{"id":101176,"date":"2026-07-01T16:57:55","date_gmt":"2026-07-01T16:57:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101176"},"modified":"2026-07-01T16:57:55","modified_gmt":"2026-07-01T16:57:55","slug":"stc941-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc941-2018\/","title":{"rendered":"STC941-2018"},"content":{"rendered":"
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC941-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00065-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho)
\nBogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).- <\/p>\n

Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el se\u00f1or Jhon Jairo Rojas Coronado contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con la decisi\u00f3n tomada en sede de alzada y que result\u00f3 desfavorable a sus intereses, dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que en su contra instaur\u00f3 Mary Plazas Arciniegas. <\/p>\n

Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se le conceda el resguardo deprecado, invalidando el fallo dictado el 29 de septiembre de 2017 por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013Sala Civil, para que en su lugar, entonces, se ordene a dicha Colegiatura realizar una debida valoraci\u00f3n probatoria que conlleve a la confirmaci\u00f3n de la sentencia de primer grado que deneg\u00f3 el petitum demandatorio (fl. 12). <\/p>\n

2.\tPara respaldar su queja aduce en compendio, luego de narrar in extenso el tr\u00e1mite acaecido con ocasi\u00f3n del litigio en cuesti\u00f3n, que el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de esta capital resolvi\u00f3 de fondo el asunto mediante sentencia del 15 de febrero de 2017, declar\u00e1ndolo civil y extracontractualmente responsable por los da\u00f1os morales causados a la demandante con ocasi\u00f3n del incendio ocurrido el 9 de agosto de 2013, pues frente al da\u00f1o emergente y al lucro cesante determin\u00f3 que no exist\u00eda prueba contundente de la cual pudiera tasarse dichos perjuicios. <\/p>\n

Explica que inconformes con lo resuelto, ambos extremos de la litis apelaron dicha determinaci\u00f3n, censuras que fueron zanjadas a trav\u00e9s de prove\u00eddo del 29 de septiembre del a\u00f1o pasado, que la revoc\u00f3 parcialmente, para entonces, condenarlo a \u00e9l al pago de las sumas de $1\u00b4415.629,12 por concepto de da\u00f1o emergente, $40\u2019711.871,67 por concepto de lucro cesante pasado y $67\u00b4338.807,76 por concepto de lucro cesante futuro, raz\u00f3n por la cual acude al presente mecanismo excepcional, pues, asegura, la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el ad quem para establecer dichas sumas de dinero luce defectuosa, a m\u00e1s de haberse extralimitado en las potestades que como juez de segundo grado le fueron atribuidas por el legislador, pues, dice, se adentr\u00f3 en el estudio de puntuales tem\u00e1ticas que no fueron objeto de reproche alguno por parte de la demandante (fls. 1 a 18). <\/p>\n

3.\tUna vez asumido el tr\u00e1mite, el 25 de enero de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tRespecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto se observa, que la censura est\u00e1 encaminada, en concreto, contra el prove\u00eddo dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 29 de septiembre de 2017, que cerr\u00f3 el debate planteado al \u00abREVOCAR\u00bb parcialmente el fallo dictado el 15 de febrero anterior por el Juzgado Cuarenta y Tres Civil del Circuito de la misma localidad, para as\u00ed, a) declarar \u00abcivil y extracontractualmente responsable a JHON ROJAS CORONADO de los da\u00f1os causados con ocasi\u00f3n del incendio ocurrido el d\u00eda 9 de agosto de 2013 y que destruy\u00f3 la totalidad del establecimiento de comercio denominado MEDIOS & SERVICIOS PUBLICITARIOS ubicado en la carrera 24 No. 42-52 sur de Bogot\u00e1 D.C.\u00bb, y en consecuencia, b) condenar a \u00e9ste al pago de \u00ab$1\u2019415.629,12 por concepto de da\u00f1o emergente, la suma de $40.711.871,67, por concepto de lucro cesante pasado; la suma de $67.338.807,76, por concepto de lucro cesante futuro\u00bb, sin condena en costas para las partes (fls. 28 a 52), pues en criterio del accionante, all\u00ed demandado, el juzgador de segunda instancia desbord\u00f3 su competencia al adentrarse a estudiar aspectos que no fueron objeto de la alzada interpuesta por la demandante. <\/p>\n

