{"id":101196,"date":"2026-07-01T17:03:09","date_gmt":"2026-07-01T17:03:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101196"},"modified":"2026-07-01T17:03:09","modified_gmt":"2026-07-01T17:03:09","slug":"stc962-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc962-2018\/","title":{"rendered":"STC962-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC962-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2017-00304-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 28 de noviembre de 2017 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jes\u00fas Alberto Cifuentes Fl\u00f3rez contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Rionegro, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes e intervinientes del proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, que dijo vulnerado por la autoridad judicial accionada, con ocasi\u00f3n del juicio ejecutivo hipotecario instaurado por Jhon Jairo V\u00e9lez Arredondo en contra del reclamante. <\/p>\n

En consecuencia, solicit\u00f3 declarar la nulidad de: (i) todo lo actuado desde el prove\u00eddo que dej\u00f3 en firme el aval\u00fao del predio hipotecado, pues desconoci\u00f3 el art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, que dispuso que trat\u00e1ndose de inmuebles \u00abel valor ser[\u00eda] el del aval\u00fao catastral del predio incrementado en un 50%, salvo que quien lo aport[ara] consider[ara] que no e[ra] id\u00f3neo para establecer su precio real\u00bb; y (ii) las providencias que dispusieron el traslado del \u00faltimo aval\u00fao pericial del bien (5 mayo de 2017), y fij\u00f3 fecha y hora para la almoneda para, en su lugar, volver a efectuar tales actos procesales (folio 2, cuaderno 1). <\/p>\n

Suplic\u00f3 como medida provisional ordenar al estrado acusado suspender el remate programado para el 15 de noviembre de 2017. <\/p>\n

2.\tEl gestor adujo como sustento de sus pedimentos, los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n

2.1.\tJhon Jairo V\u00e9lez Arredondo lo convoc\u00f3 a juicio hipotecario ante el Juzgado accionado, siendo librado mandamiento de pago en su contra el 26 de septiembre de 2014; el predio afectado con el gravamen real fue embargado y secuestrado, no obstante, en la diligencia de secuestro realizada el 24 de abril de 2015, pese a indicarse que se trataba de una sola heredad fueron secuestradas varias sin identificar los linderos de las mismas, pero s\u00ed se identificaron los del predio de mayor extensi\u00f3n. <\/p>\n

2.2.\tEl 25 de mayo de 2016 el acreedor present\u00f3 aval\u00fao, en el que el auxiliar de la justicia se\u00f1al\u00f3 que se trataba de un proyecto inmobiliario con un lote de 278 mts2, en el que los locales eran peque\u00f1os, arrojando un valor total de 891 millones 622 mil 230 pesos; pericia que no fue tenida en cuenta porque el despacho hab\u00eda nombrado otro auxiliar para el mismo fin. <\/p>\n

2.3.\tLa auxiliar designada por el funcionario criticado rindi\u00f3 la experticia indicando que no hab\u00eda certeza de la ubicaci\u00f3n f\u00edsica de los inmuebles que aparec\u00edan registrados en los folios de matr\u00edculas inmobiliarias allegados, sin embargo, la suma de los valores dados a tales predios describi\u00e9ndolos matr\u00edcula por matr\u00edcula, fue de 412 millones 816 mil 170 pesos. Dicho trabajo fue \u00abtachad[o] por error grave\u00bb por el actor, quien refiri\u00f3 que entre los dos dict\u00e1menes exist\u00edan valores desproporcionados, el despacho declar\u00f3 fundada la objeci\u00f3n. <\/p>\n

2.4.\tEl accionante alleg\u00f3 dictamen donde el valor del predio era de 894 millones 757 mil 500 pesos, y el \u00e1rea total, seg\u00fan lo que registraba catastro, era de 315 mts2, pero la sede judicial accionada no le dio m\u00e9rito alguno al mismo, subrayando que entre el trabajo presentado por el ejecutante y aqu\u00e9l solo hab\u00eda una diferencia de poco m\u00e1s de 3 millones de pesos.
\n2.5.\tEl estrado orden\u00f3 un nuevo aval\u00fao, el cual fue rendido por la suma de 582 millones 750 mil pesos, en el que \u00fanicamente se cuantific\u00f3 el globo total del terreno sin relacionar los dem\u00e1s inmuebles ni matr\u00edculas diferentes, a diferencia de las anteriores pericias. El 17 de mayo de 2017 el estrado fij\u00f3 fecha para remate. <\/p>\n

