{"id":101201,"date":"2026-07-01T17:03:48","date_gmt":"2026-07-01T17:03:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101201"},"modified":"2026-07-01T17:03:48","modified_gmt":"2026-07-01T17:03:48","slug":"stc967-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc967-2018\/","title":{"rendered":"STC967-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC967-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-01930-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodrigo Hern\u00e1n Riveros Cuervo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, el Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de la misma ciudad, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Empresa de Env\u00edos 4-72. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl accionante, actuando en su propio nombre, solicit\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n

2.\tExpuso que promovi\u00f3 acci\u00f3n de tutela contra las Secretar\u00edas Distritales de Gobierno y de Integraci\u00f3n Social de Bogot\u00e1, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar \u2013 ICBF, Comisar\u00eda de Familia de la Localidad de Bosa y la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n por vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n

Mediante sentencia de 12 de septiembre de 2017, el Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1, neg\u00f3 la salvaguarda al considerar que \u00abla respuesta a los derechos de petici\u00f3n se les hab\u00eda dado de forma concreta e inmediata (\u2026) que por razones de no haberse logrado hacer su entrega f\u00edsica, la autoridad censurada Secretar\u00eda de Gobierno de Bogot\u00e1 public\u00f3 esta respuesta en sus dependencias por edicto (\u2026)\u00bb, decisi\u00f3n que impugnada, la confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal en providencia de 19 de octubre de 2017. <\/p>\n

Adicionalmente refiri\u00f3 que el 30 de octubre de 2017, v\u00eda correo electr\u00f3nico radic\u00f3 petici\u00f3n al Tribunal Superior solicitando \u00ab(\u2026) copias de los folios 99 y 100 donde se presum\u00eda que estuviese la respuesta al derecho de petici\u00f3n de fecha 25 de julio de 2017 (\u2026)\u00bb sin embargo, la contestaci\u00f3n que al respecto dio esa Corporaci\u00f3n \u00ab(\u2026) no satisface el derecho de petici\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia pide \u00ab(\u2026) se deje sin efecto el fallo de segunda instancia [de tutela] de fecha de 19 de octubre de 2017 y se revoque el fallo de 1\u00aa instancia de fecha 26 de septiembre de 2017 proferido por el Juzgado 10 de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 y en consecuencia tutele el derecho fundamental a la petici\u00f3n (\u2026) se le ordene a la empresa de correos 472 (\u2026) entregue informaci\u00f3n clara, precisa y concisa de las razones de la no entregue (sic) del servicio de correspondencia certificada correspondiente a la gu\u00eda RN780471124CO y por qu\u00e9 razones se devolvi\u00f3 al remitente (\u2026) exhortar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y Consejo Superior de la Judicatura para que se lleve a cabo la apertura correspondiente investigaci\u00f3n disciplinaria, penal y administrativa a que haya lugar por el actuar de las autoridades de 1 y 2 instancia al proferir sentencias judiciales sin motivaci\u00f3n ni argumentaci\u00f3n (\u2026)\u00bb (ff. 1 a 7, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Secretar\u00eda de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, admiti\u00f3 haber recibido por correo electr\u00f3nico petici\u00f3n del actor solicitando copias de los folios 99 y 100 correspondientes a la respuesta otorgada por uno de los accionados en la tutela discutida; al respecto, indic\u00f3 que se le entregaron al quejoso en total 18 folios, que conten\u00edan los que \u00e9l requer\u00eda y la sentencia proferida en esa instancia, igualmente se le inform\u00f3 que el expediente original fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, lo que demuestra que se han \u00absurtido los tr\u00e1mites a cargo de manera oportuna y, por ende, no se ha incurrido en conducta que pueda afectar los derechos fundamentales invocados por el actor\u00bb (ff. 30, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n cuestionada explic\u00f3 las razones que lo llevaron a concluir la improcedencia de la acci\u00f3n de amparo por ausencia de vulneraci\u00f3n respecto del derecho demandado por el actor en el tr\u00e1mite constitucional referido, en tal sentido precis\u00f3 que las entidades acusadas adujeron que no era posible obtener la documentaci\u00f3n pedida por el interesado \u00abporque no son responsables de la guarda y conservaci\u00f3n de los [expedientes] para el periodo que alude el accionante, m\u00e1xime cuando se pudo establecer que quien ostentaba dicha obligaci\u00f3n era la Alcald\u00eda Local de Kennedy y le inform\u00f3 al accionante que de la revisi\u00f3n de los archivos correspondientes a la Comisar\u00eda de Familia de la Localidad S\u00e9ptima de Familia de Bosa, en ella solo reposa la documentaci\u00f3n del a\u00f1o 1997 a 2002\u00bb, de esta forma consider\u00f3 que pese a no suministrarse \u00ab(\u2026) los documentos requeridos por el actor, ello se sustent\u00f3 en que en efecto se expidieron con bastante antig\u00fcedad, motivo por el cual no fue posible acceder a los mismos, y conforme a ello, si bien no se produjo una respuesta que satisficiera los intereses del accionante, las entidades accionadas realizaron gestiones necesarias para establecer su ubicaci\u00f3n\u00bb (ff. 41 y 42, ib.). <\/p>\n

FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n porque es inviable para controvertir lo resuelto en otro tr\u00e1mite semejante, de ah\u00ed que \u00abcomo bien lo ha se\u00f1alado la Corte Constitucional, la competencia para revisar sentencias de \u00e9sa \u00edndole es exclusiva y excluyente de esa Corporaci\u00f3n, considerada \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Sobre el derecho de petici\u00f3n que el actor reclama igualmente vulnerado por la Corporaci\u00f3n aqu\u00ed accionada, estableci\u00f3, conforme a lo aportado a la actuaci\u00f3n, que aquella brind\u00f3 pronta y efectiva respuesta a lo solicitado por el querellante (ff. 54 a 64, cd. 1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Inconforme, el actor refut\u00f3 el fallo anterior se\u00f1alando que \u00abno se ajusta a lo determinado por la Corte Constitucional en lo que hace referencia a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencia de tutela (\u2026)\u00bb, e insisti\u00f3 en que los jueces acusados en la primigenia acci\u00f3n tutelar \u00abincurrieron en una v\u00eda de hecho y en un defecto sustantivo al darle validez a una respuesta de derecho de petici\u00f3n sin que la respuesta satisficiera las pretensiones de lo pedido\u00bb (ff. 73 a 75, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i)\u00a0\u201cQue la cuesti\u00f3n que se discuta tenga una evidente relevancia constitucional; (\u2026)(ii)\u00a0\u00a0Que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable;(\u2026)(iii)\u00a0\u00a0Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (\u2026)(iv)\u00a0\u00a0\u00a0Que, trat\u00e1ndose de una irregularidad procesal, quede claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. (\u2026)(v)\u00a0\u00a0Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible;(\u2026)\u00a0 y (vi)\u00a0Que no se trate de sentencias de tutela (\u2026)\u201d. (CC. Sentencias C-590 de 2005; SU-198 de 2013) (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n

Lo anteriormente resaltado revela con absoluta claridad que esta acci\u00f3n es a todas luces improcedente respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional. <\/p>\n

En este sentido se ha expuesto: \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que en el tr\u00e1mite de la tutela existen mecanismos judiciales de defensa que tornan improcedente dicha acci\u00f3n constitucional contra una sentencia de amparo, cuales son el de impugnaci\u00f3n ante el inmediato superior funcional y la revisi\u00f3n eventual de la Corte Constitucional, de suerte que estos especiales y restringidos medios son los expeditos como instrumentos judiciales defensivos\u00bb (CSJ STC 2 oct. 2008, rad. 01619-00, reiterada en STC4241 de 7 abr. de 2016). <\/p>\n

2.\tY es que resulta evidente que la pretensi\u00f3n del solicitante, tal cual como la plantea, se encuadra dentro de dicha hip\u00f3tesis inadmitida por la jurisprudencia constitucional que impide la irrupci\u00f3n de un juez de tutela en el \u00e1mbito de otra autoridad con id\u00e9ntico campo funcional excepcional de conocimiento (tutela contra sentencias de tutela rad. 2017-01127-01, fallo de primera instancia de 12 de septiembre de 2017 del Juzgado D\u00e9cimo de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bogot\u00e1 \u2013 sentencia segunda instancia de 19 de octubre de 2017 Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u2013 ff. 32 a 39, ib.), aspecto contundentemente proscrito bajo la consciencia de la necesidad de linderos que toda controversia debe tener para la realizaci\u00f3n de los fines de la justicia (CSJ SC STC4929-2016, 20 abr. 2016, rad. 2016-00041-01). <\/p>\n

