{"id":101179,"date":"2026-07-01T16:58:48","date_gmt":"2026-07-01T16:58:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101179"},"modified":"2026-07-01T16:58:48","modified_gmt":"2026-07-01T16:58:48","slug":"stc944-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc944-2018\/","title":{"rendered":"STC944-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC944-2018 <\/p>\n

(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andr\u00e9s Gabriel Eremiev Cernicev contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Primero Civil del Circuito, ambos de Cartago, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes del proceso objeto de queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, a trav\u00e9s de apoderado judicial, deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, que aduce conculcados por las autoridades encausadas.
\nEn consecuencia, solicit\u00f3 \u00abse ordene la correcci\u00f3n de las sentencias 047 de 2 de marzo de 2017, proferida por el Juez Civil Municipal de Cartago, su sentencia complementaria, y la\u2026 n\u00ba 087 del\u2026 5 de octubre de 2017\u00bb (folio 1 a 16, cuaderno 1). <\/p>\n

2. De lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. El actor, como arrendatario, el 15 de junio de 2013 realiz\u00f3 contrato verbal de arrendamiento con Luis \u00c1ngel D\u00edaz L\u00f3pez, arrendador, respecto de 2 locales comerciales ubicados en la transversal 7 n\u00ba 17 \u2013 73 Barrio San Jer\u00f3nimo de Cartago; el 20 de abril de 2014 se desplom\u00f3 el techo de dichos predios, ocasion\u00e1ndole p\u00e9rdidas y perjuicios a sus negocios. <\/p>\n

2.2. Sostuvo que, en consecuencia, promovi\u00f3 demanda de responsabilidad contractual contra su arrendador, a fin de que fueran reconocidos a su favor los perjuicios materiales y morales sufridos; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil Municipal de Cartago. <\/p>\n

2.3. Anot\u00f3 que, a su vez, Luis \u00c1ngel D\u00edaz L\u00f3pez, a trav\u00e9s de apoderado judicial, se notific\u00f3, excepcion\u00f3 y present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n, tras considerar que una de las obligaciones del contrato era \u00abmantener la vivienda en buen estado\u00bb, situaci\u00f3n que, en su sentir, no ocurri\u00f3. Demanda de mutua petici\u00f3n de la cual posteriormente se desisti\u00f3. <\/p>\n

2.4. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 2 de marzo de 2017 el despacho municipal dict\u00f3 sentencia en la cual conden\u00f3 al demandado a pagar a favor del actor las sumas de $11.926.402,98 por da\u00f1o emergente y $4.000.000 por lucro cesante, fallo que fue complementado en el sentido de negar el reconocimiento de los perjuicios morales pretendidos; determinaci\u00f3n recurrida en apelaci\u00f3n por ambas partes. <\/p>\n

2.5. Admitida la alzada, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cartago fij\u00f3 el 16 de noviembre de 2017 como fecha para llevar a cabo \u00abla audiencia de que trata el art\u00edculo 327(sic)\u00bb del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, el 29 de agosto de ese a\u00f1o, bajo las previsiones del art\u00edculo 121 ib\u00eddem, modific\u00f3 el se\u00f1alamiento, advirtiendo que la aludida diligencia la practicar\u00eda el 5 de octubre de ese a\u00f1o, a las 9:00 de la ma\u00f1ana; prove\u00eddo que notific\u00f3 por estado y frente al que los intervinientes guardaron silencio. <\/p>\n

2.6. Llegada la fecha y hora referidas a espacio, ni el accionante ni su apoderado asistieron a la diligencia, por lo que el despacho del circuito declar\u00f3 desierto el recurso presentado por ese extremo; asimismo, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n apelada, al resolver la alzada presentada por la parte demandada. <\/p>\n

2.7. Indic\u00f3 el quejoso que con la deserci\u00f3n del recurso por \u00e9l presentado se quebrantaron sus garant\u00edas esenciales, habida cuenta de que no pudo sustentar sus reparos, toda vez que no se enter\u00f3 debidamente del cambio de la fecha y hora para llevar a cabo tal audiencia, pues dicha modificaci\u00f3n no fue informada a su direcci\u00f3n electr\u00f3nica ni a su n\u00famero de tel\u00e9fono celular. <\/p>\n

2.9. Agreg\u00f3 que demostr\u00f3 los perjuicios morales que le caus\u00f3 la ca\u00edda de la cubierta de los locales, pues dej\u00f3 de pasarle la cuota alimentaria a su hijo y de pagar los diferentes cr\u00e9ditos bancarios que ten\u00eda; a m\u00e1s, no pudo seguir ejerciendo su actividad econ\u00f3mica, relievando que perdi\u00f3 \u00abel buen nombre que\u2026 ten\u00eda con sus\u2026 2 negocios destruidos\u00bb; destac\u00f3 que al momento de la tasaci\u00f3n los despachos accionados \u00abdesconoci[eron] las f\u00f3rmulas actuariales desarrollas por la jurisprudencia y la doctrina para este tipo de procesos\u00bb.
\nRESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El \tJuzgado Primero Civil del Circuito de Cartago manifest\u00f3 que \tlas decisiones criticadas se encontraban ajustadas a la normatividad \taplicable al caso concreto, por lo que no luc\u00edan arbitrarias; \tque la salvaguarda implorada se tornaba improcedente, pues las \tactuaciones \u00abno \tfueron ama\u00f1adas\u00bb; \tremiti\u00f3 copia del estado de 30 de agosto de 2017, mediante el \tcual notific\u00f3 el prove\u00eddo que fij\u00f3 fecha para \taudiencia de sustentaci\u00f3n y fallo para el 5 de octubre de la \tpasada anualidad (folio 27, cuaderno 1). <\/p>\n

