{"id":101200,"date":"2026-07-01T17:03:34","date_gmt":"2026-07-01T17:03:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101200"},"modified":"2026-07-01T17:03:34","modified_gmt":"2026-07-01T17:03:34","slug":"stc966-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc966-2018\/","title":{"rendered":"STC966-2018"},"content":{"rendered":"
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC966-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00262-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2017 por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Fredy Vargas Yepes contra el Ministerio de Defensa, el Ej\u00e9rcito Nacional y el Batall\u00f3n de Infanter\u00eda Mecanizado No. 4 – General Antonio Nari\u00f1o de dicha entidad castrense, a cuyo tr\u00e1mite fue vinculada el \u00c1rea de Sanidad del mentado Batall\u00f3n. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana, a la solidaridad, a la igualdad, a la salud, a la \u00abseguridad social integral\u00bb y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad cuestionada.
\nDe acuerdo a lo anterior, solicit\u00f3 ordenar i) se le \u00abbrinde atenci\u00f3n m\u00e9dica inmediata en materia de salud, a ra\u00edz del accidente de trabajo y [se] ordene la atenci\u00f3n en materia de salud en cualquier cl\u00ednica de la ciudad, ante los m\u00e9dicos especialistas que autoricen los procedimientos terapias (sic), se cancele los gastos de transporte para [\u00e9l] y [su] acompa\u00f1ante en el evento que sea necesario\u00bb; y ii) la calificaci\u00f3n por la junta de Calificaci\u00f3n de Invalidez del Ej\u00e9rcito Nacional \u00abpara que determine la disminuci\u00f3n de [su] capacidad f\u00edsica y as\u00ed mismo se ordene el pago de dicha calificaci\u00f3n acorde a la disminuci\u00f3n de [su] capacidad f\u00edsica, asimismo se [le] cancele las incapacidades directamente de forma urgente y sin m\u00e1s dilaciones hasta tanto no se cumpla con el proceso de rehabilitaci\u00f3n y se encuentre la calificaci\u00f3n en firme\u00bb. <\/p>\n

2. La queja constitucional se sustent\u00f3, en s\u00edntesis, en lo siguiente: <\/p>\n

2.1. Jhon Fredy Vargas Yepes se\u00f1al\u00f3 que mientras prestaba el servicio militar en el Batall\u00f3n referido en l\u00edneas anteriores, fue diagnosticado con \u00abdisco desviado y hernia en la columna\u00bb, no obstante su superior \u00abno hizo reporte del [mismo] a la ARL o a sanidad militar para que [su] patolog\u00eda hubiese sido tratada como un accidente laboral\u00bb. <\/p>\n

2.2. Indic\u00f3 que con motivo de la situaci\u00f3n descrita, el m\u00e9dico tratante le prescribi\u00f3 6 meses de incapacidad y le indic\u00f3 \u00abque no pod\u00eda hacer ning\u00fan movimiento brusco ni agachar[se]\u00bb, sin embargo, cuando se reintegr\u00f3 lo \u00abpusieron a hacer aseo, trapear, barrer y recoger basura, lo cual genera bastante esfuerzo en la columna vertebral\u00bb. <\/p>\n

2.3. Consign\u00f3 que el 26 de agosto de 2016 termin\u00f3 \u00ab[su] servicio militar\u00bb, que desde que sufri\u00f3 el accidente nunca fue valorado \u00abpara determinar la disminuci\u00f3n de la capacidad f\u00edsica y el servicio m\u00e9dico fue exageradamente pobre y deficiente, a tal punto que su estado de salud empeor\u00f3 gracias a las omisiones del batall\u00f3n\u00bb, as\u00ed pues, se duele de que la desidia de la autoridad criticada es \u00absistem\u00e1tica y reiterada\u00bb, raz\u00f3n por la cual las prerrogativas invocadas est\u00e1n siendo conculcadas. <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n

1. El Batall\u00f3n de Infanter\u00eda Mecanizado No. 4 \u2013 General Antonio Nari\u00f1o sostuvo que no desconoci\u00f3 el derecho a la salud invocado, lo anterior, en la medida en que de las pruebas aportadas por el accionante se desprend\u00eda que a \u00e9ste se le realizaron \u00abatenciones m\u00e9dicas donde se indica que la atenci\u00f3n recibida es de car\u00e1cter subsidiad[o] y adscrito al r\u00e9gimen de excepciones de las Fuerzas Militares\u00bb. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que el gestor \u00abno hizo presentaci\u00f3n en la Unidad a fin de resolver la situaci\u00f3n de sanidad presentada[,] por lo tanto, se encuentra vencido el t\u00e9rmino para la realizaci\u00f3n de ex\u00e1menes que acrediten que la lesi\u00f3n que manifiesta tener actualmente sea con ocasi\u00f3n a la etapa en la que desarrollo la prestaci\u00f3n de su servicio militar\u00bb, en consecuencia, solicit\u00f3 denegar la salvaguarda rogada (folios 46 y 47, cuaderno 1). <\/p>\n

2. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio frente al reclamo tutelar. <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

El a-quo concedi\u00f3 la salvaguarda tras considerar que \u00abse echa de menos la elaboraci\u00f3n del informe por lesi\u00f3n que debi\u00f3 ser expedido por el Ej\u00e9rcito una vez tuvo conocimiento del accidente sufrido por el actor, pues\u2026 este documento constituye el primer paso en la pr\u00e1ctica de la valoraci\u00f3n de sus patolog\u00edas por parte de la junta m\u00e9dico laboral, fin \u00faltimo del accionante como se extrae de su solicitud proteccionista. As\u00ed las cosas, la ausencia de un dictamen que determine las condiciones f\u00edsicas del tutelante respecto al accidente que padeci\u00f3 mientras se encontraba vinculado al Ej\u00e9rcito Nacional y el que arguye disminuy\u00f3 su capacidad laboral, en efecto, constituye, per se, desconocimiento del derecho que le asiste como afectado de ser valorado por la autoridad competente\u00bb; por lo que orden\u00f3: <\/p>\n

Al Ej\u00e9rcito Nacional \u2013 Batall\u00f3n de Infanter\u00eda Mecanizado No. 4 General Antonio Nari\u00f1o que dentro de las setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, proceda a la elaboraci\u00f3n del informe administrativo por lesi\u00f3n del accidente sufrido por el accionante a fin de que sea posteriormente valorado [por] la Junta M\u00e9dica \u2013 Laboral de dicha instituci\u00f3n en aras de determinar su p\u00e9rdida de capacidad laboral. Asimismo, deber\u00e1 habilitar los servicios de salud del actor para la pr\u00e1ctica de las valoraciones especializadas a que haya lugar con ocasi\u00f3n al tr\u00e1mite correspondiente para expedir el acotado informe y la valoraci\u00f3n m\u00e9dico \u2013 laboral respectiva. <\/p>\n

En punto al pago de incapacidades reclamado, deneg\u00f3 el amparo, comoquiera que \u00abno existe sustento probatorio para acceder a ello, igual suerte corre la protecci\u00f3n al derecho al m\u00ednimo vital, pues no se avizora su lesi\u00f3n\u00bb (folios 52 a 60, cuaderno 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

El Batall\u00f3n de Infanter\u00eda Mecanizada No. 4 \u2013 General Antonio Nari\u00f1o impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n alegando que \u00abno existe informe que indique la existencia de un hecho generador de lesi\u00f3n\u00bb; resalt\u00f3 que al petente se le inform\u00f3 \u00abla necesidad de su comparecencia dentro del lapso otorgado por la ley vigente para prestaci\u00f3n de servicio militar[,] la cual era la Ley 48 de 1993, donde se indica que el t\u00e9rmino es de tres meses, contados a partir de su licenciamiento para realizar las verificaciones correspondientes, cita que no fue de cumplimiento por parte del reservista\u00bb. Agreg\u00f3 que de los documentos que reposan en esa entidad no se evidencia \u00abque los motivos que generaron la consulta sean por afectaci\u00f3n derivada del servicio militar\u00bb. <\/p>\n

Finalmente, refiri\u00f3 que en relaci\u00f3n con la inclusi\u00f3n del querellante en los servicios de salud no tiene competencia para decidir, \u00abya que la misma depende de la Direcci\u00f3n de Sanidad en la ciudad de Bogot\u00e1 por lo cual se remitir\u00e1 copia de la decisi\u00f3n emitida por esa autoridad\u00bb, sin embargo, para que dicha inclusi\u00f3n sea efectiva \u00abes necesario demostrar que existe una lesi\u00f3n y que la misma se deriva de la prestaci\u00f3n del servicio militar\u00bb (folios 52 a 60, cuaderno 1). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n

Tambi\u00e9n se ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acci\u00f3n constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n

2. El derecho a la salud ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional como una garant\u00eda fundamental aut\u00f3noma que: <\/p>\n

