{"id":101153,"date":"2026-07-01T16:53:16","date_gmt":"2026-07-01T16:53:16","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101153"},"modified":"2026-07-01T16:53:16","modified_gmt":"2026-07-01T16:53:16","slug":"stc880-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc880-2018\/","title":{"rendered":"STC880-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC880-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00081-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte, la acci\u00f3n de tutela promovida por Carolina Mu\u00f1oz Ospina contra el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado y la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n y a todas las autoridades judiciales, partes e intervinientes en el proceso penal conocido bajo el radicado 2015-80115. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, que considera vulnerados por las autoridades accionadas porque no tuvieron en cuenta en sus decisiones el preacuerdo suscrito con la fiscal\u00eda por cuanto se apartaron de las normas reguladoras y le dieron una indebida aplicaci\u00f3n en el momento de la dosificaci\u00f3n de la pena que le fue impuesta a tal punto que la misma se encuentra desproporcionada, lo que origin\u00f3 una decisi\u00f3n contraria a derecho. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia se ordene a los accionados \u00abla modificaci\u00f3n de la pena privativa de la libertad que fue dosificada en las referenciadas decisiones judiciales y se le redosifique y\/o determine nuevamente la pena y\/o sanci\u00f3n privativa de la libertad a imponer en armon\u00eda con las circunstancias y normas aplicables para el caso en concreto\u00bb [Folio 52,c,1] <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. El 19 de junio de 2015, en el aeropuerto el Dorado de Bogot\u00e1, las autoridades aduaneras hallaron que la accionante junto con GUSTAVO ALONSO OSPINA GALLEGO y ANDR\u00c9S FELIPE MORA GALL\u00d3N, pasajeros procedentes de un vuelo de Ciudad de M\u00e9xico, llevaban consigo en maletas de doble fondo 262.300, 261.700 y 262.300 d\u00f3lares en efectivo, respectivamente, sin que declararan el ingreso de tales sumas ni dieron explicaci\u00f3n alguna acerca de su origen. <\/p>\n

2. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, al d\u00eda siguiente, les atribuy\u00f3 a los presuntos delitos de \u00abLavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares y concierto para delinquir agravado\u00bb, seg\u00fan los art\u00edculos 323, 327 y 340 inciso 2\u00ba de la Ley 599 de 2000, actual C\u00f3digo Penal, con las modificaciones introducidas por los art\u00edculos 42 de la Ley 1453 de 2011 y 14 de la Ley 890 de 2004. Los imputados no aceptaron cargos. <\/p>\n

3. Posteriormente, el ente acusador suscribi\u00f3 un preacuerdo con los procesados que fue rechazado por el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1. <\/p>\n

Luego, presentaron otro preacuerdo, a la postre aprobado por dicho funcionario, en el sentido de aceptar la imputaci\u00f3n por los delitos de \u00ablavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares\u00bb, con la adici\u00f3n de las circunstancias obrantes en los art\u00edculos 55 numeral 1 (ausencia de antecedentes penales) y 58 numeral 10 (obrar en coparticipaci\u00f3n criminal), a cambio de imponer la respectiva pena para el c\u00f3mplice. Adicionalmente, la Fiscal\u00eda solicit\u00f3 la preclusi\u00f3n por el delito de Concierto para Delinquir Agravado. <\/p>\n

4. El 29 de diciembre de 2015, el juez de conocimiento conden\u00f3 a los procesados en los t\u00e9rminos materia de consenso a 14 a\u00f1os, 10 meses y 15 d\u00edas de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n para ejercer derechos y funciones p\u00fablicas, as\u00ed como a 16.109 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes de multa. Tambi\u00e9n les neg\u00f3 cualquier mecanismo sustitutivo de ejecuci\u00f3n de la pena privativa de la libertad y orden\u00f3 destruir las maletas, devolver pasaportes y el comiso definitivo de los d\u00f3lares. Finalmente, decret\u00f3 la preclusi\u00f3n por la conducta punible de concierto para delinquir agravado. [Folios 68-77,c.1] <\/p>\n

5. En desacuerdo con la decisi\u00f3n, el Fiscal Delegado y los procesados interpusieron recurso de apelaci\u00f3n y la Sala de Extinci\u00f3n de dominio del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en providencia de 9 de junio de 2017, (i) decret\u00f3 la nulidad de la preclusi\u00f3n; (ii) disminuy\u00f3 la pena contra los procesados a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n (e inhabilidad) y 13.823,834 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes para el 2015 por las conductas punibles de lavado de activos y enriquecimiento il\u00edcito de particulares; y (iii) confirm\u00f3 el fallo en todo lo dem\u00e1s que no fue modificado. [Folios 78-100, c.1] <\/p>\n

6. Contra la sentencia de segunda instancia, los implicados interpusieron el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n

