{"id":101150,"date":"2026-07-01T16:52:08","date_gmt":"2026-07-01T16:52:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101150"},"modified":"2026-07-01T16:52:08","modified_gmt":"2026-07-01T16:52:08","slug":"stc861-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc861-2018\/","title":{"rendered":"STC861-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC861-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02044-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 5 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado 2014-00234. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa entidad territorial actuando a trav\u00e9s de apoderado, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n judicial accionada. <\/p>\n

2.\tSe extrae de la demanda y sus anexos que, la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba aqu\u00ed tutelante compareci\u00f3 a la audiencia de verificaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n del principio de oportunidad convocada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en virtud de la solicitud de la Fiscal\u00eda 3\u00ba Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la investigaci\u00f3n penal que se adelanta contra el exgobernador de C\u00f3rdoba Alejandro Jos\u00e9 Lyons Muskus por los delitos de peculado y concierto para delinquir. <\/p>\n

En la referida diligencia celebrada el 10 de octubre de 2017, el citado Tribunal, actuando como Juez de Control de Garant\u00edas, neg\u00f3 el reconocimiento del Ente Departamental como v\u00edctima dentro del proceso, postura que ratific\u00f3 al resolver el recurso de reposici\u00f3n interpuesto al considerar que el dinero defraudado por el exgobernador correspond\u00eda a las regal\u00edas transferidas por el Estado al Departamento, por tanto, concern\u00eda a la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica ejercer la representaci\u00f3n en defensa de los dineros de la Naci\u00f3n comprometidos en los hechos denunciados; y finalmente, convalid\u00f3 la petici\u00f3n de la Fiscal\u00eda con relaci\u00f3n a la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad en favor del imputado. <\/p>\n

Cuestion\u00f3 la accionante dicha determinaci\u00f3n por cuanto asegura que s\u00ed fue afectada de manera directa por el actuar delictivo de Lyons Muskus, toda vez que, contrario a lo argumentado por la Colegiatura aqu\u00ed acusada, las regal\u00edas \u00ab(\u2026) una vez asignadas directamente al Departamento (\u2026) pasan a ser parte de los estados financieros del Departamento y se crea un certificado de disponibilidad presupuestal (\u2026) [recursos] manejados a trav\u00e9s del Fondo de Ciencia, Tecnolog\u00eda e Innovaci\u00f3n con [una] administraci\u00f3n directa del Gobernador(\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Adicionalmente critic\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad \u00abcon demasiadas concesiones\u00bb al procesado, lo que resulta, seg\u00fan afirm\u00f3, contrario a la legalidad y vulnera los derechos de la entidad Departamental como v\u00edctima de las conductas punibles. <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Fiscal 3\u00ba Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jaime Camacho Fl\u00f3rez, se\u00f1al\u00f3 que en el asunto en cuesti\u00f3n la representaci\u00f3n de la v\u00edctima siempre desde el inicio estuvo radicada en cabeza de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, y que antes de la diligencia mencionada el Departamento accionante no se hab\u00eda hecho presente en el tr\u00e1mite. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el Magistrado director de la audiencia, en esa ocasi\u00f3n y como uno de los fundamentos para negar el reconocimiento como v\u00edctima a la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba, advirti\u00f3 \u00abel evidente conflicto de intereses\u00bb de esa entidad, dado que, el Gobernador actual \u00abaparece en la matriz de colaboraci\u00f3n\u00bb, es decir, es una de las personas en contra de la cuales el imputado Lyons Muskus va a declarar (f. 88, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tLa Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada, indic\u00f3 que en ejercicio de la funci\u00f3n de control de garant\u00edas le correspondi\u00f3 resolver la solicitud de la Fiscal\u00eda 3\u00aa Delegada ante la Corte Suprema de Justicia e imparti\u00f3 legalidad a la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad en favor del procesado Lyons Muskus. <\/p>\n

