{"id":101194,"date":"2026-07-01T17:02:47","date_gmt":"2026-07-01T17:02:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101194"},"modified":"2026-07-01T17:02:47","modified_gmt":"2026-07-01T17:02:47","slug":"stc960-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc960-2018\/","title":{"rendered":"STC960-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC960-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2017-00235-02
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de noviembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Iv\u00e1n Rodr\u00edguez Ria\u00f1o contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de la Palmira, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Rodr\u00edguez Salamanca y la Personer\u00eda Municipal de esa localidad. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, al buen nombre, a la honra y a la educaci\u00f3n, que estim\u00f3 vulnerados por el despacho accionado con ocasi\u00f3n del pronunciamiento de la sentencia de 19 de mayo de 2017, as\u00ed como de las dem\u00e1s actuaciones surtidas en el proceso de aumento de cuota alimentaria promovido en su contra por su hija mayor de edad Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Rodr\u00edguez Salamanca. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 declarar la nulidad de todo lo actuado, incluyendo el fallo referido a espacio, y desde el acto de notificaci\u00f3n personal (folio 4, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tLos anteriores pedimentos se soportaron en los supuestos f\u00e1cticos que admiten el siguiente compendio (folios 1 a 4, cuaderno 1): <\/p>\n

2.1.\tAnte el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira, Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Rodr\u00edguez Salamanca instaur\u00f3 demanda de aumento de cuota alimentaria contra su progenitor; el 14 de marzo de 2017 se efectu\u00f3 la audiencia inicial, dej\u00e1ndose constancia que el convocado \u00abno se hizo presente\u2026, [y]\u2026 tampoco contest\u00f3 la demanda, pese a [que] est[aba] debidamente notificado\u00bb, por lo que declar\u00f3 fracasada la conciliaci\u00f3n. <\/p>\n

2.2.\tEl estrado acusado, de oficio, orden\u00f3 al Hospital Ra\u00fal Orejuela Bueno expedir certificaci\u00f3n laboral y de salario del demandado, documento que allegado fue incorporado al diligenciamiento el 25 de abril de la misma calenda, y se fij\u00f3 para el 19 de mayo siguiente la audiencia prevista en el art\u00edculo 373 del C\u00f3digo General del Proceso, auto notificado a las partes por anotaci\u00f3n en estado n\u00ba 055 del 26 de abril de 2017. <\/p>\n

2.3.\tEl peticionario afirm\u00f3 que el 1\u00ba de julio de esa anualidad se encontr\u00f3 con la madre de su hija Mar\u00eda de los \u00c1ngeles, quien le coment\u00f3 que a \u00e9sta le hab\u00eda salido a favor la demanda promovida contra aqu\u00e9l, de lo que el actor asegur\u00f3 no tener conocimiento, por lo que al consultar la p\u00e1gina de procesos judiciales de la Rama Judicial, advirti\u00f3 que aparec\u00edan registradas las actuaciones referidas a espacio, as\u00ed como la sentencia que fij\u00f3 como cuota alimentaria a favor de su descendiente y, a su cargo, el 40% de sus ingresos como m\u00e9dico, estableci\u00f3 la obligaci\u00f3n de aportar cuotas extras en los meses de junio y diciembre de cada a\u00f1o en cuant\u00eda del 20% de sus ingresos y pagar el 50% de los gastos educativos. <\/p>\n

2.4.\tEl interesado censur\u00f3 que se hubiera notificado personalmente de la demanda el 13 de enero de 2017, mas \u00abno por citaci\u00f3n escrita o por otro medio\u00bb, lo que estim\u00f3 \u00abinadecuado\u00bb, pues pas\u00f3 al juzgado criticado simplemente a averiguar un \u00abrumor\u00bb, donde le informaron que ten\u00eda 10 d\u00edas para contestar pero no le \u00abentregaron ningunos documentos\u00bb. <\/p>\n

2.6.\tEl reclamante dijo que existi\u00f3 irregularidad en el tr\u00e1mite adelantado por la empresa de correo, porque Luz Mary Solarte no hab\u00eda recibido la documentaci\u00f3n que certific\u00f3 haber entregado la empresa de correo, no coincid\u00eda el n\u00famero de c\u00e9dula y \u00abno e[ra] la escritura\u00bb de la se\u00f1ora Solarte en el recibo de entrega. Finaliz\u00f3 reprochando que no se le hubiere noticiado de manera formal sobre las diligencias surtidas. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tEl Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Palmira pidi\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo suplicado, dado que el accionante fue notificado personalmente del auto admisorio de la demanda, \u00fanico prove\u00eddo del cual deb\u00eda enterarse en dicha forma al demandado, de conformidad con el art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso, indic\u00f3 que en el acto de enteramiento entreg\u00f3 al convocado 31 folios de la demanda y sus anexos, inform\u00e1ndole que contaba con 10 d\u00edas para replicar el libelo; que esa fue la \u00fanica actuaci\u00f3n desplegada por el quejoso, pues no hizo uso de los mecanismos dispuestos al interior del proceso para obtener lo que pretende por v\u00eda tutelar; aclar\u00f3 que las dem\u00e1s actuaciones surtidas en el juicio fueron notificadas a las partes, conforme dispone el estatuto procesal, esto es, para la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 \u00eddem fue por estados; y el decreto de pruebas, traslado para alegar y sentencia en estrados, al celebrarse la respectiva audiencia y su continuaci\u00f3n, por lo que no se desconocieron prerrogativas esenciales de ninguna de los extremos procesales (folio 35, cuaderno1). <\/p>\n

