{"id":101186,"date":"2026-07-01T17:00:36","date_gmt":"2026-07-01T17:00:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101186"},"modified":"2026-07-01T17:00:36","modified_gmt":"2026-07-01T17:00:36","slug":"stc952-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc952-2018\/","title":{"rendered":"STC952-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC952-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01406-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Eduardo Castro Sierra contra el Juzgado 17 Laboral del Circuito, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial, ambos de Bogot\u00e1, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n PAR \u2013 Constituido en Fiduprevisora S.A. y Fogafin, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl actor solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a mantener \u00abel poder adquisitivo de las mesadas pensionales\u00bb, a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, a la igualdad, al m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso aplicable a los trabajadores y a la favorabilidad laboral en relaci\u00f3n \u00abcon [el] equilibrio en las relaciones de trabajo\u00bb, que adujo conculcados por las autoridades judiciales y la entidad financiera accionadas, con ocasi\u00f3n del proceso ordinario laboral instaurado por \u00e9l en contra del Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efecto las sentencias que se emitieron en el juicio ordinario y, en su lugar, ordenar directamente al Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n PAR- Constituido en Fiduprevisora S.A. indexar la \u00abprimera mesada pensional con la f\u00f3rmula explicada por la Corte Constitucional en las sentencias T-098 de 2005, T-425 de 2007, T-815 de 2007 y T-1055 de 2007\u00bb, o la de la \u00abSala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia contenida en la sentencia radicad[a] 31222 de 2007\u00bb, con vista en el \u00faltimo salario recibido por el reclamante, \u00abpagando igualmente el valor del retroactivo desde el 13 de diciembre de 2007[,] momento en que se unific\u00f3 la jurisprudencia sobre la materia y haciendo los reajustes anuales a que haya lugar de conformidad con el orden jur\u00eddico vigente en esta materia y pag\u00e1ndo[le] la pensi\u00f3n hacia el futuro hasta que se extinga por [su] muerte\u00bb (folios 1 a 10, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl peticionario como sustento de las s\u00faplicas expres\u00f3, en s\u00edntesis, lo siguiente:
\n2.1.\tAnte el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 instaur\u00f3 demanda ordinaria laboral en contra del anotado ente financiero, a fin de que le fuera reconocido el derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional. El 5 de abril de 2000 la instancia accedi\u00f3 a las pretensiones y orden\u00f3 a Bancaf\u00e9 reajustar el valor inicial de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n del gestor a la suma de $1.418.486.04. <\/p>\n

2.2.\tSurtido el tr\u00e1mite de LA alzada interpuesta por la entidad bancaria, el 7 de junio siguiente la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 el fallo de primera instancia. <\/p>\n

2.3.\tInconforme con la determinaci\u00f3n del colegiado convocado, el quejoso interpuso casaci\u00f3n pidiendo casar la sentencia del ad-quem; el 12 de febrero de 2001, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia \u00abcas\u00f3 totalmente\u00bb la providencia confutada, sin embargo, modific\u00f3 el valor dispuesto por el Juzgado de primera instancia, reduciendo la prestaci\u00f3n reconocida a $1.229.655.03, es decir, en concepto del actor, \u00abdisminuida en casi un 50% de su valor real\u00bb. <\/p>\n

2.4.\tSostuvo el quejoso que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte el 20 de abril de 2007 (rad. 29470-01) modific\u00f3 el precedente jurisprudencial en punto a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, dando aplicaci\u00f3n a los fallos C-862 y C-891A\/06 de la Corte Constitucional; que posteriormente, ese colegiado con sentencia 31222 \u00aborden\u00f3 recoger todo pronunciamiento que result[ara] contrario con respecto de la f\u00f3rmula que se hubiese empleado en casos similares donde no se contempl\u00f3 la forma de actualizar la mesada pensional\u00bb; relievando que dichos cambios jurisprudenciales ocurrieron con posterioridad a las decisiones adoptadas al interior de su juicio ordinario, por lo que no pudo beneficiarse con los mismos; sin embargo, los pensionados tienen derecho al aludido reajuste sin importar la fecha en que fue declarado el derecho a recibirla. <\/p>\n

2.5. Indic\u00f3 que el Alto Tribunal Constitucional con los fallos SU-1073\/12 y SU-637\/16 advirti\u00f3 la fuerza vinculante de sus pronunciamientos respecto a que \u00abel derecho a la indexaci\u00f3n pensional es un derecho constitucional\u00bb, por lo que puede ser reclamado a trav\u00e9s de este medio excepcional, m\u00e1xime cuando, en su caso, agot\u00f3 el procedimiento ordinario, pero \u00aben un momento en el que no se indexaban las pensiones\u00bb. <\/p>\n

2.6. Destac\u00f3 que con anterioridad promovi\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela por los mismos hechos, la que fue negada; sin embargo, considera que al variar la f\u00f3rmula dise\u00f1ada para indexar las pensiones se constituye un \u00abhecho nuevo\u00bb, tanto m\u00e1s cuando la sentencia SU-637\/16 \u00abaclar\u00f3 que su pago se hac[\u00eda] obligatorio, desde el 13 de diciembre de 2007, fecha en que la H. Corte Suprema de Justicia unific\u00f3 la jurisprudencia nacional en esta materia\u00bb, al tiempo que mantuvo el poder adquisitivo de la pensi\u00f3n. <\/p>\n

