{"id":101192,"date":"2026-07-01T17:02:13","date_gmt":"2026-07-01T17:02:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101192"},"modified":"2026-07-01T17:02:13","modified_gmt":"2026-07-01T17:02:13","slug":"stc958-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc958-2018\/","title":{"rendered":"STC958-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC958-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-01309-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales consignados en los art\u00edculos 13 y 83 de la Constituci\u00f3n Nacional y a sus garant\u00edas procesales, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas (folio 2, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Son hechos relevantes para el presente amparo constitucional, en s\u00edntesis, los siguientes: <\/p>\n

2.1. Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga instaur\u00f3 acci\u00f3n popular contra Davivienda1, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de La Virginia, bajo el radicado 2016-00439. <\/p>\n

2.2. Mediante prove\u00eddo de 19 de octubre de 2017, el estrado querellado admiti\u00f3 la demanda ordenando, entre otras cosas, \u00aba costa del interesado, real\u00edcese la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998, en prensa o radio de amplia difusi\u00f3n en Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n

2.3. En desacuerdo con la anterior decisi\u00f3n el convocante instaur\u00f3 reposici\u00f3n y solicit\u00f3 amparo de pobreza, mediante auto de 22 de noviembre de 2017 el estrado cuestionado no repuso su decisi\u00f3n y concedi\u00f3 el amparo de pobreza suplicado, sin embargo, orden\u00f3 al Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos efectuar la publicaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998.
\n2.4. El petente se duele de que la c\u00e9lula judicial accionada no cumple con lo dispuesto en los art\u00edculos 84 de la ley 472 de 1998 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso; y de que es su deber informar a la comunidad a trav\u00e9s de la \u00abp\u00e1gina web de la rama judicial, link informaci\u00f3n a la comunidad\u00bb. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia se opuso a las pretensiones de la salvaguarda, comoquiera que orden\u00f3 al Fondo de los Derechos e Intereses Colectivos la publicaci\u00f3n del aviso; a\u00f1adi\u00f3 que el convocante ya hab\u00eda planteado una anterior acci\u00f3n de tutela frente al mismo proceso (folio 7, cuaderno 1). <\/p>\n

2. El Banco Davivienda S.A. consign\u00f3 que \u00abno le asiste la verdad al accionante que existe una dilaci\u00f3n del proceso por parte del juzgado por lo que no hay violaci\u00f3n a derecho fundamental alguno\u00bb; que la salvaguarda no cumple con los presupuestos de procedibilidad establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico (folios 10 y 11, cuaderno 1). <\/p>\n

3. La Alcald\u00eda Mayor de Bogot\u00e1 refiri\u00f3 que \u00abno tiene legitimaci\u00f3n en causa por pasiva, ni existe nexo de causalidad con las peticiones del accionante, toda vez que el Distrito Capital no es directamente vinculado en los procesos constitucionales\u00bb; que el resguardo fue interpuesto contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, \u00abpor rechazar la acci\u00f3n popular 2016-00439\u00bb, por lo que \u00abno ostenta la calidad de sujeto generador de la presunta vulneraci\u00f3n de las prerrogativas constitucionales invocadas\u00bb (folios 22 a 25, cuaderno 1). <\/p>\n

4. La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n alleg\u00f3 escrito con posterioridad al fallo de primera instancia, solicit\u00f3 ser notificada de la acci\u00f3n popular objeto del presente amparo al correo electr\u00f3nico imantilla@procuraduria.gov.co, as\u00ed como permitir su intervenci\u00f3n \u00aben la audiencia de pacto de cumplimiento por videoconferencia, teleconferencia o cualquier otro medio t\u00e9cnico\u00bb (folios 51 a 54, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo rogado tras considerar que el convocante no ha solicitado ante el despacho criticado aplicar los art\u00edculos 84 de la ley 472 de 1998 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que \u00absolo a partir de la gesti\u00f3n que en tal sentido adelante y acorde con lo que suceda entorno a ello, es que podr\u00eda analizarse si existe alguna irregularidad susceptible de remediar por la v\u00eda constitucional\u00bb. <\/p>\n