3.\tNo obstante, una vez examinada la decisi\u00f3n antes individualizada se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, pues aqu\u00e9lla tuvo como fundamento argumentos que de manera alguna pueden considerarse caprichosos o absurdos, lo que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela, tal y como pasa a verse: <\/p>\n

3.1.\t Adelantado el tr\u00e1mite procesal respectivo en el marco de la controversia objeto de debate, la sede judicial del conocimiento resolvi\u00f3 de fondo la misma el 15 de febrero de 2017, luego de concluir que el da\u00f1o alegado efectivamente se acredit\u00f3 con el \u00abinforme rendido por el Cuerpo Oficial de Bomberos visto a folio 18, en el que se indica que el 9 de agosto de 2013 se produjo un incendio en el local ubicado en la carrera 24 No. 42 -52 Sur de esta ciudad, en el cual se presentaron da\u00f1os y p\u00e9rdidas en la edificaci\u00f3n y en su contenido adem\u00e1s de lo manifestado por los testigos y los interrogatorios rendidos por las parte\u00bb. <\/p>\n

Y ya en lo concerniente al nexo causal y la culpa, indic\u00f3 que conforme a los medios de convicci\u00f3n recaudados, se hallaba demostrado que \u00abel incendio que ocasion\u00f3 los da\u00f1os a la demandante que a[ll\u00ed] se reclaman tuvo origen en el local de propiedad del demandado y \u00e9ste se extendi\u00f3 al local, tambi\u00e9n del demandado y donde funcionaba la empresa MEDIOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS de propiedad de la demandante\u00bb. <\/p>\n

Luego, adentr\u00e1ndose en el estudio de los perjuicios reclamados, sostuvo que \u00abpese a que es claro que el incendio consumi\u00f3 los bienes que se encontraban en el local comercial en que funcionaba la empresa publicitaria de la demandante, no se prob\u00f3 nunca qu\u00e9 bienes y\/o maquinaria se encontraban en el establecimiento al momento de la conflagraci\u00f3n (\u2026) no se prob\u00f3 su valor ya que no obra en el expediente factura o prueba documental alguna de ello a pesar de que los testigos mencionaron algunos de los bienes mencionados en el hecho 16 de la demanda (\u2026) le correspond\u00eda a la parte demandante desacreditar sus mismos dichos en relaci\u00f3n con el informe dado al Cuerpo de Bomberos, en relaci\u00f3n con unas p\u00e9rdidas que no superaban los $14.000.000.oo los cuales vino a tratar de modificar en el juicio (\u2026) aunado a lo anterior, la documental obrante en el paginario no da cuenta del valor reclamado por la actora a t\u00edtulo de da\u00f1o emergente, puesto que en la declaraci\u00f3n de renta del a\u00f1o 2012 se registr\u00f3 como activos fijos a la demandante un valor de $4.904.000.oo; as\u00ed como al renovar la matr\u00edcula de la empresa MEDIOS Y SERVICIOS PUBLICITARIOS, en el a\u00f1o 2013 se indic\u00f3 como activos la suma de $1.170.000.oo\u00bb; frente al lucro cesante advirti\u00f3 que no se prob\u00f3 su causaci\u00f3n, por raz\u00f3n que no se estableci\u00f3 la afectaci\u00f3n real del patrimonio econ\u00f3mico del extremo actor, por lo que aun acreditada la responsabilidad civil extracontractual, imposible resultaba reconocer los perjuicios materiales reclamados por falta de su acreditaci\u00f3n real, contrario al da\u00f1o moral, el que tas\u00f3 en 20 s.m.l.m.v. (fls. 30 y 31). <\/p>\n

3.2.\t Descontentos con tal determinaci\u00f3n, ambos extremos procesales formularon en su contra recurso vertical, alegando en s\u00edntesis lo siguiente: <\/p>\n

3.2.1. La demandante se quej\u00f3 frente a la negativa de reconocer el da\u00f1o emergente y el lucro cesante solicitados, pues en su juicio, no se valoraron en debida forma las pruebas recaudadas que evidenciaban y demostraban la cuant\u00eda de dichos perjuicios. <\/p>\n

