{"id":101195,"date":"2026-07-01T17:02:59","date_gmt":"2026-07-01T17:02:59","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101195"},"modified":"2026-07-01T17:02:59","modified_gmt":"2026-07-01T17:02:59","slug":"stc961-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc961-2018\/","title":{"rendered":"STC961-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC961-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2017-00524-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 14 de diciembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alfredo Torres Romero contra el Juzgado Civil del Circuito de Funza, tr\u00e1mite al que se vincularon las partes e intervinientes en el proceso en que se origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor del amparo constitucional reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dijo vulnerados por el despacho accionado. <\/p>\n

En consecuencia, pidi\u00f3 \u00abimponer un t\u00e9rmino perentorio al juzgado accionado, para que proceda resolver la petici\u00f3n mencionada\u00bb (folio 3, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl quejoso como fundamento de su pedimento, adujo en s\u00edntesis: <\/p>\n

2.1.\tEn el proceso ejecutivo por obligaci\u00f3n de hacer de Norberto Jim\u00e9nez C\u00e1rdenas contra Inversiones y Construcciones ICC Ltda., que viene tramitando el Juzgado Civil del Circuito de Funza, Carlos Alfredo Torres Romero present\u00f3 para su aceptaci\u00f3n la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito suscrita entre \u00e9l y el ejecutante, por la suma de 600 millones de pesos1. <\/p>\n

2.2.\tEl interesado se doli\u00f3 de que el despacho criticado para resolver su solicitud, \u00abremit[i\u00f3] a una providencia anterior\u00bb, dictada en ese juicio, \u00abarguyendo que dicha petici\u00f3n hab\u00eda sido resuelta en su contenido\u00bb, lo que el actor estim\u00f3 equivocado, porque para ese momento no hab\u00eda elevado pedimento similar al estrado. <\/p>\n

2.3.\tSostuvo que el auto aludido fue apelado, pero dicho recurso fue inadmitido por improcedente por el superior. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Civil del Circuito de Funza envi\u00f3 en calidad de pr\u00e9stamo el expediente contentivo de la ejecuci\u00f3n n\u00ba 2011-00336-00 (folio 20, cuaderno 1). <\/p>\n

4.\tIv\u00e1n Ignacio Rojas V\u00e1squez manifest\u00f3 que exist\u00edan razones para acoger la protecci\u00f3n suplicada, comoquiera que las decisiones del despacho cuestionado pusieron en riesgo al reclamante (folio 34, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 la salvaguarda suplicada, al efecto hizo un recuento detallado de las actuaciones surtidas al interior del juicio ejecutivo con ocasi\u00f3n de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito aducida por el accionante, para determinar que por m\u00e1s tachas que le mereciera al gestor la decisi\u00f3n de 25 de agosto de 2016, e incluso las anteriores de 21 de octubre de 2015 y 12 de mayo de 2016, adoptadas en relaci\u00f3n con esa tem\u00e1tica, al rehusarse a admitir el reconocimiento de la cesi\u00f3n, lo cierto era que la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la sede judicial criticada no era caprichosa ni arbitraria.
\nTambi\u00e9n estim\u00f3 que la tutela no observaba el principio de subsidiariedad, por cuanto frente a la decisi\u00f3n de 21 de octubre de 2015 que resolvi\u00f3 no aceptar la cesi\u00f3n no se propuso recurso alguno (folios 35 a 39, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el accionante se\u00f1alando que no se analiz\u00f3 que el fallador acusado \u00abatropell\u00f3 el procedimiento al atender la petici\u00f3n \u201csin estar asistido del derecho de postulaci\u00f3n\u201d, como lo acepta el mismo Tribunal\u00bb, lo que implicaba que la petici\u00f3n elevada para el reconocimiento de la cesi\u00f3n, a\u00fan no hab\u00eda sido resuelta en debida forma, pues la decisi\u00f3n del juzgado remiti\u00f3 a lo resuelto en la providencia cuestionada (folio 40, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