Precis\u00f3 que neg\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba el reconocimiento como v\u00edctima dentro del tr\u00e1mite penal esencialmente porque \u00abNo basta con presentar documentos generales para demostrar la condici\u00f3n de v\u00edctimas, sino que se requiere probar, al menos sumariamente, cu\u00e1l fue el da\u00f1o ocasionado con la comisi\u00f3n de los il\u00edcitos (\u2026) [porque] puede existir un conflicto de intereses con la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba, conforme lo dispone el art\u00edculo 137 de la Ley 600 de 2000, como quiera que el actual Gobernador de ese Departamento es uno de los funcionarios contra quien declarar\u00e1 el beneficiado con el principio de oportunidad (\u2026) [y porque] [d]esde la audiencia de imputaci\u00f3n se encuentra reconocida como v\u00edctima, en representaci\u00f3n del Estado, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, toda vez que las regal\u00edas, en su mayor\u00eda, fueron trasladadas por parte de la Naci\u00f3n al Departamento\u00bb. <\/p>\n

Destac\u00f3 que frente a esa decisi\u00f3n solo procede el recurso de reposici\u00f3n \u00abpor tratarse de un proceso de competencia para el Juzgamiento de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia\u00bb, recurso que fue resuelto negativamente en la misma audiencia (ff. 89 a 91, ib.). <\/p>\n

3.\tEl abogado defensor del imputado Alejandro Jos\u00e9 Lyons Muskus, sostuvo que la motivaci\u00f3n de la tutela \u00abno guarda relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n respecto de la cual se promueve la acci\u00f3n\u00bb dado que, la demandante genera confusi\u00f3n al efectuar cuestionamientos frente a la decisi\u00f3n de no admitir su participaci\u00f3n en el curso procesal, mientras que la pretensi\u00f3n principal la dirige contra la providencia que valid\u00f3 el principio de oportunidad en favor del imputado. <\/p>\n

Manifest\u00f3 que lo que busca el peticionario Representante de la entidad accionante es \u00abrevivir la discusi\u00f3n en torno a si la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba est\u00e1 legitimada y tiene inter\u00e9s jur\u00eddico para participar e interponer recursos en el tr\u00e1mite de una audiencia que es distinta de aquella en la cual se emiti\u00f3 pronunciamiento (\u2026)\u00bb y con argumentos y pruebas distintos de los presentados a la citada diligencia lo que \u00ab(\u2026) excede por completo el objeto de la acci\u00f3n de tutela\u00bb (ff. 94 a 97, \u00eddem).
\nFALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Para la Sala a quo los argumentos empleados por el Magistrado con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas accionado para negarle a la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba el reconocimiento como v\u00edctima, configuran un defecto material o sustantivo que desconoce los derechos invocados de la accionante y en consecuencia, concedi\u00f3 la salvaguarda. <\/p>\n

Precis\u00f3 en primer t\u00e9rmino que en delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica resulta viable la intervenci\u00f3n de un n\u00famero plural de afectados, resaltando que la participaci\u00f3n de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica no excluye ni desplaza a la persona jur\u00eddica directamente perjudicada por los delitos, todo lo contrario, pueden concurrir (cit\u00f3 sentencia C-228 de 2002 de la Corte Constitucional). <\/p>\n

Respecto al presunto conflicto de intereses que podr\u00eda surgir si se tiene en cuenta que entre las delaciones a que se comprometi\u00f3 Alejandro Lyons a brindar a la Fiscal\u00eda figura el nombre del actual gobernador de C\u00f3rdoba, indic\u00f3 la Sala Hom\u00f3loga que tal circunstancia no constituye \u00abuna barrera infranqueable para que la persona jur\u00eddica directamente afectada ejerza sus derechos y obtenga el resarcimiento de los perjuicios como v\u00edctima, pues se reitera que el apoderado de la Gobernaci\u00f3n concurre en representaci\u00f3n del ente territorial, m\u00e1s no de la persona natural que en la actualidad regenta el cargo de gobernador\u00bb. <\/p>\n

