{"id":101175,"date":"2026-07-01T16:57:45","date_gmt":"2026-07-01T16:57:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101175"},"modified":"2026-07-01T16:57:45","modified_gmt":"2026-07-01T16:57:45","slug":"stc940-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc940-2018\/","title":{"rendered":"STC940-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC940-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00121-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la se\u00f1ora Ana Beatriz Jaramillo Sosa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n tomada en sede de alzada acerca del peritaje que se estima necesario para resolver sobre la concesi\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n que su contraparte propuso frente al fallo de segundo grado pronunciado en el marco del proceso de invalidez de testamento que en su contra fue adelantado por las se\u00f1oras Stella y Mar\u00eda Dely Jaramillo, en calidad de sobrinas de la causante Marina Jaramillo Villegas. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se le conceda el resguardo deprecado, invalidando el auto dictado el 13 de diciembre de 2017 por el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 \u2013Sala Civil Familia, para que en su lugar, entonces, se ordene a dicha Colegiatura resolver sobre la concesi\u00f3n del mentado recurso extraordinario con los elementos de juicio militantes en el expediente (fls. 4 y 5). <\/p>\n

2.\tPara respaldar su queja aduce en compendio, que surtido el tr\u00e1mite de rigor dentro del litigio declarativo referido en l\u00edneas anteriores, y ya en tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n propuesto por las demandantes, la Colegiatura convocada resolvi\u00f3 de fondo el asunto mediante sentencia del 22 de septiembre de 2017, confirmando la decisi\u00f3n de primer grado que desestim\u00f3 las pretensiones instadas; que en vista de lo anterior, las apelantes interpusieron recurso extraordinario de casaci\u00f3n, respecto del cual el magistrado ponente manifest\u00f3 que resolver\u00eda dentro de la oportunidad legal. <\/p>\n

Explica que aun cuando las recurrentes guardaron silencio dentro de los 5 d\u00edas contabilizados a partir de la emisi\u00f3n de la sentencia de segundo grado, y que al interior del expediente no obraba prueba que sirviera de fundamento para establecer el inter\u00e9s econ\u00f3mico de las recurrentes en casaci\u00f3n, el Tribunal resolvi\u00f3 requerirlas a fin de que aportaran el respectivo trabajo pericial, en vez de rechazar tal recurso, contrariando as\u00ed, dice, lo dispuesto en el art\u00edculo que regula dicho mecanismo excepcional, pues, asegura, la interpretaci\u00f3n normativa efectuada por el ad quem luce defectuosa, a m\u00e1s de haberse extralimitado en las potestades que como juez de segundo grado le fueron atribuidas (fls. 1 a 11). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 23 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRespecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra el prove\u00eddo dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 13 de diciembre de 2017, mediante el cual orden\u00f3 a la parte recurrente, que \u00aben el t\u00e9rmino de quince d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de es[e] prove\u00eddo aporte el dictamen pericial que permita establecer con precisi\u00f3n la cuant\u00eda del inter\u00e9s que tiene para recurrir en casaci\u00f3n\u00bb; lo anterior, luego de dejar por sentado que \u00abse est\u00e1 en presencia de un proceso de nulidad de un acto testamentario que en principio no reporta una estimaci\u00f3n en dinero, circunstancia que impedir\u00eda desconocer que la \u201c(\u2026) asignaci\u00f3n testamentaria (\u2026)\u201d realizada mediante escritura p\u00fablica No 032 del 17 de enero de 1977, de la cual no hicieron parte las demandantes y donde se vincularon dos bienes inmuebles identificados con los folios de matr\u00edcula inmobiliaria No. 50C-536648 y 364-1647 (fls. 56 a 60 C.1), realmente contiene una pretensi\u00f3n de estirpe econ\u00f3mica, por lo que, y solo en ese evento, se hace necesario atemperar el proceder a lo establecido en el art\u00edculo 339 ya mencionado\u00bb, concluyendo que \u00abno existen elementos de juicio que permitan fijar inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia de segunda instancia, toda vez que, en la demanda solamente se hace una relaci\u00f3n de los bienes vinculados al testamento cerrado, sobre los cuales se solicit\u00f3 la inscripci\u00f3n de la demanda sin establecer su valor. De otro lado, el recurrente a pesar de estar habilitado para aportar el dictamen pericial que establezca el monto de su agravio, no lo hace, situaci\u00f3n que obliga hacer uso de los poderes otorgados por el numeral 6 del art\u00edculo 42 del estatuto procesal en comento, en el sentido de ordenar a la parte actora proceda a aportar el dictamen pericial que se echa de menos, esto, debido a que no existe norma expresa aplicable al tema\u00bb. <\/p>\n

