{"id":101167,"date":"2026-07-01T16:56:35","date_gmt":"2026-07-01T16:56:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101167"},"modified":"2026-07-01T16:56:35","modified_gmt":"2026-07-01T16:56:35","slug":"stc931-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc931-2018\/","title":{"rendered":"STC931-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC931-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00057-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sa\u00fal Rojas Amazo contra la Sala Civil-Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada (Cauca), tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n

Solicit\u00f3, en consecuencia, se declare \u00abla nulidad de todo lo actuado por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n\u00bb y \u00abse ordene seguir el proceso ejecutivo\u2026\u00bb. <\/p>\n

2.\tSon relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes hechos: <\/p>\n

2.1. Sa\u00fal Rojas Amazo promovi\u00f3 demanda ejecutiva en contra de Hebert Pizarro Quintero, allegando como sustento del cobro la confesi\u00f3n ficta declarada por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Miranda (Cauca), ante la inasistencia del convocado a la diligencia de declaraci\u00f3n de parte anticipada practicada el 3 de enero de 2015; frente a la cual el demandado formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito. <\/p>\n

2.2. Mediante sentencia del 29 de marzo de 2017, el a quo declar\u00f3 probados, parcialmente, los mecanismos defensivos denominados \u00abfalta de requisitos formales para exigir el pago\u00bb y \u00abpagos parciales a la obligaci\u00f3n\u00bb, por lo que modific\u00f3 los l\u00edmites temporales de los intereses de plazo y moratorios reconocidos en la orden de apremio; en lo dem\u00e1s, orden\u00f3 continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n

2.3. Frente a esa decisi\u00f3n, el ejecutado formul\u00f3 apelaci\u00f3n, siendo revocada por el Tribunal criticado, a trav\u00e9s de sentencia del 5 de diciembre de 2017, para en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de claridad del t\u00edtulo\u00bb y, en consecuencia, disponer la terminaci\u00f3n del proceso. <\/p>\n

2.4. Por v\u00eda de tutela, critic\u00f3 el ejecutante que las excepciones formuladas por su antagonista no \u00abproced\u00edan, porque el t\u00edtulo ejecutivo con el cual se inici\u00f3 la acci\u00f3n, consist\u00eda en acta de confesi\u00f3n ficta (\u2026) formalizada en tr\u00e1mite y providencia judicial que conlleva ejecuci\u00f3n\u00bb, por lo que s\u00f3lo pod\u00edan proponerse los mecanismos defensivos que contemplaba el art\u00edculo 5091 (numeral 2\u00b0) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy art\u00edculo 4422 (numeral 2\u00b0) del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

2.5. Agreg\u00f3 que el ejecutado tampoco deb\u00eda \u00abdiscutir los requisitos formales del t\u00edtulo mediante las excepciones de m\u00e9rito que propuso\u00bb, habida cuenta tal reclamo s\u00f3lo es viable a trav\u00e9s de recurso de reposici\u00f3n en contra del mandamiento de pago, actuaci\u00f3n que no adelant\u00f3, por lo que los juzgadores accionados \u00abestaban legalmente impedidos para admitir y resolver\u00bb tales defensas. <\/p>\n

2.6. Tambi\u00e9n destac\u00f3 que \u00ablegalmente no proced\u00eda la pr\u00e1ctica [de las] pruebas solicitadas para fundamentar esas excepciones de m\u00e9rito\u00bb; que era inviable la concesi\u00f3n de la apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, habida cuenta que aquella \u00abtom\u00f3 tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb y, adem\u00e1s, \u00abel mandamiento ejecutivo no es apelable\u00bb.
\n2.7. Finalmente, resalt\u00f3 que el \u00abt\u00edtulo ejecutivo con que se inici\u00f3 [la ejecuci\u00f3n, contiene un cr\u00e9dito] claro, expreso y exigible\u00bb, por lo que se debi\u00f3 proseguir con el tr\u00e1mite del recaudo. <\/p>\n

3.\tLa Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 18 de enero de 2018, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