2.7. Aleg\u00f3 que su m\u00ednimo vital se encontraba quebrantado \u00abpor los gastos que mes a mes debe soportar\u2026 y el d\u00e9ficit econ\u00f3mico que pade[ce] por la falta de indexaci\u00f3n pensional\u00bb; a m\u00e1s que las decisiones proferidas por las sedes judiciales le ocasionaron un \u00abperjuicio vitalicio\u00bb, pues \u00abel da\u00f1o ocasionado en la pensi\u00f3n, es el \u00fanico da\u00f1o que cobra car\u00e1cter permanente, pues la pensi\u00f3n se vive mes a mes, d\u00eda a d\u00eda y por el resto de la vida\u00bb. <\/p>\n

2.8.\t Agreg\u00f3 que su caso trata de un tema de pura indexaci\u00f3n pensional y que busca la protecci\u00f3n del derecho que, en su justa dimensi\u00f3n, se le ha protegido a cientos de pensionados por no haberse ordenado la indexaci\u00f3n de esa asignaci\u00f3n, dado que a\u00fan no se ha materializado la prerrogativa de mantener el poder adquisitivo de la misma, como lo indica el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte remiti\u00f3 copia de la decisi\u00f3n proferida por ese colegiado, ahora objeto de queja supralegal (folio 49, cuaderno 1). <\/p>\n

2. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte se opuso a la prosperidad del resguardo por estar involucrada una decisi\u00f3n adoptada en sede del recurso extraordinario el 12 de febrero de 2001, siendo emitida con apego a la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y a la ley laboral para esa data. Destac\u00f3 que si bien existi\u00f3 un cambio jurisprudencial en punto al derecho universal de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, para el caso concreto, consideraba que la salvaguarda deb\u00eda de apartarse de dichos pronunciamientos, pues \u00e9stos \u00abse profirieron con posterioridad a la data en que se resolvi\u00f3 el juicio ordinario propuesto por el accionante, toda vez que\u2026 no deben ser aplicables a los asuntos similares que fueron debidamente tramitados y definidos \u201ccon anterioridad a su expedici\u00f3n\u201d, bajo el criterio imperante para ese momento\u00bb; que de acceder a la salvaguarda se vulnerar\u00eda la seguridad jur\u00eddica, la cosa juzgada, la independencia y autonom\u00eda de los jueces (folios 74 y 75, cuaderno 1). <\/p>\n

3. La Corte Constitucional inst\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la solicitud de amparo al considerar que los hechos objeto de queja no se encontraban dirigidos a acciones u omisiones de esa Corporaci\u00f3n (folios 87 y 88; y 138 y 139, cuaderno 1). <\/p>\n

4. El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que revisados sus archivos no encontr\u00f3 registro del proceso promovido por el actor, por lo que no pod\u00eda dar informaci\u00f3n al respecto (folio 133, cuaderno 1). <\/p>\n

5. El Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del resguardo, al considerar que esa cartera ministerial no hab\u00eda vulnerado las prerrogativas del gestor, pues lo atacado fueron las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas (folios 136 y 137, cuaderno 1). <\/p>\n

6. La Administradora Colombiana de Pensiones \u2013Colpensiones- manifest\u00f3 su falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva al considerar que s\u00f3lo pod\u00eda asumir asuntos relativos a la administraci\u00f3n del r\u00e9gimen de prima media con prestaci\u00f3n definida en materia pensional; que lo pedido por el gestor era cosa juzgada, pues ya hab\u00eda sido materia de controversia ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria (folios 141 y 142, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal deneg\u00f3 el amparo, por una parte, porque el gestor no acredit\u00f3 su condici\u00f3n de persona de la tercera edad; y por otro lado, al incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues al considerar el tutelante que el cambio de jurisprudencia le era favorable a sus intereses, deb\u00eda acudir directamente a la Fiduprevisora S.A. a solicitar la indexaci\u00f3n que por esta v\u00eda pretend\u00eda (folios 154 a 86, cuaderno 1). <\/p>\n

La present\u00f3 el actor reiterando los fundamentos f\u00e1cticos y jurisprudenciales de su petici\u00f3n tuitiva, adjuntando copia de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda con la cual acreditaba tener 74 a\u00f1os de edad; advirti\u00f3 que \u00abvarios de [sus] ex compa\u00f1eros\u00bb han solicitado nuevamente la asignaci\u00f3n pensional y han recibido como respuesta que es \u00abimprocedente tramitar una doble reclamaci\u00f3n bajo los mismos hechos y preceptos jur\u00eddicos\u00bb; que en reciente pronunciamiento (STC-11775-2017) esta Sala de Casaci\u00f3n resolvi\u00f3 de fondo un asunto igual al suyo, sin exigir agotar nuevamente reclamaciones administrativas; pidi\u00f3 acceder al resguardo y dar la orden directa al Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n PAR \u2013 Constituido en Fiduprevisora S.A. (folios 167 a 170, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tCumple reiterar que la acci\u00f3n de tutela es limitada frente a providencias o actuaciones judiciales, pues s\u00f3lo procede cuando \u00e9stas son el fruto de una indiscutible oposici\u00f3n al orden jur\u00eddico, que la jurisprudencia constitucional actual clasifica en varios defectos1, y siempre que cause desmedro en los derechos fundamentales, sin que el afectado tenga otro medio procesal de resguardo, toda vez que el juez de este mecanismo no puede inmiscuirse en los procesos judiciales en curso o terminados, para dictar decisiones paralelas a las all\u00ed proferidas o desconocer estas, lo que dejar\u00eda sin efectos los principios de autonom\u00eda, desconcentraci\u00f3n e independencia funcional de los administradores de justicia, reconocidos por los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto, el accionante acude a la tutela al considerar que se transgreden sus prerrogativas esenciales, pues en su criterio, no fue reconocida debidamente la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional por los juzgadores de instancia y por el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral2, debido a lo cual suplic\u00f3 aplicar a su particular situaci\u00f3n las sentencias T-098\/05, T-425\/07, T-815\/07, T-1055\/07 y SU-637\/16 de la Corte Constitucional; y STC5869-2015, STC-4909-2016 y STC1426-2017 de esta Sala de Casaci\u00f3n. <\/p>\n

