{"id":101197,"date":"2026-07-01T17:03:13","date_gmt":"2026-07-01T17:03:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101197"},"modified":"2026-07-01T17:03:13","modified_gmt":"2026-07-01T17:03:13","slug":"stc963-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc963-2018\/","title":{"rendered":"STC963-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC963-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-02022-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Emiro Cordero Santos contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s sujetos intervinientes en el asunto en que se origin\u00f3 la queja. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, que estim\u00f3 conculcado por las autoridades judiciales accionadas con ocasi\u00f3n del pronunciamiento de las providencias de 28 de diciembre de 2016 y 9 de octubre de 2017, que en su orden, resolvieron acumular jur\u00eddicamente las penas impuestas al gestor en un total de 11 a\u00f1os, 10 meses y 24 d\u00edas de prisi\u00f3n; y confirmar en su integridad tal determinaci\u00f3n. <\/p>\n

2.1.\tAnte el juez ejecutor solicit\u00f3 acumular dos sanciones punitivas impuestas en su contra, mediante sentencias que cobraron firmeza en diferentes fechas, esto era, el 30 de julio de 2015 \u2013que lo conden\u00f3 a 66 meses de prisi\u00f3n por el delito de porte de armas-, y 10 de diciembre de la misma calenda \u2013que lo conmin\u00f3 a purgar 7 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n

2.2.\tEl interesado censur\u00f3 que los funcionarios accionados no aplicaran la previsi\u00f3n del art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, que indicaba que cuando se sancionaban delitos conexos en fallos independientes proced\u00eda la acumulaci\u00f3n, caso en el cual se tendr\u00eda como base la pena impuesta en la decisi\u00f3n que primero se hubiere emitido, la que su caso era la que lo sentenci\u00f3 a 66 meses de prisi\u00f3n. <\/p>\n

Tambi\u00e9n cuestion\u00f3 que se hubiere aplicado el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal pues, en su sentir, la estipulaci\u00f3n tra\u00edda en ese precepto s\u00f3lo operaba al momento de dictarse el fallo condenatorio, cuando se juzgaran varias conductas punibles dentro de la misma causa. <\/p>\n

LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 manifest\u00f3 que por auto del 9 de octubre de 2017 confirm\u00f3 el de 28 de diciembre de 2016, dictado por el Juzgado Noveno de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, que acumul\u00f3 las penas impuestas al reclamante el 23 de junio de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, y el 30 de julio de la misma anualidad por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, fijando la sanci\u00f3n en 11 a\u00f1os, 10 meses y 24 d\u00edas; dijo que ratificaron la decisi\u00f3n de primer grado, toda vez que para establecer la pena acumulada respect\u00f3 los criterios del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal (folios 12 y 13, cuaderno 1). <\/p>\n

2.\tEl Juzgado 58 Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Bogot\u00e1 inform\u00f3 que el 20 de junio de 2014 realiz\u00f3 la audiencia concentrada de legalizaci\u00f3n de allanamiento, captura, imputaci\u00f3n e imposici\u00f3n de medida de aseguramiento contra Emiro Cordero Santos, oportunidad en la que la Fiscal\u00eda 72 Seccional le dio a conocer al reclamante los hechos por los que era investigado, la adecuaci\u00f3n t\u00edpica de los mismos, quien acept\u00f3 parcialmente los cargos -concierto para delinquir-, y se le impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en establecimiento carcelario, decisi\u00f3n que no fue recurrida por las partes (folio 31, cuaderno 1). <\/p>\n

3.\tEl Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio pidi\u00f3 ser desvinculado del tr\u00e1mite tuitivo, por cuanto la queja se dirigi\u00f3 frente al juez ejecutor. Expres\u00f3 que en la causa seguida contra el accionante por el delito de concierto para delinquir con fines de tr\u00e1fico de estupefacientes, profiri\u00f3 sentencia condenatoria el 23 de junio de 2015 imponi\u00e9ndole sanci\u00f3n punitiva de 90 meses de prisi\u00f3n y multa de 4080 smlmv, determinaci\u00f3n que no fue controvertida y al cobrar ejecutoria remiti\u00f3 el asunto a los despachos de ejecuci\u00f3n para lo de su competencia (folio 37, cuaderno 1). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corporaci\u00f3n neg\u00f3 el amparo al considerar que las decisiones cuestionadas conten\u00edan juicios razonables, dado que expusieron varios motivos fundados en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica propia de la adecuada actividad judicial, recordando que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones legales, la interpretaci\u00f3n ponderada, as\u00ed como la apreciaci\u00f3n de las probanzas al desatar un asunto correspond\u00eda al \u00e1mbito de su competencia y autonom\u00eda como administradores de justicia (folios 38 a 47, cuaderno 1).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El accionante en el acto de notificaci\u00f3n personal impugn\u00f3 la referida decisi\u00f3n sin manifestar los motivos de su inconformidad (folio 54, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tAl tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.
\n2.\tEl asunto que concita la atenci\u00f3n de la Corte, se dirigi\u00f3 a reprochar las providencias de 28 de diciembre de 2016 y 9 de octubre de 2017, proferidas por las autoridades accionadas en el tr\u00e1mite de ejecuci\u00f3n de las penas impuestas al promotor por los punibles de concierto para delinquir con fines de tr\u00e1fico de estupefacientes y fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. De manera que el examen se enfocar\u00e1 en la \u00faltima de estas decisiones dado que confirm\u00f3 la primera de ellas. <\/p>\n

