{"id":101149,"date":"2026-07-01T16:51:48","date_gmt":"2026-07-01T16:51:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101149"},"modified":"2026-07-01T16:51:48","modified_gmt":"2026-07-01T16:51:48","slug":"stc860-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc860-2018\/","title":{"rendered":"STC860-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC860-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2017-00439-01 <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Cesar Augusto Olarte Quintero, a trav\u00e9s de su agente oficiosa Mar\u00eda Emilse Zapata vda. de Olarte, contra el Juzgado Primero de Familia de Bello, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el ejecutivo de alimentos n\u00ba 2014-01048. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en representaci\u00f3n legal de su hijo Cesar Augusto Olarte Quintero, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al resolver el litigio en menci\u00f3n. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que con ocasi\u00f3n del divorcio declarado por el Despacho accionado el 22 de febrero de 2006, respecto del matrimonio celebrado por su hijo Cesar Augusto Olarte Quintero y Gloria Cecilia Palacio, se fij\u00f3 como cuota alimentaria a su cargo y para la hija com\u00fan llamada Isabel Cristina, en ese entonces menor de edad, la suma equivalente al 25% del salario m\u00ednimo legal vigente. <\/p>\n

Inform\u00f3 que a ra\u00edz de un accidente de tr\u00e1nsito que sufri\u00f3 su representado el 31 de enero de 2006, tramit\u00f3 el proceso para asumir su cuidado personal y la administraci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez cuyo reconocimiento tambi\u00e9n adelant\u00f3, obteniendo el 15 de enero de 2008 la declaraci\u00f3n judicial de interdicci\u00f3n por discapacidad mental absoluta, y su nombramiento como su curadora general. <\/p>\n

Dijo que como su nieta se encontraba bajo la custodia del padre debido a que la progenitora se hab\u00eda radicado en Espa\u00f1a, le pidi\u00f3 a \u00e9sta que se hiciera al cuidado de la ni\u00f1a debido a las precarias condiciones de salud y econ\u00f3micas de su hijo, y en adelante la comunicaci\u00f3n paterno filial fue \u00abcasi nula\u00bb, enter\u00e1ndose solo que actualmente reside en Inglaterra. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que tras un intento fallido de Isabel Cristina para cobrarle alimentos su progenitor, en el a\u00f1o 2014 instaur\u00f3 de nuevo la demanda en cuyo proceso el querellado dict\u00f3 sentencia el 2 de junio de 2017, \u00abincurriendo\u00bb en los defectos f\u00e1ctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, por cuanto no tuvo en cuenta la edad de la ejecutante, quien para el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda contaba con 22 a\u00f1os de edad, y \u00abno acredit\u00f3 prueba alguna de la necesidad\u00bb de reclamar las mesadas, ni \u00abque haya sufrido problema f\u00edsico o mental que la inhabilite para valerse por s\u00ed misma\u00bb, como tampoco el estado de indefensi\u00f3n por discapacidad en que se halla el padre alimentante, pues el embargo de la pensi\u00f3n que equivale a un salario m\u00ednimo legal, \u00abdisminuye la calidad de vida\u00bb. <\/p>\n

3. Pide se deje sin efecto \u00abtodo lo actuado dentro del proceso ejecutivo de alimentos 2014-01048 (\u2026) ya que no existen pruebas que demuestren la necesidad del alimentante (sic) y la obligaci\u00f3n alimentaria (\u2026) finalizaba el 11 de julio de 2010 momento en que cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad (\u2026)\u00bb; que se ordene la \u00abdevoluci\u00f3n del dinero\u00bb descontado y se \u00abinterrumpa\u00bb el embargo (fls. 1 a 12, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. La funcionaria encartada no se pronunci\u00f3 sobre los hechos y pretensiones de la demanda tutelar, sino que se limit\u00f3 a remitir, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda, copia del expediente contentivo de la actuaci\u00f3n censurada, sin que tales piezas se adosaran a este diligenciamiento por el Tribunal a-quo (fl. 60, ib\u00eddem). <\/p>\n