En ese contexto, de entrada surge palmaria la necesidad de precisar que, de acuerdo con la documental allegada al tr\u00e1mite tuitivo se advierte con total claridad que la primera mesada pensional del quejoso fue indexada por el juez de primera instancia, decisi\u00f3n que posteriormente fue revocada por el Tribunal en sede de alzada, puntual determinaci\u00f3n que fue casada por la Sala Laboral de la Corporaci\u00f3n; no obstante, tal c\u00e1lculo fue realizado con basamento en la f\u00f3rmula que la jurisprudencia para la \u00e9poca de liquidaci\u00f3n admit\u00eda, la que posteriormente fue recogida por las altas Cortes, dando paso a un m\u00e9todo de c\u00f3mputo que atiende el principio pro operario. <\/p>\n

En tal virtud, fuerza interpretar la demanda en el sentido de que el reproche esgrimido por el accionante se enfila a que se acceda a la aplicaci\u00f3n de la metodolog\u00eda de c\u00e1lculo m\u00e1s favorable a sus intereses. <\/p>\n

3.\tDe otra parte, en primer lugar, se pone de presente que esta petici\u00f3n tuitiva no es temeraria, pues si bien es cierto que el aqu\u00ed reclamante en anteriores oportunidades formul\u00f3 acciones de tutela por hechos an\u00e1logos a los de ahora, lo cierto es que la actual petici\u00f3n est\u00e1 fundada en una nueva circunstancia, \u00e9sta es el cambio de jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n, ocurrido en sentencia SL 31222, 13 dic. 2007, en punto de adoptar la f\u00f3rmula m\u00e1s beneficiosa para el trabajador para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, al igual que la sentencia SL 736-2013, 16 oct. 2013, rad. 47709, que reconoci\u00f3 el derecho universal que les asiste a los trabajadores de que su asignaci\u00f3n de retiro sea actualizada monetariamente; y se circunscribe a las sentencias SU-637\/16, STC5869-2015, STC4909-2016 y STC-1426-2017, la primera de la Corte Constitucional y las siguientes de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, respectivamente. <\/p>\n

A dicho prop\u00f3sito, esta Sala ha precisado que el cambio de la jurisprudencia sentada constituye un hecho nuevo, en raz\u00f3n a que se pone en juego la prerrogativa a la igualdad de quienes acudieron a la jurisdicci\u00f3n cuando estaba vigente la inicial interpretaci\u00f3n normativa. As\u00ed lo expres\u00f3: <\/p>\n

\u2026en efecto, para la fecha en que se interpuso la primera acci\u00f3n de tutela no exist\u00eda certeza del derecho reclamado, pues la jurisprudencia de la Sala Laboral no hab\u00eda admitido la posibilidad de indexar la primera mesada en los casos en que el derecho a la pensi\u00f3n se hab\u00eda causado con anterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991; de ah\u00ed que la negaci\u00f3n del amparo por criterio razonable fuese justificado\u2026 (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 00166-01). <\/p>\n

4.\tEn segundo lugar, menester es explicar que en este caso aun cuando se cuestionan las sentencias de instancia y de casaci\u00f3n dictadas al interior de un proceso ordinario laboral, siendo la \u00faltima de ellas proferida el 12 de febrero de 2001 por la Sala Laboral de esta Corporaci\u00f3n, al tratarse de un derecho pensional, el cual goza de car\u00e1cter imprescriptible e irrenunciable, vitalicio y de tracto sucesivo, \u00e9ste puede reclamarse en cualquier tiempo. <\/p>\n

En torno a la oportunidad en el planteamiento de estas acciones, la Corte Constitucional dijo: <\/p>\n

\u2026 hay casos en los [que] no es procedente alegar la inmediatez en la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela cuando hay de por medio reclamos sobre pensiones, y cuando el desconocimiento o vulneraci\u00f3n del derecho fundamental subsiste con el paso del tiempo. Esto en virtud de que la inmediatez no puede ser entendida como una caducidad, toda vez que la Constituci\u00f3n no ha previsto la caducidad de la acci\u00f3n en el art\u00edculo 86. <\/p>\n

Por lo anterior, y de acuerdo con el art\u00edculo 53 de la Constituci\u00f3n, que establece que el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente caso puede determinarse que la vulneraci\u00f3n a dicho derecho del se\u00f1or Salgado Herrera persiste en el tiempo. Esto por cuanto, la negaci\u00f3n al incremento de su mesada pensional por concepto de compa\u00f1era permanente dependiente le impide al actor contar con un ingreso b\u00e1sico que le permita satisfacer sus necesidades en forma digna (CC T-217\/13). <\/p>\n

