{"id":101191,"date":"2026-07-01T17:01:55","date_gmt":"2026-07-01T17:01:55","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101191"},"modified":"2026-07-01T17:01:55","modified_gmt":"2026-07-01T17:01:55","slug":"stc957-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc957-2018\/","title":{"rendered":"STC957-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC957-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00195-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante y Fernando Guillot Deuyer frente al fallo proferido el 28 de noviembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luis Eduardo Ponsson Bustillo contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, Alba Ru\u00edz de Solano, Ana Solano Ru\u00edz y Alberto Ovalle Betancourt, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso, a la igualdad procesal, a la seguridad jur\u00eddica y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad judicial acusada por conceder y mantener el amparo de pobreza reclamado por las demandantes en el proceso declarativo incoado por Alba Ru\u00edz de Solano y Ana Solano Ru\u00edz (como c\u00f3nyuge sobreviviente e hija, respectivamente, de Alberto Jos\u00e9 Solano D\u00e1vila) contra el tutelante, Fernando Antonio Guillot Deuyer y los herederos indeterminados de Evaristo Rafael Ponsson Pezzotti. <\/p>\n

Solicit\u00f3, entonces, declarar la \u00abrevocatoria\u2026o nulidad o lo que consideren pertinente de los autos que concedi\u00f3\u2026 amparo de pobreza, como tambi\u00e9n [el] que neg\u00f3 la reposici\u00f3n al respecto (sic)\u00bb (folio 3, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tDe lo que reposa al interior del expediente y las pruebas recaudadas, se extrae que la queja se sustenta, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1.\tEn el asunto declarativo atr\u00e1s referido las all\u00ed demandantes formularon como pretensiones, en lo medular, que se declarara que con ocasi\u00f3n del deceso de Alberto Jos\u00e9 Solano D\u00e1vila, termin\u00f3 el poder general por \u00e9l conferido a Fernando Antonio Guillot Deuyer, y como consecuencia de ello, de manera principal, se dispusiera la inexistencia o nulidad absoluta o, subsidiariamente, la simulaci\u00f3n absoluta, del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica Nro. 2028 de 2006, otorgada ante la Notar\u00eda D\u00e9cima del C\u00edrculo de Barranquilla; adem\u00e1s, junto con tal demanda, rogaron que les fuera concedido amparo de pobreza, aduciendo no encontrarse \u00aben capacidad de sufragar los costos que conlleva[ba] el\u2026 proceso\u00bb. <\/p>\n

2.2.\tEl conocimiento del asunto le correspondi\u00f3 al Juzgado acusado, quien el 29 de junio de 2016, adem\u00e1s de admitir la demanda, concedi\u00f3 \u00abel amparo de pobreza solicitado por la parte demandante\u00bb, al encontrar satisfechos los requisitos establecidos para tal efecto en los art\u00edculos 151 y 152 del C\u00f3digo General del Proceso (folios 48 a 50). <\/p>\n

2.3.\tNotificado del auto admisorio de la demanda, el accionante formul\u00f3 recurso de reposici\u00f3n frente al mismo, espec\u00edficamente respecto al amparo de pobreza concedido. <\/p>\n

2.4.\tCon decisi\u00f3n del 9 de agosto de 2017 el Juzgado resolvi\u00f3 no reponer la adoptada el 29 de junio de 2016. <\/p>\n

