{"id":101188,"date":"2026-07-01T17:01:24","date_gmt":"2026-07-01T17:01:24","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101188"},"modified":"2026-07-01T17:01:24","modified_gmt":"2026-07-01T17:01:24","slug":"stc954-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc954-2018\/","title":{"rendered":"STC954-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC954-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00853-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante contra el fallo proferido el 22 de noviembre de 2017 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jairo Hernando S\u00e1nchez Rivera contra el Juzgado Veinte de Familia de esta ciudad y la Comisar\u00eda Octava de Familia de la Localidad de Kennedy Uno, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, \u00aba las formas propias del juicio\u00bb y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por las autoridades acusadas en el tr\u00e1mite del incidente de desacato a medida de protecci\u00f3n adelantado en su contra, en el que result\u00f3 sancionado. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, declarar \u00abla nulidad desde la diligencia administrativa realizada el 09 de agosto de 2017 en la Comisar\u00eda [accionada,] \u2026inclusive, \u2026dejando sin efectos ni validez jur\u00eddica todas y cada una de las decisiones tomadas en dicha diligencia y todas las dem\u00e1s actuaciones surtidas con posterioridad a la misma\u2026\u00bb, y en consecuencia, disponer que \u00abse realice de nuevo con el lleno de los requisitos legales\u2026; para lo cual se deber\u00e1\u2026 ordenar que sea reasignada a un nuevo comisario\u2026, toda vez que la\u2026 Comisaria 8\u00aa de Familia de Bogot\u00e1\u2026 ya tiene un juicio de valoraci\u00f3n jur\u00eddica pre establecida sobre el caso, lo que le impide la total imparcialidad y objetividad\u2026; de igual forma con las actuaciones surtidas por el Juzgado 20 de Familia\u2026, el cual no podr\u00e1 conocer nuevamente de la consulta\u00bb (folios 22 y 23, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tDe lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que su queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tSe\u00f1al\u00f3 el actor que ante las agresiones f\u00edsicas y verbales de parte de Luis Fernando Mu\u00f1oz en su contra y de su compa\u00f1era Jenny Alexandra Salas Mu\u00f1oz (medio hermana materna del primero), estos dos \u00faltimos solicitaron una medida de protecci\u00f3n que les otorg\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la naci\u00f3n el 6 de julio de 2016. <\/p>\n

2.2.\tRelat\u00f3 que como aquellas agresiones se hicieron extensivas a su suegro, Ram\u00f3n Salas, solicitaron una nueva medida de protecci\u00f3n para \u00e9ste, la que otorg\u00f3 la Comisar\u00eda Octava de Familia de Bogot\u00e1 el 18 de octubre de 2017. <\/p>\n

2.3.\tDebido a lo anterior, al parecer, en retaliaci\u00f3n, Luis Fernando Mu\u00f1oz, \u00abmediante la utilizaci\u00f3n de mentiras\u00bb, reclam\u00f3 una medida de protecci\u00f3n ante la Comisar\u00eda ya referida, la que efectivamente le fue otorgada; adem\u00e1s, a trav\u00e9s de medios policivos, ha procurado sacar a sus familiares del predio en el que todos conviven, \u00abintentos en los cuales no ha tenido resultados favorables a sus torcidas actuaciones, debido a las acciones judiciales existentes\u00bb. <\/p>\n

2.4.\tDestac\u00f3 que Ram\u00f3n Salas y Jenny Alexandra Salas Mu\u00f1oz tienen denunciado penalmente a Luis Fernando Mu\u00f1oz, por los delitos de falsedad en documento p\u00fablico y fraude procesal, toda vez que suscribi\u00f3 una escritura p\u00fablica falsa para adue\u00f1arse de la casa en que todos ellos conviven y as\u00ed lograr sacarlos de la misma, asunto del que est\u00e1 conociendo la Fiscal\u00eda 111 Seccional, ante la que el denunciado acudi\u00f3 a decir mentiras respecto del accionante, se\u00f1alando que \u00e9ste \u00abera un jugador pernicioso y que iba a dejar perder la casa porque no pagaba ni servicios p\u00fablicos ni impuestos\u00bb, por lo que el actor debi\u00f3 acudir all\u00ed a desmentir esos comentarios; de igual forma, cursa un proceso civil para obtener la nulidad de tal instrumento. <\/p>\n

