{"id":101156,"date":"2026-07-01T16:54:00","date_gmt":"2026-07-01T16:54:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101156"},"modified":"2026-07-01T16:54:00","modified_gmt":"2026-07-01T16:54:00","slug":"stc886-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc886-2018\/","title":{"rendered":"STC886-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC886-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00518-01
\n(Aprobado en Sala de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca en la acci\u00f3n de tutela que Matilde Acosta de S\u00e1nchez promueve contra los Juzgados Civil del Circuito de Chocont\u00e1 y Promiscuo Municipal de Villapinz\u00f3n, tr\u00e1mite al que se orden\u00f3 vincular a la Agencia Nacional de Tierras. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y defensa, los cuales estima vulnerados por los despachos accionados quienes con ocasi\u00f3n del proceso reivindicatorio que se adelant\u00f3 en su contra pretenden desalojarla del predio respecto del cual ha ejercido posesi\u00f3n durante los \u00faltimos 35 a\u00f1os. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se ordene la suspensi\u00f3n de la entrega programada, hasta tanto no se resuelva la solicitud de revocatoria directa que present\u00f3 contra la resoluci\u00f3n administrativa a trav\u00e9s de la cual el INCODER adjudic\u00f3 el terreno que posee a los demandantes en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Mediante resoluci\u00f3n de 00574 de 2 de julio de 2010, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 65 de la ley 160 de 1994, el Incoder adjudic\u00f3 a Pastora Ria\u00f1o de S\u00e1nchez y Macedonio S\u00e1nchez Rodr\u00edguez el predio denominado El Remanso, el que a partir de entonces se identific\u00f3 con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 154-45232 de la oficina de registro de Villapinz\u00f3n. <\/p>\n

2. Mediante escritura p\u00fablica N\u00b0 679 del 9 de octubre siguiente los propietarios enajenaron el inmueble a Maritza S\u00e1nchez Sacrist\u00e1n. <\/p>\n

3. Por presentarse una imprecisi\u00f3n en los linderos del terreno, mediante resoluci\u00f3n 429 de 28 de septiembre de 2011 el Incoder procedi\u00f3 a realizar la correcci\u00f3n respectiva, de la cual qued\u00f3 constancia en el folio de matr\u00edcula respectivo. <\/p>\n

3. En vista de que el inmueble mencionado se encontraba en posesi\u00f3n de la aqu\u00ed accionante, en el 2012 la nueva propietaria present\u00f3 en contra de aquella demanda reivindicatoria con el fin de que se ratificara la titularidad de su dominio y se ordenara a Matilde Acosta devolverle el bien. <\/p>\n

4. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 quien en auto de 12 de marzo de 2012 admiti\u00f3 la demanda y dispuso la notificaci\u00f3n de la convocada. <\/p>\n

5. Enterada de la actuaci\u00f3n, la poseedora formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ilegitimidad de la resoluci\u00f3n aclaratoria de donde se deriva la determinaci\u00f3n del predio que pretende reivindicar la demanda, imposibilidad de determinar el predio a reivindicar y prescripci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n

6. Agotadas las etapas pertinentes, mediante sentencia de 10 de diciembre de 2014 se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda por lo que se declar\u00f3 que el predio El Remanso pertenec\u00eda a Maritza S\u00e1nchez Sacrist\u00e1n y se orden\u00f3 a la aqu\u00ed accionante su restituci\u00f3n. <\/p>\n

7. Contra la anterior decisi\u00f3n la demanda formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, no obstante el mismo se declar\u00f3 desierto por cuando la recurrente no cancel\u00f3 las expensas necesarias para que el mismo se surtir\u00e1. <\/p>\n

8. Mediante solicitud radicada el 22 de octubre de 2015 la promotora del amparo solicit\u00f3 al Incoder la revocatoria directa de las resoluciones 574 de 2 de julio de 2010 y 429 de 28 de septiembre de 2011. Como fundamento de lo anterior expuso que no se cumpl\u00edan los presupuestos para que el terreno fuera adjudicado a Pastora Ria\u00f1o de S\u00e1nchez y Macedonio S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, pues ellos no hab\u00edan ejercido posesi\u00f3n sobre el predio. <\/p>\n

Indic\u00f3 que si bien el se\u00f1or Macedonio S\u00e1nchez Rodr\u00edguez, padre de su esposo, ocup\u00f3 inicialmente el predio, lo cierto es que hace m\u00e1s de 35 a\u00f1os aquel se traslad\u00f3 definitivamente a la ciudad de Bogot\u00e1, dejando el terreno bajo el cuidado de ella y su compa\u00f1ero. <\/p>\n

Explic\u00f3 que desde la partida de sus suegros, ella y su esposo empezaron a vivir en el mencionado terreno explot\u00e1ndolo econ\u00f3micamente, sin que se hubiese formulado objeci\u00f3n de su parte. Coment\u00f3, adem\u00e1s, que una vez falleci\u00f3 el padre de sus hijos, ella continu\u00f3 ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el terreno, por lo que no exist\u00eda raz\u00f3n alguna para que el Incoder adjudicara la tierra a sus suegros. <\/p>\n

