{"id":101162,"date":"2026-07-01T16:55:23","date_gmt":"2026-07-01T16:55:23","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101162"},"modified":"2026-07-01T16:55:23","modified_gmt":"2026-07-01T16:55:23","slug":"stc910-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc910-2018\/","title":{"rendered":"STC910-2018"},"content":{"rendered":"
ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC910-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00084-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

La Corte decide la acci\u00f3n de tutela que Luz Nora Guevara Mej\u00eda contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbria. <\/p>\n

I. ANTECEDENTES <\/p>\n

A. La pretensi\u00f3n <\/p>\n

La accionante solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales estima vulnerados dentro del proceso de divorcio que se adelant\u00f3 en su contra, pues a pesar de que el tribunal en segunda instancia estableci\u00f3 que la causal que generaba la terminaci\u00f3n del vincul\u00f3 marital era la infidelidad que ella aleg\u00f3 por v\u00eda de reconvenci\u00f3n, mantuvo la condena en costas que se impuso en su contra en la sentencia que se emiti\u00f3 en primer grado. <\/p>\n

Pretende, en consecuencia, que se disponga lo necesario para que se condene al c\u00f3nyuge culpable al pago de las costas que se causaron dentro del proceso. <\/p>\n

B. Los hechos <\/p>\n

1. Carlos Alberto Osorio L\u00f3pez present\u00f3 demanda en contra de la accionante para que se declarara la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico entre ellos celebrado, toda vez que se hab\u00eda configurado la casual establecida en el numeral 8 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

2. El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbr\u00eda quien admiti\u00f3 la demanda en auto de 23 de septiembre de 2013. <\/p>\n

3. Enterada de la actuaci\u00f3n, la accionante se opuso a las pretensiones formulando la excepci\u00f3n que denomin\u00f3 \u00abser la demandada la c\u00f3nyuge inocente, mala fe del demandante e infidelidad del demandante\u00bb. Al paso de lo anterior, formul\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n invocando para el efecto la causal establecida en el numeral 1 de la codificaci\u00f3n anteriormente mencionada. Solicit\u00f3, as\u00ed mismo, que se condenara al c\u00f3nyuge culpable al pago de alimentos. <\/p>\n

4. Agotadas las etapas pertinentes, en sentencia de 6 de abril de 2016 se denegaron las pretensiones formuladas en la contrademanda, se decret\u00f3 el divorcio del matrimonio contra\u00eddo entre las partes ante la operancia de la causal invocada por el exconyuge, se declar\u00f3 disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n la sociedad conyugal constituida y se conden\u00f3 en costas a la demandada. <\/p>\n

5. Inconforme con lo anterior, la promotora del amparo formul\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

6. Remitido el expediente al Tribunal, se desat\u00f3 la impugnaci\u00f3n en audiencia realizada el 21 de abril de 2017. En dicha ocasi\u00f3n, estableci\u00f3 la Corporaci\u00f3n mencionada que contrario a lo establecido por el operador judicial de primer grado, en el caso se encontraba probada la causal invocada por la accionante, toda vez que al absolver el interrogatorio de parte, Osorio L\u00f3pez confes\u00f3 el acto de infidelidad a tal punto que afirm\u00f3 que en la actualidad convive con una pareja distinta a su esposa. <\/p>\n

De esa manera indic\u00f3 que la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio deb\u00eda decretarse pero por la causal invocada en la demanda de reconvenci\u00f3n, mas no en la principal. As\u00ed mismo indic\u00f3, en cuanto a la pretensi\u00f3n alimentaria de la reconviniente que no hab\u00eda lugar a su decreto, en tanto aquella no prob\u00f3 su incapacidad econ\u00f3mica ni mucho menos su imposibilidad de trabajar. <\/p>\n

De esa manera, en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n, indic\u00f3 el Tribunal: <\/p>\n

\u00abSe confirmara entonces la sentencia de primera instancia adicionando el ordinal segundo en el sentido de ser el demandado en reconvenci\u00f3n el culpable de la decisi\u00f3n que contiene. <\/p>\n

Se abstendr\u00e1 la sala de imponer condena en costas en esta sede porque las pretensiones de la impugnante no fueron reconocidas en su integridad. <\/p>\n

No obstante lo anterior, ninguna manifestaci\u00f3n se realiz\u00f3 frente a las costas que en primera instancia se impusieron a cargo de la demandante en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