2.5.\t Anot\u00f3 que despu\u00e9s de lo acontecido en la Fiscal\u00eda increp\u00f3 a Luis Fernando Mu\u00f1oz por \u00absus mentiras y acusaciones falsas, a lo que [\u00e9ste le] dijo que [se] largara de la casa[,] que \u00e9l era el due\u00f1o\u00bb; posteriormente, el tutelante recibi\u00f3 una citaci\u00f3n de la Comisar\u00eda de Familia referida, para la realizaci\u00f3n de una audiencia el 9 de agosto de 2017, por presuntamente incumplir la medida de protecci\u00f3n existente a favor de Mu\u00f1oz. <\/p>\n

2.6.\tLlegada la fecha se\u00f1alada, la Comisaria, aduce el gestor que posiblemente influenciada por las mentiras de Mu\u00f1oz, se mostr\u00f3 molesta con aqu\u00e9l y parcializada a favor de \u00e9ste, pues no le inform\u00f3 que no estaba obligado a declarar contra s\u00ed mismo, tampoco le dijo que pod\u00eda guardar silencio ni le inform\u00f3 que ten\u00eda el derecho a estar asistido por abogado; adem\u00e1s, sostuvo que en dicha diligencia explic\u00f3 a la Comisaria lo acontecido en la Fiscal\u00eda, que ten\u00eda un testigo que pod\u00eda dar cuenta de ello, las mentiras de su contradictor, pero en respuesta a su planteamiento se le inform\u00f3 que no se pod\u00edan recibir pruebas, sumado a que sus alegaciones no fueron transcritas, integralmente, en el acta, procediendo a sancionarlo con dos salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. <\/p>\n

2.7.\tAfirm\u00f3 el censor que por lo anterior, el 11 de agosto de 2017 present\u00f3 un escrito colocando en conocimiento de la Comisaria lo atr\u00e1s relatado, lo que, adujo, la funcionaria no atendi\u00f3 oportunamente a pesar que el \u00abproceso a\u00fan continuaba en su Despacho\u00bb; sin embargo, destac\u00f3 que al darle respuesta reconoci\u00f3 que solicit\u00f3 la prueba testimonial, lo que, en su sentir, daba cuenta de la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas, pues ello no se resolvi\u00f3 en la audiencia atr\u00e1s referida. <\/p>\n

2.8.\tMediante providencia de 8 de septiembre de 2017, en sede de consulta, el Juzgado Veinte de Familia de Bogot\u00e1 confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda el 9 de agosto anterior. <\/p>\n

2.9.\tPosteriormente, el 17 de septiembre de 2017, el actor present\u00f3 una solicitud de nulidad ante la mentada sede judicial, reclamando la invalidaci\u00f3n del tr\u00e1mite desde la audiencia realizada por la Comisaria, con fundamento en las causales 4 y 5 del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, aduciendo que frente a \u00e9l exist\u00eda una indebida representaci\u00f3n por cuanto no contaba con apoderado y que se hab\u00eda pretermitido la etapa probatoria al no atender sus alegaciones; sin embargo, el Juzgado, con auto de 19 de septiembre de 2017, rechazo de plano tal petici\u00f3n, en sentir del quejoso, sin justificaci\u00f3n v\u00e1lida alguna. <\/p>\n