Adem\u00e1s de lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que en la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n aclaratoria de los linderos se incurri\u00f3 en un fraude, pues de acuerdo con la constancia de notificaci\u00f3n personal, esta le fue comunicada a su suegro el 28 de septiembre de 2011, empero, aquel hab\u00eda fallecido el 11 de julio anterior. <\/p>\n

9. Teniendo en cuenta que dentro de la oportunidad establecida no se atendi\u00f3 su solicitud, Matilde Acosta promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela en contra del Indoder a efectos de que se amparara el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n

11. Entretanto, en el proceso reivindicatorio a efectos de concretar la entrega ordenada se orden\u00f3 comisionar al Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinz\u00f3n quien estableci\u00f3 que la diligencia respectiva se realizar\u00eda el 3 de noviembre de 2016. <\/p>\n

12. En la fecha y hora programada se dio inicio a la diligencia, no obstante ante la solicitud elevada por la demandada, el despacho consider\u00f3 pertinente suspender la diligencia hasta el momento en que se resolviera la solicitud de revocatoria directa de las resoluciones emitidas por el Incoder. <\/p>\n

13. Devuelto el despacho comisorio, el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 mediante providencia de 10 de febrero de 2017 declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en la diligencia de entrega, y dispuso comisionar nuevamente para el efecto. Adujo que en el caso no era procedente declarar la suspensi\u00f3n, en tanto no se cumpl\u00edan los presupuestos que establece el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

14. Contra la anterior decisi\u00f3n, la promotora del amparo formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. <\/p>\n

15. En auto de 31 de marzo de 2017 se mantuvo la nulidad decretada, empero, no se concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado. <\/p>\n

16. Remitida nuevamente la comisi\u00f3n, mediante auto de 13 de octubre de 2017 se program\u00f3 la diligencia de entrega para el 4 de diciembre de 2017. <\/p>\n

17. La accionante acude al amparo constitucional por considerar que con la entrega ordenada se est\u00e1n desconociendo sus derechos fundamentales, pues lleva m\u00e1s de 37 a\u00f1os en el predio e indica que las resoluciones a trav\u00e9s de las cuales se adjudic\u00f3 a sus suegros el mismo, son producto de una falsedad en tanto ellos en los \u00faltimos a\u00f1os no pose\u00edan el inmueble. <\/p>\n

Por tal raz\u00f3n solicita que se ordene la suspensi\u00f3n de la entrega hasta tanto no se resuelva la acci\u00f3n de revocatoria directa que promovi\u00f3. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 28 de noviembre de 2017, la Corte asumi\u00f3 el conocimiento de la acci\u00f3n y orden\u00f3 la notificaci\u00f3n de las autoridades accionadas, as\u00ed como la vinculaci\u00f3n de todos los interesados en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n

2. La Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios solicit\u00f3 denegar el amparo al considerar que la entrega programada es producto de una decisi\u00f3n judicial v\u00e1lidamente emitida, sin que sea posible que por este medio se deje sin efectos. <\/p>\n

La Agencia Nacional de Tierras indic\u00f3 que dadas las pretensiones de la accionante, relacionadas con suspender la diligencia de entrega programada dentro de un proceso reivindicatorio, carece de legitimaci\u00f3n en el presente asunto, m\u00e1xime cuando el predio objeto de tal litigio dej\u00f3 de ser bald\u00edo, toda vez que se adjudic\u00f3 mediante el procedimiento establecido en el ley 160 de 1994. <\/p>\n

El Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso e indic\u00f3 que las mismas fueron respetuosas del debido proceso, por lo que no es posible advertir la vulneraci\u00f3n de los derechos de la reclamante. <\/p>\n

3. Mediante fallo de 5 de diciembre de 2017 se deneg\u00f3 el amparo por estimar que el proceder de la accionante fue incurioso en tanto no formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n en contra de la sentencia que all\u00ed se profiri\u00f3. <\/p>\n

4. Inconforme con lo anterior, la accionante formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

Mediante comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica, el Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinz\u00f3n, inform\u00f3 que la diligencia de entrega se realiz\u00f3 el 4 de diciembre de 2017. [Folio 10 y 11, c. Corte] <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

Debe recordarse, que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb.. <\/p>\n

2. En el presente asunto, la solicitud de amparo no cumple con el comentado principio de subsidiariedad pues seg\u00fan se advierte, la accionante no emple\u00f3 los medios defensivos con los que contaba a efectos de lograr la suspensi\u00f3n que por esta v\u00eda pretende. <\/p>\n

En efecto, en el presente asunto, procura la reclamante que se ordene la suspensi\u00f3n de la diligencia de entrega que se encontraba programada para el 4 de diciembre de 2017, en tanto estimaba necesario esperar las resultas de la acci\u00f3n de revocatoria directa que formul\u00f3 contra las resoluciones a trav\u00e9s de las cuales se adjudic\u00f3 a sus suegros el terreno que afirma haber pose\u00eddo durante los \u00faltimos 37 a\u00f1os. <\/p>\n