7. Devuelto el expediente al a quo, el 26 de mayo de 2017 la secretar\u00eda del despacho procedi\u00f3 a realizar la liquidaci\u00f3n de las costas causadas en primera instancia, indicando que la demandada deber\u00eda cancelar al demandante la suma de $3\u2019009.86,oo. por agencias en derecho y expensas causadas. <\/p>\n

8. En auto de 26 de mayo siguiente, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 366 del CGP, se imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n a la liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

9. Inconforme con lo anterior, la accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y en subsidio apelaci\u00f3n. Indic\u00f3 que no hab\u00eda lugar a realizar la liquidaci\u00f3n en su contra, pues el Tribunal en sentencia de segundo grado estableci\u00f3 que la pretensi\u00f3n triunfante era la invocada en reconvenci\u00f3n. <\/p>\n

10. En auto de 22 de junio de 2017 el juez promiscuo mantuvo la decisi\u00f3n por estimar que en el caso la liquidaci\u00f3n de costas se ajustaba a lo establecido en el art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto la parte resolutiva de la sentencia de segundo grado es clara en indicar que a trav\u00e9s de ella se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada. <\/p>\n

En vista de lo anterior, concedi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

11. Remitido el expediente al Tribunal, en providencia de 31 de agosto de 2017 se declar\u00f3 inamisible el recurso vertical, pues estim\u00f3 el Tribunal que en vista de la inconformidad de la recurrente no se encaminaba a reducir o aumentar el monto de las agencias en derecho liquidadas, sino a dejar sin efecto la condena que se impuso en su contra, la decisi\u00f3n no era objeto de apelaci\u00f3n. <\/p>\n

12. La accionante acude al amparo constitucional por estimar que la condena en costas que se impuso en su contra carece de sustento legal, pues en vista de que quien result\u00f3 vencido en la actuaci\u00f3n fue su antiguo c\u00f3nyuge, era en contra de aquel que se debi\u00f3 imponer el pago mencionado. <\/p>\n

C. El tr\u00e1mite de la instancia <\/p>\n

1. El 24 de enero de 2018 se admiti\u00f3 la acci\u00f3n y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

2. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira refiri\u00f3 que si bien en la sentencia de segundo grado se omiti\u00f3 emitir pronunciamiento respecto a la condena en costas impuesta en primer grado, lo cierto es que dicha situaci\u00f3n pudo remediarse por a trav\u00e9s de solicitud de adici\u00f3n, la que no fue empleada por la quejosa. <\/p>\n

Por su parte, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbria refiri\u00f3 que la liquidaci\u00f3n de costas se ajust\u00f3 a las disposiciones legales. Indic\u00f3 que no hay raz\u00f3n para modificar la condena que al respecto se emiti\u00f3 en primer grado, toda vez que el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia. <\/p>\n

II. CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. De manera invariable la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado que, por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para cuestionar tales decisiones cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n

Pero en cualquier caso su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n

Sin embargo, se ha considerado que cuando el pronunciamiento objeto de reproche desconoce de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, no resulta conveniente anteponer tales exigencias, pues no constituyen un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n. <\/p>\n

En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u00abproteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u00bb. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01) <\/p>\n

Igualmente, se ha admitido que en atenci\u00f3n a la esencia de la acci\u00f3n bajo an\u00e1lisis, \u00ab\u00e9sta no puede verse limitada por formalismos jur\u00eddicos, porque aunque no se pone en duda que su viabilidad est\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la mera ausencia de un requisito general de procedencia como el de subsidiariedad, no puede erigirse en par\u00e1metro absoluto para privar al actor del goce efectivo de sus derechos superiores, ni para prohijar su quebranto con la actitud silente del juez que conoce del reclamo dirigido a obtener su protecci\u00f3n\u00bb. (ST de 13 de agosto de 2013. Exp. 2013-093-01) <\/p>\n

2. En el presente caso, la reclamante cuestiona el auto a trav\u00e9s del cual se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n de costas que se realiz\u00f3 en el proceso de divorcio que se adelant\u00f3 en su contra, sin embargo, verificada la actuaci\u00f3n, posible es advertir la presencia de la vulneraci\u00f3n alegada, aunque no en la providencia reprochada, sino en la sentencia con la que se puso fin al litigio que all\u00ed se present\u00f3. <\/p>\n

