{"id":101178,"date":"2026-07-01T16:58:13","date_gmt":"2026-07-01T16:58:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101178"},"modified":"2026-07-01T16:58:13","modified_gmt":"2026-07-01T16:58:13","slug":"stc943-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc943-2018\/","title":{"rendered":"STC943-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC943-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00231-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de noviembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Operador Portuario Work Express J y G Ltda. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa sociedad accionante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por el despacho judicial accionado.
\nEn consecuencia, solicita, \u00abse deje sin efecto la totalidad de la actuaci\u00f3n adelantada por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura \u2013 Valle del Cauca, en el proceso ordinario de Pertenencia, por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio por v\u00eda extraordinaria, propuesta por Jairo Eliecer Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez y Nicol\u00e1s Alberto Casta\u00f1o Mar\u00edn, contra el Operador Portuario Work Express J y G Ltda. y otros, desde la presentaci\u00f3n de la demanda, incluido el auto admisorio de la misma, el cual se realiz\u00f3 sin el cumplimiento de los requisitos legales\u00bb (folios 1 a 37, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tDe lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.2.\tIndic\u00f3 la sociedad quejosa que el 15 de marzo de 2015, el estrado judicial convocado admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda, situaci\u00f3n que, en su sentir, fue irregular, pues tal escrito no cumpl\u00eda con el lleno de los requisitos legales para tal efecto, resaltando, adem\u00e1s, que en el predio objeto de controversia, \u00abexist[\u00edan] comunidades all\u00ed asentadas, las que est\u00e1n sin identificar y\u2026 as\u00ed continu\u00f3 el despacho, sin constituir la Litis, desconociendo los derechos de [esos] poseedores\u00bb; asimismo, destac\u00f3 que su notificaci\u00f3n y emplazamiento no fue en debida forma, por lo que se le coart\u00f3 la posibilidad de tener un apoderado de confianza, a m\u00e1s que el curador ad litem nombrado para su defensa, s\u00f3lo intervino con la contestaci\u00f3n del libelo inicial. <\/p>\n

2.3. Sostuvo que el despacho criticado adelant\u00f3 el proceso bajo los par\u00e1metros del Decreto 1400 de 1970 y el C\u00f3digo General del Proceso, sin tener en cuenta la Ley 1561 de 2012, por medio de la cual se establec\u00eda el proceso verbal especial para otorgar t\u00edtulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, situaci\u00f3n por la que se quebrant\u00f3 el debido proceso, pues dicha norma, en concordancia con el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 375 Estatuto Procesal vigente, establec\u00edan la instalaci\u00f3n de una valla, a fin de informar a la comunidad respecto del juicio adelantado, situaci\u00f3n que, para el caso concreto, no ocurri\u00f3. <\/p>\n

2.4. Anot\u00f3 que el Juzgado accionado valor\u00f3 indebidamente las pruebas practicadas en el proceso, pues tal y como se constat\u00f3 con el dictamen pericial practicado y el testimonio de Cerveleon Caicedo Valencia, en el fundo objeto de litis viv\u00edan \u00ab80 familias\u00bb, quienes, por una parte, no fueron convocadas al juicio; y por otro lado, ten\u00edan la calidad de poseedores, por lo que los demandantes no pod\u00edan cumplir con los requisitos legales para adquirir por prescripci\u00f3n el predio. <\/p>\n

2.5. Refiri\u00f3 que, el 12 de mayo de 2017 el estrado judicial accionado accedi\u00f3 a las pretensiones, declarando la pertenencia, el dominio pleno y absoluto del inmueble a favor de los demandantes, al tiempo que orden\u00f3 a la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura la inscripci\u00f3n de la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-478; determinaci\u00f3n que quebrant\u00f3 sus garant\u00edas de primer grado, habida cuenta de que se desconoci\u00f3 la calidad de poseedora inscrita que ten\u00eda, conforme lo indicaba el certificado de tradici\u00f3n del aludido predio. <\/p>\n

LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura inst\u00f3 la improcedencia del resguardo por incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues la accionante pudo cuestionar las decisiones al interior del proceso a trav\u00e9s de los mecanismos procesales procedentes; que le garantiz\u00f3 el debido proceso a la gestora, pues fue representada por curador ad litem, quien agenci\u00f3 sus intereses; que ejerci\u00f3 control de legalidad en cada una de las etapas procesales; que el juicio se adelant\u00f3 con C\u00f3digo de Procedimiento Civil, inclusive, hasta el auto que dio apertura a la pr\u00e1ctica de pruebas, posteriormente continu\u00f3 con el Estatuto General del Proceso (folio 466 y 467, cuaderno 1). <\/p>\n

2. \tAdvising & Consulting Abogados S.A.S., quien actu\u00f3 en calidad de curador ad litem de la gestora, de John Henry Fierro D\u00edaz y de las personas indeterminadas, coadyuv\u00f3 la salvaguarda, al considerar que hubo una indebida integraci\u00f3n de la litis, pues, en su parecer, al juicio no fueron llamados la Naci\u00f3n, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia Nacional de Defensa Jur\u00eddica del Estado y el Distrito de Buenaventura, entidades que ten\u00edan inter\u00e9s directo por tratarse de predios bald\u00edos; que los demandados fueron indebidamente notificados, adem\u00e1s, porque no se cumpli\u00f3 con lo dispuesto en el art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del Proceso, esto es, la instalaci\u00f3n de la valla en el predio con la informaci\u00f3n del proceso; pidi\u00f3 declarar la nulidad del juicio, incluido el auto admisorio de la demanda (folios 468 a 472, cuaderno 1). <\/p>\n

3. Luz Estrella L\u00f3pez Arcila coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, al considerar que ten\u00eda inter\u00e9s en la decisi\u00f3n de la misma; sostuvo que era propietaria del predio denominado \u00abvilla del mar\u00bb, identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-5936, el que inicialmente hab\u00eda sido asignado por el INCORA a Jorge Miguel Garc\u00eda Villamil; que en abril de 2016, junto con la comunidad, suscribieron un contrato de compraventa con la Asociaci\u00f3n de Vivienda e Ingenier\u00eda de Colombia Techo y Familia, sin embargo, dicha sociedad no pudo realizar las obras porque Jairo Mart\u00ednez, quien aleg\u00f3 ser poseedor del inmueble \u00abel vergel\u00bb, las impidi\u00f3, por lo que lo denunci\u00f3 por perturbaci\u00f3n; que el proceso criticado era nulo, por no integrar debidamente a la sociedad accionante (folios 497 a 502, cuaderno 1). <\/p>\n

4. Jairo Eliecer Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez y Nicol\u00e1s Alberto Casta\u00f1o Mar\u00edn manifestaron que los hechos de la salvaguarda eran \u00abuna narraci\u00f3n del acontecer procesal y en parte\u2026 apreciaciones y conceptos jur\u00eddicos de la accionante\u00bb; que la demanda fue admitida con el cumplimiento de todos los requisitos de ley; que para Buenaventura \u00abno opera[ba] la medici\u00f3n UAF\u00bb, por lo que la norma aplicable, al caso concreto, era el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y no la Ley 1561 de 2012; que no hab\u00eda lugar a instalar la valla informativa, pues, para el momento de presentaci\u00f3n de la demanda, esto es, en el 2014, el C\u00f3digo General del Proceso no se encontraba vigente; que con las pruebas testimoniales se hab\u00eda reconocido su calidad de \u00abamos y se\u00f1ores del predio\u00bb, dando fe de las mejoras; que han permitido que una comunidad de m\u00e1s de 80 familias se instale en el predio a t\u00edtulo de mera tenencia, colabor\u00e1ndoles con los materiales de construcci\u00f3n para sus casas; que el bien objeto de usucapi\u00f3n era a todas luces privado; que de conformidad con la jurisprudencia constitucional (CSJ STC1776-2016) los predios pose\u00eddos por particulares se presum\u00edan privados y no bald\u00edos, a m\u00e1s que la acci\u00f3n supralegal no era el mecanismo id\u00f3neo para establecer la naturaleza del bien, por lo que las supuestas irregularidades de los procesos de pertenencia deb\u00edan debatirse a trav\u00e9s del recurso extraordinario de revisi\u00f3n (folios 601 a 611; 705 a 742, cuaderno 1). <\/p>\n

5. Proyectos y Obras de Ingenier\u00eda Colombiana \u2013PROINCOL S.A.S- coadyuv\u00f3 la acci\u00f3n tuitiva, al argumentar que el proceso de pertenencia se adelant\u00f3 con irregularidades, destacando la indebida notificaci\u00f3n de todos los titulares de los derechos reales de dominio, de posesi\u00f3n y mejoras registrados en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-478 (folios 617 y 618, cuaderno 1). <\/p>\n

6. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura inform\u00f3 que el 27 de junio de 2017, ingres\u00f3 la solicitud de inscripci\u00f3n de la sentencia n\u00ba 18 de 12 de mayo anterior, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esa urbe, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 370-478; que el 12 de julio de ese a\u00f1o, devolvi\u00f3 las diligencias sin registrar, tras advertir que el predio objeto de litigio no ten\u00eda titularidad de pleno dominio, por lo que era de propiedad del municipio y, en consecuencia, imprescriptible; que el d\u00eda 21 de ese mes, el despacho nuevamente insisti\u00f3 en el registro, petici\u00f3n a la que accedi\u00f3 con la anotaci\u00f3n n\u00ba 15, pues no ten\u00eda los elementos de verificaci\u00f3n ni competencia para establecer si el fundo era o no objeto de usucapi\u00f3n, registro que continuaba vigente (folios 694 a 699, cuaderno 1). <\/p>\n

7. La Superintendencia de Notariado y Registro se opuso a su vinculaci\u00f3n a la salvaguarda, tras relacionar sus competencias de conformidad con el Decreto 2163 de 2011; a\u00f1adi\u00f3 que no ha vulnerado las prerrogativas de la sociedad actora (folios 748 a 750, cuaderno 1). <\/p>\n

8. La Agencia Nacional de Tierras solicit\u00f3 negar las pretensiones de la accionante; sin embargo, pidi\u00f3 declarar la nulidad de la totalidad del proceso de pertenencia criticado, al considerar que no se encontraba definida la naturaleza jur\u00eddica del bien, por lo que pod\u00eda ser del estado y por ende imprescriptible; resalt\u00f3, en s\u00edntesis, con apoyo en la jurisprudencia constitucional, la improcedencia de los procesos de pertenencia para adquirir los bienes bald\u00edos; que la prescriptibilidad de un inmueble se derivaba de que estuvieran en el comercio y fueran de propiedad privada, de conformidad con el certificado de tradici\u00f3n, mientras que los bald\u00edos s\u00f3lo pod\u00edan adquirirse mediante t\u00edtulo traslaticio de dominio otorgado por esa entidad (folios 754 a 764, cuaderno 1). <\/p>\n

9. Alonso Rodr\u00edguez Valencia aport\u00f3 escrito indicando actuar como mandatario judicial del Operador Portuario Work Express J y G Ltda., sin anexar poder especial para actuar en este tr\u00e1mite constitucional, por lo que su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta (folios 773 a 779, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional concedi\u00f3 el amparo al considerar que, al margen de las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela, lo cierto era que el Juzgado accionado hab\u00eda proferido una decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n, derivada de la inobservancia de los precedentes jurisprudenciales en punto a la imprescriptibilidad de los predios bald\u00edos y la presunci\u00f3n de tales de los bienes que carec\u00edan de antecedentes registrales, advirtiendo que para el caso concreto, el inmueble objeto de la declaratoria de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, denominado \u00abEl Vergel\u00bb, nunca hab\u00eda contado con titular de derecho de dominio, destacando que el mismo se encontraba alinderado con terrenos bald\u00edos; concluyendo que el fallador no hab\u00eda valorado debidamente la naturaleza del fundo, previo a impartir el tr\u00e1mite respectivo; en consecuencia, dispuso: <\/p>\n

\u2026DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado en el proceso de pertenencia radicado bajo el n\u00famero 2014-00126 en el JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE BUENAVENTURA, incluyendo el auto admisorio de la demanda, dejando a salvo las pruebas practicadas, respecto a las cuales, en todo caso deber\u00e1 garantizarse el derecho de contradicci\u00f3n frente a quienes no han tenido esa posibilidad. <\/p>\n

\u2026ORDENAR al juez accionado que dentro de los CINCO (5) D\u00cdAS siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, vuelva a valorar los requisitos de admisi\u00f3n de la demanda, atendiendo, ente otras, las consideraciones de esta providencia y que debe tramitar el asunto bajo las reglas del C\u00f3digo General del Proceso al haberse surtido el tr\u00e1nsito de legislaci\u00f3n. <\/p>\n

\u2026OFICIAR a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura, para que, en caso de haber procedido a tramitar el registro de la sentencia del 12 de mayo de 2017 que ac\u00e1 se anula, elimine dicha inscripci\u00f3n (folios 788 a 792, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formularon Jairo Eliecer Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez y Nicol\u00e1s Alberto Casta\u00f1o Mar\u00edn, reiterando, en s\u00edntesis, los argumentos expuestos al contestar la tutela, a los que adicionaron que el precedente jurisprudencial CSJ STC1776-2016 establec\u00edan la improcedencia del ruego constitucional en asuntos como el aqu\u00ed tratado (folios 806 a 839, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDel examen de la demanda de amparo se extrae que a trav\u00e9s de ella se cuestiona el fallo proferido el 12 de mayo de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, el cual declar\u00f3 que Jairo Eliecer Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez y Nicol\u00e1s Alberto Casta\u00f1o, por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, obtuvieron la propiedad del predio denominado \u00abEl Vergel\u00bb, ubicado en la quebrada Mondomo, del municipio de Buenaventura \u2013 Valle del Cauca, e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-478; determinaci\u00f3n que critica la parte accionante porque, en s\u00edntesis, sostiene que a la misma se arrib\u00f3 sin el pleno de los requisitos legales, inclusive, desde la admisi\u00f3n de la demanda, resaltando una indebida notificaci\u00f3n e integraci\u00f3n del contradictorio. <\/p>\n