2.10. De acuerdo con lo atr\u00e1s expuesto, en concreto, el accionante considera afrentados sus derechos esenciales, i) por parte de la Comisar\u00eda, por sancionarlo sin atender sus ruegos probatorios, cercenar sus alegaciones y no advertirle que pod\u00eda actuar a trav\u00e9s de apoderado y abstenerse de declarar en contra de s\u00ed mismo; y ii) por el Juzgado, por no despachar favorablemente la solicitud de nulidad que, con fundamento en lo anterior, reclam\u00f3 respecto de toda la actuaci\u00f3n surtida en el incidente de incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n vigente a favor de Luis Fernando Mu\u00f1oz (folios 16 a 24, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela fue formulada el 7 de noviembre de 2017 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el d\u00eda 8 siguiente (folios 16 y 26, cuaderno 1). <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Veinte de Familia de la capital de la Rep\u00fablica se\u00f1al\u00f3, de cara a su decisi\u00f3n, que \u00abla declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jairo Hernando fue determinante para establecer los hechos de violencia por \u00e9l desplegados, pues de la misma se advirti\u00f3 que continu\u00f3 con las agresiones verbales hacia el incidentante, lo que hizo que se encontrara probado el incumplimiento\u00bb; por lo dicho, anot\u00f3 que su proceder \u00abse ajust\u00f3 a criterios legales y jurisprudenciales\u00bb (folio 34, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLa Comisar\u00eda Octava de Familia Kennedy Uno sostuvo que no deb\u00eda prosperar las salvaguarda porque \u00abel tr\u00e1mite incidental adelantado el\u2026 (09) de agosto\u2026 cumpli\u00f3 con los postulados de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 y las leyes especial\u00edsimas 294 de 196 y 575 de 2000\u00bb, destacando que \u00abse evidencia que al se\u00f1or Jairo Hernando S\u00e1nchez Rivera se le notific\u00f3 de la apertura del incidente, seg\u00fan informe del notificado (sic) el cual se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el 31 de junio de 2017, se le puso de presente el art\u00edculo 33 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, se le escuch\u00f3 en descargos\u2026, se le dio la oportunidad procesal para solicitar pruebas que dieran cuenta de la veracidad de los hechos, se le puso en consideraci\u00f3n el fallo y por \u00faltimo,,, S\u00e1nchez Rivera, en pleno uso de las facultades plasm\u00f3 su firma en la audiencia, como constancia de aceptaci\u00f3n\u00bb (folios 42 y 43, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional deneg\u00f3 el resguardo al considerar, por una parte, que la determinaci\u00f3n sancionatoria adoptada por la Comisar\u00eda \u00abse tom\u00f3\u2026 respetando todos los derechos del accionante, la cual tuvo como fundamento la confesi\u00f3n que hizo \u00e9l mismo, en los descargos, frente a los hechos que se le endilgaron, decisi\u00f3n que fue consultada ante el Juez de Familia\u00bb. <\/p>\n

Por otro lado, sostuvo que respecto de las irregularidades supuestamente acaecidas en esa diligencia, aducidas por el inconforme, \u00abno obra prueba alguna de las mismas y, por el contrario, de lo que s\u00ed hay constancia es de que \u00e9l asisti\u00f3 a la audiencia y finalizada la misma, suscribi\u00f3 el acta, sin que se haya dejado anotaci\u00f3n de su disentimiento con lo que se dijo en ella\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, en cuanto a la falta de representaci\u00f3n del actor a trav\u00e9s de apoderado, consign\u00f3 que bastaba con se\u00f1alar que a aqu\u00e9l se le cit\u00f3 debidamente a la diligencia, por lo que bien pudo consultar con un profesional del derecho; y en lo relativo a las solicitudes presentadas con posterioridad a las decisiones adoptadas por la Comisar\u00eda y el Juzgado, s\u00ed fueron resueltas, aunque desfavorablemente al querer del tutelante, pero de manera ajustada a derecho, \u00abpues fueron presentadas cuando cada uno de los funcionarios ya hab\u00eda finalizado lo que era de su competencia, por lo menos, en lo que respecta a ese tr\u00e1mite (el de la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n)\u00bb (folios 115 a 120, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, aseverando que tanto el Juzgado como la Comisar\u00eda accionados estaban \u00abfaltando a la verdad\u00bb. <\/p>\n