En efecto, de acuerdo con lo establecido en el art\u00edculo 366 del C\u00f3digo General del Proceso, se impondr\u00e1 condena en costas en los siguientes casos: <\/p>\n

1. Se condenar\u00e1 en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n, queja, s\u00faplica, anulaci\u00f3n o revisi\u00f3n que haya propuesto. Adem\u00e1s, en los casos especiales previstos en este c\u00f3digo. <\/p>\n

(\u2026)
\n2. La condena se har\u00e1 en sentencia o auto que resuelva la actuaci\u00f3n que dio lugar a aquella. <\/p>\n

Quiere decir lo anterior, que la imposici\u00f3n del gravamen en menci\u00f3n, debe realizarse en la sentencia o en el auto que resuelva el recurso o la actuaci\u00f3n que a ellas de lugar, y necesariamente debe estar a cargo de la parte que en el juicio resultare vencida o a quien se le haya resuelto desfavorablemente cualquiera de los recursos o peticiones que la norma en cita se\u00f1ala. <\/p>\n

3. En el presente caso, el juez de primera instancia estableci\u00f3 que se cumpl\u00edan los presupuestos invocados por Carlos Alberto Osorio L\u00f3pez \u2013 demandante principal- para que se declarara la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio que contrajo con la aqu\u00ed accionante, pues en el expediente se encontraba plenamente probado que las partes en litigio a pesar de mantener un v\u00ednculo matrimonial no cohabitaban desde hac\u00eda m\u00e1s de 2 a\u00f1os, dando dicha situaci\u00f3n a la configuraci\u00f3n de la causal 8 del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n

Frente a la infidelidad invocada por v\u00eda de reconvenci\u00f3n, estableci\u00f3 dicho operador judicial que hab\u00eda operado el fen\u00f3meno de la caducidad, en tanto la infidelidad del reclamante inici\u00f3 desde la \u00e9poca en que se materializ\u00f3 la separaci\u00f3n de cuerpos, es decir, con m\u00e1s de 2 a\u00f1os de anterioridad. <\/p>\n

Dicha situaci\u00f3n, la prosperidad de las pretensiones de la demanda principal y la consecuente derrota inicial de la aqu\u00ed accionante, fue la que dio lugar, de acuerdo a la norma inicialmente descrita, a la condena impuesta en su contra, empero, dadas las precisiones que el tribunal realiz\u00f3 en la sentencia de segundo grado, claro es que la raz\u00f3n que motiv\u00f3 la imposici\u00f3n de dicho gravamen vari\u00f3, siendo entonces injustificado mantener la orden que se emiti\u00f3 al respecto. <\/p>\n

En efecto, al desatar el recurso de apelaci\u00f3n que la accionante formul\u00f3 contra la sentencia de primer grado, fue claro el tribunal en establecer que la causal que daba lugar a la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio contra\u00eddo entre las partes, no era la invocada por el esposo sino por la hoy tutelante, toda vez que aquel confes\u00f3 convivir desde hace algunos a\u00f1os con otra mujer, sin que en el caso sea posible iniciar el conteo del t\u00e9rmino de caducidad, pues la relaci\u00f3n extramatrimonial, de acuerdo con lo afirmado por el propio demandante, a\u00fan no ha finalizado. <\/p>\n

Al respecto indic\u00f3 el juez de segundo grado: <\/p>\n

\u00abEl deber de fidelidad s\u00f3lo termina con la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo conyugal, de acuerdo con el art\u00edculo 11 de la ley 25 de 1992 seg\u00fan el cual \u201cejecutoriada la sentencia que decreta el divorcio, queda disuelto el v\u00ednculo en el matrimonio civil y cesan los efectos civiles del matrimonio religioso\u201d <\/p>\n