2. El Personero Auxiliar Delegado en Penal y Familia de Bello tampoco se pronunci\u00f3, aduciendo que no pudo tener acceso al expediente (fl. 69, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. Isabel Cristina Olarte Palacio, quien funge como actora en la ejecuci\u00f3n que es objeto de la queja constitucional, por intermedio de apoderada judicial pidi\u00f3 negar el amparo invocado, se\u00f1alando que lo pretendido por su abuela es desconocer la existencia de una obligaci\u00f3n clara, expresa y exigible que fue \u00abincumplida por el obligado\u00bb, y porque la tutela no atiende el requisito de la inmediatez; agreg\u00f3 que desde el 24 de mayo de 2015 reside con una familia en Inglaterra donde \u00abcuido dos ni\u00f1os\u00bb, estudia el idioma ingl\u00e9s y tambi\u00e9n adelanta \u00abestudios on \u2013line de Educaci\u00f3n Infantil y hacer un voluntario\u00bb, y que con lo que percibe atiende sus gastos b\u00e1sicos mientras que \u00abmis estudios son mensualmente pagados por mi madre\u00bb (fls. 75 y 80, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 \u00abpor improcedente\u00bb el auxilio implorado, al considerar que \u00abla accionada no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho (\u2026) porque la sentencia se dict\u00f3 con fundamento en el t\u00edtulo ejecutivo base de la ejecuci\u00f3n (\u2026) y los dem\u00e1s medios probatorios aportados e incorporados oportuna y regularmente y su valoraci\u00f3n fue realizada conforme a la sana cr\u00edtica, no constituy\u00e9ndose en una actuaci\u00f3n subjetiva, irrazonable o arbitraria\u00bb, y se\u00f1al\u00f3 que la parte ejecutada \u00abfue escuchada permanentemente, se le resolvieron las peticiones por ella presentadas y se le garantizaron sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. A\u00f1adi\u00f3, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, el ejecutivo de alimentos no es el medio id\u00f3neo para entrar a debatir y decidir sobre la necesidad de los alimentos por parte de la demandante ni la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, pues para ello est\u00e1 previsto el proceso de disminuci\u00f3n o el de exoneraci\u00f3n de cuota alimentaria (fls. 82 a 87, cd. 1).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la accionante para insistir en que la autoridad convocada no tuvo en cuenta las disposiciones legales que rigen la \u00abdurabilidad\u00bb de la obligaci\u00f3n alimentaria, ni analiz\u00f3 objetivamente los medios de prueba que sustentan las excepciones as\u00ed como la no exigibilidad de lo causado a partir de cuando la alimentaria cumpli\u00f3 la mayor\u00eda de edad, y que tal prestaci\u00f3n \u00aba la fecha se encontrar\u00eda prescrita\u00bb, pues en adelante se requer\u00eda demostrar tanto la necesidad para continuar asumi\u00e9ndola como la capacidad econ\u00f3mica del alimentante, a quien el salario m\u00ednimo que recibe a t\u00edtulo de pensi\u00f3n \u00abdebe alcanzar para pagar todos sus gastos\u00bb, pues su enfermedad \u00abdej\u00f3 una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 72.70% (\u2026)\u00bb. Agreg\u00f3 que con la decisi\u00f3n censurada, se \u00abprivilegian\u00bb los derechos de la hija sobre los suyos, al mantener \u00abde manera eterna\u00bb los alimentos \u00absin demostrar necesidad alguna\u00bb, ya que ella \u00abtiene una vida establecida en otro pa\u00eds\u00bb mientras \u00e9l \u00abse encuentra en estado de discapacidad absoluta\u00bb (fls. 94 a 99, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo anterior se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2. Bajo estas premisas, atendidos los argumentos de la queja constitucional y previa revisi\u00f3n de las piezas procesales correspondientes, establece la Sala que deber\u00e1 confirmarse la sentencia impugnada mediante la cual se neg\u00f3 el auxilio deprecado, porque no se configura defecto espec\u00edfico de procedibilidad que sea capaz de quebrantar la decisi\u00f3n reprochada, en tanto \u00e9sta obedece a un criterio razonable que impide la intervenci\u00f3n del juez excepcional. <\/p>\n