2.6.\tEl 27 de julio de la misma calenda el ejecutado present\u00f3 memorial poniendo de presente las inexactitudes del proceso dadas con ocasi\u00f3n del secuestro y los aval\u00faos allegados, en el que pidi\u00f3 realizar unas aclaraciones y oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Rionegro, a efectos de clarificar lo relativo a los inmuebles o el inmueble respecto del cual gira la ejecuci\u00f3n, a lo que el despacho no accedi\u00f3. <\/p>\n

El interesado se doli\u00f3 de que el funcionario accionado, a pesar de expresar que exist\u00edan grandes diferencias entre las experticias presentadas, le daba credibilidad a una que ten\u00eda mayor diferencia entre las aducidas al plenario, mientras que a las presentadas por las partes, siendo las m\u00e1s similares no les dio cr\u00e9dito alguno. <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Segundo Civil del Circuito de Oralidad de Rionegro manifest\u00f3 que las decisiones atacadas fueron rituadas conforme a derecho, por lo que dej\u00f3 a consideraci\u00f3n del a-quo constitucional la decisi\u00f3n que tuviera a bien adoptar (folio 16, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El Tribunal neg\u00f3 el resguardo deprecado porque no se cumpl\u00eda el requisito de subsidiariedad de la tutela, comoquiera que el actor no descorri\u00f3 el traslado del aval\u00fao del predio allegado en el \u00faltimo dictamen pericial, del cual se quej\u00f3 en sede tutelar, por lo que desperdici\u00f3 tan valiosa oportunidad para cuestionar esa cuantificaci\u00f3n; de manera que la tutela no pod\u00eda ser utilizada como un mecanismo supletorio de los instrumentos ordinarios de defensa; agreg\u00f3 que dispon\u00eda de la posibilidad de alegar las irregularidades que pudieran afectar la validez del remate hasta antes de la adjudicaci\u00f3n, de manera que como el mismo no se hab\u00eda llevado a\u00fan a cabo, contaba con ese mecanismo adicional para exponer los defectos que a su juicio pod\u00edan afectarlo (folios 20 a 25, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La present\u00f3 el actor se\u00f1alando que no compart\u00eda los fundamentos del fallo, porque el asunto sometido a examen ten\u00eda que ver con una serie de situaciones anormales surgidas con ocasi\u00f3n de las cautelas practicadas en la ejecuci\u00f3n y el aval\u00fao del predio afectado en el proceso, por lo que el asunto ten\u00eda relevancia constitucional; dijo que se agotaron los medios de defensa al alcance del ejecutado, pues fueron dictadas las sentencias de instancia, y no proced\u00eda ning\u00fan otro recurso, no obstante, persist\u00edan en el juicio las situaciones que deb\u00edan ser remediadas (folios 31 a 36, cuaderno 1).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad p\u00fablica o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el presente asunto, el accionante se duele del aval\u00fao realizado al globo de terreno embargado y secuestrado, debido a que el estrado acusado no atendi\u00f3 la previsi\u00f3n del art\u00edculo 444 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece que para cuantificar el precio de bienes inmuebles objeto de remate se tendr\u00e1 en cuenta el valor catastral del mismo aumentado en un 50%; as\u00ed mismo reprocha que no existe una determinaci\u00f3n exacta de los lotes cautelados que integran el globo de terreno. <\/p>\n

a.)\tFrente a tales censuras el resguardo implorado deviene improcedente, comoquiera que de la revisi\u00f3n del expediente contentivo del proceso hipotecario fuente de reclamo, observa la Corte que el quejoso no hizo pronunciamiento alguno frente al trabajo presentado por el perito valuador sobre los lotes cautelados, en la medida en que por auto de 5 de mayo de 20171 el despacho acusado dispuso poner en conocimiento de las partes dicho prove\u00eddo, siendo notificado por anotaci\u00f3n en estado del d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o, transcurriendo en silencio ese traslado por parte del ejecutado, mientras que el ejecutante pidi\u00f3 fijar fecha y hora para el remate2, a lo que accedi\u00f3 la sede judicial mediante auto del d\u00eda 17 de la misma mensualidad y calenda3, interviniendo el deudor s\u00f3lo hasta el 14 de julio de 2017 allegando un nuevo poder revocando al mandatario judicial que ven\u00eda represent\u00e1ndolo4, y \u00fanicamente hasta el d\u00eda 28 de julio siguiente solicit\u00f3 aplazamiento de la almoneda con el fin de que se aclararan cuestiones relativas al aval\u00fao, la vigencia de las licencias de construcci\u00f3n otorgadas para los lotes en cuesti\u00f3n5, petici\u00f3n negada por el cognoscente en providencia de 11 de agosto posterior. <\/p>\n