(\u2026) [E]n raz\u00f3n a que el demandado aun incumple con la obligaci\u00f3n de guardarse a su esposa, porque de acuerdo con su propia confesi\u00f3n, todav\u00eda vive maritalmente con la se\u00f1ora Zulma, no puede considerarse que se haya producido la caducidad de la acci\u00f3n en los t\u00e9rminos del 10 de la ley 25 de 1992, como erradamente lo entendi\u00f3 la jueza de primer grado, pues dicho t\u00e9rmino solo puede empezar a computarse desde cuando cesan las relaciones extramatrimoniales. Hacerlo desde la \u00e9poca en que comenzaron, mientras se prolongan en el tiempo ser\u00eda tanto como patrocinar la impunidad al permitir que quien incumple el deber de que se trata contin\u00fae quebrant\u00e1ndolo sin consecuencia alguna desfavorable para el despu\u00e9s de producido los t\u00e9rminos de caducidad que consagra la norma que se acaba de citar. El significado que a esta debe darse no es el de auspiciar que alguno de los esposos sostengan relaciones sexuales extramatrimoniales de manera permanente despu\u00e9s de vencidos los t\u00e9rminos de caducidad que consagra y en consecuencia liberarlos del c\u00f3nyuge culpable de un divorcio. <\/p>\n

Con base en lo anterior, estableci\u00f3 el Tribunal, que \u00abresultaba procedente decretar el divorcio solicitado por la causal subjetiva que invoc\u00f3 la esposa demandante en reconvenci\u00f3n, porque adem\u00e1s la acci\u00f3n respectiva no hab\u00eda caducado\u00bb <\/p>\n

Quiere decir lo anterior, que en el presente caso, quien result\u00f3 triunfante fue la demandada, pues fueron las pretensiones que aquella formul\u00f3 por v\u00eda de reconvenci\u00f3n las que resultaron pr\u00f3speras, en tanto la causal que invoc\u00f3 fue la que result\u00f3 probada en el asunto y, por tanto, la que de manera definitiva dio lugar a la finalizaci\u00f3n del vincul\u00f3 marital. <\/p>\n

Ahora bien, a pesar de que en el caso, tanto la prosperidad de las pretensiones del demandante como las de la demandada daban lugar a la cesaci\u00f3n del v\u00ednculo religioso, en el caso, a efectos de determinar condenas como la que por esta v\u00eda se cuestiona, es de trascendental importancia establecer cu\u00e1l de las causales invocadas por las partes en litigio es la que dio lugar a la declaratoria pretendida, pues es a partir de ello que se identifica el presupuesto exigido en el art\u00edculo 366 del CGP para imponer el gravamen mencionado, esto es, cual fue \u00abla parte vencida en el proceso\u00bb. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, esclarecido por parte del tribunal que fue el c\u00f3nyuge quien gener\u00f3 la terminaci\u00f3n del contrato marital, necesario era, que en acatamiento a lo establecido en los numerales 2 y 4 del art\u00edculo 365 del C\u00f3digo General del Proceso, se emitiera pronunciamiento respecto de las costas que se causaron en el proceso, empero, sin justificaci\u00f3n alguna, el tribunal omiti\u00f3 tal pronunciamiento, quebrantando gravemente las garant\u00edas fundamentales de la hoy reclamante. <\/p>\n

Y si bien, tal como lo afirm\u00f3 el tribunal al contestar la presente acci\u00f3n, la omisi\u00f3n descrita pudo haberse subsanado a trav\u00e9s de una solicitud de adici\u00f3n o aclaraci\u00f3n de la sentencia, lo cierto es que en el caso no es prudente anteponer requisitos como la subsidiariedad dada la transcendencia de la equivocaci\u00f3n en la que incurri\u00f3 el tribunal. <\/p>\n

4. Visto de ese modo el asunto, a efectos de otorgar la protecci\u00f3n de los derechos de la reclamante, se dejar\u00e1 sin efecto todas las actuaciones que con posterioridad a la sentencia de segundo grado se hayan adelantado y que tengan relaci\u00f3n con la condena en costas, y se ordenar\u00e1 al Tribunal que en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas proceda a adicionarla, para emitir pronunciamiento respecto de las cosas que se causaron en el tr\u00e1mite. <\/p>\n

III. DECISI\u00d3N
\nEn m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo constitucional solicitado y en consecuencia dispone: <\/p>\n

SEGUNDO. ORDENAR al Juzgado \u00danico Promiscuo del Circuito de Bel\u00e9n de Umbria que dentro de las 24 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de la presente decisi\u00f3n, proceda a remitir el expediente contentivo del proceso cuestionado a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira. <\/p>\n

TERCERO ORDENAR a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira que en el t\u00e9rmino de diez d\u00edas, contados a partir del recibo del expediente, proceda a adicionar la sentencia proferida en el referido juicio, a efectos de que se emita pronunciamiento respecto de las costas que se causaron en referido juicio.
\nComun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes; y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

15<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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