3.2.2. A su turno, el demandado, aqu\u00ed interesado, aleg\u00f3 que no se demostraron los elementos axiol\u00f3gicos de la responsabilidad civil extracontractual reclamada, pues \u00absi bien existi\u00f3 un incendio que tuvo su origen en el lote de su propiedad que se extendi\u00f3 al local en tenencia del extremo actor, tambi\u00e9n de su propiedad, lo cierto es que ninguna prueba demostr\u00f3 que fue quien ocasion\u00f3 la conflagraci\u00f3n y, la demandante en su declaraci\u00f3n se contradice con otras pruebas\u00bb. De otro lado, indic\u00f3 que \u00absi bien no se tuvo por probado el da\u00f1o material, no se entiende el por qu\u00e9 se reconoci\u00f3 unos perjuicios morales cuando era claro que la empresa pudo seguir ejerciendo su actividad en otra parte, en otro inmueble, de all\u00ed que no se debi\u00f3 haber condenado un da\u00f1o moral inexistente\u00bb. <\/p>\n

3.3.\t La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 zanj\u00f3 el asunto en sentencia del 29 de septiembre del a\u00f1o pasado, invalidando parcialmente la decisi\u00f3n del a quo, para lo cual efectu\u00f3 el siguiente an\u00e1lisis: <\/p>\n

Acerca del tipo de responsabilidad endilgada al demandado, dej\u00f3 por sentado que \u00abverificada la g\u00e9nesis de la controversia concluye la Sala, sin per\u00edfrasis, que el hecho de manipular l\u00edquidos inflamables y, en especial, iniciar hogueras claramente constituye una verdadera conducta o actividad peligrosa, porque el da\u00f1o surge del comportamiento peligroso generado, al parecer por el demandado, al iniciar una fogata que se sali\u00f3 de control, es decir, nace de los efectos de la conducta o actividad desarrollada que se volvieron incontrolables o imprevisibles y, que por contera desembocaron en el incendio que caus\u00f3 los da\u00f1os objeto de reparaci\u00f3n. <\/p>\n

Y es que, no puede aceptarse la tesis que sostuvo el juez a-quo, respecto de la responsabilidad que se debe predicar en este evento, por raz\u00f3n que independientemente de lo que se llegue a discutir frente a la titularidad del bien y quien ostenta la tenencia el uso y goce del mismo, lo cierto es que en \u00faltimas los da\u00f1os no surgieron directamente del predio sino de una conflagraci\u00f3n que se sali\u00f3 de control y, que si bien se gener\u00f3 en su interior, ello por s\u00ed solo no permite predicar la responsabilidad por el hecho de las cosas que se encuentran a su cargo. <\/p>\n

De aceptar esa tesis ser\u00eda tanto como considerar, que tendr\u00eda la misma responsabilidad el due\u00f1o de un predio cuando se cae un ladrillo de su fachada y causa da\u00f1os, a cuando se lanza un ladrillo desde ese predio e igualmente causa da\u00f1os, pues se estar\u00eda responsabilizando por acciones de terceros, muy a pesar que se desarrollen en el mismo inmueble; lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad que se pueda derivar del guardi\u00e1n de la cosa o del que tiene las cosas o personas a su cargo\u00bb. <\/p>\n

Establecido lo anterior, esto es, la ocurrencia del da\u00f1o y la responsabilidad del demandado, entr\u00f3 en el tema de la cuantificaci\u00f3n de los perjuicios, se\u00f1alando para el efecto lo siguiente: <\/p>\n

\u00abEn lo tocante con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios, el convocado – JOHN JAIRO ROJAS CORONADO- alega que no entiende porque (sic) se reconocieron unos perjuicios morales cuando est\u00e1 claro que la empresa pudo seguir ejerciendo su actividad en otro local comercial. Por su parte, el extremo actor -MARY PLAZAS ARCINIEGAS- solicita el reconocimiento del perjuicio denominado da\u00f1o emergente y lucro cesante, su apreciaci\u00f3n se afinca en el contenido de la prueba recaudada -documental y testimonial- la que permite probar su existencia y cuant\u00eda, al paso que las llamas consumieron toda la documentaci\u00f3n de la empresa. <\/p>\n

