{"id":101177,"date":"2026-07-01T16:58:08","date_gmt":"2026-07-01T16:58:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101177"},"modified":"2026-07-01T16:58:08","modified_gmt":"2026-07-01T16:58:08","slug":"stc942-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc942-2018\/","title":{"rendered":"STC942-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC942-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2018-00066-00
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Myriam Consuelo Fonseca Pacheco contra la Sala Civil-Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa promotora del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n constitucional de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, prevalencia del derecho sustancial y \u00abacceso a la justicia, en conexidad con el de la vivienda digna\u00bb, que dice vulneradas por las autoridades judiciales acusadas.
\nEn consecuencia, solicit\u00f3 \u00abdejar sin efecto las sentencias de primera y segunda instancia\u00bb y se declare \u00abla nulidad de todo lo actuado, incluyendo el mandamiento de pago…\u00bb. <\/p>\n

2.\tSon hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n

2.1.\tColpatria S.A. promovi\u00f3 proceso ejecutivo hipotecario en contra de Myriam Consuelo Fonseca Pacheco, con miras a obtener el pago de una obligaci\u00f3n concedida bajo el sistema UPAC. <\/p>\n

2.2.\tLibrado el mandamiento de pago, la ejecutada formul\u00f3 excepciones de m\u00e9rito, que fueron desestimadas por el juzgado accionado, mediante sentencia del 18 de abril de 2012, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la demandada, siendo confirmada por el Tribunal convocado con providencia del 1\u00ba de febrero de 2013. <\/p>\n

2.3. El 12 de enero de 2017, la ejecutada solicit\u00f3 \u00abla nulidad de todo lo actuado\u00bb, petici\u00f3n que rechaz\u00f3 de plano el a quo con auto del 24 de febrero de 2017. <\/p>\n

2.4. Frente a esa determinaci\u00f3n la demandada formul\u00f3 apelaci\u00f3n, que desestim\u00f3 el juez ad quem, a trav\u00e9s de providencia del 6 de diciembre de esas misma calendas. <\/p>\n

2.5.\tPor v\u00eda de tutela, critic\u00f3 la ejecutada que la reliquidaci\u00f3n de su cr\u00e9dito hipotecario no se ajust\u00f3 a los par\u00e1metros establecidos en la ley 546 de 1999 y en la sentencia C-955 de 2000 de la Corte Constitucional, lo que desconocieron los falladores enjuiciados al dictar las sentencias que definieron el litigio; que no valoraron la experticia practicada en el proceso; y que \u00abomitieron decretar de oficio [una] prueba pericial\u00bb, necesaria para demostrar el supuesto f\u00e1ctico que sustentaba sus mecanismos defensivos. <\/p>\n

3.\tLa Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, el 18 de enero de 2018, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 destac\u00f3 que \u00abla actuaci\u00f3n adelantada ha sido respetuosa de las garant\u00edas procesales a favor de los contendientes (\u2026), las decisiones han sido adoptadas con apego a la legalidad y no ha existido causal alguna que abra paso a la prosperidad del amparo izado\u2026\u00bb. <\/p>\n

2. La Sala Civil-Familia Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca expres\u00f3 que el prove\u00eddo de 6 de diciembre de las anteriores calendas, \u00aben modo alguno desconoce los derechos fundamentales de quienes actuaron como sujetos de [la] relaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n

3. Colpatria S.A. se\u00f1al\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa, por cuanto cedi\u00f3 la obligaci\u00f3n objeto de recaudo en la ejecuci\u00f3n objeto de reproche y agreg\u00f3 que la petici\u00f3n de resguardo no cumple con el presupuesto de inmediatez. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. Partiendo de los reproches planteados en el escrito de demanda, los cuales se circunscriben a predicar la existencia de una supuesta indebida reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito materia de ejecuci\u00f3n, extracta la Corte que la promotora cuestion\u00f3 (i) la providencia calendada 1\u00b0 de febrero de 2013, con la que el Tribunal convocado confirm\u00f3 el fallo dictado el 18 de abril de 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, mediante el cual fueron desestimadas las excepciones meritorias formuladas por la ejecutada, fundadas, valga anotar, en hechos similares a los aqu\u00ed expuestos; y (ii) el prove\u00eddo de 6 de diciembre de 2017, que confirm\u00f3 el dictado 24 de febrero de ese mismo a\u00f1o, con el que fue rechazada de plano la solicitud de nulidad que elev\u00f3 la quejosa. <\/p>\n