3. No obstante, una vez examinada la decisi\u00f3n antes individualizada se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n

Y ello es as\u00ed, porque precisamente esta Sala de Casaci\u00f3n Civil en recientes pronunciamientos ha establecido que ante la necesidad de un medio de convicci\u00f3n del que pueda establecerse fehacientemente el inter\u00e9s econ\u00f3mico de los recurrentes en casaci\u00f3n, por no militar tal prueba dentro del expediente, debe el ad quem proceder a la b\u00fasqueda de dicho dato, sea con el decreto de oficio del peritaje respectivo, o como lo hizo la Colegiatura censurada, requiriendo a las interesadas para que procediera a su aportaci\u00f3n. <\/p>\n

4. Sobre el particular, esta Corte al resolver sobre un recurso de queja propuesto en contra del auto que deneg\u00f3 la concesi\u00f3n del remedio extraordinario prenombrado, expres\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n

\u00ab1. Como los demandantes iniciales formularon el recurso de casaci\u00f3n el 7 de octubre del a\u00f1o pasado, todo lo relacionado con el mismo queda disciplinado por el C\u00f3digo General del Proceso, por as\u00ed preverlo sus art\u00edculos 624 y 625-5, en vigor desde el 1\u00ba de enero de 2016, al decir que \u201c(\u2026) los recursos\u2026se regir\u00e1n por las leyes vigentes cuando se interpusieron\u2026\u201d. <\/p>\n

En un caso semejante, la Sala dijo que \u201c(\u2026) como en el caso de autos el recurso extraordinario de casaci\u00f3n frente a la sentencia de segunda instancia fue radicado (\u2026) en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, es este el ordenamiento que debe aplicarse (CSJ AC0022-2017). <\/p>\n

2. As\u00ed las cosas, cumple indicar que de conformidad con el art\u00edculo 334 de la normatividad pertinente, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede frente a las sentencias proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia, \u201c\u2026en toda clase de procesos declarativos\u201d, con la precisi\u00f3n que cuando deciden sobre el estado civil s\u00f3lo es viable contra las de \u201c\u2026impugnaci\u00f3n o reclamaci\u00f3n de estado y la declaraci\u00f3n de uniones maritales de hecho\u201d. <\/p>\n

3. Dentro de la amplia gama de litigios declarativos, los hay con y sin contenido patrimonial, refiri\u00e9ndose a aquellos el inciso primero del art\u00edculo 338 \u00eddem, al reglar que \u201c[c]uando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1000 smlmv)\u201d. <\/p>\n

En casos como el actual, donde la primera instancia concedi\u00f3 parcialmente las s\u00faplicas iniciales, s\u00f3lo la demandada (reconviniente) apel\u00f3 y el Tribunal acogi\u00f3 la alzada para revocar lo que el a quo hab\u00eda otorgado y negar todas aquellas aspiraciones, la Corte tiene dicho que el inter\u00e9s de los accionantes para recurrir s\u00f3lo est\u00e1 dado por lo ganado en primera instancia y perdido en la segunda. <\/p>\n

Al respecto, es jurisprudencia que
\n(\u2026) cuando el fallo fue favorable al actor, y el de segunda instancia lo revoca, ha sido criterio constante de la Sala que el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n se circunscribe al \u201cbeneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisi\u00f3n de segundo grado\u201d (CSJ AC, 5 sep. 2013, Rad. 00288-00, reiterado en AC617-2017). <\/p>\n