Reclam\u00f3 de esta Corte ser escuchado en declaraci\u00f3n, \u00abpara explicar lo sucedido, ya que no se cree en lo que escrib[i\u00f3] en la demanda\u00bb (folios 144, cuaderno 1; y 4, cuaderno Corte). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tDel examen de la demanda de amparo se establece que a trav\u00e9s de ella se cuestiona todo el tr\u00e1mite del incidente de incumplimiento de la medida protecci\u00f3n dispuesta en contra del accionante y a favor de Luis Fernando Mu\u00f1oz, en la que el primero result\u00f3 sancionado. <\/p>\n

Espec\u00edficamente se critica i) la diligencia realizada el 9 de agosto de 2017 por la Comisar\u00eda acusada, en la que se impuso la sanci\u00f3n, porque seg\u00fan el actor all\u00ed no se respetaron sus garant\u00edas esenciales porque no se le anunci\u00f3 que pod\u00eda actuar a trav\u00e9s de abogado ni que no estaba obligado a declarar en su contra, adem\u00e1s no se atendieron las pruebas por el reclamadas ni su versi\u00f3n fue consignada de manera integral en el acta respectiva; y ii) el auto de 19 de septiembre de 2017, a trav\u00e9s del cual el Juzgado, tras confirmar aquella sanci\u00f3n el d\u00eda 8 anterior, resolvi\u00f3 rechazar de plano la solicitud de nulidad que con fundamento en las anteriores situaciones formul\u00f3 el quejoso. <\/p>\n

3.\tSiendo as\u00ed las cosas, en cuanto a las alegaciones respecto a las irregularidades en la audiencia adelantada por la Comisar\u00eda el 9 de agosto de 2017 as\u00ed como frente a la decisi\u00f3n del Juzgado de 9 de septiembre siguiente, es claro que el resguardo rogado no estaba llamado a prosperar porque el tutelante, al interior del tr\u00e1mite de la medida de protecci\u00f3n, no exterioriz\u00f3 ante los funcionarios ordinarios, en la oportunidad debida, las quejas tra\u00eddas en la solicitud de amparo, en lo que respecta a la Comisar\u00eda, nada dijo en la diligencia frente a que en el acta se consignara, seg\u00fan \u00e9l, faltando a la verdad, que al momento de tomar su declaraci\u00f3n se le advirti\u00f3 que se encontraba \u00ablibre de todo apremio y juramento, [y que] no est[aba] obligado a declarar contra s\u00ed mismo\u00bb, y que como prueba s\u00f3lo reclam\u00f3 sus descargos; aunado a que \u00e9stos fueron cercenados; por otro lado, tanto frente a aqu\u00e9llas determinaciones como a la del Juzgado de rechazar su solicitud de nulidad, no agot\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n, el que de conformidad con el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso se tornaba procedente, circunstancia que evidencia su descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos. <\/p>\n

Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor de la salvaguarda \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n

\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2013 [hoy 117 del C\u00f3digo General del Proceso], ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01) <\/p>\n

4.\tAhora, la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n por parte de la Comisar\u00eda, con decisi\u00f3n de 9 de agosto de 2017, y su confirmaci\u00f3n, en sede de consulta, por parte del Juzgado, mediante providencia del 8 de septiembre posterior, para esta Sala, son determinaciones que no se muestran arbitrarias. <\/p>\n

4.1.\tEn efecto, en la \u00faltima providencia, que fue la que puso fin al asunto, el Juzgado para ratificar lo definido por la Comisar\u00eda de Familia, consider\u00f3 que:
\n\u2026corresponde a este juzgado verificar si se cumpli\u00f3 con la debida tramitaci\u00f3n de instancia, ante la Comisar\u00eda\u2026, para concluir si la decisi\u00f3n es acertada, por haberse respetado el debido proceso. (Art\u00edculo 17 de la Ley 294\/96, modificado por el art\u00edculo 11 de la Ley 575\/2000, en concordancia con los art\u00edculos 12 del Decreto Reglamentario 652\/2001). <\/p>\n