2.1. En efecto, para que la autoridad accionada adoptara la decisi\u00f3n calendada el 2 de junio de 2017, analiz\u00f3 previamente los presupuestos procesales y enseguida detall\u00f3 las caracter\u00edsticas del t\u00edtulo ejecutivo, precisando que \u00e9ste correspond\u00eda al fallo proferido por el Juzgado Primero de Familia de Bello el 22 de febrero de 2006, en el marco de un proceso de divorcio adelantado entre los padres de la alimentaria, en el cual se tas\u00f3 esa obligaci\u00f3n a cargo del se\u00f1or Cesar Augusto Olarte Quintero, en la cuant\u00eda del 25% del salario m\u00ednimo legal vigente.
\nAs\u00ed, al no hallar reparo en tales exigencias de orden legal, procedi\u00f3 a analizar las defensas planteadas por el ejecutado a trav\u00e9s de su guardadora, entre las que se encontraban las denominadas \u00abprescripci\u00f3n y caducidad\u00bb, \u00abcobro de lo no debido\u00bb, \u00abcapacidad econ\u00f3mica o inembargabilidad de la pensi\u00f3n de invalidez por tener derecho constitucional al m\u00ednimo vital\u00bb, siendo sus argumentos similares a los que ahora trae mediante esta v\u00eda excepcional. <\/p>\n

Al cabo del an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica descrita en la demanda y su cotejo con lo prevenido en el ordenamiento jur\u00eddico y las pruebas adosadas al expediente, el Juzgado declar\u00f3 parcialmente probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, al dejar \u00abvigente la obligaci\u00f3n a partir de marzo de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014\u00bb, y tras desestimar los dem\u00e1s medios exceptivos, orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n por dichas mesadas, y absteni\u00e9ndose de condenar en costas, dispuso la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n

2.2. En suma, se declararon infundados todos aquellos argumentos de la parte ejecutada tendientes a desvirtuar la idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo, as\u00ed como la supuesta inexistencia de la obligaci\u00f3n por el hecho de que la alimentaria rebas\u00f3 su minor\u00eda de edad y que el alimentante se encontraba en estado de interdicci\u00f3n judicial, remiti\u00e9ndose para ello al estudio sobre la existencia y validez del t\u00edtulo base de ejecuci\u00f3n, y por supuesto a la exigibilidad de la prestaci\u00f3n, pues salvo las cuotas afectadas por la alegada prescripci\u00f3n, se orden\u00f3 pagar las que habi\u00e9ndose efectivamente causado, no fueron canceladas a su acreedora.
\n2.3. Valga acotar acerca del estado de salud f\u00edsica y mental del obligado por alimentos, que al juez de la ejecuci\u00f3n no le correspond\u00eda revisar tal situaci\u00f3n para modificar las condiciones para ese cobro compulsivo, y menos bas\u00e1ndose en una eventual ausencia de necesidad de la demandante para reclamar su pago, y no obstante analiz\u00f3 la situaci\u00f3n de discapacidad absoluta en que se hallaba el obligado, y redujo el embargo del 25% al 15% de la pensi\u00f3n de invalidez, como da cuenta el auto dictado el 23 de junio de 2017. <\/p>\n

Esto porque, como lo ha sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, pese a la innegable condici\u00f3n de sujetos de especial protecci\u00f3n que se les reconoce a los discapacitados mentales, y que con ello se les debe garantizar un trato privilegiado, tal circunstancia \u00abno conlleva una exclusi\u00f3n de responsabilidades como la que imagina la recurrente, pues, aun los adultos interdictos siguen sujetos al cumplimiento de sus deberes como padres\u00bb, pues siendo el patrimonio del deudor la prenda general para todos sus acreedores, \u00abdicha regla no encuentra excepci\u00f3n ni siquiera trat\u00e1ndose de incapaces. Por ende, el estado de salud del deudor no impide la ejecuci\u00f3n por los alimentos de su hijo\u00bb (CSJ, STC5434-2016, 28 abr. 2016, rad. 00015-01). <\/p>\n

En ese orden, para demostrar un eventual tratamiento diferencial en este caso frente a otros similares al suyo, el actor no alleg\u00f3 elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, puesto que no precis\u00f3 las condiciones concretas en que a otro ejecutado se le hubiera eximido de pagar alimentos a su acreedor por su condici\u00f3n de discapacidad, para a partir de dicha informaci\u00f3n elaborar el test de igualdad en orden a determinar si en efecto estaba siendo objeto de trato discriminatorio. <\/p>\n