2. El \tJuzgado Primero Civil Municipal de Cartago indic\u00f3 \tque la decisi\u00f3n adoptada se encontraba fundamentada en el \tan\u00e1lisis probatorio; que el juramento estimatorio era un \trequisito formal de la demanda \u00abque \tno revela al actor de probar los perjuicios y la cuant\u00eda de \tlos mismos, pues si ello fuera as\u00ed ninguna actividad \tprobatoria tendr\u00eda que desplegar\u00bb; que \tno era el momento procesal para solicitar un aumento en la tasaci\u00f3n \tde los perjuicios, m\u00e1xime cuando los mismos fueron fijados \tcon la actividad probatoria suficiente; que no le constaba lo \tacaecido en la segunda instancia; remiti\u00f3 el proceso al a \tquo \tconstitucional, precisando que a\u00fan no hab\u00eda librado \tlos oficios tendientes al levantamiento de las medidas cautelares \t(folio 29, cuaderno 1). <\/p>\n

3. La \tProcuradur\u00eda \tNovena Judicial para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la \tAdolescencia y la Familia de Buga inst\u00f3 la improcedencia del \tresguardo por incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues el \tauto mediante el cual el Juzgado del Circuito cambi\u00f3 la fecha \tpara llevar a cabo la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo no \tfue recurrido oportunamente por el actor, destacando que dichas \tprovidencias son notificadas por estado; que el gestor no asisti\u00f3 \ta la diligencia a fin de sustentar los reparos presentados contra la \tsentencia de primera instancia, por lo que su alzada fue declarada \tdesierta, desperdiciando los mecanismos legales para reprochar las \tactuaciones judiciales; que cuando el juramento estimatorio es \tinjusto el juez puede decretar las pruebas de oficio necesarias para \ttasar tal valor (folios 32 a 35, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar insatisfecho el requisito de subsidiariedad, pues, por una parte, si el actor consideraba que existi\u00f3 alguna causal de nulidad pudo ponerla de presente ante el fallador natural, situaci\u00f3n que no ocurri\u00f3; y por otro lado, porque no aprovech\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, toda vez que no asisti\u00f3 a la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, lo que conllev\u00f3 la declaratoria de deserci\u00f3n de tal censura. <\/p>\n

Destac\u00f3 que la decisi\u00f3n de declarar desierta la alzada se ajust\u00f3 a lo establecido en el art\u00edculo 322 del C\u00f3digo General del Proceso, a m\u00e1s que no exist\u00eda norma que estableciera \u00abnotificar o enterar a las partes de un proceso sobre la realizaci\u00f3n de audiencias mediante tel\u00e9fono celular, basta su notificaci\u00f3n por estado como en efecto aqu\u00ed se hizo\u00bb (folios 36 a 38, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte accionante precisando que la vulneraci\u00f3n al debido proceso se dio con el auto de 29 de agosto de 2017, mediante el cual el Juzgado del Circuito modific\u00f3 la fecha y hora previamente fijada para adelantar la audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo en segunda instancia, pues, en su sentir, dicho cambio ten\u00eda que notificarse por correo electr\u00f3nico o v\u00eda telef\u00f3nica; que si el despacho decidi\u00f3 adelantar la referida diligencia \u00abdebi\u00f3 emplear todos los medios a su alcance para evitar suspicacias\u2026[,] por cuanto la convocatoria ya estaba hecha\u00bb; que la nueva citaci\u00f3n debi\u00f3 hacerse por un medio verdaderamente eficaz y posible, pues \u00abadelantarla significa poner en desventaja a la parte apelante que no tiene por qu\u00e9 estar pendiente de los estados\u00bb; que de conformidad con el art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, el juez ten\u00eda el deber de garantizar el derecho de contradicci\u00f3n, por lo que esa decisi\u00f3n no pod\u00eda \u00ablimitarse a notificar[la] sencillamente en el estado\u00bb, raz\u00f3n por la cual no compart\u00eda el criterio del a quo constitucional; que cuando el estrado judicial \u00abdecid[\u00edo] cambiar una fecha que previamente ha[b\u00eda] sido notificada a las partes, deb[\u00eda] sustentar este cambio de fecha mediante un auto motivado\u00bb (folios 47 a 50, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2. Circunscrita \tla \tSala a la impugnaci\u00f3n presentada por el gestor, de entrada, \tse advierte que \tlo pretendido por \u00e9ste est\u00e1 llamado a fracasar. <\/p>\n