2.5.\tSe duele el promotor de que con las anteriores decisiones fueron conculcadas sus garant\u00edas de primer orden, en la medida en que, en su sentir, la solicitud de amparo de pobreza no cumpl\u00eda \u00ablos par\u00e1metros legales, hasta el extremo que el contexto de la petici\u00f3n se bas\u00f3 [en que] \u201c[l]as demandantes subsisten gracias a lo que mensualmente perciben por su trabajo y por la explotaci\u00f3n de sus bienes productivos\u201d\u00bb; destac\u00f3 que el Juzgado \u00absimple y llanamente se atuvo a la manifestaci\u00f3n bajo juramento del abogado demandante, quien entre otras cosas tiene plagado todos los juzgados donde litiga de peticiones de [ese tipo]\u00bb; adem\u00e1s, el fallador de instancia \u00abdesconoci\u00f3 las pruebas contundes allegadas para probar la solvencia econ\u00f3mica de las demandantes\u00bb (folios 1 a 4, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tLa demanda de tutela fue formulada el 28 de agosto de 2017 y admitida a tr\u00e1mite por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el d\u00eda 29 siguiente (folios 4, 7 y 9, cuaderno 1). <\/p>\n

RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Santa Marta inform\u00f3 que al admitir la demanda en el juicio criticado, concedi\u00f3 el amparo de pobreza rogado por las all\u00ed actoras, con apoyo en los art\u00edculos 152 y 153 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n que mantuvo \u00abatendiendo posiciones doctrinarias\u00bb, destacando que los documentos que aport\u00f3 el censor \u00abrelacionan hechos anteriores a la demanda\u00bb (folios 19 y 124, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tAlba Ru\u00edz de Solano, Ana Solano Ru\u00edz y Alberto Ovalle Betancourt se opusieron a la salvaguarda aduciendo, en lo medular, que el Juzgado actu\u00f3 conforme a derecho y las documentales aportadas por el accionante no daban cuenta de su situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual (folios 25 a 41, 43 a 45, 59 a 67 y 116 a 122, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo constitucional, tras renovar el tr\u00e1mite vinculando al mismo a Fernando Guillot Deuyer, de conformidad con lo ordenado por esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo de 1\u00ba de noviembre de 2017, deneg\u00f3 el resguardo al encontrar que \u00ablos argumentos expuestos por la funcionaria cognoscente no se muestran caprichosos o arbitrarios, sino m\u00e1s bien ajustados a la realidad procesal\u00bb, concediendo y manteniendo el amparo de pobreza a favor de las all\u00ed demandantes \u00abcon apoyo jurisprudencial y legal. <\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que la sede judicial atacada, \u00abtras auscultar las pruebas allegadas al plenario por el censor, estim\u00f3 que las mismas no eran suficientes para quebrar su determinaci\u00f3n, pues ellas dec\u00edan (sic) relaci\u00f3n con situaciones anteriores a la presentaci\u00f3n de la demanda, de las que no era dable inferir que se mantuvieran en el tiempo\u00bb, lo que, al margen que se compartiera, resultaba razonable (folios 288 a 297, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La presentaron la parte actora y Fernando Guillot Deuyer sin exponer los motivos de su inconformidad (folio 309, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tConforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tLa demanda de amparo cuestiona los autos de 29 de junio de 2016 y 9 de agosto de 2017, mediante los cuales el Juzgado acusado, en su orden, concedi\u00f3 el amparo de pobreza rogado por las demandantes en el juicio criticado y mantuvo esa decisi\u00f3n; proceder que el inconforme considera irregular porque, en su sentir, aqu\u00e9llas no cumpl\u00edan los presupuestos legales para acceder a tal beneficio. <\/p>\n

3.\tSiendo as\u00ed las cosas, de entrada se advierte el fracaso de la impugnaci\u00f3n propuesta, pues tales determinaciones, para la Sala, no lucen arbitrarias. <\/p>\n

En efecto, el juzgador encausado, para conceder el amparo de pobreza que se le reprocha, en auto de 29 de junio de 2016, tras referir el contenido de los art\u00edculos 151 y 152 del C\u00f3digo General del Proceso y que las all\u00ed demandantes pidieron ese beneficio por \u00abno encontrarse en capacidad de sufragar los costos que conlleva el presente proceso, sin detrimento de lo necesario para su subsistencia propia, manifestaci\u00f3n que hacen bajo la gravedad del juramento a trav\u00e9s de su apoderado\u00bb, sostuvo que: <\/p>\n