Los convocados guardaron silencio. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. De la demanda de tutela, concluye la Corte que el ejecutante cuestion\u00f3 (i) la viabilidad de las excepciones de m\u00e9rito propuestas por su demandado; (ii) el decreto de las pruebas pedidas por esa parte; (iii) la concesi\u00f3n de la alzada en contra de la sentencia de 29 de marzo de 2017, dictada por el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Tejada; y (iv) el fallo de 5 de diciembre de la pasada anualidad, a trav\u00e9s del cual el Tribunal enjuiciado revoc\u00f3 la prenotada providencia de 29 de marzo y, en su lugar, declar\u00f3 la terminaci\u00f3n de la ejecuci\u00f3n objeto de reproche constitucional. <\/p>\n

3.\tRespecto a las tres primeras de esas inconformidades, estima la Corte que el resguardo resulta inviable, toda vez que el tutelante no hizo uso de los mecanismos de defensa que tuvo a su alcance, seg\u00fan pasa a exponerse. <\/p>\n

3.1. En primer lugar, advierte la Sala que el demandante no aleg\u00f3, ante los jueces ordinarios, la improcedencia de los mecanismos exceptivos que formul\u00f3 su antagonista, lo que bien pudo hacer al descorrer el traslado que se surti\u00f3 de \u00e9stos o al formular sus alegatos de conclusi\u00f3n en cada una de las instancias. Sin embargo, en las anotadas oportunidades, ni en ninguna otra, nada dijo el quejoso. <\/p>\n

3.3. Finalmente, sobre la viabilidad de la apelaci\u00f3n interpuesta en contra del fallo de 29 de marzo de 2017, se observa que el promotor no esgrimi\u00f3 reclamo alguno contra la decisi\u00f3n del juez de primer grado de concederla, as\u00ed como tampoco frente al prove\u00eddo del 16 de mayo de 2017, con el que el Tribunal accionado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la apelaci\u00f3n. <\/p>\n

3.4. De ese modo esas quejas resultan improcedentes, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n

En otras palabras, cuando no se utilizan los medios ordinarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n

Entonces, si el quejoso desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales: <\/p>\n

\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01, criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n

4. En cuanto a la sentencia del 5 de diciembre de 2017, que revoc\u00f3 la dictada el 29 de marzo de esas mismas calendas, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional esta llamada al fracaso, habida cuenta que el Tribunal criticado en la prenota providencia, expres\u00f3 los motivos por los cuales no pod\u00eda continuarse con la ejecuci\u00f3n, respecto de lo cual precis\u00f3 que: <\/p>\n

Al revisar el asunto, en especial las pruebas recaudadas, la Sala encuentra que la firmeza de la obligaci\u00f3n cobrada coercitivamente con base en la confesi\u00f3n ficta del ejecutado Hebert Pizarro Quintero, se encuentra desvirtuada, pues las declaraciones de Diego Fabi\u00e1n Pizarro S\u00e1nchez y Mario Alfredo Jim\u00e9nez, las diferentes consignaciones y entrega de dinero realizadas, junto con las copias de las tres letras de cambio que estos firmaron por valor de 40, 45 y 60 millones de pesos, desdibujan esa inicial certeza de estar ante una obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible por valor 145 millones de pesos, m\u00e1s intereses, en contra de Heber Pizarro Quintero y a favor de Sa\u00fal Rojas Amazo. <\/p>\n

En efecto, conforme a tales medios de convicci\u00f3n, y a\u00fan m\u00e1s, seg\u00fan el contenido del cuestionario que el ejecutado deb\u00eda responder anticipadamente, extraprocesalmente, y de cuyas preguntas asertivas result\u00f3 la confesi\u00f3n ficta, lo \u00fanico claro es que Sa\u00fal Rojas Amazo entreg\u00f3 o consign\u00f3, en distintas fechas y a distintas personas, varias cantidades de dinero; se tratar\u00eda entones de diferentes pr\u00e9stamos, mutuos y no de uno solo por un valor 145 millones de pesos, pues a Diego Fabi\u00e1n Pizarro S\u00e1nchez le entreg\u00f3, sin que se indique cu\u00e1ndo, 50 millones de pesos, tambi\u00e9n en cuentas corrientes del ejecutado realiz\u00f3 dos consignaciones, una por 25 millones, el 11 de abril de 2012, y otra por 10 millones, el 12 de abril de 2013 y a nombre de Pizarro Jim\u00e9nez Ltda., consign\u00f3 50 millones de pesos, el 24 de agosto de 2012 y 15 millones, el 12 de abril de 2013, entonces, no es un solo pr\u00e9stamo, sino que, en \u00faltimas, ser\u00edan varios y en varias fechas (\u2026). <\/p>\n