Advirti\u00f3 adem\u00e1s que el Departamento s\u00ed demostr\u00f3 la afectaci\u00f3n y acredit\u00f3 el inter\u00e9s real en el asunto, entre otras cosas porque la intervenci\u00f3n de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, conforme a lo expresado en la audiencia, se circunscribi\u00f3 m\u00e1s a presentarse como el \u00d3rgano de Control Fiscal y no en calidad de v\u00edctima propiamente, sin tener en cuenta los intereses de la Gobernaci\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia resolvi\u00f3 reconocer \u00abla calidad de v\u00edctima a la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba para que intervenga en el proceso penal con radicaci\u00f3n 11001-60-001-02-2014-00234-06, seguido contra Alejandro Jos\u00e9 Lyons Muskus (\u2026)\u00bb, dispuso dejar sin efectos jur\u00eddicos la actuaci\u00f3n surtida en dicho proceso \u00abdesde el momento en que se neg\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba su reconocimiento como v\u00edctima\u00bb, y orden\u00f3 \u00abal Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 aqu\u00ed demandado que en el t\u00e9rmino improrrogable de cinco (5) d\u00edas, contados desde la notificaci\u00f3n del presente prove\u00eddo: convoque a audiencia a las partes e intervinientes del proceso con radicaci\u00f3n 11001-60-001-02-2014-00234-06\u2013 incluyendo al apoderado judicial de la Gobernaci\u00f3n del Departamento de C\u00f3rdoba, para que act\u00fae en calidad de v\u00edctima, rehaga la diligencia de verificaci\u00f3n de la legalidad de la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad, garantizando a los sujetos procesales que efect\u00faen la controversia que a bien tengan, [y] adopte la decisi\u00f3n que corresponda\u00bb (ff. 113 a 157, cd.1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el defensor de Alejandro Jos\u00e9 Lyons Muskus, quien refuta los argumentos de la Sala a quo y expone las siguientes r\u00e9plicas: <\/p>\n

Se\u00f1ala que permitir el acceso de la accionante como interviniente al proceso penal en cuesti\u00f3n implicar\u00eda \u00absacrificar el inter\u00e9s de la justicia\u00bb generando un conflicto de intereses, pues se le estar\u00eda concediendo una posici\u00f3n privilegiada al representante del ente territorial obligando a la Fiscal\u00eda a \u00abhacer un descubrimiento anticipado de prueba, que contrar\u00eda la din\u00e1mica propia del sistema acusatorio, revelando los detalles de la colaboraci\u00f3n en contra de quien funge como representante legal de la misma entidad\u00bb. <\/p>\n

Considera que admitir la presencia de un n\u00famero plural de v\u00edctimas desconfigura la estructura de igualdad de armas que pregona el sistema penal acusatorio. Destac\u00f3 que la Corte Constitucional en precedencia estableci\u00f3 que el juez en el juicio oral cuenta con la potestad de limitar la intervenci\u00f3n de las v\u00edctimas a un umbral que no supere el n\u00famero de defensores que representen el acusado, circunstancia que debe extenderse a todas las etapas del proceso. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la tutela no cumple con el requisito de la inmediatez, puesto que no se atendi\u00f3 un t\u00e9rmino \u00abrazonable\u00bb para su interposici\u00f3n, ya que \u00abal haber transcurrido m\u00e1s de un mes entre la celebraci\u00f3n de la audiencia y la presentaci\u00f3n de la demanda de tutela, ese plazo resulta irrazonable, si se tiene en cuenta que era previsible que el se\u00f1or Lyons empezara a ejecutar los compromisos derivados del principio de oportunidad con anterioridad y que si el verdadero inter\u00e9s era asegurar la representaci\u00f3n de los intereses del ente territorial y no los de su representante legal, debi\u00f3 haber promovido la acci\u00f3n inmediatamente\u00bb. <\/p>\n

Resalt\u00f3 finalmente que, no existe vulneraci\u00f3n alguna derivada de la decisi\u00f3n que accedi\u00f3 a la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad en favor de su mandatario, comoquiera que la causal legal aplicada (art\u00edculo 324 numeral 4\u00ba, Ley 906 de 2004) no comprende expresamente la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o causado para su concesi\u00f3n, que es precisamente la pretensi\u00f3n esencial de la Gobernaci\u00f3n, y \u00abde otra parte el representante de la Gobernaci\u00f3n no ha cuestionado el cumplimiento de los requisitos legales previstos en las causales utilizadas\u00bb (ff. 166 a 179, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDel examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona el que no se haya reconocido como v\u00edctima de las conductas penales de Alejandro Jos\u00e9 Lyons Muskus a la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba y en consecuencia se le impidiera participar en la audiencia de control de legalidad del principio de oportunidad solicitado en favor de aquel, por tanto, se centra el requerimiento en que se deje sin efectos la decisi\u00f3n que aprob\u00f3 el referido instituto procesal que suspende la persecuci\u00f3n penal. <\/p>\n