2. Zanjado \tlo anterior, en \tprimer lugar, es claro que frente al prove\u00eddo de 29 de agosto \tde 2017 no se agot\u00f3 el medio ordinario de defensa que \tcontempla el ordenamiento jur\u00eddico, debido \ta que el \tgestor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n \tcontra el auto que critica, del cual no hizo uso y era procedente de \tconformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del \tProceso1, \tcircunstancia que evidencia el descuido en el uso de los \tinstrumentos legales para la defensa de sus derechos. <\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026 es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n

En cuanto a la eficacia del remedio horizontal, la Sala ha expuesto: <\/p>\n

\u2026 y, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia \u2026 (CSJ STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00050-01; reiterada entre otras, en STC12585-2016, 7 sep. 2016, rad. 2016-02476-00). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n alegada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de agotamiento del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela. <\/p>\n

2. En \tsegundo lugar, en \tlo concerniente a la forma en que se surti\u00f3 el enteramiento \tde las partes frente al prove\u00eddo que se cuestiona, esto es, \tmediante el cual se modific\u00f3 la fecha y hora para adelantar \tla audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo en segunda instancia, la \tSala no encuentra ninguna irregularidad, toda vez que la \tnotificaci\u00f3n del aludido auto se hizo satisfaciendo de manera \trazonable las previsiones del \tart\u00edculo \t295 del C\u00f3digo General del Proceso2, \tpues el prove\u00eddo fue incluido en el estado n\u00b0 117 de 30 \tde agosto de 2017, fijado por la Secretar\u00eda del Juzgado \tPrimero Civil del Circuito de Cartago (folio 28, cuaderno 1). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, no son de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n por el quejoso, en punto a la notificaci\u00f3n del auto de 29 de agosto de 2017, que, en su sentir, debi\u00f3 efectuarse a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico o por v\u00eda telef\u00f3nica, pues dicha determinaci\u00f3n se comunic\u00f3 a trav\u00e9s del mecanismo legal id\u00f3neo previsto por el legislador, como es, por fijaci\u00f3n en estado y le correspond\u00eda a las partes estar pendientes del litigio. <\/p>\n

En un caso con similitud f\u00e1ctica al ahora auscultado, en punto a la notificaci\u00f3n del auto que modific\u00f3 la fecha y hora para adelantar audiencia de sustentaci\u00f3n y fallo, la Sala dijo que: <\/p>\n

\u2026no advierte una v\u00eda de hecho en la reprogramaci\u00f3n de la mencionada audiencia de 15 de marzo de 2017, pues, notific\u00f3 el auto por estado y con ello le dio publicidad, tal como lo reconoce el mismo accionante en el escrito de tutela, por lo que no es de recibo el argumento de que habi\u00e9ndose fijado inicialmente el 22 de mayo de 2017 para que tuviera lugar la diligencia, quedara relevado de su deber de estar al tanto del proceso y, en especial, de las notificaciones surtidas dentro del mismo (CSJ STC10167-2017, 13 jul. 2017, rad. 2017-00060-01). <\/p>\n

Asimismo, respecto al deber de vigilancia judicial que le asiste a las partes, la Corte en reiterada jurisprudencia ha sostenido que: <\/p>\n

\u2026es deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia, pues no pueden excusar su falta de diligencia o la de su apoderado, para acudir a la jurisdicci\u00f3n constitucional tard\u00edamente. <\/p>\n

En oportunidad anterior, la Corte se\u00f1al\u00f3 que: <\/p>\n

Valga anotarlo, am\u00e9n de que todas las providencias adoptadas fueron debida y legalmente notificadas a las partes procesales, conforme se evidencia en el expediente arrimado como prueba, (\u2026) por lo que mal puede pretenderse un quebranto a los derechos invocados a consecuencia de supuestamente haberse obviado \u2018el derecho a la publicidad\u2019 que se endilga como factor vulnerante del debido proceso, (\u2026) Por tanto, tal circunstancia impide predicar a[l] reclamante el desconocimiento de la suerte de la actuaci\u00f3n emprendida, puesto que seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia era carga que pesaba en [\u00e9l], ya directamente ora a trav\u00e9s de su apoderado judicial\u2026 \u2018[N]o puede olvidarse, existe en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada. (CSJ SC, 10 mayo 2011, Exp. 00365-01) (CSJ STC15768-2016, 1\u00ba nov. 2016, rad. 2016-03038-00). <\/p>\n

5.\tBaste lo dicho en precedencia para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tReposici\u00f3n\u2026 \tSalvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede \tcontra los autos que dicte el Juez\u2026
\n2 \tArt\u00edculo \t295\u2026 Notificaciones por estado\u2026 \tLas notificaciones de autos y sentencias que no deban hacerse de \totra manera se cumplir\u00e1n por medio de anotaci\u00f3n en \testados que elaborar\u00e1 el Secretario.
\n14<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC944-2018 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2017 por la Sala Civil \u2013 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}