Lo anterior, conduce a concluir que el reclamante desperdici\u00f3 los mecanismos judiciales dispuestos al interior del proceso para criticar tanto el aval\u00fao practicado a los bienes ra\u00edces materia de remate, como el aspecto concerniente a la plena identificaci\u00f3n de los mismos, omisi\u00f3n que conlleva la convalidaci\u00f3n de lo actuado sobre esos particulares aspectos. <\/p>\n

En esa medida, no se advierte el menoscabo de las prerrogativas esenciales invocadas, toda vez que el interesado no plante\u00f3 ante el funcionario de conocimiento sus inconformidades o los motivos en que ahora funda su reclamo con miras a que en ese escenario se hubieran adoptado las determinaciones correspondientes. <\/p>\n

De modo que, <\/p>\n

\u2026si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la \u201cincuria\u201d, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 2010-00241-01; ratificada en CSJ, 29 jun. 2011, rad. 2011-00582-01; entre otras). <\/p>\n

b.)\tAunado a lo expuesto en precedencia, se advierte que el reclamante bien puede expresar las irregularidades, que en su sentir, podr\u00edan afectar el remate hasta antes de que \u00e9ste sea aprobado, conforme lo prev\u00e9 el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que reafirma la evidente inviabilidad de la petici\u00f3n tuitiva al no reunirse el presupuesto de subsidiariedad, pues el quejoso a\u00fan cuenta con un medio judicial id\u00f3neo de defensa al interior del juicio, por lo que al juez constitucional le est\u00e1 vedado invadir \u00f3rbitas exclusivas del cognoscente. <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se concluye que al alcance del actor est\u00e1 la referida v\u00eda judicial id\u00f3nea de defensa para obtener lo ac\u00e1 deprecado, circunstancia que revela la improcedencia de la petici\u00f3n de amparo de conformidad con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, puesto que: <\/p>\n

[E]n tal sentido, la Sala ha tenido la oportunidad de se\u00f1alar que este resguardo: \u2026 es un mecanismo subsidiario o residual para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de las personas, raz\u00f3n por la cual, s\u00f3lo se debe acudir a [\u00e9l] cuando no exista otro medio alternativo de defensa judicial id\u00f3neo y eficaz para su resguardo, sin que pueda el interesado pretender emplearlo para subsanar, enmendar o suplir las omisiones en que incurri\u00f3, ni acudir a la justicia constitucional soslayando los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento procesal civil, porque este amparo no se ha establecido para utilizarse en forma alternativa o sustitutiva de dichos dispositivos \u2026 (CSJ STC, 26 ene 2011, rad. 00027-00; reiterada el 11 abr. 2012, rad. 00616-00) (CSJ STC, 25 jul. 2012, rad. 2012-01494-00). <\/p>\n

3.\tLas anteriores consideraciones, sin m\u00e1s, imponen respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tFolio \t301, archivo 4 medio magn\u00e9tico aportado por el Juzgado \taccionado (folio 17, cuaderno 1).
\n2 \tFolio \t322, archivo 4 medio magn\u00e9tico aportado por el Juzgado \taccionado (folio 17, cuaderno 1).
\n3 \tFolio \t323, archivo 4 medio magn\u00e9tico aportado por el Juzgado \taccionado (folio 17, cuaderno 1).
\n4 \tFolio \t326, archivo 4 medio magn\u00e9tico aportado por el Juzgado \taccionado (folio 17, cuaderno 1).
\n5 \tFolios \t329 a 331, archivo 4 medio magn\u00e9tico aportado por el Juzgado \taccionado (folio 17, cuaderno 1).
\n11<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC962-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05000-22-13-000-2017-00304-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho). Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente al fallo proferido el 28 de noviembre de 2017 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101196","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101196\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}