3.\tEl quejoso se doli\u00f3 de que no se hubiera realizado la acumulaci\u00f3n punitiva a partir de la sanci\u00f3n impuesta en la primera sentencia dictada, conforme expresamente lo prev\u00e9 el art\u00edculo 4601 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, comoquiera que el acopio punitivo se realiz\u00f3 teniendo como base la sentencia m\u00e1s grave, en aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal pues, en su sentir, dicha preceptiva no deb\u00eda aplicarse en la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas, sino en la dosificaci\u00f3n de la sanci\u00f3n al momento de dictar el fallo. <\/p>\n

El prove\u00eddo emitido por el colegiado se\u00f1al\u00f3 que la acumulaci\u00f3n de penas se deriv\u00f3 de dos sentencias ejecutoriadas emitidas en procesos distintos seguidos contra Emiro Cordero Santos, as\u00ed: (i) la de 23 de junio de 2015 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, en la que fue condenado al enjuiciado a la pena de 7 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, por el injusto de concierto para delinquir con fines de tr\u00e1fico de estupefacientes; y (ii) la de 30 de julio de esa misma calenda del Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Villavicencio, que lo sentenci\u00f3 a 66 meses de prisi\u00f3n por el delito de fabricaci\u00f3n, tr\u00e1fico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos; que la juez ejecutora estim\u00f3 procedente la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de sanciones, por virtud de lo consagrado en el art\u00edculo 460 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), ello siguiendo los derroteros del art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, es decir redosificando las penas de prisi\u00f3n partiendo de la m\u00e1s grave, la de 7 a\u00f1os y 6 meses, increment\u00e1ndola en 52 meses y 24 d\u00edas, por raz\u00f3n de la de menor gravedad, estableciendo la pena en un total de 11 a\u00f1os, 10 meses y 24 d\u00edas de prisi\u00f3n. <\/p>\n

Al respecto dijo que la norma del estatuto sustantivo en lo penal, referida a espacio, era clara en prever que se deb\u00eda tomar como base la sanci\u00f3n m\u00e1s grave conforme a su naturaleza, la que en el caso en ciernes era de 7 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n, y aumentarla en otro tanto, como lo hizo la funcionaria ejecutora. Al realizar la adici\u00f3n punitiva a la sanci\u00f3n m\u00e1s grave consider\u00f3 viable incrementarla en un 80% de la sanci\u00f3n de 66 meses de prisi\u00f3n, esto era, 52 meses y 24 d\u00edas, para un total de 11 a\u00f1os, 10 meses y 24 d\u00edas de prisi\u00f3n, cifra que no excede la suma de las dos penas acumuladas, 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n, ni los 60 a\u00f1os de prisi\u00f3n. <\/p>\n

Explic\u00f3 que la pena total estaba amparada en la discrecionalidad de la autoridad ejecutora, as\u00ed como se encontraba ajustada a los par\u00e1metros legales; que la providencia impugnada se hallaba revestida de legalidad, por cuanto el procedimiento de acumulaci\u00f3n o redosificaci\u00f3n en el caso particular no exig\u00eda el an\u00e1lisis de favorabilidad, dado que en torno al concurso de delitos (art\u00edculo 31, C\u00f3digo Penal), desde la comisi\u00f3n de las conductas que dieron lugar a las penas acumuladas a la fecha de la acumulaci\u00f3n no se observaba un tr\u00e1nsito legislativo, que requiriera la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad. <\/p>\n

Bajo ese contexto resulta evidente la improcedencia del amparo en el caso concreto, habida cuenta de que las consideraciones y fundamentos de la decisi\u00f3n censurada no se muestran arbitrarios o caprichosos, pues obedecieron a los supuestos de hecho del asunto particular, a la interpretaci\u00f3n del ordenamiento legal vigente y al precedente jurisprudencial establecido para casos como el de ahora. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese que el \u00f3rgano de cierre en materia penal con relaci\u00f3n a la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas ha mantenido uniforme la postura en el sentido de: <\/p>\n

\u2026aplicar la figura de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de penas consagrada en el art\u00edculo 470 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2000, en armon\u00eda con el art\u00edculo 31 del C\u00f3digo Penal, en tal sentido proceder\u00e1 la Corte. <\/p>\n

