{"id":101161,"date":"2026-07-01T16:55:11","date_gmt":"2026-07-01T16:55:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101161"},"modified":"2026-07-01T16:55:11","modified_gmt":"2026-07-01T16:55:11","slug":"stc900-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc900-2018\/","title":{"rendered":"STC900-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC900-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00020-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que Manuel Alejandro Bastidas Pati\u00f1o promueve contra la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

El accionante solicit\u00f3 el amparo de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n y debido proceso, los cuales estima vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, quienes dentro del VII Curso de Formaci\u00f3n Judicial Inicial para Jueces y Magistrados no accedieron al recurso de reposici\u00f3n que formul\u00f3 contra la calificaci\u00f3n obtenida en la parte especializada, espec\u00edficamente el puntaje que se le otorg\u00f3 a la l\u00ednea jurisprudencial que all\u00ed present\u00f3. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se deje sin efecto la resoluci\u00f3n \u00abEJR17 del 11 de septiembre de 2017, y particular la calificaci\u00f3n de 859 puntos a mi asignada para el componente denominado \u201ctrabajo de investigaci\u00f3n\u201d\u00bb y, en su lugar, se ordene rehacer la evaluaci\u00f3n de la l\u00ednea jurisprudencial. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Mediante acuerdo No. 9939 de 25 de junio de 2013 la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dio apertura al proceso de selecci\u00f3n y convoc\u00f3 al concurso de m\u00e9ritos para la provisi\u00f3n de los cargos de Funcionarios de la Rama Judicial. <\/p>\n

2. El accionante, dentro de la oportunidad pertinente se inscribi\u00f3 como aspirante al cargo de juez de peque\u00f1as causas laborales y una vez presentada la prueba de conocimientos, obtuvo una puntuaci\u00f3n de 820,26, lo que le permiti\u00f3 continuar en la segunda fase de la convocatoria, esto es el curso de formaci\u00f3n judicial, a cargo de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. <\/p>\n

3. Con el fin de cumplir las exigencias de la parte final del programa de formaci\u00f3n, el participante entreg\u00f3 el trabajo de investigaci\u00f3n exigido por la Escuela, sustent\u00e1ndolo en la oportunidad indicada por dicha instituci\u00f3n. <\/p>\n

4. Mediante resoluci\u00f3n EJR17-439 de 11 de septiembre de 2017 se publicaron los puntajes finales obtenidos por los participantes del curso de formaci\u00f3n judicial, obteniendo el promotor del amparo en la l\u00ednea de investigaci\u00f3n una calificaci\u00f3n de 859 puntos. <\/p>\n

5. Inconforme con lo anterior, el promotor present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n alegando que cumpli\u00f3 los lineamientos que de acuerdo con la r\u00fabrica de evaluaci\u00f3n deb\u00eda tener en cuenta el dicente para la elaboraci\u00f3n de la l\u00ednea de investigaci\u00f3n; el cambio de reglas en lo referente a la elaboraci\u00f3n del trabajo de investigaci\u00f3n y finalmente reproch\u00f3 el calificador que le fue asignado, en tanto el mismo funge como Magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Cali, Corporaci\u00f3n donde el participante se desempe\u00f1a como abogado asesor. <\/p>\n

6. Mediante resoluci\u00f3n EJR17-1149 de 12 de diciembre de 2017 la Escuela Judicial resolvi\u00f3 la inconformidad del aspirante, manifestando que la calificaci\u00f3n otorgada est\u00e1 acorde con los par\u00e1metros de evaluaci\u00f3n, los cuales claramente fueron empleados por el evaluador. <\/p>\n

7. El accionante estima que la referida decisi\u00f3n vulnera sus derechos fundamentales, en tanto el puntaje otorgado al trabajo de investigaci\u00f3n demuestra la falta de objetividad de su calificador, quien solamente le otorg\u00f3 59 puntos adicionales a los requeridos para superar esa etapa del concurso. Se\u00f1ala que los discentes que integraron su grupo obtuvieron un puntaje superior a 920, lo que demuestra la diferencia de criterios que emple\u00f3 su evaluador. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la primera instancia <\/p>\n

1. El 25 de enero de 2018, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y se orden\u00f3 el traslado a la entidad accionada, para que ejercieran su derecho de defensa. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Los concursos de m\u00e9ritos, son el mecanismo id\u00f3neo para que el Estado, dentro de criterios de imparcialidad y objetividad, mida las capacidades, la preparaci\u00f3n y las aptitudes generales y espec\u00edficas de los distintos aspirantes a un cargo, con el fin de escoger entre ellos a quien mejor pueda desempe\u00f1arlo. El concurso, por su propia naturaleza de competitividad, se aparta de todo tipo de influencias por asegurar imparcialidad e igualdad. <\/p>\n

Lo anterior significa que tales medios de selecci\u00f3n deben seguir un orden y un procedimiento de conformidad con las disposiciones que se establecen en las respectivas convocatorias. Todo ello con el fin de preservar los principios de publicidad y transparencia de las actuaciones de la administraci\u00f3n; de conferir vigencia al principio de buena fe y la confianza leg\u00edtima; y de garantizar el principio de la igualdad y el acceso a los cargos p\u00fablicos de las personas que participen y superen las respectivas pruebas. <\/p>\n

Por manera que cualquier desconocimiento a las reglas preestablecidas en las respectivas convocatorias, constituye una violaci\u00f3n, tanto de los principios arriba se\u00f1alados, como al derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n