Entre tanto, el apelante, defensor en la causa del beneficiario del principio de oportunidad, refut\u00f3 los argumentos de la Sala a quo, y haciendo suyo el razonamiento del Tribunal accionado al momento de proferir la providencia criticada, insisti\u00f3 en el conflicto de intereses que se prev\u00e9 en caso de admitir en el asunto la intervenci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba por ser el actual Gobernador parte de la lista de personas contra quien declarar\u00e1 el procesado; tambi\u00e9n hizo alusi\u00f3n a la limitaci\u00f3n legal de aceptar en la audiencia un n\u00famero plural de v\u00edctimas en armon\u00eda con el principio de igualdad de armas; destac\u00f3 el incumplimiento del requisito de inmediatez y finaliz\u00f3 se\u00f1alando que no existe la vulneraci\u00f3n atribuida a la providencia atacada, pues la causal aplicada, la 4\u00aa, del art\u00edculo 324 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, no conlleva la exigencia del resarcimiento o reparaci\u00f3n del perjuicio provocado, justamente el prop\u00f3sito de la Gobernaci\u00f3n, ya que resulta suficiente la presencia de la Contralor\u00eda en representaci\u00f3n de la Naci\u00f3n, entendiendo que los dineros apropiados proven\u00edan de las regal\u00edas, cuyo titular es el Estado. <\/p>\n

3. Ahora, \tpreliminarmente \tanticipa la Corte la convalidaci\u00f3n del fallo \tconstitucional recurrido y en consecuencia, refrenda la prosperidad \tdel resguardo en los t\u00e9rminos expresados por la a \tquo, \tcomoquiera que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, \tSala Penal, ejerciendo la funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas \ten el marco del control legal del principio de oportunidad, como ya \tse indic\u00f3, neg\u00f3 el reconocimiento y participaci\u00f3n \tde la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba en la diligencia, \tincurriendo en un defecto material o sustantivo, como se explicar\u00e1. <\/p>\n

Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n formulada, se abordar\u00e1n los argumentos expuestos por el censor, en el orden en que fueron enunciados en el escrito de censura. <\/p>\n

3.1.\t El conflicto de intereses que proyecta el recurrente y que advierte como obst\u00e1culo principal para el reconocimiento invocado por la accionante, no es argumento de recibo por esta Corte, en tanto, qued\u00f3 claro en el pronunciamiento del apoderado de la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba que su intenci\u00f3n no es prohijar intereses particulares del titular de la entidad, por el contrario, fue puntual en recalcar que su presencia obedec\u00eda a la aspiraci\u00f3n que la Persona Jur\u00eddica \u2013 Departamento \u2013 tiene de hacer parte del litigio en calidad de interviniente especial por haber sido la directamente afectada con los comportamientos delictivos de Lyons Muskus; al respecto manifest\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) este representante no est\u00e1 cayendo aqu\u00ed en paraca\u00eddas ni estoy representando la camiseta de una persona, ni del gobernador, estoy representando al Departamento de C\u00f3rdoba, sus intereses, porque el Departamento recibi\u00f3 un da\u00f1o efectivo a trav\u00e9s de esos contratos que se adelantaron en la administraci\u00f3n de Alejandro Lyons, en el periodo de gobierno de 2012 al 2015, y esos dineros se truncaron para la entidad. No estoy hablando en forma personal, estoy hablando en nombre del Departamento (\u2026)\u00bb (Disco compacto n\u00ba1, audio 1 mvi 0056, minuto 18:45 a 23:14, f. 48, ib.) <\/p>\n