Pertinente es recordar que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, por as\u00ed disponerlo claramente el art\u00edculo 164 del C. G. del P. El principio de la necesidad de la prueba le indica al juzgador el deber de tomar toda decisi\u00f3n judicial con apoyo en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso (art\u00edculo 164 ejusdem), esto es, que los medios probatorios para poder ser valorados deben aducirse en los t\u00e9rminos se\u00f1alados de manera taxativa por el legislador, contrario sensu, su apreciaci\u00f3n cercenar\u00eda el derecho de defensa y de contradicci\u00f3n de la contraparte; mientras que el principio de la carga de la prueba (art\u00edculo 167 ib\u00eddem) le impone a las partes la obligaci\u00f3n de probar los supuestos de hecho en que edifica la demanda, las excepciones, el incidente o el tr\u00e1mite especial, seg\u00fan el caso, o sea, que consiste en lo que a cada parte le asiste inter\u00e9s en probar, de modo que si el interesado en suministrarla no lo hace, o la allega imperfecta, se descuida o equivoca su papel de probador, necesariamente, ha de esperar un resultado adverso a sus pretensiones; claro est\u00e1 que como las pruebas una vez allegadas son consideradas o vistas del proceso y no de las partes, las recaudadas por la actora sirven para demostrar los hechos en que se apoyan las excepciones de la contraparte y viceversa. <\/p>\n

Enfoc\u00e1ndonos en el asunto bajo estudio, como prueba b\u00e1sica de los perjuicios, en principio, obra la documental y los testimonios, por raz\u00f3n que si bien se solicit\u00f3 y practic\u00f3 un dictamen pericial \u00e9ste no fue atendido por el Juez de la primera instancia, debido a que el auxiliar de la justicia no asisti\u00f3 a la diligencia a ratificar su pericia (CD. fl. 424 minuto 13.30 y ss. c.1), empero, en vista de las previsiones del art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso y, atendiendo a que el auxiliar de la justicia justific\u00f3 su inasistencia a ese acto procesal, ello habilita para que en la segunda instancia sea interrogado y eventualmente se aprecie el mismo (fls. 381 a 420 c.1). Es as\u00ed como al inicio de la audiencia del art\u00edculo 327 numeral 5\u00b0 inciso 2\u00b0 del C.G.P., compareci\u00f3 el auxiliar de la justicia a sustentar su trabajo. <\/p>\n

Del examen practicado a las normas que regulan la prueba pericial, art\u00edculos 233 a 243 del C.P.C. hoy 226 a 234 del C. G. del P., sostiene la Sala que el juzgador no puede someterse a los fundamentos y conclusiones del dictamen de manera ciega y sin ahondar en el examen de su contenido, pues de lo contrario caer\u00eda en el absurdo que ser\u00eda el perito el que fallara la litis; es que la funci\u00f3n de dicho auxiliar es la de exponerle al juez sus opiniones personales acerca de las cuestiones que se le han planteado, por eso el dictamen es una simple declaraci\u00f3n de ciencia, cuyas conclusiones no son definitivas ya que pueden ser o no acogidas; con apoyo en el art\u00edculo 241 ejusdem hoy 232 C. G. del P., el fallador goza de la potestad de fijarle al peritaje el valor que en cada caso le merece teniendo en cuenta la firmeza, precisi\u00f3n y calidad de los fundamentos y dem\u00e1s elementos probatorios obrantes en el proceso, lo cual indica que en esa ponderada apreciaci\u00f3n que realice puede acogerlo o rechazarlo.
\n(\u2026) <\/p>\n

16.1.- Bajo el anterior panorama, se apartar\u00e1 la Sala del dictamen pericial rendido, en la medida que las conclusiones a que lleg\u00f3 frente a los perjuicios reclamados da\u00f1o emergente y lucro cesante no tienen sustento legal alguno que de firmeza y precisi\u00f3n a su conclusi\u00f3n, (…). <\/p>\n

16.2.- En lo que toca con la documentaci\u00f3n \u2013contabilidad- viene al caso la consideraci\u00f3n referente a que precisamente la consecuencia de la conducta desplegada por el aqu\u00ed demandado puso en imposibilidad a la actora de probar el movimiento contable del establecimiento de comercio; sumado a lo anterior, en el hecho 14 de la demanda se se\u00f1ala que con ocasi\u00f3n del incendio provocado se consumieron los registros y facturas, entre otros bienes, la contraparte al pronunciarse sobre el contenido del mismo manifest\u00f3: \u201cEs cierto, las llamas afectaron la estructura y el contenido del local, pero no se puede aseverar que existiera (sic) tales objetos como quiera que \u2026\u201d (folio 82 cdo. 1), pero como puede constatarse al folio 17 del cuaderno dos obra certificaci\u00f3n proveniente de la contadora de la parte actora, de fecha posterior a la ocurrencia del incendio y sobre el monto promedio de los ingresos brutos mensuales del establecimiento Medios & Servicios Publicitarios, precisamente por ausencia de los mencionados registros. <\/p>\n