2.1.\tDelimitado lo anterior, de entrada debe advertirse que en un asunto de similares contornos al de ahora, la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, a trav\u00e9s de la sentencia T-548\/16 revoc\u00f3 la de 16 de febrero de 2016, mediante la cual esta Sala de Casaci\u00f3n Civil hab\u00eda denegado el resguardo all\u00ed rogado por el INCODER respecto a un juicio de pertenencia diferente al aqu\u00ed criticado (STC1776-2016); para tal efecto, la primera colegiatura se\u00f1al\u00f3 all\u00ed la forma en que debe interpretarse lo prescrito en los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la ley 200 de 1936, aquel modificado por el 2\u00ba de la ley 4\u00aa de 19731, y 48 de la ley 160 de 19942, que desarrollan la consagraci\u00f3n de dos presunciones en lo que tiene que ver con los bienes bald\u00edos desde la hermen\u00e9utica constitucional, indicando: <\/p>\n

…el mismo sistema jur\u00eddico ha reconocido la existencia de dos presunciones, una de bien privado y otra de bien bald\u00edo, que pareciesen generar un conflicto normativo. No obstante, cuando se analizan de forma sistem\u00e1tica permiten entrever la interpretaci\u00f3n adecuada ante la cual debe ceder nuestro sistema jur\u00eddico. <\/p>\n

En tal sentido, los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936 no entran en contradicci\u00f3n directa con las referidas normas del C\u00f3digo Civil, el C\u00f3digo Fiscal, el C\u00f3digo General del Proceso, la Ley 160 de 1994 y la Constituci\u00f3n Nacional, ya que al leerse en conjunto se descubre que el conflicto entre estas es apenas aparente. Lo anterior, debido a que la presunci\u00f3n de bien privado se da ante la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica que realiza un poseedor, y, como se observ\u00f3, en lo que se refiere a los bienes bald\u00edos no se puede generar la figura de la posesi\u00f3n sino de la mera ocupaci\u00f3n. <\/p>\n

Por lo anterior, no se puede concluir que una norma implique la derogatoria de la otra o su inaplicaci\u00f3n, sino que se debe comprender que regulan situaciones jur\u00eddicas diferentes y que deben ser usadas por el operador jur\u00eddico seg\u00fan el caso. Es por ello que el legislador, de forma adecuada, previo cualquiera de estas situaciones en el C\u00f3digo General del Proceso, brind\u00e1ndole al juez que conoce del proceso de pertenencia las herramientas interpretativas para resolver el aparente conflicto normativo, as\u00ed como las herramientas probatorias para llevar a una buena valoraci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica. Reconociendo, sin lugar a dudas, que en todos los casos en los que no exista propietario registrado en la matr\u00edcula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien bald\u00edo. <\/p>\n

En conclusi\u00f3n, el juez debe llevar a cabo una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica de las diferentes normas existentes en torno a tan espec\u00edfico asunto, tales como los art\u00edculos 1\u00ba de la Ley 200 de 1936; 65 de la Ley 160 de 1994, 675 del C\u00f3digo Civil, y 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, sin desconocer que existe una presunci\u00f3n iuris tantum en relaci\u00f3n con la naturaleza de bien bald\u00edo, ante la ausencia de propietario privado registrado, pues tal desconocimiento lo puede llevar a incurrir en un defecto sustantivo por aplicar una regla de manera manifiestamente errada, sacando la decisi\u00f3n del marco de la juridicidad y de la hermen\u00e9utica jur\u00eddica aceptable (CC T-548\/16 y T-488\/14). <\/p>\n

2.2.\tPor ende, no es que exista una interpretaci\u00f3n errada, lo que aconteci\u00f3 fue que la Corte Constitucional acudiendo a la hermen\u00e9utica del balance o ponderaci\u00f3n3 frente a un conflicto interpretativo de estas dos presunciones (una que beneficia al particular que explota el terreno del que se desconoce due\u00f1o, que puede consolidar el dominio a trav\u00e9s del modo de la ocupaci\u00f3n, siempre y cuando cumpla los presupuestos de los art\u00edculos 1\u00ba y 2\u00ba de la ley 200 de 1936; la otra se\u00f1alada en el canon 48 de la ley 160 de 1994, prev\u00e9 ante la inexistencia de propietario conocido se presume que es un bien bald\u00edo), mediante una interpretaci\u00f3n, crea una jerarqu\u00eda axiol\u00f3gica no dada por el legislador, derogando para el caso en particular la primera de aquellas presunciones y privilegiando la segunda. <\/p>\n

2.3.\tPor su parte, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, a trav\u00e9s de la sentencia revocada por la Corte Constitucional, lleg\u00f3 a una conclusi\u00f3n diferente, privilegi\u00f3 la presunci\u00f3n de la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica a favor del particular; y sacrific\u00f3 la que beneficia al Estado, partiendo de la base que el fin que se busca con la ley 200 de 1936 es la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio y no su inactividad, que no genera ganancia alguna, ni para el propio Estado, y s\u00ed se le garantiza el derecho que tiene el campesino de acceder a la tierra. <\/p>\n

2.4.\tPor lo tanto, se trata de dos interpretaciones diversas ante un conflicto -no de yerro alguno- ante lo cual la guardiana de la Constituci\u00f3n adopt\u00f3 una decisi\u00f3n aplicando la interpretaci\u00f3n de ponderaci\u00f3n de intereses, sobre la cual la doctrina ha dilucidado.4 <\/p>\n

2.5.\tEn ese orden, teniendo en cuenta el mentado pronunciamiento de la Corte Constitucional, como garante de los derechos fundamentales, as\u00ed como por respeto a la institucionalidad en trat\u00e1ndose de precedentes, que deben observarse en virtud del principio de igualdad y la coherencia del sistema jur\u00eddico, la presente providencia se edificara en la interpretaci\u00f3n adoptada por esa Corporaci\u00f3n. <\/p>\n

Tal acogimiento va en concordancia con lo que ha venido se\u00f1alando la doctrina especializada, seg\u00fan la cual \u00ab[u]na decisi\u00f3n de un tribunal o un juez, tomada despu\u00e9s de un razonamiento sobre una cuesti\u00f3n de derecho planteada en un caso, y necesaria para el establecimiento del mismo, es una autoridad, o precedente obligatorio, para el mismo tribunal y para otros tribunales de igual… rango, en subsiguientes casos en que se plantee otra vez la misma cuesti\u00f3n; pero el grado de autoridad de dichos precedentes depende necesariamente de su acuerdo con el esp\u00edritu de los tiempos o el juicio de subsiguientes tribunales sobre su correcci\u00f3n como una proposici\u00f3n acerca del derecho existente o real\u00bb.5 <\/p>\n

2.6.\tSe destaca, tambi\u00e9n, que para arribar a las conclusiones contenidas en la referida sentencia T-548\/16, el m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional, adem\u00e1s de lo atr\u00e1s expuesto, consign\u00f3, en lo medular, que: <\/p>\n

\u2026la acci\u00f3n de tutela se presenta con el fin de que se revoque el fallo del 14 de noviembre de 2014 proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, el cual decret\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva del domino en favor de\u2026 Rosa Lilia Ibagu\u00e9 Cuadrado, respecto del predio denominado \u201cMiravalles\u201d ubicado en la vereda Casa Blanca del municipio de Sora\u2026 <\/p>\n

Seg\u00fan la entidad accionante (Incoder en liquidaci\u00f3n) el referido fallo incurri\u00f3 en distintas causales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias. Principalmente por cuanto: (i) el Juzgado\u2026 debi\u00f3 identificar que el predio\u2026 al carecer de antecedentes registrales era bald\u00edo, (ii) el juzgado debi\u00f3 vincular al Incoder al proceso de prescripci\u00f3n para que esta entidad estableciera con certeza la naturaleza del bien objeto de litigio y (iii) se sustrajo de la propiedad del Estado el referido predio sin tener competencia para ello. <\/p>\n

Tanto el Juzgado accionado como los jueces de tutela que conocieron del amparo consideran que: (i) la acci\u00f3n de tutela no es procedente para anular el proceso adelantado y (ii) no es claro que el predio\u2026 sea bald\u00edo, y en esa medida la carga de la prueba respecto de la naturaleza del bien, recae en el Incoder y no en el prescribiente. As\u00ed mismo, ponen de presente que la sentencia T-488 de 2014 habilit\u00f3 al Incoder para adelantar el mayor proceso de recuperaci\u00f3n de bienes bald\u00edos en la historia, pero que al no estar acompa\u00f1ada de un proceso de titulaci\u00f3n masiva, estas acciones han sido vistas por un amplio sector social como injustas pol\u00edticas expropiatorias. <\/p>\n

8.2. Estudio de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela\u2026 <\/p>\n

De los antecedentes expuestos esta Sala encuentra que en el caso concreto la acci\u00f3n de tutela es la herramienta id\u00f3nea para perseguir la salvaguarda de los derechos alegados por el Incoder, como se pasa a exponer:\u00a0
\n\u00a0
\n8.2.1. Relevancia constitucional del asunto.\u00a0 <\/p>\n

En el presente caso cumple con este requisito. En primer lugar, porque la discusi\u00f3n se circunscribe a la posible vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, al principio de justicia material y la prevalencia del derecho sustancial, con ocasi\u00f3n de la decisi\u00f3n proferida en instancia judicial respecto al decreto de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio a favor de un particular, de un bien cuya naturaleza pareciera no estar bien definida.
\n\u00a0
\nEn segundo lugar, por la disparidad de posiciones existentes entre los jueces de la Rep\u00fablica al interpretar las normas referentes a las presunciones que deben imperar respecto de los bienes bald\u00edos. Esto, al encontrarse que esta situaci\u00f3n ha sido definida de una forma por la Corte Constitucional y de otra por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, siendo esta \u00faltima la posici\u00f3n que adopta el Tribunal que resuelve la segunda instancia de la tutela que aqu\u00ed se revisa. <\/p>\n

Finalmente, porque en el presente caso podr\u00eda estar en juego un bien rural del Estado, cuya protecci\u00f3n requiere de respuestas inmediatas y mecanismos eficaces que garanticen el cumplimiento de los fines establecidos en el art\u00edculo 64 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y la salvaguarda del patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n

8.2.2. Agotamiento de los recursos judiciales. <\/p>\n

Referente al requisito de subsidiariedad, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia indic\u00f3 que \u201csi la tesis central del resguardo presupuesto por el INCODER, se edifica en que el bien es bald\u00edo, esto es, imprescriptible, el ordenamiento le ofrece un recurso extraordinario eficaz para someter a juicio sus pretensiones constitucionales, en defensa del patrimonio p\u00fablico por medio del recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante el juez competente, indicium rescindens del cual a\u00fan no ha hecho uso\u201d. <\/p>\n

Al respecto, resulta necesario traer a colaci\u00f3n lo dispuesto en el art\u00edculo 379 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, norma que regula lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisi\u00f3n en materia civil\u2026 <\/p>\n

A continuaci\u00f3n, el art\u00edculo 380 del mencionado estatuto procesal establece las causales taxativas de procedencia de dicho recurso\u2026 <\/p>\n

Teniendo en cuenta lo anterior, as\u00ed como los antecedentes de la demanda de amparo interpuesta por el INCODER (en liquidaci\u00f3n), la causal contenida en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 3806 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil7, ser\u00eda la \u00fanica que podr\u00eda eventualmente ajustarse al caso bajo estudio. Sin embargo, tal como lo advierte la misma Sala de Casaci\u00f3n Civil en el numeral 4.3. De las consideraciones del fallo de segunda instancia en sede de tutela, para la fecha en que fue adelantado y fallado el proceso de pertenencia, el ordenamiento procesal no contemplaba, como el actual, el deber de vincular al Incoder en ese tipo de actuaciones, lo que implica que no podr\u00eda alegarse una indebida notificaci\u00f3n o la omisi\u00f3n de haber sido citado al proceso. <\/p>\n

Ahora bien, el literal c del numeral 1 del art\u00edculo 625 del C\u00f3digo General del Proceso establece que en los asuntos ordinarios de mayor cuant\u00eda que se encontraran en curso al momento de entrar a regir la nueva normativa procesal, y ya se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictar\u00e1 con fundamento en la legislaci\u00f3n anterior y, proferida la sentencia, el proceso se tramitar\u00e1 conforme a la nueva legislaci\u00f3n. <\/p>\n

No obstante, ha de recordarse que las causales de procedencia del recurso de revisi\u00f3n, son las mismas en los dos c\u00f3digos y que estas son taxativas8 y que ninguna de ellas hace referencia a la causa que motiva la presente acci\u00f3n de tutela, es claro que no existe otro mecanismo judicial id\u00f3neo para procurar la defensa de los derechos que el Incoder estima vulnerados, por lo que se desestima el incumplimiento del requisito de subsidiariedad. <\/p>\n

8.2.3. Principio de inmediatez. <\/p>\n

Encuentra la Sala que el tiempo para examinar la inmediatez en la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, no puede ser contado desde la fecha en que fue proferida la sentencia cuya nulidad se procura, sino desde la fecha en que el accionante tuvo conocimiento de dicha decisi\u00f3n y de que la misma podr\u00eda recaer sobre un bien bald\u00edo. <\/p>\n