3. Con base en tal premisa y en lo que ata\u00f1e a la primera de esas inconformidades, concluye la Corte que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, habida cuenta que entre la fecha de proferimiento de la decisi\u00f3n censurada (1\u00ba de febrero de 2013) y la data de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, 16 de enero de 2017 (folio 18, cuaderno 1), transcurrieron m\u00e1s de tres a\u00f1os, super\u00e1ndose por mucho el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este recurso excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n constitucional. <\/p>\n

Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) \u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n

Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01, CSJ STC 5977, 15 de mayo de 2015). <\/p>\n

4. Respecto a la segunda de las quejas de la promotora del resguardo, encuentra la Corte que la acci\u00f3n constitucional tampoco est\u00e1 llamada a prosperar, comoquiera que el Tribunal criticado, en la prenotada providencia del 6 de diciembre de 2017, expres\u00f3 los motivos por los que no deb\u00eda darse curso a la petici\u00f3n de invalidez que formul\u00f3 la ejecutada, respecto de lo cual expres\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026 el Juez tiene la facultad como director del proceso de rechazar los incidentes [de nulidad] presentados, en los siguientes eventos: i) que no est\u00e9 expresamente autorizado; ii) que se promueva fuera de t\u00e9rmino; iii) que no re\u00fana los requisitos formales; iv) que se funde en causales distintas de las consagradas en el art\u00edculo 133 del C.G.P.-antes 140 del C.P.C. -, y, v) cuando se fundamente en hechos que pudieron alegarse en excepciones previas u ocurrieron antes de promoverse otro incidente de nulidad, o que se proponga despu\u00e9s de saneada. (Art\u00edculos 130 y 135 del C.G.P.). <\/p>\n

Pues bien, se tiene que [la] apelante invoc\u00f3 como uno de los fundamentos del incidente la nulidad constitucional o que guarda relaci\u00f3n con el debido proceso, sobre lo cual, en sentencia C-491 de 1995 se consider\u00f3 en su momento que si bien las causales de nulidad son taxativas, acorde con lo normado en el art\u00edculo 140 del C.P.C., apunt\u00e1ndose que "…es viable y puede invocarse la prevista en el art. 29 de la Constituci\u00f3n, seg\u00fan el cual, "es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violaci\u00f3n del debido proceso", que es aplicable en toda clase de procesos", no obstante, en el caso, la argumentaci\u00f3n que para tal efecto se expuso, no se ci\u00f1\u00f3 a desacreditar un medio probatorio por haber sido obtenido con violaci\u00f3n al debido proceso. <\/p>\n

Ahora, frente a la causal de nulidad de que [trata el] art\u00edculo 140-6\u00b0 del C.P.C, se evidencia que los hechos que le sirven de soporte no tienen relaci\u00f3n alguna con esa hip\u00f3tesis; en efecto, el apoderado del extremo ejecutado plante\u00f3 la ocurrencia de una nulidad, porque el fallador de instancia no dio el alcance probatorio pretendido a una liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito que fuera presentada, sumado que no se decret\u00f3 una prueba de oficio -para acoger el dictamen financiero- a pesar de la insistencia de la pasiva. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, esos argumentos debieron ser expuestos en otro escenario adjetivo y no como causal de nulidad, ya que no se encuentra establecido como tal en el art\u00edculo 140 del C.P.C. -ahora 133 del C.G.P.-, soslay\u00e1ndose de esa manera el principio de taxatividad, m\u00e1xime, cuando la nulidad invocada debi\u00f3 alegarse antes de dictarse la correspondiente sentencia, pues revisadas las copias remitidas por la judicatura de primer nivel, se dict\u00f3 sentencia de primera instancia el 18 de abril de 2012, que de por m\u00e1s fue confirmada por esta Corporaci\u00f3n el 1\u00b0 de febrero de 2013 y, la nulidad solo se reclam\u00f3 hasta el 12 de enero de 2017, por consiguiente, cualquier anomal\u00eda qued\u00f3 saneada al tenor del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 136 del C.G.P. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n

Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 la tutelante es una diferencia de criterio acerca de la manera como la Corporaci\u00f3n enjuiciada analiz\u00f3 los argumentos planteados como sustento de la petici\u00f3n invalidatoria y concluy\u00f3 que los mismos no se ajustaban a ninguna de las causales que contempla el ordenamiento jur\u00eddico, por lo que se impon\u00eda su rechazo de plano; en cuyo caso tales inferencias no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

5. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n

Por secretar\u00eda devu\u00e9lvase al juzgado de origen el expediente remitido en calidad de pr\u00e9stamo. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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