Ante tal situaci\u00f3n f\u00e1ctica, (\u2026) tampoco resulta viable se\u00f1alar fechas para efectos de ordenar el pago de intereses de plazo y moratorios (\u2026). <\/p>\n

Lo hasta aqu\u00ed expuesto explica por qu\u00e9 la Sala no comparte la decisi\u00f3n del a quo, quien orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, en una decisi\u00f3n producto del mal planteamiento de los problemas jur\u00eddicos que dijo deb\u00eda resolver y de una desatinada valoraci\u00f3n probatoria (\u2026). <\/p>\n

En efecto, como se dijo, no era motivo de controversia determinar si la inasistencia injustificada a absolver el interrogatorio de parte genera confesi\u00f3n ficta y si esta presta m\u00e9rito ejecutivo, porque tales efectos los determina directamente la ley (\u2026); lo que s\u00ed era procedente, necesario, era establecer si el ejecutado logr\u00f3 infirmar esa confesi\u00f3n, desvirtuar la calidad de obligaci\u00f3n clara, expresa y actualmente exigible que dio lugar al mandamiento pago librado inicialmente en su contra; aspectos este sobre el cual ninguna referencia hizo el a quo. <\/p>\n

No se avala adem\u00e1s (\u2026) la valoraci\u00f3n probatoria realizada por el juez de primera instancia, pues las pruebas recaudas no permiten mantener el mandamiento de pago, haciendo la precisi\u00f3n de que una cosa es que no se tenga claridad y no se pueda cobrar coercitivamente y aqu\u00ed no se est\u00e1 diciendo que [el ejecutado] deba o no deba, lo que se est\u00e1 diciendo es que no hay un t\u00edtulo [del que se derive una obligaci\u00f3n] clara, expresa y exigible, es un proceso ejecutivo, pero en ning\u00fan momento se est\u00e1 diciendo que \u00e9l no debe (\u2026), es una situaci\u00f3n que se debe ventilar en otro escenario, m\u00e1s no en un proceso ejecutivo. <\/p>\n

Dado que las pruebas recaudadas no permiten mantener ese mandamiento de pago, dado que conducen a tener por infirmada (\u2026) la confesi\u00f3n ficta base del cobro coercitivo, pues se trata de varias sumas de dinero entregadas a distintas personas en diferentes fechas, incluso, hay una entrega por 50 millones que se dice realizada a Diego Fabi\u00e1n Pizarro, sin que se indique la fecha de ese pr\u00e9stamo, no se conoce las fechas de vencimiento de los prestamos realizados y tampoco repar\u00f3 en la existencia de tres letras de cambio firmadas por personas distintas al ejecutado, relacionadas con las diferentes sumas de dinero que dice haber entregado, las cuales si bien no se cobran en este proceso ejecutivo, bien pueden exigirse ejecutivamente en otro. <\/p>\n