Verificada la actuaci\u00f3n cuestionada, observa la Sala que dicho alegato fue estudiado por parte del juez comisionado para la entrega, quien durante el tr\u00e1mite de la diligencia que se realiz\u00f3 el 3 de noviembre de 2016, estim\u00f3 procedente su solicitud y procedi\u00f3 a suspender la entrega en la forma y t\u00e9rminos solicitados por la poseedora. <\/p>\n

Sucede, sin embargo, que una vez devuelto el despacho comisorio, el Juzgado Civil del Circuito de Chocont\u00e1, en ejercicio del control de legalidad, procedi\u00f3 a decretar la nulidad de la actuaci\u00f3n a cargo del juez municipal, pues estim\u00f3 que en el caso no se cumpl\u00edan los supuestos que establece el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso para suspender el proceso. <\/p>\n

Contra la referida decisi\u00f3n, si bien la promotora del amparo formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n, una vez se deneg\u00f3 su concesi\u00f3n, la misma guard\u00f3 silencio pese a que contra tal determinaci\u00f3n proced\u00eda el recurso de queja, medio de impugnaci\u00f3n id\u00f3neo para lograr que el Tribunal de Cundinamarca, como juez de segunda instancia, estudiara la procedencia o no de la nulidad decretada por el Juzgado del Circuito, lo que necesariamente implicar\u00eda un pronunciamiento respecto de la viabilidad o no de la suspensi\u00f3n solicitada por la gestora. <\/p>\n

Sin que pueda considerarse que el recurso de queja no satisface la eficacia de la que habla la jurisprudencia constitucional, pues al respecto esta Corporaci\u00f3n ha sido insistente en se\u00f1alar: <\/p>\n

\u00ab\u2026como el petente declin\u00f3 la interposici\u00f3n del recurso de queja con que contaba para controvertir, ante los juzgadores ordinarios, la decisi\u00f3n proferida por la Jueza querellada el 28 de febrero de 2012, providencia en que adujo que no era susceptible del recurso vertical la de 16 de enero de esta anualidad, resoluci\u00f3n \u00e9sta que en \u00faltimas es la motiva su descontento, tal proceder resulta suficiente para concluir la improcedencia de su reclamaci\u00f3n, dado el apuntado atributo propio de la acci\u00f3n de tutela, el cual, como bien se sabe, proh\u00edbe su interposici\u00f3n ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial de los derechos que se predican como conculcados en tanto que su naturaleza obedece al postulado de la subsidiariedad, am\u00e9n que tampoco es esta una herramienta que pueda activarse a discreci\u00f3n del interesado, circunstancia por la cual no resulta de recibo que el accionante haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador natural, desatendi\u00e9ndola de antemano, toda vez que como lo ha venido sosteniendo esta Corporaci\u00f3n, en trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso.\u00bb 1 <\/p>\n

3. En ese orden, no puede admitirse que por medio de este tr\u00e1mite constitucional se provea la soluci\u00f3n de cuestiones que correspond\u00eda dirimir al funcionario judicial que conoce del asunto, en un escenario procesal que no se suscit\u00f3 porque la aqu\u00ed tutelante no emple\u00f3 los medios de defensa judiciales ordinarios, pues la acci\u00f3n de tutela no se ha concebido como un instrumento sustitutivo de los instrumentos de oposici\u00f3n establecidos por la ley que el interesado desaprovech\u00f3 como consecuencia de su incuria. <\/p>\n

4. Por dem\u00e1s, con independencia de la formulaci\u00f3n o no de los medios de defensa anteriormente descritos, es preciso advertir que dada la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega, lo cual ocurri\u00f3 el 4 de diciembre pasado, en el presente caso se ha configurado lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado como hecho consumado. <\/p>\n

En efecto, de acuerdo con el acta obrante a folio 10 y 11 del presente cuaderno, posible es advertir que la entrega cuya suspensi\u00f3n aqu\u00ed se pretende fue realizada el 4 de diciembre, ocasi\u00f3n en la cual no se hizo presente la aqu\u00ed reclamante y de acuerdo con el informe rendido por el funcionario judicial, el predio no se encontraba en posesi\u00f3n de la quejosa, pues \u00aben el momento de esta diligencia el predio se encuentra totalmente desocupado, cubierto en pasto natural, cocuyo y otros propios de la regi\u00f3n, sin que se observe habitaci\u00f3n alguna ni personas que lo ocupen\u00bb <\/p>\n

5. Las anteriores razones, se estiman entonces suficientes para concluir que el amparo invocado esta abocado al fracaso, por lo que se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo de fecha y procedencia anotadas. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tSTC 26 jul. \t2012. Rad.00086-01; reiterada en STC 16 abr. 2013, Rad. 00025-01, \tentre otros<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado ponente STC886-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 25000-22-13-000-2017-00518-01 (Aprobado en Sala de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo proferido el cinco de diciembre de dos mil diecisiete por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101156","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101156"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101156\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}