5.\tEsta Sala ha sostenido que la indexaci\u00f3n obedece a un m\u00e9todo econ\u00f3mico utilizado para: <\/p>\n

\u2026reajustar el valor de una suma de dinero por la p\u00e9rdida de poder adquisitivo que ha sufrido la moneda en virtud del fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. <\/p>\n

La correcci\u00f3n del valor del dinero no es un hecho jur\u00eddico sino econ\u00f3mico, pues depende de la pol\u00edtica monetaria y de las leyes del mercado. Por ello, su reconocimiento por parte del derecho no es m\u00e1s que una consecuencia de la aplicaci\u00f3n de los principios de justicia y equidad, pues de lo contrario se estar\u00eda afectando el poder adquisitivo de las personas. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, en providencia de 8 de agosto de 1982, acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional como mecanismo para garantizar el poder de compra de las personas frente al fen\u00f3meno de la inflaci\u00f3n. La misma Corporaci\u00f3n, en fallo de 15 de septiembre de 1992, reconoci\u00f3 expresamente que la indexaci\u00f3n proced\u00eda cuando transcurr\u00eda un tiempo considerable entre la fecha de desvinculaci\u00f3n del trabajador por cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensi\u00f3n, y la fecha en que tal prestaci\u00f3n se hac\u00eda exigible, toda vez que el \u00faltimo salario recibido no pod\u00eda ser tomado como base del ingreso de la liquidaci\u00f3n, debido a su evidente devaluaci\u00f3n. En similares t\u00e9rminos se dict\u00f3 la sentencia de 11 de diciembre de 1996. <\/p>\n

En fallo de 18 de agosto de 1999 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia cambi\u00f3 su jurisprudencia luego de estimar que la indexaci\u00f3n s\u00f3lo procede en los casos previstos por el legislador, es decir para las pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n

Esta posici\u00f3n fue declarada contraria a los postulados constitucionales en sentencia SU-120 de 2003, la cual se sustent\u00f3, entre otros, en los principios de favorabilidad y efectividad de las garant\u00edas laborales. <\/p>\n

El derecho universal a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada, por su parte, fue reconocido en sede de control abstracto en los fallos C-826 y C-891A de 2006, al pronunciarse la Corte Constitucional sobre la exequibilidad de los art\u00edculos 8\u00ba de la Ley 171 de 1961 y 260 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n

En sentencia de 31 de julio de 2007, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral estableci\u00f3 una nueva orientaci\u00f3n jurisprudencial, seg\u00fan la cual la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional se debe reconocer no solo a las pensiones de car\u00e1cter legal sino tambi\u00e9n a las de origen convencional. Sin embargo, limit\u00f3 ese derecho a las pensiones reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991. <\/p>\n

Posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia de unificaci\u00f3n SU 1073 de 2012, reiter\u00f3 que el derecho a la indexaci\u00f3n cobija a todos los pensionados, sea que hayan adquirido su derecho con anterioridad o con posterioridad a la Constituci\u00f3n de 1991, pues no existe ninguna raz\u00f3n jur\u00eddica para establecer una distinci\u00f3n odiosa y que afecta el derecho a la igualdad entre ambas clases de pensionados. En esa providencia se precis\u00f3 que tal derecho se hace exigible a partir del proferimiento de tal fallo (12 de diciembre de 2012), pues antes de esa fecha no exist\u00eda un criterio claro y unificado en torno al tema de la actualizaci\u00f3n de la base salarial, por lo que no se puede exigir al demandado el pago del retroactivo con anterioridad a ese momento. <\/p>\n

En fallo de 16 de octubre de 2013, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral adopt\u00f3 una nueva postura doctrinal, en la que consider\u00f3 su orientaci\u00f3n al respecto, y retom\u00f3 su jurisprudencia anterior a 1999, en el sentido de aceptar que la indexaci\u00f3n de la primera mesada procede \u201crespecto de todo tipo de pensiones, causadas a\u00fan con anterioridad a la vigencia de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991.\u201d <\/p>\n

En la sentencia T-448 de 2013 se reiter\u00f3 que \u00abnegar el derecho a la actualizaci\u00f3n de la primera mesada de un pensionado \u2013sin distinci\u00f3n del origen de la pensi\u00f3n\u2013 que consolid\u00f3 su derecho antes de la Constituci\u00f3n de 1991 o de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, contrar\u00eda el mandato Superior del derecho a percibir una pensi\u00f3n m\u00ednima vital calculada teniendo en consideraci\u00f3n los fen\u00f3menos inflacionarios y la consecuente p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero. As\u00ed como tambi\u00e9n compromete los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.\u00bb <\/p>\n

Esta sentencia destac\u00f3, de igual modo, la obediencia que todas las autoridades deben al precedente de unificaci\u00f3n, de suerte que su desconocimiento implica una grave vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales: \u00abUna vez ha sido sentado por parte del respectivo m\u00e1ximo \u00f3rgano, no es dado que se realice una interpretaci\u00f3n distinta o alterada de la efectuada por la jurisprudencia de unificaci\u00f3n, en tanto que si en un caso dis\u00edmil se aceptara su aplicaci\u00f3n, se avalar\u00eda una relativizaci\u00f3n de lo dispuesto en el precedente mediante estructura de regla.\u00bb [Se subraya] <\/p>\n