\u2026 <\/p>\n

En el caso sub lite, se advierte que el incidente de incumplimiento se adelant\u00f3 atendiendo los derroteros propios para esta clase de actuaciones, previstas por el legislador sustancial, el incidentado fue notificado de la iniciaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite y prueba de ello es que estuvo presente en la audiencia, lo que desde ya permite descartar la existencia de posibles nulidades que afecten la validez del tr\u00e1mite. <\/p>\n

En cuanto a las pruebas recaudadas se refiere, ciertamente si bien los solos cargos del accionante no ten\u00edan la suficiencia para probar los hechos por \u00e9l denunciados, la declaraci\u00f3n del incidentado, fue determinante para establecer los actos de agresi\u00f3n desplegados por el se\u00f1or JAIRO HERNANDO S\u00c1NCHEZ RIVERA, pues de los mismos se advierte que continu\u00f3 con las agresiones verbales hac\u00eda el se\u00f1or LUIS FERNANDO MU\u00d1OZ. Lo que hizo que el a quo encontrara probado el incumplimiento por parte del se\u00f1or JAIRO HERNANDO S\u00c1NCHEZ RIVERA a la medida de protecci\u00f3n de otrora impuesta a favor del incidentante, hechos invocados como soporte del incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n impuesta por la Comisar\u00eda Octava (8\u00aa) de Familia de esta ciudad, que encuentran sustento en el escrito de denuncia, acorde con el cual, existieron nuevos actos de violencia contra del incidentante, el cual se entiende presentado bajo la gravedad del juramento. <\/p>\n

Esta situaci\u00f3n, sin lugar a dudas, permite afirmar que la decisi\u00f3n adoptada por la Comisar\u00eda de Familia es acorde con la realidad f\u00e1ctica evidenciada, m\u00e1xime que parte igualmente de un indicio grave en contra del agresor quien, se reitera, pese a estar debidamente enterado del tr\u00e1mite de incumplimiento que se segu\u00eda en su contra, con ocasi\u00f3n a la medida de protecci\u00f3n que se le impuso con anterioridad, en donde se le conmin\u00f3 para que hiciera cesar inmediatamente y se abstuviera de realizar cualquier acto de violencia f\u00edsica, verbal, psicol\u00f3gica, amenazas en contra de la accionante, so pena de hacerse acreedor a las sanciones previstas en el art\u00edculo 4\u00ba de la Ley 575 de 2000, hizo caso omiso de tal advertencia, de lo que se concluye que al estar plenamente demostrado el incumplimiento, no le quedaba otro camino a la funcionarla, que aplicar la multa impuesta a la parte incidentada. <\/p>\n

De lo anterior se colige entonces que los hechos denunciados en el escrito mediante el cual la incidentante puso de presente el incumplimiento a la medida de protecci\u00f3n, en este preciso asunto, se encuentran verificados con las pruebas analizadas y, ante la ocurrencia de dichas conductas, era el se\u00f1or JAIRO HERNANDO S\u00c1NCHEZ RIVERA quien ten\u00eda el deber procesal de infirmar las conductas de que se le culpaba, lo que como qued\u00f3 visto no ocurri\u00f3, vi\u00e9ndose abocado a afrontar un fallo adverso a sus intereses como es el que aqu\u00ed se consulta. <\/p>\n

Con estas razones innegablemente se concluye, que la decisi\u00f3n de la Comisar\u00eda Octava (8\u00aa) de Familia de esta ciudad, objeto de consulta, se ajusta a derecho y ante la inminencia de dichos atropellos, es deber del Estado, en este caso, a trav\u00e9s de las Comisar\u00edas de Familia y Estrados Judiciales, intervenir en las relaciones familiares, no con el prop\u00f3sito de imponer un modelo determinado de comportamiento, sino para impedir cualquier violaci\u00f3n de los derechos fundamentales de los individuos, m\u00e1xime cuando pueden verse lesionados derechos e intereses de personas por su condici\u00f3n indefensas y vulnerables. <\/p>\n