As\u00ed, se observa en el expediente que el INCODER (en liquidaci\u00f3n) fue informado, por parte de la Registradora Principal de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja, acerca de la suspensi\u00f3n a prevenci\u00f3n del registro de la sentencia de pertenencia a que se sustrae este asunto, mediante escrito radicado el 27 de mayo de 2015\u00a0y la demanda constitucional fue interpuesta 12 de agosto del mismo a\u00f1o. Es decir, que transcurrieron menos de 3 meses desde la fecha en que el Incoder fue informado sobre la declaraci\u00f3n judicial de pertenencia y aquella en la que se present\u00f3 la tutela objeto de estudio, tiempo que se considera razonable por la Sala para haber dado inicio a la presente acci\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que mediante Sentencia T-488 de 2014 esta Corporaci\u00f3n orden\u00f3 al Incoder que, conforme al informe que deb\u00eda remitirle la Superintendencia de Notariado y Registro,\u00a0adelantara los procedimientos de recuperaci\u00f3n de bald\u00edos a los que hubiera lugar. <\/p>\n

Con todo, corresponde advertirse que el requisito de inmediatez debe observarse con cierta flexibilidad en estos casos, ya que se busca la recuperaci\u00f3n de bienes que son sustancial y constitucionalmente imprescriptibles, por lo que la procedencia de la acci\u00f3n que garantiza su defensa debe analizarse de acuerdo a la naturaleza de estos…. <\/p>\n

8.3. Requisitos especiales de procedibilidad\u2026 <\/p>\n

8.3.1. Defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n

En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se encuentra que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja siendo conocedor de que el bien objeto de litigio no contaba con antecedentes registrales y, por ende, el inmueble carec\u00eda de due\u00f1o reconocido9, surg\u00edan elementos de juicio para pensar, razonablemente, que el predio en discusi\u00f3n pod\u00eda tratarse de un bien bald\u00edo y en esa medida no era susceptible de apropiaci\u00f3n por prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Tal y como establecen las normas citadas en el ac\u00e1pite 5 de la presente sentencia, existen motivos suficientes para presumir que un bien que no cuenta con antecedentes de registro es un bien bald\u00edo, situaci\u00f3n que el juez de conocimiento no analiz\u00f3 en ning\u00fan momento, tal y como se desprende de la sentencia por medio de la cual declar\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva del bien en cuesti\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, el juzgado no solo omiti\u00f3 valorar pruebas sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica del predio \u201cMiravalles\u201d y desconoci\u00f3 las reglas de la sana cr\u00edtica, sino que tambi\u00e9n omiti\u00f3 sus deberes oficiosos para la pr\u00e1ctica de pruebas conducentes que determinaran si realmente era un bien susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n

En efecto, este \u00faltimo solo tuvo en cuenta las declaraciones de un vecino y dos hermanos de la accionante, as\u00ed como las observaciones de una inspecci\u00f3n judicial para concluir que el accionante hab\u00eda satisfecho los requisitos de posesi\u00f3n, pero al analizar si el bien era susceptible de prescripci\u00f3n, le bast\u00f3 con concluir que era un bien prescriptible, sin traer a colaci\u00f3n ning\u00fan razonamiento jur\u00eddico sobre el tema. <\/p>\n

Ahora bien, al momento de contestar la presente acci\u00f3n de tutela realiza todo un ejercicio argumentativo en el que afirma que el bien objeto del proceso de pertenencia es un predio que se encuentra en el comercio y trae a colaci\u00f3n jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, tal como la proferida el 28 de agosto de 2000 en el expediente bajo radicado 5448 que, seg\u00fan afirma es una directriz que desde anta\u00f1o ha sido acogida por juzgados y tribunales de todo el pa\u00eds, a partir de lo cual se ha dispuesto en numerosas ocasiones la apertura del correspondiente folio de matr\u00edcula inmobiliaria para fundos que carec\u00edan del mismo. <\/p>\n

Al respecto, estima la Sala que estos argumentos no suplen la ausencia de valoraci\u00f3n probatoria en el fallo aqu\u00ed demandado. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, el juez omiti\u00f3 el deber que le asiste de ejercer sus potestades para esclarecer los hechos o circunstancias que rodean las pretensiones de la demanda y sus implicaciones. Si bien la normatividad que imperaba al momento de proferir el respectivo fallo de pertenencia no obligaba la vinculaci\u00f3n del Incoder, al no tenerse la certeza de la calidad jur\u00eddica del inmueble objeto del proceso de pertenencia, el juez debi\u00f3 decretar pruebas oficiosas como disponer que el citado instituto precisara la naturaleza del inmueble objeto de prescripci\u00f3n. <\/p>\n

As\u00ed, encuentra la Sala que el juez no solo omiti\u00f3 estudiar el certificado de tradici\u00f3n y libertad del inmueble, sino que omiti\u00f3 tambi\u00e9n solicitar un concepto al Incoder sobre la calidad del predio, presupuesto sine qua non para dar continuidad al proceso de pertenencia, toda vez que de la calidad del inmueble se deriva su competencia. <\/p>\n

Sea esta la oportunidad para aclarar que la Sala no establece que la carga probatoria respecto a la naturaleza del bien deba recaer sobre el particular o sobre el Incoder, lo que se reprocha es la omisi\u00f3n del juez para procurar la certeza acerca de que el terreno ostente la calidad de ser un inmueble privado y no del Estado, caracter\u00edstica determinante de la competencia del funcionario. <\/p>\n

8.3.2. Defecto org\u00e1nico. <\/p>\n

De igual manera, al haber omitido dilucidar la naturaleza jur\u00eddica del bien, incurri\u00f3 el juzgador de instancia en una falta de competencia para decidir sobre la adjudicaci\u00f3n del mismo, como quiera que de tal claridad depende establecer cu\u00e1l es la autoridad competente para disponer sobre la posible adjudicaci\u00f3n del inmueble. <\/p>\n

N\u00f3tese entonces, que al no estar acreditado que el bien objeto del proceso de pertenencia es un inmueble privado, el juez tampoco puede tener clara su competencia para conocer del asunto, debido a que de tratarse de un bien bald\u00edo, la autoridad competente para pronunciarse acerca del reconocimiento del derecho de dominio sobre el predio ser\u00eda el Incoder (en liquidaci\u00f3n) ahora en la Agencia Nacional de Tierra, tal y como lo determina el numeral 11 del art\u00edculo 4 del Decreto 2363 de 2015, en concordancia con el art\u00edculo 65 de la Ley 160 de 1994. <\/p>\n

De esta manera, tal como se indic\u00f3 anteriormente, en el asunto objeto de esta providencia se observa la falta de competencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja para disponer sobre la adjudicaci\u00f3n de un terreno respecto del cual no existe claridad ni certeza de que se trate de un bien privado, lo que constituye un defecto org\u00e1nico que no solo resulta insaneable, sino que adem\u00e1s vulnera abiertamente el derecho al debido proceso, por lo que habr\u00e1 lugar a declarar violado este principio. <\/p>\n

8.3.3. Defecto Sustantivo <\/p>\n

Tal y como se desprende de la sentencia que aqu\u00ed se juzga, as\u00ed como de las diferentes manifestaciones del juez en el marco del proceso de tutela, este pareciese haberse remitido a hacer un an\u00e1lisis exclusivo de lo dispuesto en los art\u00edculos 1 y 2 de la Ley 200 de 1936. <\/p>\n

Sin embargo, debe decirse que un an\u00e1lisis profundo de esta norma se extra\u00f1a en el fallo de instancia. En tal decisi\u00f3n, el Juez Primero Civil del Circuito de Tunja trae a colaci\u00f3n algunas normas del C\u00f3digo Civil, recalca lo relativo al proceso de pertenencia, la prescripci\u00f3n, la figura de la posesi\u00f3n y la suma de posesiones, pero no hace ninguna referencia a la Ley 200 en la parte dogm\u00e1tica, as\u00ed como tampoco lo hace en el caso en concreto. <\/p>\n

Sin embargo, es claro que el registro que existe en la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos muestra un predio que se encuentra debidamente inscrito, pero que nunca ha contado con un titular del derecho de dominio, situaci\u00f3n que no suscit\u00f3 ninguna clase de duda f\u00e1ctica o sustantiva en el juez, como hasta ahora se ha visto. <\/p>\n

En consecuencia, al no haberse generado tal duda en el juzgador este omiti\u00f3 por completo el estudio jur\u00eddico del asunto, y fall\u00f3 sin tener en cuenta ninguna de las normas estudiadas en el ac\u00e1pite 4 del presente fallo. Por lo anterior, termin\u00f3 por omitir llevar a cabo una interpretaci\u00f3n arm\u00f3nica y sistem\u00e1tica del ordenamiento jur\u00eddico a la luz de principios y valores constitucionales y tom\u00f3 una decisi\u00f3n sin aplicar las normas pertinentes para el caso, que posiblemente lo hubiesen llevado a dictar un fallo diferente, o por lo menos a vincular al Incoder (en liquidaci\u00f3n), ahora ANT, al proceso de pertenencia. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el yerro advertido por el registrador era evidente en tanto la decisi\u00f3n judicial reca\u00eda sobre un terreno que carec\u00eda de un propietario registrado, por lo cual era razonable pensar que se trataba de un bien bald\u00edo, tal y como lo presumen el C\u00f3digo Fiscal y la Ley 160 de 1994. De igual manera, en la nota devolutiva se advirti\u00f3 que los ocupantes de tierras bald\u00edas, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores sino una simple expectativa, de acuerdo al marco legal vigente. Dicha argumentaci\u00f3n fue presentada oportunamente por el registrador en el acto administrativo mediante el cual se opuso inicialmente al registro y que puso sobre aviso al Incoder. <\/p>\n

De tal forma que, tanto la Oficina de Registro, el Incoder y esta Corporaci\u00f3n han ca\u00eddo en cuenta de la ausencia de estudio que se hizo por parte del juez del proceso de pertenencia en un proceso en el que se adjudic\u00f3 un bien que puede constituirse como bald\u00edo. Debe en consecuencia indicarse que el fallo del Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja adolece de un defecto sustantivo\u2026 <\/p>\n

8.4. Aclaraciones finales\u2026 <\/p>\n

8.4.6.\tFinalmente, al notarse que la sentencia del 16 de Febrero de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha generado una serie de decisiones de jueces de nivel Municipal y del Circuito, contrarias a los precedentes de esta Corporaci\u00f3n, es necesario solicitar a la Escuela Judicial \u201cRodrigo Lara Bonilla\u201d que env\u00ede copia de la presente providencia a todos los Juzgados Civiles, Promiscuos y Tribunales Superiores de Distrito del pa\u00eds, con el fin de recordar a los jueces que en el marco de los procesos de pertenencia, donde no se tenga claridad de la calidad del bien objeto del litigio, se debe vincular a la Agencia Nacional de Tierras, incluso en aquellos regidos por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Igualmente deber\u00e1 llevar a cabo un proceso de pedagog\u00eda sobre esta sentencia y la T-488 de 2014, con el fin de evitar una escalada de acciones de amparo por parte del Incoder (en liquidaci\u00f3n), hoy Agencia Nacional de Tierras, en contra de decisiones de pertenencia adoptadas por jueces de la Rep\u00fablica. (CC T-548\/16) <\/p>\n

3.\tDe cara al caso concreto que en esta ocasi\u00f3n ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, al margen de los hechos narrados en la acci\u00f3n tuitiva, con fundamento en las anteriores premisas, sin duda, se muestra necesaria la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional, en orden a salvaguardar los derechos invocados por la sociedad accionante, habida cuenta de que el estrado judicial acusado incurri\u00f3 en diferentes defectos f\u00e1cticos y sustantivos, pues, adem\u00e1s de omitir analizar las consecuencias derivadas de los antecedentes registrales del predio \u00abEl Vergel\u00bb, objeto de usucapi\u00f3n, dej\u00f3 de lado la pr\u00e1ctica de pruebas a fin de establecer la naturaleza jur\u00eddica del mismo y pas\u00f3 por alto que, existiendo duda en punto a que su propietario fuera un particular, resaltando que de certificado matr\u00edcula inmobiliaria se extra\u00eda solo una falsa tradici\u00f3n y venta de mejoras y posesiones, que no un titular de derecho real, por lo que se deb\u00eda presumir que era un bien bald\u00edo y, por tanto, imprescriptible. <\/p>\n

En el sub exime, se itera, en la sentencia proferida el 12 de mayo de 2017 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura, se incurri\u00f3 en \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, al adjudicar la propiedad, por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, del predio denominado \u00abEl Vergel\u00bb, a Jairo Eliecer Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez y Nicol\u00e1s Alberto Casta\u00f1o Mar\u00edn, considerando que \u00e9stos hab\u00edan cumplido con todos los presupuestos axiol\u00f3gicos para resultar beneficiados con la mentada figura jur\u00eddica. <\/p>\n

Lo anterior, porque ninguna trascendencia dio el juzgador accionado a la naturaleza jur\u00eddica de tal fundo, omitiendo el deber de efectuar un an\u00e1lisis conjunto del material probatorio respecto a tal aspecto e, incluso, de ser oportuno, decretar de oficio la pr\u00e1ctica de las pruebas que se mostraran como necesarias para adoptar su decisi\u00f3n (art\u00edculos 179, 180 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y 169, 170 y 176 del C\u00f3digo General del Proceso), resaltando que de lo acopiado, en principio, dicho predio contaba, seg\u00fan el folio matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-478, con los antecedentes de una falsa tradici\u00f3n, sin un titular de derechos reales, con lo que, adem\u00e1s, dej\u00f3 de lado la valoraci\u00f3n, incluso, de las documentales aportadas, como los certificados expedidos por la Superintendencia de Notaria y Registro y las inspecciones judiciales en punto a su valor suasorio de cara a determinar si realmente era un inmueble susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n, pasando por alto el principio de seguridad jur\u00eddica y las pruebas que de oficio hubiera podido decretar a fin de tener certeza en punto a la identificaci\u00f3n puntual del fundo. <\/p>\n

En efecto, observa la Sala que respecto al valor probatorio dado por la sede judicial acusada al folio de matr\u00edcula inmobiliaria, pese a haber advertido, cuando estudio la suma de posesiones, que la anotaci\u00f3n n\u00ba 1 iniciaba con una falsa tradici\u00f3n, situaci\u00f3n que no fue saneada, en punto a la naturaleza del predio objeto de prescripci\u00f3n, en la sentencia del juicio de pertenencia se consign\u00f3 que: <\/p>\n