Adicionalmente se\u00f1ala el impugnante, que admitir la presencia del ente territorial en la causa entorpecer\u00eda la investigaci\u00f3n que la Fiscal\u00eda se dispone adelantar en contra del actual gobernador, en virtud de la cooperaci\u00f3n a la que Lyons Muskus se comprometi\u00f3 como requisito para ser acogido por el principio de oportunidad; de esta forma, asegura que la Fiscal\u00eda se obligar\u00eda a efectuar un descubrimiento probatorio prematuro perturbando el regular curso de la indagaci\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto debe precisar la Sala que la participaci\u00f3n de la Gobernaci\u00f3n en la audiencia referida no condiciona la eventual apertura de la investigaci\u00f3n contra el vigente Gobernador cordob\u00e9s, en primer lugar porque, en todo caso la matriz de colaboraci\u00f3n confeccionada y en general las declaraciones que convino aportar el imputado, no se agotan en ese escenario (audiencia de control judicial del principio de oportunidad) sino que trascienden dicho contexto y, como se explica de la decisi\u00f3n rebatida, su pertinencia queda supeditada a la evaluaci\u00f3n posterior de sus alcances y efectos durante el t\u00e9rmino de la suspensi\u00f3n de la persecuci\u00f3n penal; y se itera, no es la persona natural quien pretende comparecer, es la Persona Jur\u00eddica que se presenta al tr\u00e1mite porque en definitiva demostr\u00f3, por lo menos sumariamente, verse igualmente afectada con la defraudaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos endilgada al procesado. <\/p>\n

3.2.\tSeguidamente apunt\u00f3 el apoderado del exfuncionario, que la din\u00e1mica del sistema penal acusatorio impide el desequilibrio adversarial en todas las etapas, por tanto, aduce que la limitaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n de las v\u00edctimas, de acuerdo al n\u00famero de defensores existentes, debe canalizarse incluso en la fase de investigaci\u00f3n; al respecto la Corte Constitucional al analizar la exequibilidad de los art\u00edculos 11 -ordinales d) y h); 136 -numeral 11, 137 numeral 4; y 340 entre otros, decant\u00f3 con suficiencia esa discusi\u00f3n en la sentencia C-517 de 2007: <\/p>\n

\u00abTeniendo en cuenta que la limitaci\u00f3n que establece la norma se impone durante la investigaci\u00f3n, etapa que configura un espacio procesal con enorme valor en t\u00e9rminos de b\u00fasqueda de la verdad y de obtenci\u00f3n de los soportes f\u00e1cticos para perseguir justicia y reparaci\u00f3n, resulta supremamente lesivo para los intereses de la v\u00edctima privarla, si el fiscal as\u00ed lo considera, de una asistencia t\u00e9cnica para el impulso de su causa. <\/p>\n

En esta etapa se pueden adoptar decisiones que adem\u00e1s de trascendentales para sus intereses son de claro contenido t\u00e9cnico jur\u00eddico como la adopci\u00f3n de medidas cautelares sobre bienes del imputado (92), la aplicaci\u00f3n del principio de oportunidad (324), la celebraci\u00f3n de acuerdos para la terminaci\u00f3n anticipada del proceso (348 y 350), entre otras, en las cuales los intereses de la v\u00edctima no necesariamente coinciden con los del Fiscal, y en las que la inasistencia jur\u00eddica puede configurar una significativa obstrucci\u00f3n a su derecho a un recurso judicial efectivo. Adicionalmente, una intervenci\u00f3n plural de v\u00edctimas a trav\u00e9s de sus representantes durante la investigaci\u00f3n no tiene la virtualidad de introducir un ingrediente perturbador o de desequilibrio al modelo dise\u00f1ado por la Ley 906 de 2004, por cuanto como lo ha se\u00f1alado la Corte el componente adversarial del sistema se presenta de manera clara en la fase del juicio oral. <\/p>\n

Por el contrario, una intervenci\u00f3n calificada y plural de las v\u00edctimas durante la investigaci\u00f3n puede contribuir a fortalecer la actividad de la Fiscal\u00eda orientada a asegurar los elementos materiales probatorios, y a dotarla de mejores elementos de juicio para definir si formula imputaci\u00f3n y luego acusaci\u00f3n, sin que ello signifique propiciar una reacci\u00f3n desproporcionada contra la persona investigada, puesto que la audiencia de imputaci\u00f3n se practica ante el juez de control de garant\u00edas y la de acusaci\u00f3n (con la que se inicia el juicio) ante el de conocimiento, actuaciones \u00e9stas gobernadas por espec\u00edficas reglas de intervenci\u00f3n de los actores procesales, definidas por el legislador y aplicadas por el juez. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la limitaci\u00f3n que impone el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 137 al derecho de postulaci\u00f3n de las v\u00edctimas para intervenir durante la investigaci\u00f3n resulta desproporcionada, pues no hace aportes significativos a los fines que pretende proteger, en tanto que s\u00ed priva a las v\u00edctimas de valiosas posibilidades de acceso eficaz a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n