Adem\u00e1s, las reglas de la experiencia, la l\u00f3gica y la sana cr\u00edtica que dijo aplicar el juez de primera instancia para desechar las pruebas recaudas y mantener la orden de pago, en nada apoyan la posici\u00f3n del ejecutante, pues, al contrario, estas ri\u00f1en, van en contrav\u00eda del planteamiento de haber entregado varias cantidades de dinero por un total de 145 millones, entre los a\u00f1os 2011 y 2013, sin exigir una constancia, recibo o m\u00ednima prueba del contrato de mutuo que afirma haber realizado con el ejecutado (\u2026). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el quejoso es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n accionada valor\u00f3 las pruebas recaudadas y concluy\u00f3 que el instrumento aportado como sustento de la ejecuci\u00f3n no reun\u00eda los presupuestos necesarios para constituir un t\u00edtulo ejecutivo, toda vez que la confesi\u00f3n ficta adosada, se vio desvirtuada con los elementos de juicio allegados al diligenciamiento, los que daban cuenta de la existencia de m\u00faltiples pr\u00e9stamos, sin que se pudiera dilucidar la fecha de exigibilidad de los mismos. <\/p>\n

En este orden de ideas, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

4.1 A lo anterior, cabe a\u00f1adir, que el juez de la ejecuci\u00f3n, tanto en primera como en segunda instancia, debe, a\u00fan de oficio, revisar la idoneidad del t\u00edtulo ejecutivo aportado como sustento del cobro, sobre lo cual ha precisado esta Colegiatura que: <\/p>\n

\u2026 es dable a los juzgadores bajo la \u00e9gida del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y as\u00ed tambi\u00e9n de acuerdo con el C\u00f3digo General del Proceso, volver, ex officio, sobre la revisi\u00f3n del \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia. <\/p>\n

Reli\u00e9vase, adem\u00e1s, que el an\u00e1lisis del aludido sustrato jur\u00eddico-material que todo litigio de ejecuci\u00f3n precisa como requisito sine qua non, ha de darse de necesidad, as\u00ed no haya sido ello espec\u00edfico motivo de la alzada, si no se olvida que el pronunciamiento del ad quem, conforme al precepto 328 del C\u00f3digo General del Proceso, lo es \u00absin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio\u00bb, siendo tal una de ellas conforme as\u00ed lo ha decantado la jurisprudencia\u2026 <\/p>\n

(\u2026) <\/p>\n

Y es que sobre el particular de la revisi\u00f3n oficiosa del t\u00edtulo ejecutivo esta Sala precis\u00f3, en CSJ STC18432-2016, 15 dic. 2016, rad. 2016-00440-01, lo siguiente: <\/p>\n

Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n

Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n

Por ende, mal puede olvidarse que as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo ut supra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb (se relieva). <\/p>\n

De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n

Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem). <\/p>\n

Ese entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material (\u2026) <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb (\u2026). <\/p>\n

De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n

Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido. (CSJ STC4808-2017). <\/p>\n

5. Baste lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \t\u00abCuando \tel t\u00edtulo ejecutivo consista en una sentencia o un laudo de \tcondena, o en otra providencia que conlleve ejecuci\u00f3n, s\u00f3lo \tpodr\u00e1n alegarse las excepciones de pago, compensaci\u00f3n, \tconfusi\u00f3n, novaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n \to transacci\u00f3n, siempre que se basen en hechos posteriores a \tla respectiva providencia; la de nulidad en los casos que contemplan \tlos numerales 7 y 9 del art\u00edculo 140, y de la p\u00e9rdida \tde la cosa debida. En este evento no podr\u00e1n proponerse \texcepciones previas ni a\u00fan por la v\u00eda de reposici\u00f3n\u00bb.
\n2\u0002 \t\u00abCuando \tse trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, \tconciliaci\u00f3n o transacci\u00f3n aprobada por quien ejerza \tfunci\u00f3n jurisdiccional, s\u00f3lo podr\u00e1n alegarse \tlas excepciones de pago, compensaci\u00f3n, confusi\u00f3n, \tnovaci\u00f3n, remisi\u00f3n, prescripci\u00f3n o transacci\u00f3n, \tsiempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva \tprovidencia, la de nulidad por indebida representaci\u00f3n o \tfalta de notificaci\u00f3n o emplazamiento y la de p\u00e9rdida \tde la cosa debida\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC931-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00057-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Sa\u00fal Rojas Amazo contra la Sala Civil-Familia Tribunal Superior del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101167","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101167","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101167"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101167\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101167"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101167"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101167"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}