De conformidad con el art\u00edculo 2518 del C\u00f3digo Civil se gana por prescripci\u00f3n el dominio de los bienes corporales, ra\u00edces o muebles, que est\u00e1n en el comercio humano, y se han pose\u00eddo con las condiciones legales. Como tambi\u00e9n los otros derechos reales que no est\u00e1n especialmente exceptuados. <\/p>\n

Mientras que el art\u00edculo 2519 siguiente prev\u00e9 que los bienes de uso p\u00fablico no se prescriben en ning\u00fan caso. Entonces, son prescriptibles, y por ende susceptibles de adquirirse mediante el proceso de pertenencia, todas las cosas corporales que pueden ser apropiables y los derechos reales no exceptuados; por tanto, se excluyen los bienes sobre los cuales el propietario ejerce todos sus poderes, los bienes del Estado (de uso p\u00fablico y fiscales) y aqu\u00e9llos sobre los cuales existe prohibici\u00f3n legal para usucapir, como son las cosas que est\u00e1n fuera del comercio, sin que en \u00e9stas se deban incluir los bienes embargados por decreto judicial, sino que como tales deben entenderse los que no obstante ser susceptibles de apropiaci\u00f3n, por su propia naturaleza o por disposici\u00f3n legal, no pueden ser objeto de propiedad particular exclusiva, como la atm\u00f3sfera, el mar, armas de guerra (monopolio estatal), etc.; las servidumbres discontin\u00faas de todas clases y las continuas inaparentes, los ejidos municipales, los derechos reales de hipoteca, prenda y censo. <\/p>\n

Y concluy\u00f3 que: <\/p>\n

En relaci\u00f3n con el bien inmueble objeto de litigio en este asunto, no se encuentra a la luz de los requerimientos legales, ning\u00fan impedimento para que el bien objeto de este proceso, consistente en un inmueble (lote de terreno) descrito l\u00edneas arriba, sea objeto de la declaratoria de pertenencia pretendida por el actor, toda vez que se trata de una cosa corporal que puede ser objeto de la posesi\u00f3n humana y que no se encuentra enmarcada dentro de las prohibiciones legales para la prescripci\u00f3n de bienes, ya que como se puede apreciar al folio de matr\u00edcula inmobiliaria que se aporta, es de propiedad privada sobre la cual cabe la prescripci\u00f3n, luego de haberse pose\u00eddo por cierto lapso de tiempo y concurriendo los dem\u00e1s requisitos legales conforme lo establece el art\u00edculo 2512 del C\u00f3digo Civil (folios 422 a 446, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tBasta volver sobre los apartes atr\u00e1s transcritos de la decisi\u00f3n del despacho acusado para concluir que all\u00ed no existi\u00f3 una debida valoraci\u00f3n de las probanzas recaudas de cara a las consecuencias sustanciales derivadas de las mismas, como lo exige el ordenamiento jur\u00eddico, relievando que el predio objeto de usucapi\u00f3n no ten\u00eda titular de derechos reales, resultando un inmueble que no era susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n, por lo que, siguiendo las conclusiones de la Corte Constitucional a las que se hizo menci\u00f3n l\u00edneas atr\u00e1s, deb\u00eda presumirse que constitu\u00eda bald\u00edo imprescriptible, a menos que al interior del juicio se demostrara lo contrario, lo que obligaba al funcionario judicial acusado a decretar y practicar los medios de convicci\u00f3n suficientes con el fin de esclarecer la real naturaleza jur\u00eddica del predio, lo que no hizo. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, respecto a la presunci\u00f3n de la naturaleza jur\u00eddica del predio, el accionado err\u00f3 al no aplicar el precedente jurisprudencial, pues, se reitera, al carecer dicho fundo de propietario privado registrado, el mismo deb\u00eda presumirse bald\u00edo. <\/p>\n

En efecto, la Sala en casos de similares contornos, ha sostenido que: <\/p>\n

Por otra parte, le otorg\u00f3 valor probatorio a un certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos que, por las circunstancias analizadas en ac\u00e1pites anteriores, no era id\u00f3neo, pues no revelaba con toda certidumbre la inexistencia de titulares de derechos reales, y adelant\u00f3 el proceso contra el poseedor que precedi\u00f3 al actor, quien no tiene la condici\u00f3n de titular de un derecho real principal, con lo cual contravino lo estatuido por el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 407 del estatuto procesal, que determina las personas contra las cuales debe dirigirse la acci\u00f3n\u2026 (STC12184-2016, 1\u00b0 sep. 2016, rad. 00014-02).
\n5.\tLuego, la patente falta de ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente del proceso de pertenencia, la indebida presunci\u00f3n aplicada a la naturaleza del fundo all\u00ed denunciado y la omisi\u00f3n del deber del juez de decretar pruebas oficiosamente, constituyen defectos que vulneraron el debido proceso; n\u00f3tese que ante la ausencia de un titular de derechos reales de aqu\u00e9l, circunstancia que el fallador pas\u00f3 por alto, previo a dictar sentencia, el juzgador debi\u00f3 proceder al decreto de las pruebas que fueran necesarias, en tanto que las recaudadas eran insuficientes para determinar que el inmueble era de dominio privado y, por ello, susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Adem\u00e1s, el tutelado tambi\u00e9n debi\u00f3 proceder en la forma antedicha para establecer las personas contra las cuales debi\u00f3 dirigirse la acci\u00f3n de pertenencia, o la ausencia de ellas, ello al observar que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura certific\u00f3 las anotaciones del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-478, de donde se evidenciaba la falsa tradici\u00f3n y las declaraciones de mejoras y ventas de posesiones, que no un titular de derecho real, respecto del predio denominado \u00abEl Vergel\u00bb, pudo convocar a las entidades del Estado para esclarecer tal situaci\u00f3n y no lo hizo. <\/p>\n

En cuanto a la procedencia del resguardo en trat\u00e1ndose de falencias en la valoraci\u00f3n probatoria, ha dicho la Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n

Es preciso en este punto memorar que seg\u00fan el art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 176 del C\u00f3digo General del Proceso] \u201c[l]as pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos. (\u2026) El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u201d. Precepto que armoniza con el art\u00edculo 304 del citado estatuto [hoy 280 del C\u00f3digo General del Proceso] que contempla que la motivaci\u00f3n de la sentencia \u201cdeber\u00e1 limitarse al examen cr\u00edtico de las pruebas\u201d, disposiciones que no fueron debidamente observadas por el funcionario de segundo grado al preterir, se insiste, el examen de los instrumentos de convicci\u00f3n referidos en el p\u00e1rrafo precedente, configurando as\u00ed una v\u00eda de hecho. <\/p>\n

Sobre el punto, ha explicado la Sala que \u201c[u]no de los supuestos que estructura aquella es el defecto f\u00e1ctico, en el que incurre el juzgador cuando sin raz\u00f3n justificada niega el decreto o la pr\u00e1ctica de una prueba, omite su valoraci\u00f3n o la hace en forma incompleta o distorsionando su contenido objetivo; incluso, cuando olvida apreciar el material probativo en conjunto o le confiere m\u00e9rito probativo a un elemento de juicio que fue indebidamente recaudado. Esto, porque si bien los jueces tienen un amplio margen para valorar el acervo probatorio en el cual deben fundar su decisi\u00f3n y formar libremente su convicci\u00f3n, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), tambi\u00e9n es cierto que jam\u00e1s pueden ejercer dicho poder de manera arbitraria, irracional o caprichosa. Y es que la ponderaci\u00f3n de los medios de persuasi\u00f3n implica la adopci\u00f3n de criterios objetivos, no simplemente supuestos por el fallador; racionales, es decir, que sopesen la magnitud y el impacto de cada elemento de juicio; y riguroso, esto es, que materialicen la funci\u00f3n de administraci\u00f3n de justicia que se le encomienda a los funcionarios judiciales sobre la base de pruebas debidamente incorporadas al proceso\u201d (CSJ STC, 10 oct. 2012, rad. 2012-02231-00; reiterada en STC, 7 mar. 2013, rad. 2012-00522-01; y STC, 9 dic. 2014, rad. 2014-00210-01). <\/p>\n

6.\tPor esa l\u00ednea, tambi\u00e9n se evidencia que en su decisi\u00f3n el juzgador accionado incurri\u00f3 en falta de motivaci\u00f3n, pues dej\u00f3 de lado aspectos relevantes que para el caso concreto demandaban pronunciamiento expreso de su parte, pues pas\u00f3 por alto lo referente a la naturaleza jur\u00eddica del predio y su imprescriptibilidad, desatendiendo sus deberes como juez respecto a motivar adecuada y suficientemente los fallos que se emitan como conclusi\u00f3n de los litigios puestos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n

Esta Corporaci\u00f3n, sobre la falta de motivaci\u00f3n de las sentencias proferidas por los funcionarios judiciales, ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que: <\/p>\n

\u2026la motivaci\u00f3n de las providencias judiciales es un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento, raz\u00f3n por la cual no puede ser anfibol\u00f3gica\u2026 (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad.\u00a02009-02174-00; reiterada en CSJ STC, 10 oct. 2013, rad. 2013-01931-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n

Y que: <\/p>\n

\u2026el art\u00edculo 304 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 280 del C\u00f3digo General del Proceso] consagra que la sentencia deber\u00e1 ser motivada, lo cual se limitar\u00e1 al examen cr\u00edtico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponi\u00e9ndolos con brevedad y precisi\u00f3n, y citando los textos legales que se apliquen, de suerte que la omisi\u00f3n de tal requisito o su motivaci\u00f3n insuficiente o precaria son razones justificadas para tildarla de v\u00eda de hecho, en la medida que del cumplimiento cabal de tal exigencia depende, en grado sumo, que las partes puedan hacer uso del derecho de defensa y contradicci\u00f3n (CSJ STC, 24 sep. 2010, rad. 2010-00913-00; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 19 jul. 2013, rad. 2013-01486-00; y en CSJ STC10689-2016, 4 ag. 2016, rad. 2016-01267-01). <\/p>\n

7.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se evidencia que la impugnaci\u00f3n propuesta est\u00e1 llamada al fracaso, destacando que el precedente del cual suplican la aplicaci\u00f3n, esto es, el CSJ STC1776-2016, fue revocado por la Corte Constitucional con fallo T-548\/16, como se dej\u00f3 dicho. <\/p>\n

Sin embargo, se impone modificar el fallo del a-quo constitucional, en el sentido de invalidar \u00fanicamente la sentencia que puso fin al proceso criticado, que no todo lo actuado en \u00e9ste, con el fin de que la autoridad judicial acusada proceda a recaudar los medios de prueba necesarios para verificar el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos esenciales de la acci\u00f3n puesta en su conocimiento, principalmente los referentes a la prescriptibilidad del inmueble y a la titularidad de derechos reales sujetos a registro sobre \u00e9ste, y posteriormente profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda a fin de resolver la litis, teniendo en cuenta lo expuesto en esta providencia. <\/p>\n

8. Finalmente, al margen de lo anterior, en punto a la pretensi\u00f3n de la parte actora, respecto a que se declare la nulidad de todo lo actuado en el proceso cuestionado por su supuesta indebida notificaci\u00f3n, as\u00ed como las dem\u00e1s irregularidades que aduce, se precisa que de conformidad con lo expuesto, son situaciones que debe alegar al interior del juicio, previo a que el fallador profiera nueva decisi\u00f3n, destacando que aqu\u00ed no se acredit\u00f3 que as\u00ed hubiera procedido ante aqu\u00e9l, desconociendo el presupuesto de subsidiariedad que rige la procedencia de esta salvaguarda excepcional. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, modifica los ordinales \u00abSEGUNDO\u00bb y \u00abTERCERO\u00bb de la parte resolutiva del fallo objeto de impugnaci\u00f3n, bajo el entendido de que con ocasi\u00f3n de la concesi\u00f3n del resguardo rogado se declara sin valor ni efecto la sentencia proferida el 12 de mayo de 2017, que declar\u00f3 a Jairo Eliecer Mart\u00ednez Gonz\u00e1lez y Nicol\u00e1s Alberto Casta\u00f1o Mar\u00edn propietarios por prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio del predio denominado \u00abEl Vergel\u00bb, ubicado en la quebrada Mondomo, del municipio de Buenaventura \u2013 Valle del Cauca, e identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00ba 372-478; y en consecuencia, se ordena al Juzgado Primero Civil del Circuito de Buenaventura que, en el t\u00e9rmino de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, proceda a efectuar las gestiones necesarias para recaudar los medios de prueba que le permitan verificar el cumplimiento de la totalidad de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de pertenencia, principalmente los relativos a la prescriptibilidad del inmueble y a la titularidad de derechos reales sujetos a registro sobre el mismo, y posteriormente, en un t\u00e9rmino que no podr\u00e1 exceder de diez (10) d\u00edas, profiera la decisi\u00f3n que en derecho corresponda a fin de resolver el litigio, atendiendo lo expuesto en la parte considerativa de esta determinaci\u00f3n y disponiendo las comunicaciones de rigor ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva para que efect\u00fae las correcciones y adecuaciones a que haya lugar. <\/p>\n

En lo dem\u00e1s, se confirma el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto, por el medio m\u00e1s expedito y eficaz, a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de la Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\nSalvamento de voto <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nSalvamento de voto
\nSALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n

Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00231-02 <\/p>\n

Nuevamente es la oportunidad para reiterar a la Sala mayoritaria que disiento \u201cin radice\u201d de la decisi\u00f3n acogida en el presente asunto. <\/p>\n

1. En el caso resulta ex\u00f3tica la tutela, por cuanto instituida para dejar a salvo los derechos fundamentales, la Sala, motu proprio, en lugar de dispensar o negar la protecci\u00f3n solicitada, la alz\u00f3 contra la misma accionante, para desconocer, sin nadie protest\u00e1rselo, lo obtenido en un proceso. En otras palabras, supuso que en contra de alguien, la autoridad judicial denunciada, hab\u00eda cometido una falta con trascendencia constitucional. <\/p>\n