Y en otro pronunciamiento, que precisa a\u00fan m\u00e1s la regla cuando se acogen parcialmente en primera instancia las s\u00faplicas, el actor no apela, lo hace su contraparte y el Tribunal infirma \u00edntegramente para desestimar todas las aspiraciones del gestor, se dijo que
\n(\u2026) en los casos en los cuales la sentencia de primer grado favorece parcialmente al demandante y \u00e9ste no ejerce la apelaci\u00f3n, el inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n se reduce al beneficio ganado en primera instancia que es revocado por el Tribunal, puesto que es lo que efectivamente pierde con la decisi\u00f3n de segundo grado. Debe precisarse en torno al punto que lo usual es que la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n para el demandante se tome con referencia en las pretensiones de la demanda que no han sido acogidas por el Tribunal; no obstante, si el juzgado ha reconocido s\u00f3lo algunas sumas de las reclamadas por el demandante y \u00e9ste consiente esa reducci\u00f3n porque no apela la sentencia de primer grado, su inter\u00e9s queda reducido a los montos cuyo pago reconoce el a quo, pues -se insiste- la p\u00e9rdida de esa cifra es el agravio que en definitiva causa la sentencia del Tribunal (CSJ AC de 26 de agosto de 2009, Rad. 2008-02106-00). <\/p>\n

4. Por lo anterior, en el sub-ex\u00e1mine resulta evidente que el inter\u00e9s de Miguel \u00c1ngel, Jairo y \u00c1lvaro Hern\u00e1n Perdomo Corredor para acudir a este mecanismo extraordinario est\u00e1 dado por lo que el juez de primera instancia les concedi\u00f3, toda vez que al no haber recurrido esa decisi\u00f3n renunciaron a reclamar la diferencia entre ese monto y las pretensiones. En otras palabras, no pueden aducir v\u00e1lidamente que el fallo del Tribunal les irrog\u00f3 m\u00e1s da\u00f1o que lo que les quit\u00f3. <\/p>\n

En ese orden de ideas, siendo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot \u00fanicamente otorg\u00f3 la reivindicaci\u00f3n, pero neg\u00f3 a los censores los perjuicios por hallar \u201cex\u00f3tica\u201d su solicitud en este tipo de asuntos y los frutos por no encontrarlos probados, es claro que no habiendo apelado los mismos en pos de que el ad-quem les reconociera esos conceptos, ahora no pueden pretender v\u00e1lidamente que se adicionen a su inter\u00e9s econ\u00f3mico para recurrir. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, trat\u00e1ndose de un inmueble cuya restituci\u00f3n no se concedi\u00f3 a quienes figuran como titulares del dominio, el menoscabo que les ocasion\u00f3 la sentencia est\u00e1 representado por su respectivo precio a la fecha de la sentencia. <\/p>\n

Como hasta el momento el factor que conforme se acaba de decir constituye el inter\u00e9s de los demandados para acudir en casaci\u00f3n no ha sido analizado por el juez de segundo grado, la Corte declarar\u00e1 que neg\u00f3 prematuramente el remedio extraordinario y dispondr\u00e1 que se le devuelva el expediente para que lo determine \u201ccon los elementos de juicio que obren en el expediente\u201d (art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso), y si \u00e9stos no existen, son insuficientes, est\u00e1n desactualizados o la interpretaci\u00f3n t\u00e9cnica de los mismos escapa a sus conocimientos, \u201c\u2026adopte las medidas legales para establecer la dimensi\u00f3n econ\u00f3mica actual del perjuicio que la sentencia combatida le caus\u00f3 a los impugnantes, luego de lo cual, decidir\u00e1 sobre la procedencia del recurso\u201d, de ser necesario apoy\u00e1ndose en el concepto de un experto (CSJ AC5019, 5 ag. 2016, exp. 01923-00). <\/p>\n

5. Finalmente, cabe se\u00f1alar que el inciso final del art\u00edculo 342 de la codificaci\u00f3n en cita dispone que \u201c[l]a cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir en casaci\u00f3n fijada por el tribunal no es susceptible de examen o modificaci\u00f3n por la Corte\u201d. <\/p>\n

Empero, la Sala ha precisado que semejante prohibici\u00f3n opera en todo su rigor cuando el Tribunal ha concedido la impugnaci\u00f3n con plena observancia de los par\u00e1metros legales y jurisprudenciales, pero no si los ha desbordado, pues, mal podr\u00eda acoger una actuaci\u00f3n viciada y sobre ella edificar la propia. <\/p>\n