2. Al paso de lo anterior, es del caso precisar que cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n

En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, estableci\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n

3. Hechas las anteriores precisiones, de entrada advi\u00e9rtase la inviabilidad de la queja constitucional formulada por el demandante, toda vez que en el caso que se estudia se encuentra estructurada la causal de improcedencia establecida en el numeral 1 del art\u00edculo 6 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

En efecto, alega el accionante que la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales tuvo lugar con la expedici\u00f3n de la resoluci\u00f3n EJR17-349 de 11 de septiembre de 2017, a trav\u00e9s del cual se public\u00f3 la nota que el promotor obtuvo en el curso de formaci\u00f3n judicial, espec\u00edficamente el \u00e1rea correspondiente al trabajo de investigaci\u00f3n, acto administrativo que seg\u00fan su criterio es ilegal en tanto no respet\u00f3 las reglas del concurso de m\u00e9ritos que le precedi\u00f3, adem\u00e1s de resultarle sospechoso el criterio empleado por su evaluador, de quien afirma no fue lo suficientemente objetivo dada la cercan\u00eda laboral en la que se encuentran. <\/p>\n

Lo anterior demuestra que la acci\u00f3n impetrada por el quejoso no deviene procedente, porque, como en m\u00faltiples oportunidades lo ha destacado esta Corporaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la herramienta constitucional no es posible cuestionar actos administrativos, pues, como se sabe, estos se sujetan a una serie de presupuestos que determinan su validez, de tal forma que ante la ausencia de cualquiera de ellos, el Estado instituy\u00f3 medios de control que quedan al alcance de los administrados, los cuales pueden ejercer, bien mediante el agotamiento de los recursos de la v\u00eda gubernativa o a trav\u00e9s de las acciones previstas en los art\u00edculos 137 y 138 del actual C\u00f3digo Contencioso Administrativo. <\/p>\n

Sobre lo anterior, la Sala ha considerado que: <\/p>\n

\u00abPor tratarse de actos administrativos, el debate acerca de su legalidad cumple suscitarlo ante los Jueces especializados competentes, a trav\u00e9s de las acciones previstas en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, de acuerdo con las circunstancias y particularidades que a juicio del interesado, experiment\u00f3 la situaci\u00f3n que gener\u00f3 lo resuelto por la accionada y que es materia de inconformidad, a fin de generar las determinaciones con las cuales se obtenga el restablecimiento del derecho o la reparaci\u00f3n directa a que hubiere lugar. (\u2026) Recu\u00e9rdase que en situaciones como la acaecida, orientada al an\u00e1lisis de legalidad de unos actos administrativos cuyo control de legalidad \u2018corresponde a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, para lo cual el administrado que se sienta lesionado en sus derechos tiene a su disposici\u00f3n la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho, que le permite obtener no s\u00f3lo la anulaci\u00f3n del acto que haya sido expedido por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o falsamente motivado, o con desviaci\u00f3n de las atribuciones propias del funcionario o corporaci\u00f3n que los profiera, sino el restablecimiento del derecho, fluye la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb.1 <\/p>\n

As\u00ed las cosas, teniendo a su alcance dichos mecanismos judiciales, pues a\u00fan no han trascurrido los cuatro meses que para el efecto establece el art\u00edculo 138 citado, en donde inclusive puede solicitar la suspensi\u00f3n provisional de los efectos del acto administrativo que cuestiona, es evidente la impertinencia del ejercicio del presente amparo constitucional, el cual, aunque no es el caso, ni siquiera ser\u00eda procedente a pesar de que se invoque como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la finalidad de dicha medida cautelar, es precisamente evitar la configuraci\u00f3n de los da\u00f1os que se puedan causar como consecuencia de decisiones administrativas abiertamente ilegales. <\/p>\n

Y si bien, afirma el promotor que en el presente caso, ante la proximidad de la fecha en que se publicar\u00e1 la lista de elegibles, debe concederse el amparo con el fin de evitar un perjuicio irremediable, lo cierto es que en el caso no se logra advertir uno del alcance tal que logre vulnerar sus derechos fundamentales, dado que la calificaci\u00f3n que obtuvo es suficiente para incluirlo en el listado mencionado. <\/p>\n

4. La queja constitucional, se reitera, no se puede utilizar como un instrumento para lograr la anulaci\u00f3n de actos como el controvertido por el reclamante, en sustituci\u00f3n de las acciones judiciales creadas legalmente para tal prop\u00f3sito. Lo opuesto conducir\u00eda a que el sentenciador de tutela invada la competencia del juez natural y lo reemplace en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales devienen de la Constituci\u00f3n y de la ley, con abierto desconocimiento de la naturaleza del mecanismo del amparo que no ha sido concebido a manera de un procedimiento contencioso de definici\u00f3n de los conflictos que se ventilan a trav\u00e9s de las v\u00edas ordinarias. <\/p>\n

5. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo proferido en la primera instancia. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito; y, en su oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tSentencia de 10 de mayo de 2000, exp. 1030, reiterada en fallo de 6 \tde noviembre de 2009, exp. 00335-01.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ Magistrado Ponente STC900-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2018-00020-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela que Manuel Alejandro Bastidas Pati\u00f1o promueve contra la Sala Administrativa del Consejo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101161","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101161\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}