En efecto, el caso es que la promotora del amparo ven\u00eda exigiendo invalidar la sentencia definitoria del juicio de pertenencia subex\u00e1mine aduciendo que se hab\u00edan desconocido sus prerrogativas como poseedora del fundo all\u00ed inmiscuido. No obstante, aun cuando se accedi\u00f3 a anulaci\u00f3n del fallo deprecada, ello se hizo para condicionar la admisi\u00f3n de la demanda, en contra del libre acceso responsable a la administraci\u00f3n de justicia, a la verificaci\u00f3n de la naturaleza del bien y a la totalidad de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n, principalmente, los relativos a la posibilidad de la prescripci\u00f3n adquisitiva y a la titularidad de derechos reales sujetos a registro, todo ante la aparente ausencia de antecedentes registrales; obs\u00e9rvese, nada se defini\u00f3 en torno al quebranto denunciado por la gestora. <\/p>\n

2. Como se viene acotando, la posici\u00f3n mayoritaria de esta Colegiatura modific\u00f3 el otorgamiento del resguardo, aun cuando no en el sentido solicitado por la querellante, tras razonar que el juzgador acusado incurri\u00f3 en los siguientes defectos: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [L]a patente falta de ponderaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente del proceso de pertenencia, la indebida presunci\u00f3n aplicada a la naturaleza [de bald\u00edo] del fundo all\u00ed denunciado y la omisi\u00f3n del deber del juez de decretar pruebas oficiosamente, constituyen defectos que vulneraron el debido proceso; ante la ausencia de un titular de derechos reales de aqu\u00e9l, circunstancia que el fallador pas\u00f3 por alto, previo a dictar sentencia, el juzgador debi\u00f3 proceder al decreto de las pruebas que fueran necesarias, en tanto que las recaudadas eran insuficientes para determinar que el inmueble era de dominio privado y, por ello, susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n

\u201cAdem\u00e1s, el tutelado tambi\u00e9n debi\u00f3 proceder en la forma antedicha para establecer las personas contra las cuales debi\u00f3 dirigirse la acci\u00f3n de pertenencia, o la ausencia de ellas, ello al observar que si bien la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Buenaventura certific\u00f3 las anotaciones del folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 372-478, de donde se evidenciaba la falsa tradici\u00f3n y las declaraciones de mejoras y ventas de posesiones, que no un titular de derecho real, respecto del predio denominado \u201cEl Vergel\u201d, pudo convocar a las entidades del Estado para esclarecer tal situaci\u00f3n y no lo hizo (\u2026)\u201d. <\/p>\n

3. Por tanto, no se defini\u00f3 de fondo la s\u00faplica constitucional; se insiste, disiento de la decisi\u00f3n adoptada en la determinaci\u00f3n objeto de este pronunciamiento y con la argumentaci\u00f3n sustento de la misma. Estimo necesario salvar voto, por cuanto, all\u00ed se desconoce la l\u00ednea jurisprudencial que sobre la problem\u00e1tica suscitada construy\u00f3 esta Corte en reiterados fallos. Debieron contemplarse los motivos nodales que por v\u00eda de esta acci\u00f3n se vienen planteando a la judicatura, con respecto a los procesos adquisitivos del derecho de dominio, tal como se plasm\u00f3 en las sentencias STC1776 de 16 de febrero de 2016, rad. 2015-00413-01, STC5364 de 28 de abril de 2016, rad. 2016-00032-01 y STC7954 de 16 de junio de 2016, rad. 2016-00018-01. <\/p>\n

3.1. Si la tesis central de lo resuelto en este ruego se edifica en que el bien presumiblemente es bald\u00edo, esto es, imprescriptible, esa conjetura carece de asidero legal, por cuanto, como pasa a explicarse, no es admisible deprecar tal calidad esgrimiendo solamente la ausencia de certificado expedido por el Registrador de Instrumentos P\u00fablicos o, de existir ese documento, cuando en el mismo se consigna la inexistencia de titulares del derecho de dominio inscrito, ni tampoco, como aqu\u00ed acontece, en los eventos en los que existen inscripciones en ese documento, pero en las mismas no se establece el t\u00edtulo originario de dominio.
\nAceptar esa postura desconoce numerosos preceptos legales que avalan la pretensi\u00f3n de los demandantes en el pleito cuestionado. <\/p>\n

Seg\u00fan el canon 762 del C\u00f3digo Civil, \u201c(\u2026) [l]a posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026)\u201d, por tanto, quien detenta esta calidad se reputa propietario mientras \u201cotra persona no justifique serlo\u201d, y, por consiguiente, quien as\u00ed posea desplegar\u00e1 todas las prerrogativas y obligaciones propias de ese se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n

La anterior, es la m\u00e1s importante y cardinal presunci\u00f3n, que por centurias han plasmado las Codificaciones Civiles, conjugando las tesis de Savigny y de Ihering, para tener por propietario al poseedor mientras otra persona no justifique serlo, as\u00ed se dej\u00f3 definido en el canon 700 del Estatuto Sustantivo Chileno de 185510, elaborado por Andr\u00e9s Bello con sustento en las normas an\u00e1logas implementadas en Francia y Espa\u00f1a; el cual sirvi\u00f3 de antecedente y sost\u00e9n al C\u00f3digo Colombiano sancionado en 1873, as\u00ed como a las legislaciones emitidas sobre la materia en Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panam\u00e1. <\/p>\n

Por tanto, es un precepto con validez no s\u00f3lo en el ordenamiento colombiano, sino tambi\u00e9n en el latinoamericano y en el derecho continental europeo. Se trata de una presunci\u00f3n iuris tantum que exalta la posesi\u00f3n en el ordenamiento civil, y de consiguiente, la imposibilidad de desconocerla, hasta tanto no se desvertebren los fundamentos f\u00e1cticos que la edifican. <\/p>\n

3.2. En un pronunciamiento, con la solidez que difumina la Corte de 1937, esta Sala especializada adoctrin\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La presunci\u00f3n consagrada por el art. 762, en su inc. 2\u00ba, del C.C., tanto favorece al poseedor demandado como al poseedor demandante. Establece en t\u00e9rminos generales, no s\u00f3lo para efectos del juicio reivindicatorio sino tambi\u00e9n para todos los de la posesi\u00f3n, que el poseedor es reputado due\u00f1o mientras otra persona no justifique serlo. La posesi\u00f3n es un hecho que proporciona ventajas jur\u00eddicas. Ordinariamente no se hace resaltar sino los que aprovechan al poseedor demandado, como la de no sufrir el peso de la prueba y como la de estar en v\u00eda de hacerse due\u00f1o por prescripci\u00f3n. Pero tambi\u00e9n est\u00e1n las que protegen al poseedor demandante; como la misma usucapi\u00f3n; como la de iniciar acciones posesorias, como la de promover, si es regular, la publiciana, etc. El molestado en la posesi\u00f3n de la cosa o el despojado de ella, tiene en la presunci\u00f3n del art. 762 un medio f\u00e1cil de que se respete su derecho. No necesita probar dominio sino posesi\u00f3n. Protegi\u00e9ndose esta se protege su propiedad presunta (\u2026)\u201d11 (subrayas fuera de texto). <\/p>\n

3.3. Como si no bastara la m\u00e1s que centenaria presunci\u00f3n de la regla del C\u00f3digo de Bello, inserta en nuestro ordenamiento privado, tambi\u00e9n se apuntal\u00f3, en forma m\u00e1s precisa en relaci\u00f3n con lo debatido aqu\u00ed, en los art\u00edculos 1\u00b0 y 2\u00b0 de la Ley 200 de 193612, postulando que se \u201c(\u2026) presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada (\u2026)\u201d los inmuebles rurales pose\u00eddos por particulares, cuando aqu\u00e9llos son explotados econ\u00f3micamente \u201c(\u2026) por medios positivos propios del due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n (\u2026)\u201d. Y en sentido contrario, tambi\u00e9n se consign\u00f3 otra presunci\u00f3n, suponiendo bald\u00edos aquellos terrenos agrarios que no son objeto de aprovechamiento \u201cen [es]a forma\u201d13, precisamente como ep\u00edtome de la consagrada en el art\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil: \u201c(\u2026) Son bienes de la Uni\u00f3n las tierras que estando situadas dentro de los l\u00edmites territoriales, carecen de otro due\u00f1o (\u2026)\u201d. <\/p>\n

Sin duda, las presunciones mencionadas guardan relevancia para el entendimiento de lo que la ley considera como terreno bald\u00edo, pues si el particular lo explota econ\u00f3micamente por medio de hechos positivos, propios de due\u00f1o, como las plantaciones y sementeras y otros de igual significaci\u00f3n, se ha de entender que es propiedad privada; y si el Estado discute esa calidad tiene que demostrar lo contrario, esto es, acudir a la otra presunci\u00f3n: no se ha explotado econ\u00f3micamente el predio y, por tanto, conserva la condici\u00f3n de bien inculto bald\u00edo.
\nLa presunci\u00f3n relacionada con los predios rurales que no se reputan bald\u00edos, obliga al Estado a demostrar lo contrario, esto es, que no se dan las circunstancias que la ley exige para tener en cuenta que un fundo es de esa naturaleza. Entonces, un terreno, que no sea de los clasificados como reservados, que sea ocupado con la incorporaci\u00f3n de actividades econ\u00f3micas de explotaci\u00f3n como destaca la ley, se debe respetar. <\/p>\n

Por sabido se tiene que un terreno bald\u00edo es del Estado y es imprescriptible como el ordenamiento jur\u00eddico nacional lo ha consagrado desde 1882, en la Ley 48, art\u00edculo 3: \u201c(\u2026) Las tierras bald\u00edas se reputan de uso p\u00fablico y su propiedad no prescribe contra la Naci\u00f3n (\u2026)\u201d; pasando por el C\u00f3digo Fiscal (Ley 110 de 1912) que dispuso en el art\u00edculo 61: \u201c(\u2026) El dominio de los bald\u00edos no puede adquirirse por prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d. Adem\u00e1s, la Ley 160 de 1994, art\u00edculo 65, impuso la regla de que la propiedad de los terrenos bald\u00edos adjudicables, s\u00f3lo pueden adquirirse mediante t\u00edtulo traslaticio de dominio otorgado por el Estado; y, al mismo tiempo, los ocupantes meramente precarios de tierras bald\u00edas, por ese solo hecho, no tienen la calidad de poseedores conforme al C\u00f3digo Civil y frente a la adjudicaci\u00f3n por el Estado s\u00f3lo existe una mera expectativa. <\/p>\n

Con una rotunda reiteraci\u00f3n en el ahora derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, art\u00edculo 407, incorporado con id\u00e9ntica redacci\u00f3n en el canon 375, numeral 4, de la Ley 1564 de 2012, se consigna: \u201c(\u2026) La declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de entidades de derecho p\u00fablico (\u2026)\u201d. <\/p>\n

De vieja data esta Sala ha conceptuado en casaci\u00f3n al respecto: <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]l requisito [para] ser prescriptible el objeto materia de pertenencia, es, el de no tratarse de bienes de uso p\u00fablico ni pertenecer ellos a entidades de derecho p\u00fablico (Art. 407 n\u00fam. 4, C. de P.C.), no significa sin embargo que, frente a la prescripci\u00f3n extraordinaria y respecto de fundos rurales, el actor est\u00e9 en la obligaci\u00f3n de demostrar que el bien no es bald\u00edo, por haber salido del patrimonio del Estado [e] ingresado al de los particulares, pues esa exigencia no la impone el legislador, que por el contrario consagra el principio de prueba de dominio en su favor, al disponer [ello] en el art\u00edculo 1 de la Ley 200 de 1936 (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) [N]o es v\u00e1lido sostener que, ante la ausencia de derechos reales en el certificado de registro inmobiliario correspondiente, \u00e9ste tenga que considerarse bald\u00edo, ni tampoco que si la Ley autoriza en esas condiciones el inicio del proceso de pertenencia es para que (\u2026) se acredite por el actor [el cumplimiento de] las condiciones de los art\u00edculos 3 y 4 de la Ley 200 de 1936 (\u2026)\u201d14. <\/p>\n

4. En el asunto bajo examen, se hace necesario definir o identificar si el predio, que fuera prescrito por el all\u00e1 accionante para la declaraci\u00f3n de pertenencia, es bald\u00edo, por la elemental consideraci\u00f3n que si resulta efectivamente serlo podr\u00eda alegarse o sostenerse que la prescripci\u00f3n, definida en el proceso en comentario, es contraria al ordenamiento en cuanto la naturaleza del bien impide una declaraci\u00f3n de dominio en ese sentido; o, por el contrario, para concluir que es propiedad privada y, por consiguiente, sujeto y objeto, con seguridad jur\u00eddica, al reconocimiento del dominio por prescripci\u00f3n. <\/p>\n

Si el predio se presum\u00eda bien privado, y de ese modo se demostr\u00f3, la prescripci\u00f3n adquisitiva declarada por el Juzgado tutelado goza de pleno sustento de legalidad, no solo por lo advertido precedentemente sino porque se cumpli\u00f3 con el rito exigido en la norma adjetiva vigente. <\/p>\n

En este tipo de litigios, corresponde al Juez verificar y controlar la pertinencia y legitimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n invocada, aplicando para ello lo previsto en el C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como en las disposiciones particulares sobre la materia. Ha de observar especial celo en la instrucci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria, y en la utilizaci\u00f3n de las disposiciones sustantivas a fin de constatar la existencia de elementos de juicio suficientes para declarar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, y evitar, a toda costa, que estos pleitos se utilicen para concentrar la propiedad, destruir reservas y ecosistemas, aniquilar bosques, selvas o fuentes h\u00eddricas, etc.; o para apropiarse de bald\u00edos nacionales aportando pruebas deleznables, o adelantando procedimientos espurios. <\/p>\n