\u2026la doctrina sobre este tr\u00e1mite nos ense\u00f1a que "Su tr\u00e1mite es muy simple, basta afirmar que se est\u00e1 en las condiciones de estrechez econ\u00f3mica a las que ya se hizo referencia, aseveraci\u00f3n que se entiende bajo la gravedad del juramento, para que el juez otorgue de plano el amparo, de ah\u00ed que no se requiera prueba de ninguna \u00edndole para la decisi\u00f3n favorable…" <\/p>\n

Atendiendo la naturaleza jur\u00eddica de esta instituci\u00f3n, inspirada en los principios de gratuidad e igualdad, \u2026nos permite afirmar que esta figura, persigue una finalidad constitucional, consistente en facilitar el acceso de todas las personas a la administraci\u00f3n de justicia, derecho que tiene su sustento en el art\u00edculo 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. La \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la figura del amparo de pobreza y el derecho de acceder a la administraci\u00f3n de justicia ha sido reconocida de manera uniforme por la H. Corte Constitucional, en varios pronunciamientos, por ejemplo al destacar que la disponibilidad del amparo de pobreza hace que no pueda hablarse de falta de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en el caso de personas que carecen de medios econ\u00f3micos suficientes para atender los gastos que demanda el proceso en que tienen inter\u00e9s1 (folios 48 a 50, cuaderno 1) <\/p>\n

Posteriormente, en auto de 8 de agosto de 2017, para mantener la anterior decisi\u00f3n, al desatar la reposici\u00f3n propuesta por el accionante, consider\u00f3 que: <\/p>\n

El amparo de pobreza tiene como finalidad el garantizar la igualdad real de las partes durante el desarrollo del proceso, permitiendo a aquella que por excepci\u00f3n se encuentre en una situaci\u00f3n econ\u00f3mica considerablemente dif\u00edcil, pueda ser exonerada de la carga procesal de asumir ciertos costos, que inevitablemente genera la actuaci\u00f3n judicial. Con esta instituci\u00f3n lo que el legislador persigui\u00f3 en presencia de situaciones extremas, que el sujeto procesal no se vea forzado a decidir entre atender su congrua subsistencia y la de a quienes por ley debe alimentos, o sufragar los gastos y erogaciones que se deriven del proceso en el que tiene leg\u00edtimo inter\u00e9s. Esta figura se encuentra regulada por los art\u00edculos 151 a 158 del C. G. del P. <\/p>\n

Previsto est\u00e1 en la norma procesal que "El solicitante deber\u00e1 afirmar bajo juramento que se encuentra en las condiciones previstas en el art\u00edculo precedente" (inciso 2\u00ba del art\u00edculo 152). Basta entonces, la sola manifestaci\u00f3n en este sentido para que el Juez determine si concede o no este amparo, con fundamento en el principio de buena fe que tiene arraigo constitucional y desarrollo normativo en el art\u00edculo 78 del C. G. del P. cuando se\u00f1ala como deberes de las partes y apoderados "Proceder con lealtad y buena fe"; la cual fue definida\u2026 por Eduardo Couture como la "calidad jur\u00eddica de la conducta legalmente exigida de actuar en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de raz\u00f3n". <\/p>\n

En sentencia C-330 de 2016 la Corte Constitucional sobre este principio conceptu\u00f3: "Nuestro ordenamiento constitucional y, especialmente, el r\u00e9gimen civil han desarrollado adem\u00e1s del concepto de buena fe como mandato constitucional general, la figura de buena fe simple como principio y forma de conducta. Esta "equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones…" (subraya fuera de texto original). <\/p>\n

La decisi\u00f3n de conceder el amparo solicitado se bas\u00f3 entonces en la probidad del afirmar de la parte demandante al momento de la demanda, apreciando los presupuestos que exige la procedencia de esta figura, amparo que no permanece de manera indefina en la litis como lo se\u00f1ala el art\u00edculo 158 (folios 56 y 57, cuaderno 1). <\/p>\n