Al respecto, conviene precisar, en primer lugar, que en la providencia referida a espacio, el funcionario accionado resolvi\u00f3 lo referente a la petici\u00f3n de reconocimiento de la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito incoada por Carlos Alfredo Torres Romero, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00ab\u2026frente a las solicitudes de admitirse las aparentes cesiones de cr\u00e9dito a favor de Alfredo Torres e Ignacio Torres (sic), el despacho dispone estarse a lo resuelto en autos de 20 de mayo y 21 de octubre de 2015, y lo rese\u00f1ado en el numeral 2 del auto del pasado 12 de mayo\u00bb (folios 370 y 371, archivo magn\u00e9tico cuaderno 2).
\nEn los autos de 20 de mayo y 21 de octubre de 2015, el fallador criticado resolvi\u00f3, en su orden, rechazar de plano la cesi\u00f3n de cr\u00e9dito que \u00c1ngel Norberto Jim\u00e9nez C\u00e1rdenas le realiz\u00f3 a Carlos Alfredo Torres Romero \u00abpor ausencia de conocimientos jur\u00eddicos en la elaboraci\u00f3n de la misma\u00bb; y no admiti\u00f3 la primigenia cesi\u00f3n de cr\u00e9dito ni la que Carlos Alfredo Torres Romero le hiciera a Iv\u00e1n Ignacio Rojas Vel\u00e1squez, comoquiera que el ejecutante dispon\u00eda de su acreencia mientras no se admitiera la cesi\u00f3n. <\/p>\n

En la providencia de 12 de mayo de 2016, el despacho acusado memor\u00f3 los autos de 20 de mayo y 21 de octubre de 2015, indicando que ante el rechazo de plano de la inicial cesi\u00f3n de cr\u00e9dito por auto de 20 de mayo de 2015, la insistencia de la aceptaci\u00f3n y la advertencia del ejecutante -concerniente a no aceptar ning\u00fan documento que dispusiera de su derecho o parte de \u00e9ste que procediera del ejecutado o de un tercero-, resolvi\u00f3 en auto de 19 de agosto de 2015 requerir al cedente Jim\u00e9nez C\u00e1rdenas para que se manifestara, en su calidad de titular de la acreencia, sobre la presunta \u00abcesi\u00f3n del cr\u00e9dito\u00bb, bien fuera neg\u00e1ndola o aclar\u00e1ndola, con el fin de acreditar la cadena de cesiones. Ante el llamado del despacho, manifest\u00f3 el cedente que no se aceptaran dichas cesiones, es decir, que no las aclaraba, por lo que frente a ello el auto de 21 de octubre de 2015 se ajustaba a derecho, habida cuenta que se entend\u00eda perfectamente que ante la falta de aclaraci\u00f3n de la primigenia cesi\u00f3n, que fuera rechazada de plano, las cesiones siguientes y accesorias corr\u00edan la misma suerte. <\/p>\n

En el anterior contexto, advierte la Corte que si bien el reclamante erigi\u00f3 su reproche contra el prove\u00eddo de 25 de agosto de 2016 -que fuera objeto de impugnaci\u00f3n ante el superior, pero por auto de 21 de septiembre de 2017 no se examin\u00f3 debido a su inapelabilidad-, en el fondo la queja se dirige a cuestionar las decisiones de 20 de mayo y 21 de octubre de 2015, que resolvieron sobre las cesiones de cr\u00e9dito referidas a espacio, lo que fuerza a concluir que la solicitud de resguardo carece del requisito de inmediatez, toda vez que desde la emisi\u00f3n de la \u00faltima actuaci\u00f3n criticada, esto es, la del 21 de octubre de 2015, hasta la fecha de interposici\u00f3n del amparo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, a saber, 30 de noviembre de 20172, transcurrieron m\u00e1s de seis meses, super\u00e1ndose el lapso que ha fijado la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que fuera demostrado ning\u00fan motivo que justificara esa tardanza. <\/p>\n

Frente al requisito de inmediatez, la Sala ha dicho que: <\/p>\n

(\u2026) \u00abno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n

Reiterando que \u00abel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u201ca situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u201d (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u00bb (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u00abla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u00bb, en aras de \u00abpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u00bb (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 ene. 2013, rad. 2012-00274-01; STC-5977, 15 may. 2015). <\/p>\n

3.\tEn consecuencia, la decisi\u00f3n de primer grado ser\u00e1 respaldada, pero por lo dicho en precedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado, pero por las razones expresadas en esta providencia. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tEl \t18 de mayo de 2016 (folios 344 a 348, archivo magn\u00e9tico \tcuaderno 2).
\n2 \tFolio \t4, cuaderno 1.
\n9<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC961-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 25000-22-13-000-2017-00524-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 14 de diciembre de 2017 por la Sala Civil-Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101195","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101195","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101195"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101195\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101195"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101195"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101195"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}