7. El 6 de diciembre de ese a\u00f1o, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n no admiti\u00f3 la demanda tras considerar que los cargos propuestos no pueden ser atendidos en tanto que carecen de suficiencia argumentativa \u00abpara generar un debate racional que haya de ser abordado a esta altura de la actuaci\u00f3n.\u00bb y tampoco se advirti\u00f3 la necesidad de cumplir con alguno de los fines de la casaci\u00f3n se\u00f1alados en el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004. <\/p>\n

8. En desacuerdo, los procesados el 18 de enero de 2018 interpusieron el mecanismo de insistencia, el cual se encuentra pendiente por resolver. <\/p>\n

9. En criterio de la peticionaria del amparo, se vulneraron los derechos fundamentales invocados con las determinaciones adoptadas toda vez que para realizar la redosificaci\u00f3n de la pena no se tuvo en cuenta el preacuerdo suscrito con el ente acusador \u00abdejando a la suscrita en una gravosa situaci\u00f3n por el desconocimiento de la finalidad de los preacuerdos y fracturando derechos fundamentales que son inviolables\u00bb [Folios 1-55, c.1] <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 22 de enero de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a todos los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 57,c.1] <\/p>\n

2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado con Funci\u00f3n de Conocimiento de Bogot\u00e1, solicit\u00f3 no acoger las pretensiones de la accionante por cuanto en el asunto censurado no se vislumbra \u00abverdaderas v\u00edas de hecho que deban ser corregidas por este mecanismo excepcional, de car\u00e1cter residual y subsidiario.\u00bb [Folios 101-102, c.1] <\/p>\n

La Fiscal\u00eda Quinta Especializada DECLA de esta ciudad manifest\u00f3 que en desarrollo de la actuaci\u00f3n se siguieron todos los lineamientos legales y constitucionales, por tanto se acat\u00f3 el debido proceso y derecho de defensa que le asist\u00eda a las partes. [Folios 106-108,c.1] <\/p>\n

Por su parte, el Magistrado Ponente del Tribunal Superior de esta ciudad, se\u00f1al\u00f3 que bajo el amparo constitucional no puede descalificarse la gesti\u00f3n de las instancias ordinarias e imponer una hermen\u00e9utica acorde a las necesidades, m\u00e1xime cuando las determinaciones atacadas resultan acorde a la realidad procesal que le es propia en sede de la autonom\u00eda e independencia del juez natural. [Folio 111, c.1] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Tal como ha sido sostenido por la jurisprudencia nacional, por regla general la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Los criterios que se han sostenido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos est\u00e1n cimentados en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de las garant\u00edas de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

2. En el caso que se somete a examen, la acci\u00f3n constitucional se revela improcedente, por cuanto la tutelante pretende controvertir un asunto que a\u00fan no ha sido materia de decisi\u00f3n definitiva al interior del tr\u00e1mite que cuestiona. <\/p>\n

En efecto, es evidente que contra la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n de fecha 6 de diciembre de 2017, que decidi\u00f3 inadmitir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n formulado contra la sentencia proferida el 9 de junio de ese a\u00f1o por la Sala de Extinci\u00f3n de Dominio del Tribunal Superior de esta ciudad, dentro del proceso penal seguido contra la accionante, se evidencia que el 18 de enero de 2018 se interpuso el mecanismo de insistencia, el cual se encuentra pendiente por resolver. <\/p>\n

No pasa desapercibido, adem\u00e1s, que los argumentos expuestos por la reclamante en su libelo introductor, son, en lo fundamental, los mismos que soportaron su solicitud que se encuentra pendiente por zanjar y que se pretende controvertir anticipadamente por esta v\u00eda. <\/p>\n

Quiere ello decir, que la peticionaria se apresura a solicitar que sea el Juez de tutela quien defina si las actuaciones mencionadas se ajustaron o no a la ley, m\u00e1s no es esa la finalidad de la acci\u00f3n de amparo. <\/p>\n

En efecto, a trav\u00e9s de la queja constitucional no puede desconocerse que la actuaci\u00f3n controvertida se encuentra en curso, como para sustraer la competencia que el ordenamiento otorg\u00f3 a los jueces naturales para emitir la decisi\u00f3n reclamada. <\/p>\n

En punto de lo anterior, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) el amparo constitucional solicitado se torna improcedente, en virtud de que,\u2026 en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa\u2026. Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente \u2026para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley.\u00bb (CSJ STC 22 feb. 2010, rad. 00312-01, citado en STC 11. Jul. 2013, rad, 000183-01). <\/p>\n

3. Recu\u00e9rdese que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar o sustituir los procedimientos legales. <\/p>\n

4. Las anteriores razones se estiman suficientes para denegar el amparo constitucional deprecado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la protecci\u00f3n constitucional solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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