{"id":101164,"date":"2026-07-01T16:55:56","date_gmt":"2026-07-01T16:55:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101164"},"modified":"2026-07-01T16:55:56","modified_gmt":"2026-07-01T16:55:56","slug":"stc926-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc926-2018\/","title":{"rendered":"STC926-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC926-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00047-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Enrique Arango Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo \u00aben nombre propio\u00bb, reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, al \u00ablibre ejercicio de la profesi\u00f3n\u00bb, a la igualdad y al debido proceso, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, al negar la nulidad propuesta dentro del proceso de pertenencia que Ana Luc\u00eda Ramos M\u00e9ndez promovi\u00f3 contra Miryam Mancera Rivera y otros, donde \u00e9l fungi\u00f3 como apoderado judicial de la primera. <\/p>\n

Solicita entonces, que se ordene al Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013Sala Civil Familia, \u00abrevocar la decisi\u00f3n (\u2026) de fecha 2 de noviembre de 2017, por medio de la cual resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n atacada de fecha 26 de mayo de 2017 emitida por el Juzgado Tercero Civil del Circuito, a fin de que \u00e9ste reconozca y acepte las incapacidades m\u00e9dicas aportadas por el suscrito y que acreditan mi enfermedad grave que afrontaba impidi\u00e9ndome ejecutar mi labor como abogado de confianza de la se\u00f1ora Ana Luc\u00eda Ramos M\u00e9ndez\u00bb (fls. 7 y 8). <\/p>\n

2.\tEn apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el 14 de septiembre de 2015 el prenombrado estrado judicial dict\u00f3 sentencia dentro del juicio referido l\u00edneas atr\u00e1s, pero como el d\u00eda 15 del mismo mes y a\u00f1o sufri\u00f3 un \u00abinfarto agudo al miocardio\u00bb que lo incapacit\u00f3 por varios d\u00edas, no pudo apelarlo, por lo que el d\u00eda 29 siguiente solicit\u00f3 a esa sede judicial la interrupci\u00f3n del proceso bajo la causal de enfermedad grave del apoderado judicial, y adem\u00e1s, la nulidad de lo actuado durante su incapacidad, solicitud que le fue negada con prove\u00eddo del 16 de febrero de 2016, el que fue mantenido el 30 de agosto siguiente en reposici\u00f3n. <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 24 de enero hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa (fl. 115). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

a).\tEl Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 manifest\u00f3 atenerse a lo rituado en el juicio de pertenencia reprochado, e inform\u00f3 que dentro del mismo se han dado \u00abactos dilatorios de la parte demandante (hoy accionante) (\u2026) [que] ha interpuesto todo tipo de solicitudes de interrupci\u00f3n del proceso, nulidad, vigilancia administrativa ante el Consejo Superior de la Judicatura, recursos de reposici\u00f3n, apelaci\u00f3n, acciones de tutela, recusaciones, todo ello tendiente a revivir los t\u00e9rminos de notificaci\u00f3n y ejecutoria de la sentencia y dilatar la diligencia de entrega del inmueble objeto de la litis\u00bb, al interior del juicio reivindicatorio que se adelant\u00f3 y prosper\u00f3 v\u00eda demanda de reconvenci\u00f3n (fl. 128). <\/p>\n

b).\tA la fecha de registro del fallo no se hab\u00eda recibido respuesta por parte de los dem\u00e1s intervinientes. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tComo es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un instrumento procesal de tr\u00e1mite preferente y sumario, establecido por la Carta Pol\u00edtica de 1991 con el objeto de que cada persona por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de apoderado o agente oficioso, pueda reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados de violaci\u00f3n por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, o de los particulares en los casos taxativamente se\u00f1alados por el legislador, seg\u00fan la facultad otorgada para ese fin por el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, y, por supuesto se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2.\tEn el presente caso, el accionante cuestiona de manera puntual, el auto dictado el 2 de noviembre de 2017 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, que ratific\u00f3 \u00edntegramente el que el 26 de mayo anterior profiri\u00f3 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, negando la nulidad del referido proceso, pues en su criterio, la decisi\u00f3n vulnera sus prerrogativas superiores al mantener vigentes unas actuaciones surtidas durante los d\u00edas en que siendo apoderado judicial de la parte actora, estuvo incapacitado medicamente, situaci\u00f3n que le impidi\u00f3 apelar la sentencia emitida por el juez de conocimiento y por ende, prestar en debida forma el servicio profesional de abogado para el que fue contratado por su poderdante. <\/p>\n

3.\tSobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 contemplan como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales derivada de actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o son terceros con inter\u00e9s.
\n4.\tDescendiendo al caso concreto, se advierte de entrada que el se\u00f1or Enrique Arango Hern\u00e1ndez no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en el proceso declarativo que concita la atenci\u00f3n de esta Corte; luego entonces, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar, en sede de tutela, lo actuado en la susodicha controversia y pedir se impartan \u00f3rdenes tendientes a la nulidad de decisiones all\u00e1 emitidas. <\/p>\n

Al respecto, conviene memorar que, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar, que <\/p>\n