Deviene de lo considerado, que con la medida adoptada en la providencia que aqu\u00ed se consulta, no s\u00f3lo se pretende erradicar todo tipo de violencia intrafamiliar, sino que tambi\u00e9n se busca suprimir todo acto de violencia que atente contra los all\u00ed involucrados, los que sin lugar a dudas encuentra su amparo a la luz de nuestro ordenamiento constitucional y de normas que integran el bloque de constitucionalidad y son por ende instrumentos jur\u00eddicos vinculantes en nuestra legislaci\u00f3n, por lo que amerita ser confirmada (folios 13 a 15, cuaderno 1) <\/p>\n

4.2.\tEn ese contexto, en este caso no advierte la Corte que el Juzgado Veinte de Familia de esta ciudad o la Comisar\u00eda de Familia accionados hayan incurrido en actuaciones que desconozcan las prerrogativas del accionante en el tr\u00e1mite aqu\u00ed cuestionado, en la medida en que se surtieron conforme al ordenamiento jur\u00eddico y las decisiones adoptadas se hallan fundadas en las normas legales correspondientes, en la valoraci\u00f3n probatoria de los elementos de convicci\u00f3n recaudados, sin que se observe que obedezcan a la arbitrariedad o capricho de los funcionarios, destacando que cosa diferente es que el censor no comparta tales determinaciones, sin que ello resulte suficiente para el buen suceso de su reclamo. <\/p>\n

Frente a casos similares ha dicho la Sala que: <\/p>\n

\u2026 la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (Fallo de 28 de marzo de 2012, Exp. T. No. 54001-22-13-000-2012-00022-01) (CSJ STC, 21 oct. 2013, rad. 2013-00204-01; reiterado en STC3956-2015, 9 abr. 2015, rad. 2015-00037-01). <\/p>\n

En tal virtud, se observa que las decisiones criticadas son producto de razonamientos efectuados con base en la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta y en la valoraci\u00f3n del acervo probatorio obrante en el tr\u00e1mite, labor que desarrollaron tanto la autoridad judicial cuestionada como la Comisar\u00eda de Familia, en ejercicio de las facultades propias que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituy\u00e9ndolas como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual. <\/p>\n

5.\tFinalmente, destaca la Sala, en relaci\u00f3n con la solicitud tra\u00edda en la impugnaci\u00f3n, respecto a disponer como prueba el escuchar al accionante en declaraci\u00f3n, que \u00e9sta no resultaba necesaria para resolver el asunto, pues la censura reca\u00eda sobre actuaciones ya surtidas ante los funcionarios naturales, de las que, con suficiencia, daba cuenta el expediente contentivo del asunto fustigado, lo que tornaba improcedente su decreto de acuerdo a lo reglado en el art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n

Frente a la no obligaci\u00f3n de decretar pruebas pedidas en sede de tutela, la Sala ha considerado que: <\/p>\n

As\u00ed lo explic\u00f3 la Sala cuando asegur\u00f3 que \u201cresulta claro el mandato del ordenamiento jur\u00eddico cuando se\u00f1ala que, en materia de amparo constitucional, \u2018El Juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situaci\u00f3n litigiosa, podr\u00e1 proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas\u2019 (art\u00edculo 22 del Decreto 2591 de 1991)\u201d (sentencia de 8 de febrero de 2012, exp. 00150-00) (CSJ STC, 12 mar. 2013, rad. 2013-00004-01; reiterada en CSJ STC5449-2016, rad. 2016-00122-01). <\/p>\n

6.\tLo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n17<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC954-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-10-000-2017-00853-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por el accionante contra el fallo proferido el 22 de noviembre de 2017 por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101188","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101188","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101188"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101188\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101188"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101188"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101188"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}