3. Seg\u00fan lo que acaba de verse, contrario a lo afirmado por la actora, las conclusiones a que lleg\u00f3 el Juzgado accionado son l\u00f3gicas y por ende no configuran defecto f\u00e1ctico, sustantivo o de otra \u00edndole, en tanto se soportan en los medios de prueba recaudados en el plenario y se analizaron con sujeci\u00f3n a la normativa aplicable; en esas condiciones, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda, reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en la instancia pertinente, pues valga reiterar que el acto criticado cuenta con una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio razonable. <\/p>\n

Insiste la Sala en que la salvaguarda no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, cuando, como en el presente caso, la actuaci\u00f3n del accionado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las determinaciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder el auxilio, ya que \u00e9ste: <\/p>\n

\u00abno est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterada en STC15028-2017, 21 sep. 2017, rad. 00550-01, entre otras).
\nEn similar sentido la Corte ha dicho que: <\/p>\n

\u00abaunque el sentido de la providencia no se avenga al inter\u00e9s o interpretaci\u00f3n de la impugnante en modo alguno la convierte en caprichosa o arbitraria, ni le permite acudir con \u00e9xito a este mecanismo excepcional, el cual no est\u00e1 concebido \u201c\u2026para obtener un pronunciamiento diferente del que avalaron los Jueces del conocimiento (\u2026), menos a\u00fan si la determinaci\u00f3n cuestionada obedece a una interpretaci\u00f3n racional, la cual, con independencia de su valor doctrinal o de su peso dial\u00e9ctico y con prescindencia de que ciertamente se comparta, no puede ser enjuiciada por el Juez constitucional, quien de hacerlo, se estar\u00eda inmiscuyendo -de manera inconsulta- en el \u00e1mbito propio de otra jurisdicci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 16 may. 2012, rad. 00928-00 reiterada en STC5367-2016, 28 abr. 2016, rad. 00154-01, entre otras). <\/p>\n

4. Por lo dem\u00e1s, una vez dilucidado que la actuaci\u00f3n cuestionada no constituye una v\u00eda de hecho, tambi\u00e9n se proh\u00edja la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal a-quo respecto de que el amparo carece del esencial requisito de la subsidiariedad, pues si lo pretendido por el actor es exonerarse de la cuota alimentaria para con su hija, quien actualmente cuenta con 25 a\u00f1os de edad (fl. 17, ib\u00edd.), la ley ha previsto la pertinente acci\u00f3n ordinaria cuya idoneidad y eficacia no admite reproche, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9 el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 390 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

En un caso de similares contornos jur\u00eddicos, la Sala dijo que \u00ab(\u2026) procede el cumplimiento de lo decidido, sin perjuicio de que el petente, quien ostenta ahora la condici\u00f3n de curador del interdicto, ejerza las acciones que eventualmente estime pertinentes para la revisi\u00f3n o exoneraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n alimentaria de su representado en caso necesario y, en general, para la defensa de sus derechos constitucionales y legales (CSJ, STC 13 oct. 2006, rad. 00624-01). <\/p>\n

En tales condiciones se reitera que el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela no abre camino a la protecci\u00f3n extraordinaria, pues bajo esa perspectiva s\u00f3lo es viable cuando quien la reclama ya se dirigi\u00f3 ante las autoridades competentes para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en los censurables t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. Es decir, proceder\u00eda la tutela cuando no se cuenta con otro mecanismo defensivo, o porque contando con \u00e9l, \u00e9ste resulta inane o ineficaz frente a lo pretendido. <\/p>\n

5. Ahora, frente a la posibilidad de conceder el resguardo como mecanismo transitorio, la Corte no encuentra que se hayan configurado las m\u00ednimas exigencias que hagan posible el auxilio bajo dicha modalidad, comoquiera que para ello se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11397-2017, 3 ago. 2017, rad. 00161-01). <\/p>\n

A tono con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la concesi\u00f3n del auxilio bajo esa modalidad, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11), y como en el caso particular esos elementos determinantes no fueron acreditados, no hay lugar a pronunciamiento adicional <\/p>\n

6. Corolario de lo discurrido, se impone confirmar la desestimaci\u00f3n del auxilio constitucional implorado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC860-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-10-000-2017-00439-01 Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 22 de noviembre de 2017, dentro de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101149","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101149"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101149\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101149"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101149"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101149"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}