En punto a que el querellado no notifica a la comunidad a trav\u00e9s de la p\u00e1gina web de la rama judicial, consider\u00f3 que esa c\u00e9lula judicial favoreci\u00f3 al actor y dispuso que el enteramiento lo efectuara el Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos, por lo que \u00abes inexistente alguna evidencia dentro del plenario acerca de que se halla torpedeado o dilatado la etapa, como lo quiere hacer ver el accionante\u00bb (folios 47 a 49, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El querellante impugn\u00f3 la decisi\u00f3n sin ampliar los motivos esbozados en su escrito inicial (folio 55, cuaderno 1) <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es una herramienta jur\u00eddica subsidiaria y residual, establecida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Siguiendo los criterios jurisprudenciales, este instrumento no procede contra las providencias judiciales, no obstante, en los precisos casos en los cuales el funcionario incurre en una decisi\u00f3n desviada por completo, sin objetividad, se abre paso la intervenci\u00f3n del juez constitucional, para modificar o cambiar las determinaciones y restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, claro est\u00e1, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa. <\/p>\n

2. En el sub examine el censor cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n de 22 de noviembre de 2017, en virtud de la cual el estrado querellado resolvi\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n incoado frente al auto admisorio de la demanda e indic\u00f3, en punto a la notificaci\u00f3n de la comunidad, que el art\u00edculo 21 de la ley 472 de 1998 estipula que \u00aba los miembros de la comunidad se les podr\u00e1 informar a trav\u00e9s de un medio masivo de comunicaci\u00f3n, o de cualquier mecanismo eficaz\u2026 Para este efecto, el juez podr\u00e1 utilizar simult\u00e1neamente diversos medios de comunicaci\u00f3n\u00bb, raz\u00f3n por la cual: <\/p>\n

\u2026el juzgado mediante el auto de 19 de octubre de 2017, como lo prev\u00e9 la norma, orden\u00f3 al interesado realizar la publicaci\u00f3n en la prensa o en la radio de amplia difusi\u00f3n de la ciudad. De acuerdo con el art\u00edculo transcrito, es a criterio del juez emplear cualquier medio eficaz para que los posibles o eventuales beneficiarios, usuarios de la entidad demandada, conozcan de la existencia de la demanda, cumpliendo con lo que el legislador orden\u00f3. <\/p>\n

Disponiendo, a regl\u00f3n seguido, tras conceder el amparo de pobreza rogado por el censor, que tal enteramiento quedaba a cargo del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos. <\/p>\n

Bajo esa perspectiva, la Corte considera que la determinaci\u00f3n cuestionada fue el resultado de una hermen\u00e9utica que no es caprichosa de cara al ordenamiento jur\u00eddico vigente, toda vez que el querellado analiz\u00f3 las normas aplicables al asunto, mismas que le permitieron concluir la decisi\u00f3n del 19 de octubre de 2017 no deb\u00eda ser revocada. <\/p>\n

As\u00ed pues, lo que aqu\u00ed plantea el petente es una diferencia de criterio acerca de la forma en que el convocado valor\u00f3 las pruebas recaudadas, en cuyo caso tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la [interpretaci\u00f3n] que ha hecho [el juzgador] no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, por dem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n

\u2026[N]o est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo\u2026 (CSJ STC, 6 may. 2011, rad. 2011-00829-00). <\/p>\n

3. Ahora bien, en punto a que el despacho cuestionado aplique los art\u00edculos 84 de la ley 472 de 1998 y 42 del C\u00f3digo General del Proceso, el amparo incoado tambi\u00e9n est\u00e1 llamado a fracasar, pues no obra prueba en el plenario que permita concluir que el accionante haya solicitado ante la autoridad judicial cuestionada lo que por este medio invoca, por lo que le est\u00e1 vedado hacer uso de este mecanismo excepcional, que no fue instituido para anticiparse a los pronunciamientos de otras entidades. <\/p>\n

\u2026este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01; reiterada en STC4196, 7 abr. 2016, rad. 2015-02843-02; y STC13040-2016, 15 sep., rad. 2016-00507-01). <\/p>\n

Entonces, las anteriores s\u00faplicas se enmarcan en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, donde se determina que a este especial\u00edsimo mecanismo solamente puede acudirse previo agotamiento de todos los instrumentos de defensa que el ordenamiento jur\u00eddico pone a disposici\u00f3n de los interesados, ya que de otra manera se convertir\u00eda en un medio para usurpar las funciones que la ley tiene asignadas a determinadas autoridades <\/p>\n

4. En consecuencia, por las razones anteriormente consignadas se confirmar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Por secretar\u00eda env\u00edese al correo electr\u00f3nico del solicitante la copia escaneada de esta determinaci\u00f3n y, a su cargo, entr\u00e9guensele las dem\u00e1s copias reclamadas. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tSucursal de la DG 40 No. 46 A – 18 Bogot\u00e1.
\n10<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC958-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 66001-22-13-000-2017-01309-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 18 de diciembre de 2017 por la Sala Civil – […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101192","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101192","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101192"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101192\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101192"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101192"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101192"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}