Un an\u00e1lisis constitucional como el subj\u00fadice se enfila exclusivamente a determinar el quebranto o no de garant\u00edas fundamentales, sin que pueda el juez de tutela inmiscuirse en el pleito, en aras de establecer si el acervo probatorio resultaba o no suficiente para declarar la pertenencia. <\/p>\n

5. De otra parte, debe precisarse que el certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos, es exigido en los juicios de pertenencia15 con la \u00fanica finalidad de \u201c(\u2026) identificar los leg\u00edtimos contradictores de la pretensi\u00f3n, que no son otras personas que en \u00e9l figuren como titulares de derechos reales, pero en manera alguna [sirve para] demostrar que el bien es de propiedad privada (\u2026)\u201d16. <\/p>\n

Por tanto, en caso de no constar en ese documento inscrito ning\u00fan particular titular del derecho de dominio, no se colige la calidad de bald\u00edo del fundo, sino que, para formar adecuadamente el contradictorio, se dirige la demanda en contra de personas indeterminadas. <\/p>\n

Sobre el particular, la Corte Constitucional expres\u00f3: <\/p>\n

\u201c(\u2026) El certificado expedido por el registrador de instrumentos p\u00fablicos, de que trata el numeral 5o. del art\u00edculo 407 del C.P.C., demandado, constituye un documento p\u00fablico (C.P.C., art. 262-2) que cumple con varios prop\u00f3sitos, pues no s\u00f3lo facilita la determinaci\u00f3n de la competencia funcional y territorial judicial para la autoridad que conocer\u00e1 del proceso -juez civil del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble (C.P.C., art. 16-5)-, sino que tambi\u00e9n permite integrar el leg\u00edtimo opositor, por cuanto precisa contra quien deber\u00e1 dirigirse el libelo de demanda\u201d. <\/p>\n

\u201cAs\u00ed se tiene que, el sujeto pasivo de la demanda de declaraci\u00f3n de pertenencia estar\u00e1 conformado por la persona o personas que aparezcan en el aludido certificado como titulares de derechos reales principales sujetos a registro -propiedad, uso, usufructo o habitaci\u00f3n- sobre el bien en litigio, a quienes se les notificar\u00e1 del auto admisorio de la demanda, permiti\u00e9ndoles iniciar la correspondiente defensa de sus derechos. Si en ese documento no se se\u00f1ala a nadie con tal calidad, porque no hay inscrito o no se ha registrado el bien, se dar\u00eda lugar al certificado negativo, obligando dirigir la demanda contra personas indeterminadas (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u201c(\u2026) Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de dichos derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que "no aparece ninguna" persona como titular "de derechos reales sujetos a registro". Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)17. <\/p>\n

En un reciente fallo conceptu\u00f3 acerca de la pertinencia de ese elemento demostrativo: <\/p>\n

\u201c(\u2026) La exigencia de aportar el folio de matr\u00edcula inmobiliaria para acreditar la propiedad sobre los predios sobre los cuales se reclamaba no implic[a] una actuaci\u00f3n arbitraria o caprichosa por parte de la autoridad judicial accionada. Antes bien, con ella se da cumplimiento a las disposiciones del C\u00f3digo Civil que disciplinan la transmisi\u00f3n de dominio sobre los bienes ra\u00edces, la cual requiere el otorgamiento de escritura p\u00fablica y su correspondiente inscripci\u00f3n en la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos. Por tratarse de una solemnidad exigida por la ley, la constancia de la inscripci\u00f3n en el registro como prueba de la tradici\u00f3n de bienes inmuebles no admite ser suplida por testimonios u otros medios probatorios (\u2026)\u201d18. <\/p>\n

Admitir lo aducido en el fallo del cual se disiente, equivale a revertir injustificadamente la carga de la prueba en detrimento de los particulares para favorecer a una entidad p\u00fablica, cuando, contrariamente, es deber del Estado propender por garantizar el acceso a la administraci\u00f3n de justicia sin mayores trabas que las previamente estatuidas en la Ley. <\/p>\n

El hecho de que supuestamente no aparezca anotado en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del lugar de ubicaci\u00f3n, un predio r\u00fastico con el nombre de persona como propietaria, no puede constituir indicio suficiente para pensar que se trata de un bien bald\u00edo, y por tanto imprescriptible, ni puede apreciarse que deriva inferencia que lleve a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n

6. Al rompe, las disquisiciones precedentes demuestran con suficiencia la inviabilidad de otorgar el amparo en los t\u00e9rminos expuestos por la mayor\u00eda de la Sala y con fundamento en el precedente de la Corte Constitucional expuesto en la sentencia T-488 de 201419, en el cual, una de sus Salas de revisi\u00f3n de tutelas, con salvamento de voto, en un caso de similar acontecer f\u00e1ctico, equivocadamente omiti\u00f3 aplicar la presunci\u00f3n de propiedad privada fijada en la Ley 200 de 1936, sustentando tal yerro solamente en que en el certificado expedido por registrador de instrumentos p\u00fablicos del inmueble reclamado \u201cno figuraba persona alguna como titular de derechos reales\u201d. <\/p>\n

En su lugar, debi\u00f3 analizarse a profundidad el reclamo elevado por la empresa actora, para determinar si existieron los vicios alegados en el escrito genitor. <\/p>\n

6.1. Las presunciones ampliamente debatidas en este escrito, previstas en los arts. 1, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973, 2 y 3 de la Ley 200 de 1936, consistentes: la primera, en que \u201c(\u2026) se presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que dicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, como las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados y otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica (\u2026)\u201d (art. 1); y la segunda, \u201c(\u2026) presum[ir] bald\u00edos los predios r\u00fasticos no pose\u00eddos en [esa] forma (\u2026)\u201d, han sido desarrolladas por la doctrina de esta Corte, siguiendo las tesis de R. Von Ihering, en las sentencias siguientes: Cas. del 24 de julio de 1937, XLV, 329; Sent. S. de n. G., del 9 de marzo de 1939, XLVII, 798; Cas. del 18 de mayo de 1940, XLIX, 311. La del art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973: \u201c(\u2026) Se trata de una presunci\u00f3n a favor de los particulares y en contra de la Naci\u00f3n con que el art. 1 reform\u00f3 la presunci\u00f3n tradicional de dominio establecida por los arts. 675 del C.C. y 44 del C. F. (\u2026)\u201d (Sent. 22 de junio de 1956, LXXXIIII, 74; 31 de julio de 1962, XCIX, 172). <\/p>\n

Las dos, complementarias entre s\u00ed, hallan asiento s\u00f3lido en la propia ley y en la doctrina jurisprudencial de esta Corte; pero cuando, la decisi\u00f3n de tutela T-488 de 2014 encuentra defecto f\u00e1ctico en el proceder del juez de la pertenencia porque en el predio \u201cLindanal\u201d \u201c(\u2026) no figuraba persona alguna como titular de derechos reales (\u2026)\u201d, y al mismo tiempo el prescribiente reconoci\u00f3 \u201c(\u2026) que la demanda se propuso contra personas indeterminadas (\u2026)\u201d, y pese a ello el juez consider\u00f3 que \u201c(\u2026) el bien objeto de la demanda es inmueble que \u201cpuede ser objeto de apropiaci\u00f3n privada\u201d (\u2026)\u201d, y como secuela, surg\u00edan \u201c(\u2026) indicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en discusi\u00f3n pod\u00eda tratarse de un bien bald\u00edo y en esa medida no susceptible de apropiaci\u00f3n por prescripci\u00f3n (\u2026)\u201d, y de consiguiente, se incurr\u00eda en desconocimiento del precedente y en defecto org\u00e1nico por incompetencia, infringe rectamente y de tajo, tanto las presunciones citadas e instaladas en el ordenamiento patrio desde 1936, que han servido de apoyo a innumerables decisiones pol\u00edticas para la reforma agraria del pa\u00eds y a repetidas sentencias judiciales. <\/p>\n

As\u00ed mismo, desecha la abigarrada doctrina probable de esta Corte, luego reiterada en las sentencias de casaci\u00f3n del 16 de diciembre de 1997, expediente 4837; del 28 de agosto de 2000, exp. 5448, reiterando la del 9 de marzo de 1939, G. J. XLVII, p. 798; seg\u00fan las cuales, se presume \u201c(\u2026) que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los fundos pose\u00eddos por particulares (\u2026)\u201d (art. 1 de la Ley 200 de 1936, modificado por el 2 de la Ley 4 de 1973), cuando hay explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del suelo con actos positivos propios de due\u00f1o; y por supuesto, a la sentencia C-383 de 2000 de la propia Corte Constitucional, cuando juzg\u00f3 la exequibilidad de la regla 407 del entonces vigentes C\u00f3digo de Procedimiento Civil sobre la posibilidad de demandar a indeterminados con apoyo en certificado registral negativo, en el imperio del C\u00f3digo procesal de 1970. <\/p>\n

6.2. Bajo el entendimiento de la sentencia T-488 de 2014, por v\u00eda de la revisi\u00f3n eventual de una acci\u00f3n constitucional \u201cinterpartes\u201d y resuelta por una Sala de decisi\u00f3n, donde uno de los integrantes salv\u00f3 voto parcialmente, advi\u00e9rtase, no solo se descartan las reglas 1, 2 y 3 de la Ley de Tierras del treinta y seis, como se viene discurriendo; tambi\u00e9n resultan quebrantados, por integrar conceptualmente el mismo plexo normativo, el art. 12 ej\u00fasdem, modificado por el art. 4 de la Ley 4 de 1973, y de contera, los arts. 51 y 52 de la Ley 9 de 1989. El art. 12 por medio del cual se estableci\u00f3 \u201c(\u2026) una prescripci\u00f3n adquisitiva del dominio en favor de quien, creyendo de buena fe que se trata de tierras bald\u00edas, posea en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 1 de esta Ley, durante cinco (5) a\u00f1os continuos, terrenos de propiedad privada no explotados por su due\u00f1o en la \u00e9poca de la ocupaci\u00f3n, ni comprendidos dentro de las reservas de la explotaci\u00f3n, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo art\u00edculo (\u2026)\u201d; prescripci\u00f3n que cubre exclusivamente \u201c(\u2026) el terreno aprovechado o cultivado con trabajos agr\u00edcolas, industriales o pecuarios y que se haya pose\u00eddo quieta y pac\u00edficamente durante los cinco (5) a\u00f1os continuos y se suspende en favor de los absolutamente incapaces y de los menores adultos (\u2026)\u201d (ej\u00fasdem). El 51 de la Ley 9 de 1989, en cuanto reduce la prescripci\u00f3n extraordinaria y ordinaria de dominio para viviendas de inter\u00e9s social a los t\u00e9rminos de 5 y 3 a\u00f1os respectivamente; preceptiva \u00faltima que morigera la obligaci\u00f3n de presentar el certificado del registrador. <\/p>\n

6.3. Del mismo modo, desconocer\u00eda la Ley 1561 de 2012, derogatoria de la Ley 1182 de 2008, cuyo prop\u00f3sito ha sido, seg\u00fan el Congreso colombiano, el de promover el acceso a la propiedad mediante un proceso especial, que fija competencia en los jueces municipales, no en el Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, para \u201c(\u2026) otorgar t\u00edtulo de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de peque\u00f1a entidad econ\u00f3mica, y para sanear t\u00edtulos que conlleven la llamada falsa tradici\u00f3n, con el fin de garantizar seguridad jur\u00eddica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles (\u2026)\u201d (art. 1 de la Ley 1561 de 2012). <\/p>\n

La Ley 1561 de 2012 autoriza al juez para otorgar t\u00edtulo de propiedad a \u201c(\u2026) [q]uien tenga t\u00edtulo registrado a su nombre con inscripci\u00f3n que conlleve la llamada falsa tradici\u00f3n, tales como la enajenaci\u00f3n de cosa ajena o la transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio, de conformidad con lo dispuesto en la ley registral, lo sanear\u00e1, siempre y cuando cumpla los requisitos previstos en esta ley (\u2026)\u201d (subrayas de la Sala, art. 2 de la misma Ley). Y dentro de los anexos de la demanda, deber\u00e1 adjuntarse seg\u00fan el art. 11, si la pretensi\u00f3n es titular la posesi\u00f3n, \u201c(\u2026) certificado de tradici\u00f3n y libertad o certificado de que no existen o no se encontraron titulares de derechos reales principales sobre el inmueble (\u2026)\u201d. <\/p>\n

6.4. Es cierto. En el art\u00edculo 48 de la Ley 160 de 1994 se determina el procedimiento de clarificaci\u00f3n de la propiedad de predios rurales a cargo del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, pero el mismo no puede imponerse como paso previo o prerrequisito al juicio de pertenencia o de cualquiera de los asuntos previstos para usucapir autorizado a los jueces para su tr\u00e1mite. Tampoco ese precepto 48, ni otros, han abolido del ordenamiento las presunciones contenidas en el C\u00f3digo Civil, y en los c\u00e1nones 1\u00ba y 2\u00ba de la Ley 200 de 1936, estudiadas en precedencia.
\nSi el juicio se halla con efectos de cosa juzgada bajo los c\u00e1nones del C. P. C. o de las disposiciones agrarias contempladas en el Decreto 2303 de 1989 o de una diferente, no puede removerse tan caro instituto por esta v\u00eda para decirse que debe aplicarse con efectos retroactivos, la ahora ben\u00e9fica disposici\u00f3n del C. G. del P., que impone la citaci\u00f3n del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras y de otras entidades, para esa clase de litigios. <\/p>\n

No obstante, corresponde al juez ser extremadamente cauto al declarar el dominio, tomando las medidas pertinentes para prevenir el fraude o la apropiaci\u00f3n indebida de los bienes fiscales, como el caso de los bald\u00edos. <\/p>\n