Para tal efecto, basta con comparar el quantum de las diferentes penalidades privativas de la libertad impuestas en las sentencias citadas, para establecer que la contenida en la del 27 de julio de 2011 es la m\u00e1s grave, toda vez que se fij\u00f3 en 108 meses de prisi\u00f3n, luego, en principio, podr\u00eda ir hasta otro tanto resultado que es superior a la suma de esa con la de 60 meses a que hace menci\u00f3n el fallo del 25 de septiembre de 2013. <\/p>\n

\u2026El segundo cuestionamiento contra la decisi\u00f3n confutada hace referencia al desconocimiento de la cl\u00e1usula contenida en la parte final del primer inciso del art\u00edculo 470 de la Ley 600 de 2000 que se\u00f1ala que la pena impuesta en la primera decisi\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta como parte de la sanci\u00f3n a imponer. <\/p>\n

Para la Sala es claro que el cabal entendimiento de la disposici\u00f3n no permite arribar a la conclusi\u00f3n sugerida por el apelante seg\u00fan la cual el Juez debe \u00abincluir dentro de la sanci\u00f3n definitiva la pena inicialmente impuesta y obtener el otro tanto de la segunda sanci\u00f3n a la cual fui condenado\u00bb, pues, ello equivaldr\u00eda a desconocer la norma en su integralidad que dispone que el proceso de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica de las penas est\u00e1 regulado por el procedimiento previsto en las normas que regulan la dosificaci\u00f3n de las penas en caso de concurso de conductas punibles. <\/p>\n

Cierto es que el art\u00edculo 470 de la Ley 600 de 2000, como tambi\u00e9n el 460 de la Ley 906 de 2004, establecen que en los casos de acumulaci\u00f3n jur\u00eddica \u00abla pena impuesta en la primera decisi\u00f3n se tendr\u00e1 en cuenta como parte de la sanci\u00f3n a imponer\u00bb, sin embargo, la propuesta hermen\u00e9utica del recurrente desconoce el verdadero alcance de esta disposici\u00f3n, pues como se indic\u00f3 precedentemente, la determinaci\u00f3n de la sanci\u00f3n por raz\u00f3n de la acumulaci\u00f3n jur\u00eddica se rige por las reglas previstas en el art\u00edculo 31 del C. P. <\/p>\n

De ah\u00ed que no resulte acertado pretender que el aparte destacado por el apelante tenga la incidencia sugerida, ya que la determinaci\u00f3n de la pena base no est\u00e1 ligada al factor temporal, es decir, si fue la primera condena, sino en su mayor gravedad como expresamente se contempla en el art\u00edculo 31 ib\u00eddem y como lo ha reiterado de manera pac\u00edfica la jurisprudencia de la Sala (CSJ SP, 30 abr 2014, rad. 43474; reiterado en AP3335-2016, 25 may. 2016, rad. 47982). <\/p>\n

4.\tAs\u00ed las cosas, la Corte observa que los razonamientos cuestionados se realizaron en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades propias del juez ejecutor de la pena que hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial y que, en consecuencia, inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en las mismas sustituyendo a aqu\u00e9l como si la tutela fuera un mecanismo alternativo y no, como ciertamente lo es, un instrumento excepcional y residual; es decir, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores, esa sola disonancia no es motivo para calificar como absurdas las referidas determinaciones. <\/p>\n

Recu\u00e9rdese, por dem\u00e1s, que la acci\u00f3n de tutela: <\/p>\n

\u2026no est\u00e1 concebida para deslegitimar, sustituir o reemplazar la labor intelectual de los funcionarios encargados de administrar justicia, mucho menos cuando la que han hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n y es sostenible frente al ataque emprendido por el promotor del amparo por no ser antojadizo ni caprichoso y, en consecuencia, sin alcance lesivo frente a las prerrogativas esenciales invocadas en el mencionado libelo \u2026 (CSJ STC, 6 may. 2011, rad. 2011-00829-00). <\/p>\n

5.\tBaste lo dicho para respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

1 \tArt\u00edculo \t460 Ley 906 de 2000. \u00abLas \tnormas que regulan la dosificaci\u00f3n de la pena, en caso de \tconcurso de conductas punibles, se aplicar\u00e1n tambi\u00e9n \tcuando los delitos conexos se hubieren fallado independientemente. \tIgualmente, cuando se hubieren proferido varias sentencias en \tdiferentes procesos. En estos casos la pena impuesta en la primera \tdecisi\u00f3n se tendr\u00e1 como parte de la sanci\u00f3n a \timponer.
\nNo \tpodr\u00e1n acumularse penas por delitos cometidos con \tposterioridad al proferimiento de sentencia de primera o \u00fanica \tinstancia en cualquiera de los procesos, ni penas ya ejecutadas, ni \tlas impuestas por delitos cometidos durante el tiempo que la persona \testuviere privada de la libertad\u00bb.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC963-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-02022-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1 D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 30 de noviembre de 2017 por la Sala de Casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101197","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101197","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101197"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101197\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101197"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101197"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101197"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}