Finalmente, la sentencia T-182 de 2014 retom\u00f3 en su integridad las razones en que se sustent\u00f3 el fallo de unificaci\u00f3n SU-1073\/12 para reconocer el derecho universal a la indexaci\u00f3n de la primera mesada, el cual \u2013asever\u00f3\u2013 \u00abes predicable de todas las personas pensionadas y, por supuesto, de aquellas que adquirieron tal calidad con anterioridad a la expedici\u00f3n de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. En efecto, todos los pensionados sufren las graves consecuencias de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda, es decir todos se encuentran en la misma situaci\u00f3n y, por tanto, deben recibir igual tratamiento.\u00bb <\/p>\n

Esta \u00faltima providencia enfatiz\u00f3, de igual manera, la regla contenida en la sentencia SU-1073\/12 con relaci\u00f3n a que \u00abpese al car\u00e1cter universal del derecho a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, la divergencia interpretativa sobre su procedencia en aquellas causadas con anterioridad a 1994, hace que s\u00f3lo a partir de esta decisi\u00f3n de unificaci\u00f3n se genere un derecho cierto y exigible\u00bb. (Negrilla en el texto original). (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 2014-00166-01). <\/p>\n

En lo ata\u00f1edero a la f\u00f3rmula que debe emplearse para liquidar la primera asignaci\u00f3n de retiro, la Corte Constitucional explic\u00f3: <\/p>\n

\u2026se configura el defecto denominado violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n cuando un juez ordinario laboral se niega a reconocer la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional o accede a ella pero con base en una f\u00f3rmula restrictiva, ya que vulnera el derecho de las personas a mantener el poder adquisitivo de su pensi\u00f3n de conformidad con lo establecido en los art\u00edculos 48 y 53 superiores, tal y como lo estableci\u00f3 esta Corporaci\u00f3n en las sentencias SU-1073 de 20123, T-1086 de 20124, T-1095 de 20125, T-007 de 20136 y T-255 de 20137. <\/p>\n

\u2026En efecto, al revisar las sentencias proferidas en el proceso ordinario laboral cuestionado, este Tribunal encuentra que si bien en las mismas se hizo alusi\u00f3n en forma correcta al precepto normativo que sirve de fundamento para el reconocimiento de la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional y de la indexaci\u00f3n del salario base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de jubilaci\u00f3n, esto es el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, tambi\u00e9n lo es que se utiliz\u00f3 una f\u00f3rmula para su liquidaci\u00f3n diferente a la adoptada por esta Corte, la cual resulta desfavorable para el goce de la prestaci\u00f3n de jubilaci\u00f3n del demandante. <\/p>\n

\u2026Espec\u00edficamente, la f\u00f3rmula utilizada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 fue la actualizaci\u00f3n anual del promedio del \u00faltimo a\u00f1o de salario devengado por el trabajador, con base en la variaci\u00f3n del indice de precios al consumidor, seg\u00fan certificaci\u00f3n que expide el DANE, teniendo en cuenta los d\u00edas a indexar y los d\u00edas del tiempo servido; en contraste de la usada reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n, a saber R= RH x (IPC final \/ IPC inicial), donde \u00abel valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor hist\u00f3rico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el \u00edndice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificaci\u00f3n de esta sentencia, entre el \u00edndice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional\u00bb8 (CC T-529\/14). <\/p>\n

6.\tEn el sub examine el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 con sentencia de 5 de abril de 2000 orden\u00f3 reajustar y reliquidar la primera mesada pensional del interesado por valor de $1.418.486.04 desde el 14 de mayo de 1998; sin embargo, en tr\u00e1mite de alzada, la Sala Laboral de Tribunal Superior de esta capital, el 7 de junio siguiente, revoc\u00f3 tal reconocimiento, al considerar \u00abque la obligaci\u00f3n cumplida en tiempo no admite indexaci\u00f3n, seg\u00fan sentencia del 18 de agosto de 1999\u2026 Adem\u00e1s se\u00f1al\u00f3 que las consideraciones establecidas para el reconocimiento de la pensi\u00f3n, con sujeci\u00f3n a los preceptos legales, no admiten modificaci\u00f3n, menos aun cuando est\u00e1n previstos los reajustes autom\u00e1ticos\u00bb. <\/p>\n

Por su parte, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en providencia de 12 de febrero 2001, \u00abcas\u00f3 totalmente\u00bb la anotada sentencia del ad-quem, al considerar que s\u00ed deb\u00eda accederse a la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, concluyendo, de cara a tal actualizaci\u00f3n, que: <\/p>\n

\u2026como el demandante no estaba cotizando ni percib\u00eda salario de la demandada en el tiempo que transcurri\u00f3 entre la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y aquella en la que cumpli\u00f3 los requisitos para el derecho pensional (mayo 14 de 1998) debe tenerse en cuenta lo que el actor deveng\u00f3 en promedio durante el \u00faltimo a\u00f1o de servicios, que ser\u00eda la base salarial a colacionar, de no existir precepto que dispusiera la actualizaci\u00f3n; en este caso el promedio salarial que figura en la resoluci\u00f3n 113 vista al folio 31, mediante la cual se reconoci\u00f3 el derecho pensional fue de $754.992.oo, y a esa cifra se aplicar\u00e1 la indexaci\u00f3n de acuerdo al mencionado art. 36 de la Ley 100 de 1993, esto es, anualmente con base en la certificaci\u00f3n expedida por el Dane sobre la variaci\u00f3n del \u00edndice de precios al consumidor (folio 72), por el per\u00edodo transcurrido entre el 19 de enero de 1992 (fecha de la desvinculaci\u00f3n) y el 14 de mayo de 1998 (fecha en que se adquiri\u00f3 el derecho pensional); las variaciones del IPC, conforme con la mencionada certificaci\u00f3n son del orden del 25.13%, 22.60%, 22.59%, 19.46%, 21,63%, 17.68% y 11.00%, respectivamente (hasta abril de 1998, puesto que no existe un dato parcial al 14 de mayo de ese a\u00f1o). <\/p>\n