Claro, en este escenario que se plantea a los jueces, es bienvenido el precepto 375 del C. G. del P., num. 620, en concordancia con el canon 48 de la Ley 160 de 1994, porque contribuye a solucionar hacia el futuro, problemas de diferente orden, que no es del caso abordar, en relaci\u00f3n con la concentraci\u00f3n o redistribuci\u00f3n de la tierra en pocas o muchas manos, la productividad de las mismas, clarificaci\u00f3n de tradiciones entre los intereses del Estado respecto de los particulares para reputarlos o no como bienes de dominio privado, los fundos reservados y los destinados para cualquier servicio o uso p\u00fablico, as\u00ed como la delimitaci\u00f3n y clarificaci\u00f3n de las tierras de resguardo o las adjudicadas a las comunidades negras, vigencia de las presunciones, deberes judiciales, protecci\u00f3n ambiental; incidencia de la miner\u00eda, parques, reservas naturales; en fin, en cuestiones como la actualmente planteada a esta Corte. Sin duda, como ya se anunci\u00f3 en p\u00e1ginas anteriores, la concurrencia del Estado con adecuada y t\u00e9cnica defensa de \u00e9ste, permitir\u00e1 zanjar equitativamente las m\u00faltiples controversias que sobre la naturaleza y finalidad del suelo desde el punto de vista constitucional, demandan una lectura din\u00e1mica en consonancia con los principios, valores y derechos constitucionales frente a la propiedad territorial. Pero, it\u00e9rase, es s\u00f3lo a partir de la vigencia del C. G. del P., que se obliga al juez del proceso declarativo seg\u00fan la regla 375 numeral 6, citar a esas entidades p\u00fablicas, en el caso de pertenencia de inmuebles. <\/p>\n

La regla 48 de la Ley 160 de 1994, recientemente reglamentada por el Ministerio de Agricultura, a trav\u00e9s del Decreto N\u00ba 1071 de 2015, es un instrumento de indiscutible valor para el Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, pues estatuye los procedimientos administrativos de clarificaci\u00f3n de la propiedad, y de deslinde y recuperaci\u00f3n de bald\u00edos. Ese tr\u00e1mite no ha sido parte ni es exigencia de los procesos a cargo de los jueces, y de ning\u00fan modo extingue la posibilidad de reclamar la usucapi\u00f3n de inmuebles agrarios. <\/p>\n

N\u00f3tese, el objeto de la Ley 160 de 1994 fue el de \u201c(\u2026) crea[r] el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, (\u2026) establece[r] un subsidio para la adquisici\u00f3n de tierras, (\u2026) [y] reforma[r] el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (\u2026)\u201d, y de su contenido no brota derogaci\u00f3n ni modificaci\u00f3n, expresa o t\u00e1cita, expl\u00edcita o impl\u00edcita, de la filosof\u00eda establecida en la Ley 200 de 1936, ni mucho menos, de la m\u00e1s que centenaria presunci\u00f3n contenida en el inciso 2\u00ba del canon 762 del C\u00f3digo Civil, como en su oportunidad si lo hizo la inexequible Ley 1152 de 200721, en relaci\u00f3n con las premisas debatidas aqu\u00ed de la Ley 200. Aqu\u00e9lla regla 48, establece unos procedimientos gubernativos a cargo del Incoder en Liquidaci\u00f3n, hoy Agencia Nacional de Tierras, para clarificar la propiedad, incluyendo la forma de acreditar el derecho, determinar las pertenecientes al Estado y a los particulares, as\u00ed como la ocupaci\u00f3n indebida de bald\u00edos, y en ella, limita la competencia a la titulaci\u00f3n de los bienes adjudicables; entre otros, los bald\u00edos, clasificaci\u00f3n dentro de la que no caben los que no son bald\u00edos por estar cobijados por la presunci\u00f3n de propiedad prevista en la Ley 200 de 1936. <\/p>\n

6.5. No sobra agregar, que por la misma senda, y seg\u00fan las determinaciones tomadas en esa acci\u00f3n, se repudiar\u00eda la historia registral del pa\u00eds, que se caracteriza por ser incompleta y anacr\u00f3nica. Un registro imparcial e integral no puede imponerse exclusivamente a los particulares; pero finalmente, esa decisi\u00f3n, traduce la confusi\u00f3n entre la prueba con el mismo derecho de propiedad. <\/p>\n

6.6. La Corte Constitucional ha expedido numerosa jurisprudencia sobre el tema agrario, tales como las sentencias SU-23522 y SU-42623 de 2016, en las cuales se puso de relieve el problema de acceso a la tierra por parte de la poblaci\u00f3n campesina v\u00edctima, as\u00ed como las dificultades que trae consigo la recuperaci\u00f3n de terrenos irregularmente apropiados por particulares, o por criminales y grupos al margen de la Ley, todo ello, debido a la equivocada, contradictoria e incompleta pol\u00edtica estatal de repartici\u00f3n de bienes. <\/p>\n

En esas providencias es loable el esfuerzo de la Corte Constitucional para formular soluci\u00f3n a tan cr\u00edtico asunto, propendiendo por la adopci\u00f3n de medidas eficaces y prontas para librar los bald\u00edos de la tenencia indebida por parte de terceros o de avivatos de los bienes p\u00fablicos. Sin embargo, esos pronunciamientos tienen un fundamento f\u00e1ctico diferente a la problem\u00e1tica del sublite. Adem\u00e1s, esta disidencia jam\u00e1s ha negado la existencia de los bienes bald\u00edos, los cuales hacen parte del patrimonio p\u00fablico y requieren de un control estatal estricto.
\nAsimismo, ese alto Tribunal expidi\u00f3 los fallos T-54824 y T-54925 de 2016, en los cuales, reiter\u00f3 la postura edificada en la providencia T-488 de 2014 ya citada. En la sentencia T-549 de 2016, esa Corporaci\u00f3n, como algo novedoso en su l\u00ednea tutelar, reconoci\u00f3 expresamente que en nuestro sistema jur\u00eddico coexist\u00edan las dos presunciones, aparentemente contradictorias entre s\u00ed, \u201cuna de bien privado y otra de bien bald\u00edo\u201d, la primera, contenida en el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 200 de 1936, y la segunda en los c\u00e1nones 762 del C\u00f3digo Civil y 65 de la Ley 160 de 1994; sin embargo entendi\u00f3 que ese conflicto normativo \u201caparente\u201d deb\u00eda en todo caso resolverlo el Juez al momento de dirimir el respectivo juicio de pertenencia. <\/p>\n

Empero, esas determinaciones transitan por la desafortunada senda trazada por la providencia T-488 de 2014, sin a\u00f1adirle nuevos elementos, salvo la admisi\u00f3n de la existencia y vigencia de las presunciones de la Ley 200 de 1936. Es de advertir, la propia Corte Constitucional se contradice, pues, luego de ventilar la vigencia de esas presunciones, a rengl\u00f3n seguido infiere que \u201cen todos los casos en donde no exista propietario registrado en la matr\u00edcula de un bien inmueble, debe presumirse que este es un bien bald\u00edo\u201d. Esa conclusi\u00f3n invade no solo la esfera decisional del juez al momento de zanjar un conflicto de usucapi\u00f3n, sino que le impone al prescribiente la obligaci\u00f3n de demostrar el car\u00e1cter privado de su fundo, invirtiendo irrazonablemente la presunci\u00f3n en contra del usuario de la administraci\u00f3n de justicia, del poseedor y del ciudadano. Adem\u00e1s desconoce que las fuentes hist\u00f3ricas de informaci\u00f3n oficiales previstas para la indagaci\u00f3n de la propiedad y las sucesivas transferencias desde el dominio regalista espa\u00f1ol no resultan confiables, incluso para el propio Estado, pues los datos oficiales de catastro y registro, adem\u00e1s de insuficientes, escuetos y ca\u00f3ticos, siguen hoy sin modernizarse ni depurarse26. Esta negligencia es end\u00e9mica y no puede trasladarse al ciudadano como si \u00e9ste fuera el responsable de la omisi\u00f3n hist\u00f3rica del estamento oficial. <\/p>\n

Debe recordarse que las autoridades p\u00fablicas por tener responsabilidad de administrar el catastro y el registro de los bald\u00edos de la Naci\u00f3n, as\u00ed como de las tierras privadas, \u00e9tnicas y las \u00e1reas protegidas, deben generar una confianza leg\u00edtima y seguridad jur\u00eddica para los destinatarios de tales datos y, en general, para todos los asociados, derechos que no pueden quebrantarse prima facie por la negligencia del Estado en el ejercicio de dicha tarea. <\/p>\n

Se vislumbra que en aquellas memoradas decisiones, el M\u00e1ximo Tribunal Constitucional procura desconocer la facultad legalmente atribuida a los jueces naturales del derecho real de dominio de decidir juicios de pertenencia cuando no hay titular inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria del inmueble cuyas declaratorias de pertenencia se reclaman, pretiriendo la numerosa normatividad y doctrina judicial, incluso, la dictada por el propio juez constitucional, con efectos erga omnes, no interpartes, con car\u00e1cter imperativo por tratarse de providencias proferidas en acciones constitucionales de inexequibilidad, tal como se evidencia en la supra citada sentencia C-275 de 2006, seg\u00fan la cual: <\/p>\n

\u201c(\u2026) Puede suceder que en relaci\u00f3n con el bien exista total certeza por parte del Registrador sobre la ausencia de registro de (\u2026) derechos reales en cabeza de alguna persona y en ese orden de ideas no tenga ninguna dificultad para expedir el certificado negativo respectivo donde conste que "no aparece ninguna" persona como titular "de derechos reales sujetos a registro". Caso en el cual podr\u00e1 admitirse la demanda en contra de personas indeterminadas y darse curso a la actuaci\u00f3n en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (\u2026)\u201d (subrayas fuera de texto)27. <\/p>\n

En el asunto objeto de disenso no hay lugar a conceder el resguardo en los t\u00e9rminos esbozados por la posici\u00f3n mayoritaria, pues los jueces accionados no han incurrido en quebranto iusfundamental en la forma definida por esta Corte, pues se han limitado a aplicar razonada y v\u00e1lidamente la legislaci\u00f3n aplicable a la usucapi\u00f3n, inclusive, se insiste, ese debate ni siquiera fue el que suscit\u00f3 la interposici\u00f3n del auxilio, el cual, en \u00faltimas, qued\u00f3 hu\u00e9rfano de an\u00e1lisis. Las decisiones de las que he venido disidiendo est\u00e1n proscribiendo injustificadamente la posibilidad de iniciar ese tipo de pleitos en contra de personas indeterminadas, en eventualidades avaladas legalmente, por la sentencia C-275 de 2006 imponiendo, de paso, una carga indebida tanto a las personas interesadas en promover acciones de pertenencia, como a los Jueces y Magistrados. <\/p>\n

Sin lugar a dudas, la situaci\u00f3n expuesta constituye una afrenta a los derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, menoscabando los principios de legalidad y de seguridad jur\u00eddica, as\u00ed como el imperativo supralegal seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Los jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n sometidos al imperio de la ley (\u2026)\u201d; postura en contrav\u00eda de los art\u00edculos 29, 228, 229 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica28 y 8, 9 y 25 de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos29.
\n7. En los anteriores t\u00e9rminos, dejo consignado el anunciado salvamento. Claro, el escenario propio debi\u00f3 ser el juicio casacional, dada la finalidad pol\u00edtica y de coherencia doctrinaria que corresponde a ese recurso extraordinario, en su funci\u00f3n nomofil\u00e1ctica para fijar criterios y pautas en la soluci\u00f3n de casos. No obstante, como el problema jur\u00eddico se plante\u00f3 medularmente por v\u00eda de tutela, afectando derechos fundamentales, compel\u00eda entonces abordar el fondo de la cuesti\u00f3n. <\/p>\n

Fecha, ut supra. <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\nMagistrado <\/p>\n

1 \t\u00abArt\u00edculo \t1\u00b0\u2026 Modificado, \tArticulo. 2\u00b0, L. 4 de 1973. \tSe presume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los \tfundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que \tdicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica \tdel suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, \tcomo las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados \ty otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica. \t<\/p>\n

El \tcerramiento y la construcci\u00f3n de edificios no constituyen por \ts\u00ed solos pruebas de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica pero \ts\u00ed pueden considerarse como elementos complementarios de \tella. La presunci\u00f3n que establece este Art\u00edculo se \textiende tambi\u00e9n a las porciones incultas cuya existencia se \tdemuestre como necesaria para la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica \tdel predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de \teste, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o \tpara el ensanche de la misma explotaci\u00f3n. Tales porciones \tpueden ser conjuntamente hasta una extensi\u00f3n igual a la mitad \tde la explotada y se reputan pose\u00eddas conforme a este \tArt\u00edculo. \t<\/p>\n

Art\u00edculo \t2\u00b0\u2026Se \tpresumen bald\u00edos los predios r\u00fasticos no pose\u00eddos \ten la forma que se determina en el Art\u00edculo anterior\u00bb.
\n2 \t\u00abArt\u00edculo \t48\u2026 \tEl Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, previa obtenci\u00f3n \tde la informaci\u00f3n necesaria, adelantar\u00e1 los \tprocedimientos tendientes a: \t<\/p>\n

1. Clarificar \tla situaci\u00f3n de las tierras desde el punto de vista de la \tpropiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio \tdel Estado. \t<\/p>\n

A partir de la \tvigencia de la presente Ley, para acreditar propiedad privada sobre \tla respectiva extensi\u00f3n territorial, se requiere como prueba \tel t\u00edtulo originario expedido por el Estado que no haya \tperdido su eficacia legal, o los t\u00edtulos debidamente \tinscritos otorgados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, en \tque consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del t\u00e9rmino \tque se\u00f1alan las leyes para la prescripci\u00f3n \textraordinaria. \t<\/p>\n

Lo dispuesto \ten el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio \tde t\u00edtulos debidamente inscritos con anterioridad a la \tpresente Ley, no es aplicable respecto de terrenos no adjudicables, \to que est\u00e9n reservados, o destinados para cualquier servicio \to uso p\u00fablico. \t<\/p>\n