\u2026tiene una doble connotaci\u00f3n \u2013derecho constitucional fundamental y servicio p\u00fablico-. En tal sentido, todas las personas deben poder acceder al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar, dirigir, reglamentar y garantizar su prestaci\u00f3n de conformidad con los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad (CC T-1036\/07). <\/p>\n

As\u00ed como tambi\u00e9n ha considerado que: <\/p>\n

\u2026en materia de amparo del derecho fundamental a la salud por v\u00eda de tutela, \u2018una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario orientadas a determinar cu\u00e1les son las prestaciones obligatorias en salud y a trazar las v\u00edas de acceso a la seguridad social, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, todas las personas sin excepci\u00f3n pueden acudir a la acci\u00f3n de tutela para lograr la efectiva protecci\u00f3n de su derecho constitucional fundamental a la salud cuando quiera que este derecho se encuentre amenazado de vulneraci\u00f3n o haya sido conculcado\u2019 (CC T-919\/08). <\/p>\n

3. Descendiendo al sub examine, circunscrita la Corte a la impugnaci\u00f3n propuesta, se advierte que el amparo incoado estaba llamado a prosperar, comoquiera que de las pruebas adosadas al expediente se tiene que el Batall\u00f3n de Infanter\u00eda No. 4 \u2013 General Antonio Nari\u00f1o no desvirtu\u00f3, en tiempo, lo manifestado por el tutelante, pues en la contestaci\u00f3n del resguardo solo pretendi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de la salvaguarda tras argumentar que el promotor hab\u00eda perdido su oportunidad para ser evaluado, por cuanto no se present\u00f3 dentro de los 3 meses establecidos por la norma para calificar su estado de salud, sin que lo consignado en el escrito de impugnaci\u00f3n, en punto a la inexistencia de lesi\u00f3n por carencia de informe, pueda modificar las consideraciones del a quo, por no haber sido alegada de manera oportuna tal situaci\u00f3n. <\/p>\n

En tal sentido, frente a la presunci\u00f3n de veracidad, en un asunto de similares contornos, la Corte dej\u00f3 dicho que: <\/p>\n

\u2026se conceder\u00e1 el amparo deprecado, pues seg\u00fan afirm\u00f3 el tutelante, el ente accionado no ha efectuado el se\u00f1alado informe, el cual debi\u00f3 haberse rendido dentro de los dos meses siguientes \u201c(\u2026) al momento en que se tenga conocimiento del accidente (\u2026)\u201d, de conformidad con lo preceptuado en el art\u00edculo 25 del Decreto 1796 de 2000. <\/p>\n

A la manifestaci\u00f3n esgrimida por el gestor debe otorg\u00e1rsele la presunci\u00f3n de veracidad estatuida en el canon 20 del Decreto 2591 de 1991, seg\u00fan el cual, ante el silencio por parte del convocado en este tr\u00e1mite constitucional, \u201c(\u2026) se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano (\u2026)\u201d. <\/p>\n

\u2026por tanto, la omisi\u00f3n endilgada al Grupo de Caballer\u00eda Mecanizado N\u00ba 5 -MAZA- dilata de manera injustificada la definici\u00f3n de la p\u00e9rdida de la capacidad laboral del se\u00f1or Lindarte Hern\u00e1ndez, quebrant\u00e1ndole, por esa senda, las garant\u00edas a la salud y a la seguridad social, pues sin el mentado \u201cinforme administrativo por lesiones\u201d no se puede establecer el nivel de afectaci\u00f3n sufrido por el querellante, lo cual merma la posibilidad tanto de un tratamiento m\u00e9dico eficaz, como la de iniciar el procedimiento a que hubiere lugar, en caso de conocerse alguna discapacidad (CSJ STC14269-2015, 16 oct. 2015, rad. 2015-00264-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, se itera, que en aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de veracidad contemplada en el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, tras el silencio de la accionada, al momento de responder la tutela de cara a la afirmaci\u00f3n del gestor, se deber\u00e1 ratificar la decisi\u00f3n de conceder el amparo deprecado, pues, int\u00e9rase, la negaci\u00f3n tra\u00edda al formular la impugnaci\u00f3n resulta extempor\u00e1nea. <\/p>\n

4.\tLo decantado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

Ausencia Justificada
\nMARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tArt\u00edculo \t20. \t-Presunci\u00f3n \tde veracidad. Si el informe no fuere rendido dentro del plazo \tcorrespondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se \tentrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime \tnecesaria otra averiguaci\u00f3n previa.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC966-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00262-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de noviembre de 2017 por la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101200","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101200","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101200"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101200\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101200"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101200"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101200"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}