As\u00ed, se parte del salario base de $754.992.oo, se aplican los \u00edndices correspondientes, se multiplica por el n\u00famero de d\u00edas de la respectiva anualidad y se divide por el total de 2275 d\u00edas que transcurrieron entre el retiro del trabajador y la fecha en la que cumpli\u00f3 la edad para la pensi\u00f3n jubilatoria, todo lo cual se inserta en la siguiente tabla. <\/p>\n

INGRESO BASE DE LIQUIDACI\u00d3N <\/p>\n

A\u00d1O
\n* \t\t\t\tIPC
\nINGRESO \t\t\t\tACTUALIZADO
\n*D\u00cdAS \t\t\t\tDE LA ANUALIDAD
\n\/ \t\t\t\t2275 D\u00cdAS
\n1992
\n1992 \t\t\t\ta 1998
\n$2.694.872.14
\n341
\n403.934.68
\n1993
\n1993 \t\t\t\ta 1998
\n$2.153.657.91
\n360
\n340.798.61
\n1994
\n1994 \t\t\t\ta 1998
\n$1.756.654.08 \t\t\t\t \t\t\t \t\t\t\t<\/p>\n

277.976.03
\n1995
\n1995 \t\t\t\ta 1998
\n$1.432.950.55
\n360
\n226.752.61
\n1996
\n1996 \t\t\t\ta 1998
\n$1.199.523.31
\n360
\n189.814.67
\n1997
\n1997 \t\t\t\ta 1998
\n$916.206.79
\n360
\n156.059.09
\n1998
\n1998 \t\t\t\ta 1998
\n$838.041.12
\n120
\n4.420.43
\n1.639.540.05 \t <\/p>\n

El total de $1.599.756.12 es el salario base actualizado a la fecha de causaci\u00f3n del derecho pensional, al cual se aplica el 75% y as\u00ed se obtiene el valor de la mesada inicial, es decir, $1.229.655.03, quedando de esta forma modificada la decisi\u00f3n del Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, que hab\u00eda dispuesto una mensualidad de $1.418.486.04. (folios 11 a 25, cuaderno 1). <\/p>\n

Los lineamientos jurisprudenciales referidos a espacio y contrastados con el asunto en ciernes, advierten necesaria la intervenci\u00f3n del juez de tutela, comoquiera que no obstante haber sido actualizada la primera mesada de jubilaci\u00f3n en la decisi\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corte, la f\u00f3rmula empleada no conserv\u00f3 el poder adquisitivo de la misma, pues la prestaci\u00f3n dispuesta redujo cerca de un 40% el monto de lo percibido por Castro Sierra al momento del retiro, al no aplicarse la f\u00f3rmula \u00abusada reiteradamente por esta Corporaci\u00f3n, a saber R= RH x (IPC final \/ IPC inicial), donde \u00abel valor presente de la condena (R) se determina multiplicando el valor hist\u00f3rico (Rh), que es lo dejado de pagar al pensionado, por el guarismo que resulte de dividir el \u00edndice final de precios al consumidor vigente a la fecha de notificaci\u00f3n de esta sentencia, entre el \u00edndice inicial, que es el vigente al causarse cada mesada pensional\u00bb, situaci\u00f3n que pone de manifiesto la afectaci\u00f3n de su m\u00ednimo vital, al tiempo que el Tribunal tambi\u00e9n err\u00f3 al desconocer el derecho que por indexaci\u00f3n le correspond\u00eda al gestor. <\/p>\n

Por consiguiente, fue desconocida la jurisprudencia constitucional relativa al reconocimiento y la forma de calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional por los estrados judiciales que tramitaron el proceso laboral objeto de la solicitud de amparo, dado que el Tribunal deneg\u00f3 la prestaci\u00f3n y las restantes autoridades aplicaron una f\u00f3rmula restrictiva y desfavorable, que desatiende la que ha sido utilizada por la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y, de unos a\u00f1os para ac\u00e1, por la Sala especializada en el tema perteneciente a la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n

No se tuvo en cuenta que el fen\u00f3meno inflacionario es una figura que afecta a toda la sociedad, que la indexaci\u00f3n es una herramienta para combatir los efectos de la inflaci\u00f3n que produce la p\u00e9rdida de la capacidad adquisitiva de la moneda, y que su no aplicaci\u00f3n desconoce diferentes principios constitucionales. <\/p>\n