2. Delimitar \tlas tierras de propiedad de la Naci\u00f3n de las de los \tparticulares. \t<\/p>\n

3. \tDeterminar cu\u00e1ndo hay indebida ocupaci\u00f3n de terrenos \tbald\u00edos…\u00bb.
\n3 \tRicardo Guastini. Filosof\u00eda del Derecho. Distinguiendo. \tEstudio de teor\u00eda y metateor\u00eda del derecho. Editorial \tGedisa. P\u00e1gs. 167 a 169.
\n4 \tOb. Cit.
\n5 \tVictoria Iturralde Sesma, El precedente en el common \tlaw, p\u00e1g. \t31, citando a la definici\u00f3n de Chamberlain, cit. en R. \tMoschzisker, 1924, p\u00e1g. 409.
\n6 \t\u201cART\u00cdCULO \t380. Causales. Son causales de revisi\u00f3n: \/\/7. Estar el \trecurrente en alguno de los casos de indebida representaci\u00f3n \to falta de notificaci\u00f3n o emplazamiento empleados en el \tart\u00edculo 152, siempre que no haya saneado la nulidad\u201d.
\n7 \tOrdenamiento \tprocesal vigente al momento de ser fallado el proceso de \tpertenencia.
\n8 \tArt\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y \tart\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso.
\n9 \tEl \tart\u00edculo 675 del C\u00f3digo Civil se refiere a los bald\u00edos \ty es as\u00ed como prescribe: "Son \tbienes de la Uni\u00f3n todas las tierras que estando situadas \tdentro de los l\u00edmites territoriales, carecen de otro due\u00f1o".
\n10 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t700. La posesi\u00f3n es la tenencia de una cosa determinada con \t\u00e1nimo de se\u00f1or o due\u00f1o, sea que el due\u00f1o \to el que se da por tal tenga la cosa por s\u00ed mismo, o por otra \tpersona que la tenga en lugar y nombre de \u00e9l\u201d.
\n\u201cEl \tposeedor es reputado due\u00f1o, mientras otra persona no \tjustifique serlo (\u2026)\u201d.
\n11 \tCSJ. \tCivil. Sentencia de 13 de marzo de 1937, XLIV, 713.
\n12 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t1. Modificado por el art\u00edculo 2 de la Ley 4\u00aa de 1973. Se \tpresume que no son bald\u00edos, sino de propiedad privada, los \tfundos pose\u00eddos por particulares, entendi\u00e9ndose que \tdicha posesi\u00f3n consiste en la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica \tdel suelo por medio de hechos positivos propios de due\u00f1o, \tcomo las plantaciones o sementeras, la ocupaci\u00f3n con ganados \ty otros de igual significaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d.
\n\u201cEl \tcerramiento y la construcci\u00f3n de edificios no constituyen por \ts\u00ed solos pruebas de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica pero \ts\u00ed pueden considerarse como elementos complementarios de \tella. La presunci\u00f3n que establece este Art\u00edculo se \textiende tambi\u00e9n a las porciones incultas cuya existencia se \tdemuestre como necesaria para la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica \tdel predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de \teste, aunque en los terrenos de que se trate no haya continuidad o \tpara el ensanche de la misma explotaci\u00f3n. Tales porciones \tpueden ser conjuntamente hasta una extensi\u00f3n igual a la mitad \tde la explotada y se reputan pose\u00eddas conforme a este \tArt\u00edculo (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t2. Se presumen bald\u00edos los predios r\u00fasticos no \tpose\u00eddos en la forma que se determina en el art\u00edculo \tanterior (\u2026)\u201d.
\n13 \tLos preceptos transcritos de la Ley 200 de 1936 est\u00e1n \tvigentes y son aplicables, pese a haber sido derogados por la Ley \t1152 de 2007; pero por virtud a la declaratoria de inexequibilidad \tde esta \u00faltima normativa mediante sentencia C-175 de 2009, \trecobraron todo su vigor.
\n14 \tCSJ. \tSentencia de 31 de octubre de 1994, exp. 4306, citada posteriormente \ten el fallo de 28 de agosto de 2000, exp. 5448.
\n15 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t407. (\u2026) \t5. \tA la demanda deber\u00e1 acompa\u00f1arse un certificado del \tregistrador de instrumentos p\u00fablicos en donde consten las \tpersonas que figuren como titulares de derechos reales sujetos a \tregistro, o que no aparece ninguna como tal. Siempre que en el \tcertificado figure determinada persona como titular de un derecho \treal principal sobre el bien, la demanda deber\u00e1 dirigirse \tcontra ella (\u2026)\u201d.
\n16 \tCSJ. \tSentencia de 28 de agosto de 2000, exp. 5448. <\/p>\n

18 \tCorte Constitucional, sentencia SU-636 de 7 de octubre de 2015.
\n19 \t\u201cEn \teste caso concreto, la Corte [Constitucional] \tencuentra que el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocu\u00e9 \t(Casanare) recibi\u00f3 reporte de la Oficina de Instrumentos \tP\u00fablicos de Paz de Ariporo indicando que sobre el predio \u201cEl \tLindanal\u201d no figuraba persona alguna como titular de derechos \treales. En este mismo sentido, el actor Gerardo Escobar Ni\u00f1o \treconoci\u00f3 que la demanda se propuso contra personas \tindeterminadas. Pese a ello, el Juzgado promiscuo consider\u00f3 \tque el bien objeto de la demanda es inmueble que \u201cpuede ser \tobjeto de apropiaci\u00f3n privada\u201d.
\n\u201cAs\u00ed \tplanteadas las cosas, careciendo de due\u00f1o reconocido el \tinmueble y no habiendo registro inmobiliario del mismo, surg\u00edan \tindicios suficientes para pensar razonablemente que el predio en \tdiscusi\u00f3n pod\u00eda tratarse de un bien bald\u00edo y en \tesa medida no susceptible de apropiaci\u00f3n por prescripci\u00f3n \t(\u2026)\u201d.
\n20 \t\u201c(\u2026) \ten el auto admisorio [se] deber\u00e1 (\u2026) informar de la \texistencia del proceso a la Superintendencia de Notariado y \tRegistro, al Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural \t(Incoder), a la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y \tReparaci\u00f3n Integral a V\u00edctimas y al Instituto \tGeogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) [o a las entidades \tque las sustituyan] para que, si lo consideran pertinente, hagan las \tmanifestaciones a que hubiere lugar en el \u00e1mbito de sus \tfunciones (\u2026)\u201d.
\n21 \tRecu\u00e9rdese, la \tCorte Constitucional mediante sentencia C-175 de 2009 declar\u00f3 \tinexequible esa norma.
\n22 \tEn esa providencia se orden\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras \tproseguir el proceso de recuperaci\u00f3n del predio denominado \tHacienda \u201cVeracruz\u201d, \tel cual estaba en posesi\u00f3n de la familia Marulanda, \trelacionada con grupos paramilitares.
\n23 \tEn ese decurso se ampar\u00f3 el derecho al acceso a la tierra de \tla comunidad campesina El Porvenir, esto es, \u201c(\u2026) en \tfavor de la poblaci\u00f3n campesina que cumpla con los requisitos \tpara ser sujetos de reforma agraria, en relaci\u00f3n con los \tpredios bald\u00edos de que trata la Resoluci\u00f3n No. 6423 \tdel 30 de julio de 2014, expedida por el Instituto Colombiano de \tDesarrollo Rural \t(\u2026)\u201d, \u00fd se orden\u00f3 la conformaci\u00f3n \tde una Mesa de Trabajo Interinstitucional con el prop\u00f3sito de \ttramitar c\u00e9leremente los pedimentos de titulaci\u00f3n de \tbald\u00edos de las personas de ese colectivo.
\n24 \tEn ese asunto se declar\u00f3 \tnulo el fallo que culmin\u00f3 el proceso de pertenencia tramitado \tpor el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja respecto del \tfundo \u201cMiravalles\u201d, \tlocalizado en la vereda Casa Blanca del municipio de Sora, Boyac\u00e1, \tcuya extensi\u00f3n es de 5 hect\u00e1reas, \tpues \tal no contar tal heredad con \u201cantecedente \tregistral\u201d, \tdeb\u00eda presumirse que \u201cpod\u00eda \ttratarse de un bald\u00edo, siendo forzosa la citaci\u00f3n del \tIncoder al juicio de usucapi\u00f3n\u201d.
\n25 \tTal sentencia invalid\u00f3 \tel pleito de pertenencia que llev\u00f3 a cabo el Juez Promiscuo \tMunicipal de Aquitania, atinente al inmueble rural \u201cEl \tMorti\u00f1o\u201d, \tubicado en la vereda de Daito, de esa misma localidad, \tpues \ttal bien no ten\u00eda \u201cantecedente \tregistral\u201d, \tpudiendo ser un bald\u00edo, debiendo entonces \u201cvincularse \tobligatoriamente al Incoder\u201d.
\n26 \tAs\u00ed lo constat\u00f3 recientemente la Corte Constitucional \ten el Auto 222 de 23 de mayo de 2016, expedido con ocasi\u00f3n \tdel seguimiento de las \u00f3rdenes \u201cestructurales\u201d \tde la sentencia T-488 de 2014, emitidas al Incoder en Liquidaci\u00f3n, \thoy Agencia Nacional de Tierras, particularmente sobre la \tresponsabilidad de esa entidad de conformar un inventario de bald\u00edos \ten el pa\u00eds.
\n27 \tCorte \tConstitucional, sentencia C-275 de 5 de abril de 2006.
\n28 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t29. El debido proceso se aplicar\u00e1 a toda clase de actuaciones \tjudiciales y administrativas\u201d.\u201cNadie podr\u00e1 ser \tjuzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le \timputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la \tplenitud de las formas propias de cada juicio (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t228. La Administraci\u00f3n de Justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. \tSus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n \tp\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la \tley y en ellas prevalecer\u00e1 el derecho sustancial. Los \tt\u00e9rminos procesales se observar\u00e1n con diligencia y su \tincumplimiento ser\u00e1 sancionado. Su funcionamiento ser\u00e1 \tdesconcentrado y aut\u00f3nomo \t(\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la \tadministraci\u00f3n de justicia. La ley indicar\u00e1 en qu\u00e9 \tcasos podr\u00e1 hacerlo sin la representaci\u00f3n de abogado \t(\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t230. Los jueces, en sus providencias, s\u00f3lo est\u00e1n \tsometidos al imperio de la ley\u201d.
\n\u201cLa \tequidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y \tla doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial \t(\u2026)\u201d.
\n29 \t\u201c(\u2026) \tArt. \t8. Garant\u00edas Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser \to\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo \trazonable, por un juez o tribunal competente, independiente e \timparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la \tsustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada \tcontra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y \tobligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro \tcar\u00e1cter\u201d.
\n\u201c2. \tToda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su \tinocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. \tDurante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a \tlas siguientes garant\u00edas m\u00ednimas:
\n\u201ca) \tderecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor \to int\u00e9rprete, si no comprende o no habla el idioma del \tjuzgado o tribunal; \u201cb) comunicaci\u00f3n previa y detallada \tal inculpado de la acusaci\u00f3n formulada; \u201c c) concesi\u00f3n \tal inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la \tpreparaci\u00f3n de su defensa; \u201cd) derecho del inculpado de \tdefenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su \telecci\u00f3n y de comunicarse libre y privadamente con su \tdefensor; \u201ce) derecho irrenunciable de ser asistido por un \tdefensor proporcionado por el Estado, remunerado o no seg\u00fan \tla legislaci\u00f3n interna, si el inculpado no se defendiere por \ts\u00ed mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido \tpor la ley; \u201cf) derecho de la defensa de interrogar a los \ttestigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, \tcomo testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz \tsobre los hechos; \u201cg) derecho a no ser obligado a declarar \tcontra s\u00ed mismo ni a declararse culpable, y
\n\u201ch) \tderecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
\n\u201c3. \tLa confesi\u00f3n del inculpado solamente es v\u00e1lida si es \thecha sin coacci\u00f3n de ninguna naturaleza.
\n\u201c4. \tEl inculpado absuelto por una sentencia firme no podr\u00e1 ser \tsometido a nuevo juicio por los mismos hechos.
\n\u201c5. \tEl proceso penal debe ser p\u00fablico, salvo en lo que sea \tnecesario para preservar los intereses de la justicia. (\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t9. \tNadie \tpuede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de \tcometerse no fueran delictivos seg\u00fan el derecho aplicable. \tTampoco se puede imponer pena m\u00e1s grave que la aplicable en \tel momento de la comisi\u00f3n del delito. Si con posterioridad a \tla comisi\u00f3n del delito la ley dispone la imposici\u00f3n de \tuna pena m\u00e1s leve, el delincuente se beneficiar\u00e1 de \tello \t(\u2026)\u201d.
\n\u201c(\u2026) \tArt. \t25. Protecci\u00f3n Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un \trecurso sencillo y r\u00e1pido o a cualquier otro recurso efectivo \tante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos \tque violen sus derechos fundamentales reconocidos por la \tConstituci\u00f3n, la ley o la presente Convenci\u00f3n, aun \tcuando tal violaci\u00f3n sea cometida por personas que act\u00faen \ten ejercicio de sus funciones oficiales.
\n\u201c2. \tLos Estados Partes se comprometen:
\n\u201ca) \ta garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema \tlegal del Estado decidir\u00e1 sobre los derechos de toda persona \tque interponga tal recurso;
\n\u201c b) \ta desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
\n\u201c c) \ta garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de \ttoda decisi\u00f3n en que se haya estimado procedente el recurso \t(\u2026)\u201d.
\n59<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC943-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76111-22-13-000-2017-00231-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 1\u00ba de noviembre de 2017 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101178","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101178","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101178"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101178\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101178"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101178"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101178"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}