2.\tLa Personer\u00eda de Palmira manifest\u00f3 que no trasgredi\u00f3 derecho alguno del gestor del amparo, pues como \u00e9l mismo lo afirm\u00f3 sus circunstancias laborales impidieron acceder a los servicios de la entidad; que la queja del actor se enfil\u00f3 contra el diligenciamiento del proceso judicial no contra la Personer\u00eda, la que intervino en el juicio porque no hubo petici\u00f3n formal a ese respecto de alguna de las partes (folio 71, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal constitucional neg\u00f3 el amparo al considerar que no hubo menoscabo de las garant\u00edas procesales del actor, resaltando que \u00e9ste fue notificado personalmente, en cumplimiento de los art\u00edculos 290 y 291 del C\u00f3digo General del Proceso, que las dem\u00e1s actuaciones fueron debidamente notificadas, de acuerdo con los art\u00edculos 294 y 295 \u00eddem, normas que prev\u00e9n, en su orden, que las providencias dictadas en el curso de las audiencias quedan notificadas inmediatamente despu\u00e9s de pronunciadas pese a que las partes no hubiesen asistido, y los autos y sentencias que no se deban enterarse de otra manera ser\u00e1n comunicados por estado.
\nEn cuanto a la alegaci\u00f3n relativa a que no intervino en el proceso porque no recibi\u00f3 colaboraci\u00f3n de la Personer\u00eda, dijo que ese era un aspecto carente de probanza respecto del cual no operaba la presunci\u00f3n de veracidad, en cuanto la entidad intervino en la tutela y manifest\u00f3 que el mismo actor adujo que no pudo recibir asesor\u00eda de la Personer\u00eda, dado que su horario laboral se lo impidi\u00f3 (folios 72 a 74, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el gestor reiterando los argumentos esgrimidos en el libelo inicial, indicando adem\u00e1s que no compart\u00eda que hubiese declarado que el hecho endilgado a la Personer\u00eda Municipal de Palmira se encontrara hu\u00e9rfano de prueba, dado que su manifestaci\u00f3n era la verdad; que la cuota alimentaria debi\u00f3 establecerse teniendo en cuenta las condiciones econ\u00f3micas del alimentante, es decir si ten\u00eda deudas pues, no pod\u00eda exigirse m\u00e1s all\u00e1 de sus posibilidades; que perdi\u00f3 su trabajo lo que acarre\u00f3 una agravaci\u00f3n a su situaci\u00f3n financiera (folios 80 a 82, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Conforme \tal art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la \tacci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido \tpara proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o \tamenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas \ty, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya \tnaturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a \tlos jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de \tdefensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte el quejoso enfila sus cr\u00edticas contra la sentencia dictada el 19 de mayo de 2017 por el estrado acusado, en el proceso de aumento de cuota alimentaria promovido en su contra por su hija Mar\u00eda de los \u00c1ngeles Rodr\u00edguez Salamanca, al estimar que no fue notificado en debida forma de la existencia del juicio, as\u00ed como tampoco de las diferentes decisiones adoptadas al interior del mismo, pues en su sentir, los enteramientos debieron efectuarse \u00abde manera formal por un acto administrativo al administrado\u00bb o por \u00abv\u00eda celular\u00bb, en la medida en que as\u00ed pudo tener la posibilidad de enterarse del tr\u00e1mite del asunto, dado que cuando se acerc\u00f3 al despacho a averiguar por el caso no le entregaron ning\u00fan documento. <\/p>\n

A la anterior censura aun\u00f3 el hecho de que como se encontraba en una situaci\u00f3n de insolvencia econ\u00f3mica acudi\u00f3 a la Personer\u00eda de Palmira para ser asistido jur\u00eddicamente, pero por su horario laboral y el de la entidad no recibi\u00f3 colaboraci\u00f3n alguna. <\/p>\n

a.)\tEl reproche del gestor del amparo deviene improcedente en esta sede, pues tal y como el mismo censor lo manifestara en el libelo tutelar, el 13 de enero de 2017 acudi\u00f3 al despacho accionado a notificarse personalmente de la admisi\u00f3n de la demanda de aumento de cuota alimentaria, en cuyo acto procesal fue enterado tanto de la providencia admisoria como del contenido del escrito introductor y sus anexos, lo que se desprende del acta de notificaci\u00f3n extendida en tal oportunidad y que obra en el presente diligenciamiento1, en la que adem\u00e1s se le indic\u00f3 que ten\u00eda 10 d\u00edas para replicar el libelo, plazo dentro del cual guard\u00f3 silencio2, por lo que no tiene buen recibo el argumento relativo a que no fue enterado del proceso ni tampoco recibi\u00f3 documentaci\u00f3n alguna al respecto, dado que las probanzas dan cuenta de lo contrario. <\/p>\n