16.3.- Frente al restante perjuicio -lucro cesante- se tiene que parti\u00f3 de premisas erradas fundadas en documentos provenientes de la comerciante, en su mayor\u00eda, allegados al plenario (fls. 17 a 334 c.2), que por s\u00ed solos no permiten, para el caso: reconstruir la contabilidad del establecimiento de comercio y tenerla por ver\u00eddica, de ser el fiel reflejo de los movimientos contables y por ende corresponder a la realidad econ\u00f3mica del negocio incinerado. <\/p>\n

Sobre el tema de los libros y su alcance probatorio cuando involucra persona no comerciante es un aspecto que se encuentra regulado en el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Comercio y particularmente se ha precisado lo siguiente: <\/p>\n

\u201cDebe aclararse, en primer lugar, que el valor probatorio de los libros de comercio opera de manera plena en las relaciones entre comerciantes. De all\u00ed que el art\u00edculo 69 del C\u00f3digo de Comercio precise que, en las cuestiones mercantiles con personas no comerciantes, los libros son principio de prueba, que puede ser complementado con otras pruebas legales\u201d. <\/p>\n

\u201cHecha esta salvedad, el principio general previsto en el art\u00edculo 68 del estatuto comercial indica que los libros son plena prueba entre comerciantes.\u201d (sentencia C-062 de 2008 Corte Constitucional Sala Plena). <\/p>\n

16.4.- El auxiliar de la justicia se limit\u00f3 a elaborar su experticia teniendo como base: facturas de venta, declaraci\u00f3n de impuesto de IVA, extractos bancarios, entre otros (c.2), concluyendo de ellos que la se\u00f1ora Mary Plazas Arciniegas percib\u00eda una utilidad neta de $3.919.512.67 mensuales, empero, no se preocup\u00f3 por determinar desde el inicio si los documentos contables que iban a servir de base para su trabajo se ajustaban a la ley y se acompasaban con la realidad econ\u00f3mica de la sociedad, en estas condiciones, no es posible apreciar la pericia por la ausencia de firmeza y precisi\u00f3n en sus conclusiones.
\n(\u2026) <\/p>\n

17.- Descendiendo al caso concreto, se tiene que en las pretensiones de la demanda se solicit\u00f3 el reconocimiento de los perjuicios: da\u00f1o emergente, lucro cesante y da\u00f1o moral, por tanto emprender\u00e1 la Corporaci\u00f3n el estudio de cada uno de ellos a fin de determinar si a la conclusi\u00f3n que lleg\u00f3 el Juez a-quo fue la correcta\u00bb. <\/p>\n

Bas\u00e1ndose en dicho an\u00e1lisis, procedi\u00f3 a la aplicaci\u00f3n de las f\u00f3rmulas respectivas para la tasaci\u00f3n de los perjuicios materiales, los cuales se fijaron en las sumas descritas l\u00edneas atr\u00e1s (fl. 28 a 52). <\/p>\n

4.\tDe este modo, al margen de que esta Corporaci\u00f3n comparta \u00edntegramente o no el se\u00f1alado pronunciamiento, se concluye que no puede tildarse de antojadizo o caprichoso, lo cual impide su cuestionamiento en esta Sede, pues la diferencia de criterio que expone la parte aqu\u00ed interesada no permite, por s\u00ed solo, predicar el quebranto de los derechos cuya protecci\u00f3n invoca, siendo que en la decisi\u00f3n de segundo grado censurada se observaron las normas procesales que eran aplicables para el caso concreto, m\u00e1s a\u00fan si en cuenta se tiene que ambos extremos apelaron de decisi\u00f3n de primer grado, lo que abri\u00f3 las puertas a un estudio completo de cada uno de los elementos de la acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual, as\u00ed como a la valoraci\u00f3n de todas las pruebas recaudadas en pro de la demostraci\u00f3n y cuantificaci\u00f3n de los perjuicios reclamados. <\/p>\n

5.\tEn este sentido se ha dicho de manera uniforme y repetida, que <\/p>\n

\u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (ver entre otras, CJS STC18655-2017). <\/p>\n

6.\tLas razones consignadas se estiman suficientes para concluir, que el resguardo implorado debe desestimarse. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley DENIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n.
\nPor secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC941-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2018-00065-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por el se\u00f1or Jhon Jairo Rojas Coronado contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101176","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101176","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101176"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101176\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101176"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101176"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101176"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}