De igual forma, se ha dicho y reiterado que las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con una nueva acci\u00f3n de naturaleza an\u00e1loga para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n

As\u00ed que, se itera, al cuestionar fallos proferidos por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo, no puede tener cabida otro para contrarrestarlo, porque de hacerlo, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de procedimientos del mismo car\u00e1cter que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo (ver, entre otras, CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, STC11794-2014 y STC1894-2016, 18 feb. 2016, rad. 00245-01). <\/p>\n

Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n de tutela encaminada a infirmar las decisiones adoptadas en una acci\u00f3n parecida, la reiterada postura de la Corte Constitucional ha se\u00f1alado que es un aspecto unificado, constante y vigente que debe ser atendido, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (CC SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n

3.\tInsiste la Sala que la inconformidad que se suscite frente al fallo de tutela, no puede encontrar respuesta a trav\u00e9s de una nueva invocaci\u00f3n del mismo instrumento jur\u00eddico, pues para ese efecto, el legislador dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse \u00e9sta, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para ello, siendo instituida la Corte Constitucional, como el \u00d3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n

Significa lo anterior que el mecanismo de resguardo tambi\u00e9n debe cumplir con el requisito de subsidiariedad, el cual es inherente a la acci\u00f3n de tutela, como lo precis\u00f3 esta Corte, recogiendo los precedentes jurisprudenciales de la misma Corporaci\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) Como no es factible interponer una nueva acci\u00f3n de tutela contra la sentencia que defini\u00f3 una anterior, quien estime que la primera sentencia dictada por el ad quem est\u00e1 construida sobre v\u00edas de hecho, debe solicitar a esa Corporaci\u00f3n que revise dicho fallo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera, la persona afectada no queda desamparada jur\u00eddicamente ante la eventualidad de que en realidad la sentencia sea materialmente injusta. (\u2026) Si la Corte Constitucional no revisa la sentencia de tutela oficiosamente ni a solicitud del interesado, o si accede a hacerlo, el actor debe estarse a lo resuelto por dicha Corte que es la \u00faltima palabra sobre el asunto, y hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, pues el legislador, para evitar la cadena ilimitada de litigios la instituy\u00f3 \u2018como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo\u00bb. (CSJ SC, 30 ago. 2012, rad. 00258-01, reiterada, entre otras, en STC 2483-2016, 3 mar. 2016, rad. 00405-00 y STC8289-2016, 22 jun. 2016, rad. 00193-01). <\/p>\n

4.\tPor otra parte, tal como lo concluy\u00f3 la Sala a quo, revisado lo aportado a esta actuaci\u00f3n por la Colegiatura enjuiciada, pudo verificarse que en efecto brind\u00f3 respuesta oportuna y de fondo al requerimiento del actor del 25 de septiembre de 2017 enviado al correo electr\u00f3nico de ese Tribunal; en tal sentido, acredit\u00f3 haberle procurado las copias de los folios del expediente de tutela pretendidos, as\u00ed como de la providencia constitucional emitida en esa sede (ff. 30 vto., y 31, \u00eddem). <\/p>\n

De lo anterior se desprende que la afectaci\u00f3n del derecho invocado por la presunta falta de respuesta en este caso resulta claramente infundada, pues, como qued\u00f3 demostrado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de la Sala Penal, atendi\u00f3 lo solicitado por el peticionario contestando dentro del t\u00e9rmino legal (31 de octubre de 2017) la petici\u00f3n por aquel impetrada, igualmente se tiene la certeza que fue efectivamente notificada al mismo correo electr\u00f3nico a trav\u00e9s del cual se present\u00f3 tal como se dej\u00f3 constancia (f. 40, \u00edd.). <\/p>\n

5.\tFinalmente, si en criterio del demandante, los aqu\u00ed accionados merecen por su proceder ser investigados disciplinaria o penalmente seg\u00fan lo acusa, puede acudir a las autoridades respectivas a denunciar tal circunstancia, pues ellas son las competentes para definir si le asiste o no raz\u00f3n en sus afirmaciones. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC967-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-01930-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 23 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101201","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101201","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101201"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101201\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101201"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101201"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101201"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}