En ese sentido, ha afirmado que la memorada barrera normativa
\n(\u2026) no puede entenderse como un imperativo para que esta Corporaci\u00f3n admita todos los recursos que lleguen a su conocimiento, con independencia de la afectaci\u00f3n a los intereses patrimoniales del actor, pues ello llevar\u00eda a vaciar de contenido y finalidad del acto de admisi\u00f3n, as\u00ed como la exigencia de un quantum en la afectaci\u00f3n que irrog\u00f3 el prove\u00eddo, que simplemente se ver\u00edan soslayados en los casos en que el fallador tomara una decisi\u00f3n err\u00f3nea o apartada de los precedentes vigentes sobre la materia, afectando el n\u00facleo esencial de derechos como la igualdad y de principios como la legalidad, garant\u00edas b\u00e1sicas del estado social de derecho. Para evitar lo expuesto, se hace necesario acudir al principio de conservaci\u00f3n o efecto \u00fatil, seg\u00fan el cual debe privilegiarse la interpretaci\u00f3n que permita que una norma tenga efectos sobre las que no, en concreto, de los art\u00edculos 338 y 342 del nuevo estatuto procesal, para concluir que ciertamente la Corte, en ning\u00fan caso, podr\u00e1 fijar o definir el valor de la resoluci\u00f3n desfavorable para el actor, ya que ello qued\u00f3 exclusivamente en manos de los tribunales. Sin embargo, cuando advierta una situaci\u00f3n que merece ser valorada por dichos cuerpos colegiados, podr\u00e1 solicitarles que examinen su propia decisi\u00f3n, indicando las razones que dan lugar a ello (CSJ, AC5274-2016, reiterado AC5545-2016). <\/p>\n

6. En consecuencia, la Sala tendr\u00e1 por anticipada la concesi\u00f3n del recurso y devolver\u00e1 el asunto a la Corporaci\u00f3n de origen para que reexamine el punto y a la luz de las anteriores observaciones clarifique el real inter\u00e9s econ\u00f3mico de los demandantes para acudir en casaci\u00f3n\u00bb (ATC1609-2017). <\/p>\n

5.\tDe este modo, entonces, al no poder tildarse de antojadizo el pronunciamiento del que se duele la se\u00f1ora Jaramillo Ossa, ello impide su cuestionamiento a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, pues la diferencia de criterio que expone \u00e9sta no permite, por s\u00ed solo, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, m\u00e1s a\u00fan si en cuenta se tiene en cuenta que conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 339 del C\u00f3digo General del Proceso, la cuant\u00eda del inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado en la sentencia, cuando es el determinante de la procedencia del recurso, en concreto, en los procesos declarativos, salvo respecto de las dictadas \u00abdentro de las acciones de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u00bb (art\u00edculo 338, inciso 1\u00ba, ib\u00eddem), debe establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. <\/p>\n

Con todo, de acuerdo con el mismo precepto, el recurrente, si lo estima necesario, podr\u00e1 aportar un dictamen pericial para que el funcionario pueda decidir de plano sobre la concesi\u00f3n, sin que ello no implique que en todos los casos haya lugar a la presentaci\u00f3n de dicha prueba, pues si aparecen en el legajo elementos de juicio id\u00f3neos para el efecto, la cuant\u00eda en casaci\u00f3n \u00abdeber\u00e1\u00bb, en palabras del legislador, establecerse con base en los mismos; el inconveniente nace, se reitera, cuando ning\u00fan elemento de juicio en la direcci\u00f3n anotada obra en el informativo y no se aporta la prueba para establecerlo, siendo necesaria. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, si la norma no atribuye ninguna consecuencia adversa al recurrente, el principio de legalidad proscribe aplicar caprichosamente sanciones en su contra, por lo que es ah\u00ed donde la soluci\u00f3n brindada por el Tribunal no luce caprichosa, y lo que ocurra alrededor, inclusive la apreciaci\u00f3n del respectivo dictamen, es de su exclusiva competencia, tal y como ocurri\u00f3 en el caso examinado. <\/p>\n

6.\tEn este sentido se ha dicho de manera uniforme y repetida, que <\/p>\n

\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (ver entre otras, CJS STC8596-2017). <\/p>\n

7.\tLas razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC940-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00121-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por la se\u00f1ora Ana Beatriz Jaramillo Sosa contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101175","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101175","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101175"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101175\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101175"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101175"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101175"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}