La jurisprudencia rese\u00f1ada, luce suficientemente clara para destacar la inexactitud en que incurre el apelante al persistir en el argumento de la restricci\u00f3n num\u00e9rica para los representantes de v\u00edctimas respecto de la defensa y que debe extenderse a los estadios preliminares del proceso y no solo circunscribirse a los alegatos de conclusi\u00f3n.
\nLuego, sobre la validez de la confluencia del Estado y los entes territoriales, como v\u00edctimas en el marco de un juicio penal por delitos contra el erario (el primero representado por la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica), el citado Tribunal Constitucional, precis\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026)En efecto, el art\u00edculo 267 de la Carta establece que la finalidad constitucional de la Contralor\u00eda es la de realizar el control de la gesti\u00f3n fiscal de la administraci\u00f3n y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Naci\u00f3n, para lo cual puede incluso promover procesos penales (art\u00edculo 268, numeral 8, CP). Sin embargo, si bien la Contralor\u00eda tiene un inter\u00e9s en la recuperaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, ese inter\u00e9s no es excluyente ni exclusivo, sino principal, y puede concurrir con el inter\u00e9s que tiene la entidad perjudicada en la recuperaci\u00f3n del patrimonio perdido, habida cuenta de que las entidades son las responsables directas de la gesti\u00f3n fiscal y, por ende, tambi\u00e9n tienen inter\u00e9s en la reparaci\u00f3n pecuniaria. <\/p>\n

Adicionalmente, la entidad perjudicada puede estar interesada no s\u00f3lo en la recuperaci\u00f3n del patrimonio p\u00fablico, sino, por ejemplo, tambi\u00e9n tener inter\u00e9s en esclarecer con detalle los hechos para, luego, examinar los factores internos, de diverso orden, que contribuyeron a la realizaci\u00f3n del hecho punible. Por ello, encuentra la Corte que el desplazamiento o exclusi\u00f3n por la Contralor\u00eda, de la entidad p\u00fablica perjudicada, vulnera sus derechos a acceder a la justicia (art\u00edculo 229, CP) y le impide el goce efectivo de sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n

Por lo tanto, la Corte declarar\u00e1 la inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u201cen forma prevalente y desplazar la constituida por las entidades mencionadas\u201d, contenida en el inciso 2 del art\u00edculo 137 de la Ley 600 de 2000. Entonces, tanto la Contralor\u00eda como la entidad p\u00fablica perjudicada pueden concurrir como parte civil en el proceso penal\u00bb (C.C. S C-228\/02).
\nPostura ratificada por la Sala Especializada de esta Corporaci\u00f3n en CSJ. AP. 29 may. 2013. Rad. 28016 al aclarar que: <\/p>\n

(\u2026) el anterior reconocimiento se ordenar\u00e1 sin perjuicio del previamente dispuesto respecto de la C\u00e1mara de Representantes, como quiera que de conformidad con la Sentencia C-228 del 3 de abril de 2002, es perfectamente viable la actuaci\u00f3n concurrente de la persona jur\u00eddica de derecho p\u00fablico eventualmente perjudicada con la comisi\u00f3n del delito y de la Contralor\u00eda\u00a0General\u00bb Negrillas de la Corte. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la concurrencia en el tr\u00e1mite judicial, en la fase de investigaci\u00f3n concretamente, de personas naturales o jur\u00eddicas que se revelen afectadas resulta admisible, siempre y cuando prueben, por lo menos sumariamente, la legitimidad de su reclamaci\u00f3n seg\u00fan el detrimento que logren acreditar derivado del delito investigado. <\/p>\n

