, radica en determinar la posible vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales reclamadas por la accionante Claudia Roc\u00edo Granados Lozano, b\u00e1sicamente porque los despachos accionados en las sentencias acusadas incurrieron en defecto f\u00e1ctico, al valorar indebidamente el acervo probatorio en cuanto a los da\u00f1os causados a su inmueble. <\/p>\n

No obstante, la Sala considera, que la providencia atacada, se encuentra sustentada en los elementos de persuasi\u00f3n obrantes en el expediente los que le dieron al Tribunal fuerza de convicci\u00f3n suficiente para adoptar tal decisi\u00f3n, sin que esa labor valorativa pueda ser catalogada de arbitraria o caprichosa. <\/p>\n

Para resolver lo anterior, una vez escuchada la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo de segundo grado contenida en medio magn\u00e9tico, (Cd, f. 28), la Corte considera, a diferencia de lo expresado por la accionante, que el Tribunal no incurri\u00f3 en la anomal\u00eda alegada en la sentencia de 26 de septiembre de 2017, puesto que, para confirmar la de primer grado proferida por el Juzgado Cuarenta y Nueve Civil del Circuito de Descongesti\u00f3n Bogot\u00e1 de 12 de junio de 2017 que neg\u00f3 las pretensiones de la demandante y aqu\u00ed accionante, se apoy\u00f3 en las pruebas recaudadas y la normativa aplicable a la materia, que le permitieron concluir que no se verificaba el presupuesto de la existencia de la obligaci\u00f3n que deb\u00eda ser cumplida, elemento necesario para la prosperidad de la acci\u00f3n de responsabilidad invocada. <\/p>\n

\u00ab(\u2026) alega la demandante que la sociedad Emir Kent Representaciones Ltda. no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de entregar el inmueble en las condiciones acordadas, asunto que no demostr\u00f3, pues si bien es cierto el 1 de septiembre de 2010, d\u00eda en que deb\u00eda verificarse la entrega, ello no ocurri\u00f3, debido a la discrepancia entre las partes respecto del alcance de la obligaci\u00f3n de retornar el bien; seg\u00fan la demandante, se encontraba deteriorado, en un estado de semidestrucci\u00f3n, techos, pisos y paredes, del techo se retir\u00f3 el Drywall, se encontraban a la vista en forma rustica los cables de las instalaciones el\u00e9ctricas por el retiro de las l\u00e1mparas; las paredes no estaban pa\u00f1etadas, estucadas y pintadas de manera uniforme, not\u00e1ndose el retiro de mejoras que hab\u00edan instalado; se dejaron varios tubos incrustados en el piso, en las paredes donde hab\u00edan colocado los lava cabezas, cambiaron el piso pues inicialmente era de madera. Y para la demandada se exigieron condiciones imposibles de cumplir\u00bb. <\/p>\n

En seguida analiz\u00f3 los registros fotogr\u00e1ficos aportados por las partes, y de ellos concluy\u00f3, en relaci\u00f3n con los allegados con la demanda, <\/p>\n

\u00ab(\u2026) esa parte solicit\u00f3 se tuviera como prueba un CD que contiene dos carpetas, la primera: Registro Fotogr\u00e1fico Recibo Local, con 20 im\u00e1genes fotogr\u00e1ficas en JPEG y la segunda, Registro Fotogr\u00e1fico Final, con un archivo en power point, que aunque no consta su fecha, en ultimas ninguna de las partes hicieron reparo verdaderos respecto de su contenido, es m\u00e1s, el aportado por la demandada que obr\u00f3 inicialmente en la actuaci\u00f3n que se surti\u00f3 ante el centro de conciliaci\u00f3n, evidencia las afirmaciones de la actora referentes al estado en que se encontraba el tan mentado inmueble, por lo que el Sr. Parra Caicedo, seg\u00fan el hecho 15 de la demanda requiri\u00f3 a la sociedad arrendadora para que hiciera las reparaciones necesarias para entregar el local en las mismas condiciones que lo hab\u00eda recibido\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 adem\u00e1s el Tribunal,
\n\u00ab(\u2026) sin que sea menester establecer si se hicieron [las reparaciones] en los estrictos t\u00e9rminos requeridos, lo cierto es que el estado del bien no era precario como se afirm\u00f3 en la demanda. Lo que muestra el cotejo entre las im\u00e1genes al inicio del contrato y al momento de la finalizaci\u00f3n es que se hicieron unas reformas, las que acorde con la cl\u00e1usula d\u00e9cimo tercera estaban autorizadas\u00bb. <\/p>\n