\u00abcualquier actuaci\u00f3n, sin importar el sentido y el alcance de la misma, derivada de aqu\u00e9l tr\u00e1mite procesal, cuando se someta a examen en el escenario de la tutela por considerar que se vulner\u00f3 alg\u00fan derecho fundamental, debe ser impetrada por quienes all\u00ed participaron como partes; contrario sensu, carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos esenciales de cara a determinada actuaci\u00f3n judicial, quien all\u00ed no tuvo la calidad de sujeto procesal\u00bb (ver entre otros, en CSJ STC21419-2017). <\/p>\n

Bajo el entendido que, <\/p>\n

\u00abno es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley\u00bb (enunciada recientemente en CSJ STC13823-2017). <\/p>\n

5.\tAl punto anterior resulta pertinente agregar, que aunque en las diligencias judiciales censuradas el actor fungi\u00f3 como apoderado de la demandante Ana Luc\u00eda Ramos M\u00e9ndez, esa circunstancia no lo habilita para cuestionar las decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales convocadas en el citado proceso de pertenencia mediante este mecanismo extraordinario de defensa, puesto que si bien la formulaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela no exige la calidad de abogado en quien la suscribe, ya que \u00e9sta puede ser interpuesta por la persona que estime pertinente solicitar ante un Juez el amparo de sus garant\u00edas constitucionales, cuando de derechos fundamentales ajenos se trata es necesario que se acompa\u00f1e a la demanda el poder por medio del cual se act\u00faa, o se proceda en los t\u00e9rminos del inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Al respecto, la Sala de vieja data ha dicho, que <\/p>\n

\u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto. Al respecto se\u00f1al\u00f3 en la Sentencia T-001 de 1997, que por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n \u201ctodo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n. <\/p>\n

De este modo, cuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n. La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente. <\/p>\n

La falta de poder especial para adelantar el proceso de tutela por parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder espec\u00edfico o general en otros asuntos, no lo habilita para ejercer la acci\u00f3n de amparo constitucional a nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos, la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta de legitimaci\u00f3n por activa\u00bb (citada hace poco en CSJ STC2994-2017). <\/p>\n

6.\tAdem\u00e1s t\u00e9ngase en cuenta, que aunque el actor manifiesta actuar en causa propia, pues como abogado encuentra afectados sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso con las actuaciones que se profirieron al interior del aludido litigio, es preciso memorar que los profesionales del derecho no se encuentran autorizados legalmente para alegar vulneraci\u00f3n de sus propios \u00abderechos\u00bb en las controversias en que act\u00faan en nombre de otros, pues no se puede comunicar la violaci\u00f3n de normas superiores, en defensa de intereses que le son ajenos. <\/p>\n

Sobre esa puntual tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado que, <\/p>\n

\u00abla persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo\u00bb (reitera en CSJ STC19026-2017). <\/p>\n

7.\tFinalmente cabe precisar, que si en gracia de discusi\u00f3n se aceptase que el actor cuenta con legitimaci\u00f3n para interponer la presente acci\u00f3n, observa la Corte que las decisiones que \u00e9ste dice fueron emitidas de manera irregular dentro de la causa cuestionada, y de las cuales pretende derivar la vulneraci\u00f3n ius fundamental que alega, ya fueron objeto de revisi\u00f3n constitucional por parte de esta Sala en virtud de las m\u00faltiples acciones de tutela que para ese efecto ha promovido la all\u00e1 demandante (su poderdante), sin que en ese estudio se haya constatado alguna situaci\u00f3n que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela, pues como se consign\u00f3 en la \u00faltima de ellas (STC045-2018), donde el resguardo se neg\u00f3 por hallarse configurada la temeridad, <\/p>\n

\u00abEn efecto, esta Corporaci\u00f3n, mediante la sentencia STC20960-2017 de 11 de diciembre de 2017, neg\u00f3 el resguardo deprecado por la aqu\u00ed quejosa contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, en donde se reproch\u00f3 esencialmente que aquellas autoridades judiciales resolvieron desestimar la petici\u00f3n de invalidez procesal, entre otras inconformidades. <\/p>\n

Sin embargo, la protecci\u00f3n constitucional fue denegada frente al reparo descrito atr\u00e1s, debido a que \u201cla decisi\u00f3n que se tom\u00f3 en el caso no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico y, por ende, tenga aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores de quien promovi\u00f3 la queja constitucional\u201d. <\/p>\n

Lo anterior fue as\u00ed porque bajo consideraci\u00f3n de los juzgadores \u201clas actuaciones del abogado ENRIQUE ARANGO HERN\u00c1NDEZ ante el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO, el 3 de septiembre de 2015, 21 de septiembre de 2015 y 7 de octubre de 2015, no desmentidas en la apelaci\u00f3n, que datan de tiempo previo y posterior a la sentencia proferida dentro de esta pertenencia (de fecha 14\/09\/2015), comprendidas dentro del lapso de vigencia de la incapacidad m\u00e9dica, inexorablemente refutan un estado de completa imposibilidad del profesional del derecho para la asunci\u00f3n de los mandatos judiciales conferidos, y de suyo, impide encontrar estructurada la causal de interrupci\u00f3n por enfermedad grave, y a su vez, la nulidad deprecada\u201d\u00bb. <\/p>\n

8.\tCorolario de lo expuesto, y sin lugar a m\u00e1s consideraciones por innecesarias, habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes, y en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC926-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00047-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Enrique Arango Hern\u00e1ndez contra la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101164","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101164\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}