Luego, entonces, se concluye que el juez de tutela forzosamente debe intervenir en el caso bajo estudio, habida cuenta que en las decisiones emitidas al interior del juicio ordinario laboral iniciado por el gestor del amparo en contra del Banco Cafetero, no se efectu\u00f3 la actualizaci\u00f3n de la primera mesada con base en la f\u00f3rmula establecida por la Corte Constitucional en sentencia T-098\/059, reiterada en la SU-1073\/12 y T-529\/14, la que fuera adoptada igualmente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corporaci\u00f3n en SL, 13 dic. 2007, rad. 30602; lo que devino en afectaci\u00f3n de los derechos del actor, dado que si bien utiliz\u00f3 una ecuaci\u00f3n aritm\u00e9tica aceptada por la jurisprudencia de la \u00e9poca, que era razonable, \u00e9sta result\u00f3 ser la menos favorable al trabajador, contrariando el principio constitucional pro operario, en raz\u00f3n de lo cual se otorgar\u00e1 el resguardo deprecado en este excepcional escenario. <\/p>\n

7.\tCon todo, la liquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n s\u00f3lo es exigible desde el 13 de diciembre de 2007, fecha en la que la Sala de Casaci\u00f3n Laboral acogi\u00f3 la f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n pensional m\u00e1s favorable al trabajador, que ven\u00eda siendo utilizada por el Consejo de Estado y por la Corte Constitucional, unific\u00e1ndose de esa manera, por el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia laboral, la posici\u00f3n jurisprudencial de las altas Cortes sobre ese particular aspecto, generando as\u00ed la certeza jur\u00eddica del derecho reclamado por el trabajador. <\/p>\n

En esas condiciones, la \u00faltima Corporaci\u00f3n citada, en sentencia SU-637\/2016 explic\u00f3 que: <\/p>\n

\u2026encuentra necesario hacer algunas consideraciones sobre las reglas que utilizar\u00e1 para determinar el retroactivo que deber\u00e1 pag\u00e1rsele al accionante, ahora que se ha establecido que procede la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional utilizando una nueva f\u00f3rmula. Sin embargo, como se indic\u00f3 en consideraciones precedentes, debe tenerse en cuenta que con esto no se pretende establecer una regla de prescripci\u00f3n de mesadas, en tanto que la jurisprudencia constitucional ha afirmado que para pensiones reconocidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Constituci\u00f3n de 1991 y en las cuales la prescripci\u00f3n no fue alegada dentro del proceso ordinario por alguna de las partes, la Corte no tiene competencia para declarar de oficio dicha prescripci\u00f3n10. <\/p>\n

Hecha la anterior precisi\u00f3n y siguiendo con el asunto objeto de controversia, debe recordarse que en este caso no existe duda acerca del derecho que tiene el accionante a que su pensi\u00f3n sea indexada, sino sobre la f\u00f3rmula utilizada para realizar esa indexaci\u00f3n. En ese sentido, vale decir que en el a\u00f1o en que termin\u00f3 el proceso ordinario laboral (2004), el Banco Popular ten\u00eda la leg\u00edtima expectativa de que la f\u00f3rmula usada por los jueces era la correcta, toda vez que hasta ese momento no exist\u00edan pronunciamientos acerca de la idoneidad de la misma. De hecho, como puede verse en las consideraciones precedentes, el consenso en torno a la f\u00f3rmula utilizada originalmente por el Consejo de Estado s\u00f3lo se cristaliz\u00f3 en 2007, cuando la Corte Suprema de Justicia adopt\u00f3 definitivamente esa forma de actualizar el valor del salario base de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n

51. Debido a esto \u00faltimo, esta Corporaci\u00f3n tomar\u00e1 el 13 de diciembre de 2007 (fecha de la sentencia de la Corte Suprema) como el momento en el cual se consolid\u00f3 la posici\u00f3n jurisprudencial acerca de que lo m\u00e1s adecuado en t\u00e9rminos de equidad y justicia material es utilizar la f\u00f3rmula de indexaci\u00f3n que m\u00e1s beneficie al trabajador, siendo \u00e9sta, generalmente, la definida originalmente por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa y luego adoptada por las otras Altas Corporaciones. Por ende, ordenar\u00e1 el pago del retroactivo a favor del accionante desde esa fecha, equivalente a la diferencia resultante entre lo que el ente accionado deb\u00eda pagar al haberse aplicado la f\u00f3rmula correcta de indexaci\u00f3n y lo que efectivamente pag\u00f3 como consecuencia del reconocimiento de la pensi\u00f3n. La Sala considera que esta manera de determinar el retroactivo, si bien novedosa, atiende a la justicia material en este caso concreto, porque compensa adecuadamente al accionante por el tiempo durante el cual recibi\u00f3 una pensi\u00f3n liquidada con la f\u00f3rmula menos favorable y, por otro lado, reconoce que el Banco accionado ha venido pagando la mesada seg\u00fan las determinaciones originales de los jueces ordinarios. Otros casos similares podr\u00edan no requerir de este tipo de determinaciones, ya sea porque la f\u00f3rmula utilizada s\u00ed era la m\u00e1s favorable para el trabajador o porque las providencias laborales fueron proferidas con posterioridad al 2007, por ejemplo. <\/p>\n

Sobre la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas esta Sala refiri\u00f3: <\/p>\n

\u2026Desde luego que por v\u00eda de tutela no es posible declarar la prescripci\u00f3n de las prestaciones atrasadas, pero s\u00ed es posible -en acatamiento de los par\u00e1metros realizados por la jurisprudencia- concluir que el t\u00e9rmino prescriptivo previsto en el art\u00edculo 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo se cuenta \u00abdesde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible\u00bb (CSJ STC, 4 nov. 2014, rad. 2014-00166-01). <\/p>\n