Se dijo igualmente que las comunicaciones y correos electr\u00f3nicos cruzados entre las partes, dejaban ver \u00abque se hicieron diferentes propuestas por cada parte orientadas a la adecuaci\u00f3n del inmueble luego de terminado el contrato\u00bb; y, que, \u00aben escrito firmado por el Representante Legal de la sociedad Emir Kent de fecha 8 de octubre de 2010, dirigido a Mario Alfonso Parra Caicedo, se hace referencia a que accedieron en virtud de la solicitud verbal que les hiciera el 3 de septiembre de ese a\u00f1o, a realizar todos los cambios f\u00edsicos y readecuaci\u00f3n del lugar, entre la semana del 3 al 11 de ese mes y a\u00f1o; y, que desde el 13 de septiembre de 2010 se hizo entrega de las llaves del local\u00bb.
\nM\u00e1s adelante advirti\u00f3 que en la declaraci\u00f3n que rindi\u00f3 Mario Alfonso Parra Caicedo, -quien arrend\u00f3 el inmueble a nombre de la demandante-, <\/p>\n

\u00abdescribi\u00f3 su estado cuando inici\u00f3 el contrato, luego dice que el inmueble se entreg\u00f3 en estado deplorable, por las mejoras que hicieron y retiraron, junto con los escombros que dejaron; cuando se le pregunt\u00f3 si la sociedad demandada ha respondido por las reparaciones, contest\u00f3 que no, luego (\u2026) Inmediatamente pregunt\u00f3 el a-quo, si se hicieron las reparaciones entre octubre del 2010 y el a\u00f1o 2014, respondi\u00f3 que no. Agrega que el bien se encuentra arrendado desde comienzos del a\u00f1o 2011 hasta el 2016 (fecha en que se rindi\u00f3 la declaraci\u00f3n), a Allianz Seguros que llegaron a un acuerdo en el que \u00e9l arreglaba parte del local y ellos nos descontaron la plata de la otra parte, que no est\u00e1 seguro pero que esas reparaciones costaron m\u00e1s de $100.000.000.oo. Si bien desconoci\u00f3 los arreglos que se hicieron luego del 1\u00ba de septiembre de 2010, entre la semana del 3 al 11 de ese mes; m\u00e1s adelante dijo que el inmueble desde el mes de enero de 2011, pocos meses despu\u00e9s de la entrega se arrend\u00f3 a Allianz Seguros, con lo que queda claro que cumpli\u00f3 la demandada con su obligaci\u00f3n, pues para nada se desmejor\u00f3 el bien, tanto que la aseguradora a la fecha de la declaraci\u00f3n a\u00fan se encuentra ocupando el local; y no aparece prueba que acredite las adecuaciones que dijo en parte hizo la nueva arrendataria, y en parte \u00e9l, y que si se hicieron, lo fue por el estado en que fue entregado por la sociedad Emir Kent Representaciones Ltda., o si se realizaron por la nueva destinaci\u00f3n para el cual fue arrendado\u00bb. <\/p>\n

Concluy\u00f3 entonces, \u00ablo que puede inferirse, es que se solicit\u00f3 despu\u00e9s del primero de septiembre algunas reparaciones y que se hicieron, conforme se observa del material fotogr\u00e1fico aportado\u00bb. <\/p>\n

4. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal criticado, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretende la peticionaria del amparo (all\u00ed demandante), es anteponer ahora su propio criterio al de la Corporaci\u00f3n accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n

Esta Sala ha sostenido, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01) y que, \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 00022-01). <\/p>\n

5. De otra parte, como la acci\u00f3n ataca la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas pretendiendo que mediante esta v\u00eda extraordinaria se dirima la controversia que plantea frente a la Corporaci\u00f3n accionada respecto de este asunto, encuentra la Sala improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda excepcional para imponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, porque, es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n

As\u00ed lo ha sostenido la jurisprudencia, determinando que: <\/p>\n

\u00abS\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ. STC. 24. jun. 2004, rad. 00142-01, reiterada en STC 25. ene. 2012, rad. 00001, STC15879-2016, STC17828-2016, y STC16155-2017, 5 oct. rad. 02586-00, entre muchas otras). <\/p>\n

6. Por las razones anotadas, el amparo pedido ser\u00e1 negado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA STC854-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2017-03593-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Roc\u00edo Granados Lozano, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101144","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101144","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101144"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101144\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101144"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101144"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101144"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}