3.3.\tTambi\u00e9n arguye el censor como criterio de improcedencia de la salvaguarda, el incumplimiento del presupuesto de la inmediatez, porque, dado el apremio que impon\u00eda la protecci\u00f3n constitucional y el conocimiento in situ de los hechos, debi\u00f3 acudir a este instrumento con la urgencia que ameritaba, y el que se haya interpuesto la tutela pasado un mes desde la presunta configuraci\u00f3n del hecho vulnerador, contraviene el aludido requisito. <\/p>\n

La Sala ha sido enf\u00e1tica y consistente en el concepto del plazo razonable para hacer efectiva y cierta la salvaguarda constitucional, previendo un lapso no superior a los seis (6) meses dentro de los cuales puede ejercerse la acci\u00f3n, en tal sentido repetidamente ha apuntado: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691-00). <\/p>\n

Y es que esta Corporaci\u00f3n ha admitido que si bien no existe un t\u00e9rmino de caducidad, la fijaci\u00f3n de un periodo prudente para acceder a la tutela \u2013 un semestre \u2013 responde al prop\u00f3sito y esp\u00edritu de la acci\u00f3n de acuerdo a la preponderancia de los derechos que con ella se pretenden proteger. <\/p>\n

Es cierto, el presupuesto aludido no es axioma absoluto y debe examinarse en cada caso concreto con miras a determinar si el plazo antedicho es viable sortearlo o no; sin embargo, no es un asunto que se deja al arbitrio de las partes, corresponde al Juez de tutela ponderarlo y ajustarlo a los precedentes, lo que no implica que sea inamovible ante excepcionales circunstancias, pero, demandar un t\u00e9rmino inferior al se\u00f1alado resulta a todas luces excesivo y claramente incompatible con la finalidad del mecanismo constitucional; raz\u00f3n por la cual, no puede acogerse el argumento que pretende imponer el impugnante de considerar el exiguo transcurso de un mes entre el proferimiento cuestionado y la radicaci\u00f3n de la tutela como suficiente para desestimarla por la falta de inmediatez. <\/p>\n

3.4. Finalmente, pretexta el inconforme que la providencia que aval\u00f3 el instituto jur\u00eddico discutido no comporta una transgresi\u00f3n cierta de los derechos fundamentales invocados, por cuanto la causal prevista, para su aplicaci\u00f3n, no implica per se la reparaci\u00f3n o indemnizaci\u00f3n de las v\u00edctimas, pese a que, con el fin de ahondar en garant\u00edas, la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, estipul\u00f3 que el beneficiario como parte del convenio, deb\u00eda restituir la totalidad de los dineros desviados como reparaci\u00f3n del injusto. <\/p>\n

\u00abDe conformidad con lo que establece el art\u00edculo 328 de la Ley 906 de 2004, el fiscal debe \u201ctener en cuenta los intereses de la v\u00edctima\u201d al aplicar el principio de oportunidad. Considera la Corte que es necesario precisar el sentido de las expresiones \u201cintereses de la v\u00edctima\u201d, y \u201ctener en cuenta,\u201d empleadas en el art\u00edculo 328. En relaci\u00f3n con la expresi\u00f3n \u201cintereses\u201d, observa la Corte que \u00e9sta no se circunscribe al eventual inter\u00e9s econ\u00f3mico de la v\u00edctima que busca la reparaci\u00f3n del da\u00f1o causado por el delito. Como quiera que la v\u00edctima acude al proceso penal para obtener la satisfacci\u00f3n de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparaci\u00f3n, y as\u00ed se reconoce en la misma Ley 906 de 2004, la expresi\u00f3n se refiere en realidad a los derechos de las v\u00edctimas, por lo que al aplicar el principio de oportunidad el Fiscal deber\u00e1 considerar tales derechos integralmente, no un mero inter\u00e9s econ\u00f3mico. <\/p>\n

Adicionalmente, precisa la Corte que la locuci\u00f3n \u201ctener en cuenta\u201d significa valorar de manera expresa los derechos de las v\u00edctimas, a fin de que \u00e9sta pueda controlar esa decisi\u00f3n ante el juez de control de garant\u00edas y tenga fundamento material para apelar la decisi\u00f3n del juez que estime lesiva de sus derechos (\u2026). <\/p>\n