8.\tDe manera que se revocar\u00e1 el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo impetrado por Luis Eduardo Castro Sierra, dejando sin efecto las sentencias de 12 de febrero de 2001 y 7 de junio de 2000, proferidas, en su orden, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, as\u00ed como las decisiones que de \u00e9stas dependan. <\/p>\n

En consecuencia, a pesar de que en anteriores pronunciamientos proferidos por esta Sala, la orden constitucional se dirig\u00eda a las autoridades judiciales a fin de que profirieran una nueva decisi\u00f3n, conforme a lo aqu\u00ed considerado, se precisa que, en aplicaci\u00f3n de los precedentes constitucionales (CC SU 1073\/12 y T-529\/14), sin dilaciones y en el menor tiempo posible, por tratarse de un asunto plenamente definido y sobre el cual no recae discusi\u00f3n, se ordenar\u00e1 que el cumplimiento de lo ac\u00e1 dispuesto, lo efect\u00fae, directamente, al Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n \u2013 Constituido en Fiduprevisora S.A. y el Fondo Administrador de Pensiones \u2013 Colpensiones, para que en el t\u00e9rmino m\u00e1ximo de quince d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, procedan, de manera compartida, a indexar la primera mesada pensional de Luis Eduardo Castro Sierra, con base en la jurisprudencia nacional vigente en esa materia y la f\u00f3rmula para calcular la misma, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas sobre sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones y, concretamente, las sentencias T-098\/05, SU-1073\/12, T-448\/13, T-182\/14, T-529\/14 y SU-637\/16. Sin embargo, el pago retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la correspondiente mensualidad actualizada, se reconocer\u00e1 a partir de la expedici\u00f3n de la sentencia de unificaci\u00f3n (13 de diciembre de 2007), como se advirti\u00f3. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n

1.\tRevocar la sentencia de tutela objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

2.\tTutelar los derechos fundamentales de Luis Eduardo Castro Sierra a que se aplique la f\u00f3rmula m\u00e1s favorable para calcular la indexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, conforme a las consideraciones que se acaban de exponer. <\/p>\n

3.\tDejar sin efectos las sentencias proferidas el 12 de febrero de 2001 y 7 de junio de 2000, en su orden, por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario laboral instaurado por Luis Eduardo Castro Sierra contra el Banco Cafetero. <\/p>\n

4. Ordenar a al Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Banco Cafetero en Liquidaci\u00f3n \u2013 Constituido en Fiduprevisora S.A. y al Fondo Administrador de Pensiones \u2013 Colpensiones, que en el t\u00e9rmino de quince (15) d\u00edas h\u00e1biles, contados a partir de la notificaci\u00f3n de este fallo, procedan a indexar la primera mesada pensional del reclamante, con sustento en la jurisprudencia vigente en materia de la f\u00f3rmula de c\u00e1lculo de la primera mesada pensional, teniendo en cuenta, adem\u00e1s, las reglas de sostenibilidad econ\u00f3mica del sistema general de pensiones. Para lo pertinente, deber\u00e1 atenderse la doctrina constitucional prevista en las sentencias T-098\/05, SU-1073\/12, T-448\/13, T-182\/14, T-529\/14 y SU-637\/16; asimismo, se ordena el pago del retroactivo de las diferencias entre los valores efectivamente recibidos y el valor de la mensualidad actualizada, a partir del 13 de diciembre de 2007, conforme a lo expuesto por la Corte Constitucional en sentencia SU-637\/16. <\/p>\n

5.\tComun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tEntre muchas, sentencia T-125\/12.
\n2 \tMediante \tsentencia de casaci\u00f3n de 12 de febrero de 2001, la Sala \tLaboral de la Corte Suprema de Justicia decidi\u00f3 casar la del \tad-quem en lo relativo a Luis Eduardo Castro Sierra, reconociendo la \tindexaci\u00f3n de la primera mesada pensional, sin embargo, \tdisminuy\u00f3 el monto por el que el a quo hab\u00eda otorgado \ttal prestaci\u00f3n.
\n3 \tM.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
\n4 \tMP. \tGabriel Eduardo Mendoza Martelo.
\n5 \tMP. \tLuis Ernesto Vargas Silva.
\n6 \tMP. \tJorge Ignacio Pretelt Chaljub.
\n7 \tMP. \tJorge Ignacio Pretelt Chaljub.
\n8 \tSentencia \tT-098\/05 (M.P. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda).
\n9 \tEn la que se hace referencia y se siguen los siguientes precedentes \tde la misma Sala: SU-120\/03, T-1169-03, T-805\/04 y T-815-04.
\n10 \tCfr. \tSentencias T-901 de 2010, T-374 de 2012 y SU \u2013 1073 de 2012. \tAl respecto, debe tenerse en cuenta que, si bien el art\u00edculo \t180 del C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo se\u00f1ala \tque el juez tiene la facultad de resolver de oficio sobre la \texcepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva, esta norma s\u00f3lo \taplica para procedimientos contencioso administrativos y no para \tconflictos laborales privados, como lo es el caso bajo estudio.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado Ponente STC952-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2017-01406-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 23 de noviembre de 2017 por la Sala de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101186","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101186","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101186"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101186\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101186"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101186"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101186"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}