A lo dicho, respecto a las documentales aportadas por el recurrente, con las cuales \u00e9ste consider\u00f3 demostrar la suficiencia econ\u00f3mica de sus demandantes, el fallador ordinario a\u00f1adi\u00f3 que: <\/p>\n

Ahora bien, el demandado LUIS PONSSON BUSTILLO como argumento de su inconformismo alega por conducto de su abogado, hechos hist\u00f3ricos que ocurrieron con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda y con los documentos adosados como medios probatorios de su petici\u00f3n, no se demuestra que hayan cesado los motivos atendidos para la concesi\u00f3n del beneficio[,] pues como ya se precis\u00f3[,] la documentaci\u00f3n aqu\u00ed aportada no determina que est\u00e9 vigente la titularidad de los bienes en las demandantes, sin desconocer que si bien estos documentos indican que pudo haber ingresado un capital al patrimonio de \u00e9stas, tales no demuestran la solvencia que exige la ley para desvirtuar el juramento afirmado en este asunto por la parte actora (folio 57, cuaderno 1) <\/p>\n

Bajo ese contexto, es evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, comoquiera que las consideraciones y fundamentos de las decisiones censuradas no resultan arbitrarios o caprichosos, pues obedecieron a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente respecto al amparo de pobreza y el an\u00e1lisis prudente de las pruebas adosadas al proceso por las partes; lo cual da cuenta, contrario a lo afirmado en el escrito de tutela por el accionante, que se efectu\u00f3 una adecuada valoraci\u00f3n probatoria que dio lugar a la desestimaci\u00f3n de su recurso de reposici\u00f3n, al encontrarse que las documentales por \u00e9l aportadas no daban cuenta de la situaci\u00f3n econ\u00f3mica actual de sus demandantes, cosa diferente es que \u00e9l no comparta ese razonamiento, lo que resulta insuficiente para el buen suceso del reclamo constitucional impetrado. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias de los Jueces ordinarios que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas, sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por el juzgador, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones. <\/p>\n

Frente al particular la Corte reiteradamente ha expuesto que: <\/p>\n

\u2026la adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural (STC, 28 mar. 2012, rad. 2012-00022-01) (CSJ STC, 21 oct. 2013, rad. 2013-00204-01; reiterada en STC3956-2015, 9 abr. rad. 2015-00037-01). <\/p>\n

4.\tAl margen de lo anterior, es claro que el amparo de pobreza al que se ha hecho referencia no se torna perpetuo ni irrevocable, evidenci\u00e1ndose que en el momento en que el accionante considere que se dan las condiciones para su decaimiento, aportando las pruebas actuales que den cuenta de ello, no como hasta ahora ha acontecido, podr\u00e1 acudir ante el fallador natural para solicitar su terminaci\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que el presente ruego constitucional tambi\u00e9n resulta inviable por desconocer el presupuesto de la subsidiariedad que lo gobierna. <\/p>\n

En ese sentido reiteradamente se ha se\u00f1alado que al existir otro medio judicial para alegar ante el juzgador ordinario las inconformidades planteadas en sede constitucional, no es posible acceder a las s\u00faplicas del promotor, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n

5.\tLo considerado impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado.
\nDECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tC-807\/02 (M.P. Jaime Ara\u00fajo Renter\u00eda); T-917\/03 (M.P. \tAlfredo Beltr\u00e1n Sierra); T-088\/06 (M.P. Marco Gerardo Monroy \tCabra).
\n13<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC957-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 47001-22-13-000-2017-00195-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el accionante y Fernando Guillot Deuyer frente al fallo proferido el 28 de noviembre […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101191","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101191","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101191"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101191\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101191"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101191"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101191"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}