Aunado a lo anterior, se recuerda que la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda (o del mandamiento de pago, en el caso de un ejecutivo), como primera providencia que se emite dentro del juicio debe ser enterada personalmente al demandado, conforme lo establecido por el art\u00edculo 290 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 291 \u00eddem, lo que en el proceso en ciernes se cumpli\u00f3 a cabalidad. <\/p>\n

As\u00ed mismo, se recuerda que las providencias que se dicten en el curso de las audiencias y diligencias quedan notificadas inmediatamente despu\u00e9s de pronunciadas, as\u00ed no hayan concurrido las partes; y las notificaciones de los autos y sentencias que deban hacerse de otra manera se cumplir\u00e1n por anotaci\u00f3n en estado, acorde con lo dispuesto en los art\u00edculos 294 y 295 ibidem, respectivamente. <\/p>\n

De lo anterior se colige que el demandado estaba enterado de la causa que se segu\u00eda en su contra, no obstante, por su propio descuido o incuria no se aperson\u00f3 de la misma; de modo que una vez conoci\u00f3 de la misma era su deber estar al tanto del tr\u00e1mite, de las decisiones all\u00ed emitidas y del curso de las audiencias, toda vez que al interior del proceso es el escenario id\u00f3neo donde deb\u00edan plantearse las inconformidades surgidas y los aspectos referentes a su defensa. <\/p>\n

Por consiguiente, este escenario excepcional no puede ser remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades procesales desperdiciadas por la desidia o indiferencia mostrada por el actor en el juicio de aumento de cuota alimentaria adelantado en su contra, sobre el descuido en el uso de los instrumentos comunes de defensa, la Corte ha dicho que si el promotor del resguardo, <\/p>\n

…incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; reiterada en STC, 9 dic. 2011 y 16 feb. 2012, rads. 2011-01459-01 y 2011-00398-01). <\/p>\n

b.)\tEl reproche planteado contra la Personer\u00eda de Palmira tampoco encuentra eco en este excepcional escenario, dado que las manifestaciones del interesado, como bien lo se\u00f1al\u00f3 el a-quo constitucional, se encuentran hu\u00e9rfanas de probanzas por lo que no pasaron de ser afirmaciones sin sustento alguno. <\/p>\n

No obstante, conviene subrayar que en la falta de asesor\u00eda de esa entidad no radic\u00f3 la incomparecencia del actor al juicio, pues \u00e9ste bien pudo acudir al mismo sin apoderado judicial, comoquiera que ese es uno de los tr\u00e1mites judiciales (m\u00ednima cuant\u00eda) al que los ciudadanos pueden comparecer sin necesidad de profesional del derecho que los asista, como lo dispuso el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 28 del Decreto 196 de 19713. <\/p>\n

c.)\tAhora bien, es preciso indicar que el fallo rebatido no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, por lo tanto, de cambiar las circunstancias del alimentario o del alimentante como tambi\u00e9n las condiciones econ\u00f3micas y las necesidades alimentarias de la descendiente, pueden acudir a la justicia ordinaria para que se revise la cuota alimentaria. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala expuso que: <\/p>\n

\u2026no resulta impertinente ni redundante a\u00f1adir que, trat\u00e1ndose la decisi\u00f3n atacada de una providencia que no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en sentido material, toda vez que es susceptible de modificaci\u00f3n cuando var\u00eden las condiciones que dieron lugar a ella, [el] accionante tiene la posibilidad real de iniciar un nuevo proceso con la misma pretensi\u00f3n para que el juez natural la dirima con base en las pruebas regularmente allegadas (CSJ STC, 27 may. 2011, rad. 00095-01; citada en STC, 25 may. 2012, rad. 00139-01; y en STC, 26 abr. 2013, rad. 00032-01). <\/p>\n

d.)\tFinalmente, en punto a la alegaci\u00f3n expuesta en la impugnaci\u00f3n concerniente a que el accionante perdi\u00f3 su empleo, lo que conllev\u00f3 una agravaci\u00f3n a su situaci\u00f3n econ\u00f3mica, no puede pronunciarse esta Corporaci\u00f3n, pues se trata de un hecho nuevo, no expuesto en la demanda de tutela, situaci\u00f3n que, por lo tanto, no pudo ser controvertida por el convocado e intervinientes, por lo que un pronunciamiento de la Corte implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de aquellos. <\/p>\n

Sobre el particular la Sala ha indicado que: <\/p>\n

\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 00003-01; ratificada en STC, 5 feb. 2015, rad. STC800; CSJ STC6999-2016, 27 may., rad. 2016-00436-01). <\/p>\n

3.\tAs\u00ed las cosas, se impone, respaldar la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1\u0002 \tFolio \t4 vto., cuaderno Corte 2.
\n2\u0002 \tTal y como qued\u00f3 sentado en la audiencia de tr\u00e1mite de \t14 de marzo de 2017 (folio 14 cuaderno 1).<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC960-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 76111-22-13-000-2017-00235-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 7 de noviembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101194\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}