Cabe se\u00f1alar que dicha valoraci\u00f3n implica sopesar los derechos de las v\u00edctimas, as\u00ed como los fines p\u00fablicos que justifican, seg\u00fan los casos previstos en la ley, aplicar el principio de oportunidad. En varias causales la estructura de las mismas incluye la necesidad de sopesar los intereses y derechos relevantes previstos en la misma causal\u00bb. <\/p>\n

Bajo esa comprensi\u00f3n, queda claro que m\u00e1s all\u00e1 de que la causal estimada imponga o no de manera espec\u00edfica para su concesi\u00f3n la indemnizaci\u00f3n de la v\u00edctima, no es la reivindicaci\u00f3n pecuniaria lo \u00fanico que justifica la legitimaci\u00f3n de la intervenci\u00f3n de aquella en el tr\u00e1mite del principio de oportunidad, pues le concierne tambi\u00e9n a la Fiscal\u00eda sopesar, de manera integral, los intereses y prop\u00f3sitos que \u00e9sta pueda acreditar, por lo tanto, se advierte insuficiente el que se tenga como participante excepcional a la Contralor\u00eda en asuntos de delitos contra los recursos de la administraci\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n

Sobre el tema, en providencia que huelga reiterar, citada por el a quo, al abordar una discusi\u00f3n an\u00e1loga, la Sala de Casaci\u00f3n Penal en lo pertinente sostuvo: <\/p>\n

\u00ab[C]iertamente corresponde a las Contralor\u00edas Departamentales la defensa del tesoro municipal, pero no es v\u00e1lido el argumento seg\u00fan el cual el municipio deber\u00e1 ceder cualquier pretensi\u00f3n de constituirse como perjudicado (\u2026) <\/p>\n

(\u2026) de lo anterior se desprende que la procurada limitaci\u00f3n para que la contralor\u00eda (\u2026) sea reconocida como perjudicada, no existe desde el punto legal, con mayor raz\u00f3n, cuando su inter\u00e9s puede diferir del objetivo que pudiera tener el ente municipal y que hasta ahora no ha manifestado dentro del proceso penal. <\/p>\n

Ahora bien, ha de recalcar la Sala que tal reconocimiento no es excluyente ni exclusivo, dado que el ente territorial tambi\u00e9n puede acudir al proceso, sin que la ley atribuya prelaci\u00f3n al inter\u00e9s del \u00f3rgano de control fiscal frente al de otras entidades que se consideren perjudicadas con la comisi\u00f3n de la conducta punible\u00bb (CSJ AP1157-2015, 4 mar. 2015, rad. 44629). <\/p>\n

4.\tAhora bien, en comunicaci\u00f3n con el Tribunal accionado se obtuvo la informaci\u00f3n que el pasado 14 de diciembre de 2017, y en cumplimiento del mandato tutelar de primer grado, se reinstal\u00f3 la audiencia de control judicial del principio de oportunidad, reconociendo de antemano la calidad de v\u00edctima de la aqu\u00ed accionante, Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba, diligencia de la cual se aporta el Acta (ff. 3 y 4, cd. Corte) en la que consta su desarrollo y la decisi\u00f3n adoptada, y donde se precisa que frente a esa determinaci\u00f3n no se interpuso recurso alguno. <\/p>\n

Tal situaci\u00f3n podr\u00eda entenderse como la superaci\u00f3n del hecho vulnerador configurando la carencia actual de objeto, que relevar\u00eda a esta Sala de desarrollar las anteriores consideraciones, sin embargo, en lo que al proceso de tutela se refiere, la carencia de objeto solo se da cuando en el intervalo comprendido entre la interposici\u00f3n de la tutela y el momento en que el juez de primera instancia emite el fallo correspondiente se repara la amenaza o vulneraci\u00f3n del derecho cuya protecci\u00f3n se ha solicitado. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no es posible declarar tal presupuesto porque, se reitera, el resarcimiento de la afectaci\u00f3n debi\u00f3 suceder antes de que se emitiera la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n, mas no con ocasi\u00f3n del cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas por el juez de primer nivel. <\/p>\n

5. \tCon fundamento en lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo objeto de opugnaci\u00f3n. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y procedencia se\u00f1aladas. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC861-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2017-02044-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101150","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101150"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101150\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}