{"id":101203,"date":"2026-07-01T17:04:02","date_gmt":"2026-07-01T17:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101203"},"modified":"2026-07-01T17:04:02","modified_gmt":"2026-07-01T17:04:02","slug":"stc969-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc969-2018\/","title":{"rendered":"STC969-2018"},"content":{"rendered":"
Magistrado Ponente <\/p>\n

STC969-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2017-00325-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 30 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Zurella Rojas Molina contra el Juzgado Civil del Circuito de Granada, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes en el Hipotecario n\u00ba 2013-00143. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tLa solicitante, \u00abactuando en mi calidad de apoderada en el ejecutivo\u2026\u00bb, reclama la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada, al declarar el desistimiento t\u00e1cito de la actuaci\u00f3n correspondiente al asunto antes referido.
\n2. En s\u00edntesis, la reclamante, fungiendo como representante judicial del Banco Agrario de Colombia, instaur\u00f3 una ejecuci\u00f3n contra Wilmer Ospina Murillo, en la cual el Despacho accionado libr\u00f3 mandamiento de pago el 9 de agosto de 2013, el cual le fue notificado a trav\u00e9s de curador ad litem previo el respectivo emplazamiento. <\/p>\n

Dijo que sin haber ordenado seguir adelante la ejecuci\u00f3n, el 24 de abril de 2017 el Juzgado dispuso \u00aboficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de San Mart\u00edn, para que remitiera con destino al Despacho el certificado de tradici\u00f3n\u00bb del bien identificado con folio inmobiliario n\u00ba 236-30139, y solicit\u00f3 a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n informara el estado en que se hallaba el proceso seguido en relaci\u00f3n al inmueble sobre el que se ejerc\u00eda persecuci\u00f3n judicial. <\/p>\n

Adujo que habiendo allegado el certificado de tradici\u00f3n el 6 de julio de 2017, \u00abconfi\u00f3\u00bb en que por Secretar\u00eda se tramitar\u00eda el oficio dirigido a la Fiscal\u00eda, pero \u00abel 27 de julio el Despacho me requiere para que gestione lo ordenado\u00bb, y por auto del 15 de septiembre de 2017 \u00abemite auto decretando el desistimiento t\u00e1cito\u00bb, aduciendo que \u00abno cumpli\u00f3 las cargas procesales\u00bb. <\/p>\n

Indic\u00f3 que es infundado el argumento del querellado ya que la falta de efectividad de la cautela no ha sido por negligencia suya, sino por las condiciones en que se halla el inmueble, pues est\u00e1 \u00abembargado por la Fiscal\u00eda Trece y en suspensi\u00f3n del poder dispositivo\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00abactualmente estoy sufriendo de la columna\u00bb y debi\u00f3 ser inmovilizada \u00abdesde principios de agosto hasta mediados de octubre\u00bb.
\n3. Pretende que mediante esta v\u00eda se proceda a \u00abREVOCAR el auto de fecha septiembre 15 del 2017 y como consecuencia ACTIVAR EL PROCESO\u2026\u00bb (fls. 1 a 5, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

El funcionario encartado se opuso al auxilio, aduciendo que la accionante \u00abno acudi\u00f3 a los medios de defensa ordinarios con los cuales contaba, tales como la interposici\u00f3n de los medios de impugnaci\u00f3n en contra de los autos mediante los cuales se le requiri\u00f3 para que cumpliera la carga procesal en concreto, necesaria para el avance exitoso del proceso\u00bb; tambi\u00e9n adujo que las decisiones atacadas \u00abno son arbitrarias ni caprichosas\u00bb, y, finalmente que la solicitante \u00abcarece de legitimidad en la causa\u00bb, por cuanto la afectaci\u00f3n invocada \u00abdebe ser alegada por la parte que representa y no por la abogada misma\u00bb, pues a ella \u00abno se le estar\u00eda vulnerando derecho alguno\u00bb (fls. 23 y 24, ib\u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio por improcedente al establecer que el querellante \u00abcarece de legitimaci\u00f3n en causa por activa\u00bb, toda vez que quien lo promueve dijo actuar como apoderada del Banco Agrario de Colombia, \u00abempero, no aport\u00f3 el poder especial conferido por la precitada entidad que la habilite para instaurar esta acci\u00f3n\u00bb, y que \u00abtampoco se configuran los presupuestos para la agencia oficiosa\u00bb; de otra parte, dijo que revisado el pertinente tr\u00e1mite procesal, no advert\u00eda vulneraci\u00f3n a derecho alguno de la abogada demandante que ameritara la intervenci\u00f3n constitucional (fls. 29 a 33, cd. 1).
\nLA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La impetr\u00f3 la accionante para refutar en la legitimaci\u00f3n para actuar como apoderada de la entidad bancaria que funge como ejecutante, en tanto el poder que le fuera otorgado lo fue para que \u00abasuma con todas las facultades inherentes a su defensa\u00bb, y entre los cuales considera est\u00e1 el de velar porque no se viole el debido proceso a favor de su representado y de ella como abogada, pues insiste en que no ha habido negligencia de su parte en la b\u00fasqueda del resultado perseguido con la ejecuci\u00f3n, y el desistimiento decretado \u00abacarrea responsabilidad civil en caso de un llamamiento en garant\u00eda y disciplinaria (\u2026)\u00bb (fls. 38 a 41, ib\u00eddem). <\/p>\n

1. Por cuanto la presente queja constitucional se dirige a cuestionar la decisi\u00f3n contenida en el prove\u00eddo 15 de septiembre de 2017, mediante la cual el Juzgado Civil del Circuito de Granada declar\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito en el proceso ejecutivo hipotecario n\u00ba 2013-00143, se establece que el afectado con tal actuaci\u00f3n judicial es la parte ejecutante, esto es, el Banco Agrario de Colombia, corresponde a la Sala establecer si la solicitante, por el hecho de por haber obrado como su apoderada judicial en dicho litigio, est\u00e1 o no facultada para representarlo en este tr\u00e1mite. <\/p>\n

Lo anterior porque m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza del resguardo constitucional, resulta claro que al mismo no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, tal cual es el caso de la legitimaci\u00f3n en la causa, ya sea por activa o por pasiva. <\/p>\n

En lo referente a la primera modalidad, el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, prev\u00e9 que \u00abpodr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deber\u00e1 manifestarse en la solicitud\u00bb. <\/p>\n

Sobre el alcance jur\u00eddico de la disposici\u00f3n legal en cita, la jurisprudencia constitucional sostiene que: \u00abla legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n

2. En trat\u00e1ndose de tutela promovida a trav\u00e9s de apoderado judicial, el criterio que de vieja data sent\u00f3 esta Corte y que hoy se mantiene vigente, corresponde a que \u00abel mandato conferido al abogado para actuar en el proceso no lo legitima para instaurar la acci\u00f3n de tutela con miras a obtener la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales de su poderdante y tampoco lo habilita para impugnar los fallos de tutela\u00bb (CSJ sentencias del 2 de agosto de 1996, exp. 3224; 2 de febrero de 1997, exp. 3852; y 31 de marzo de 2003, exp. 00102, citadas en sentencia del 4 de febrero de 2011, exp. n\u00ba 2010-00573-01 y STC3125-2017, 8 mar. 2017, rad. 00801-01). <\/p>\n

La postura anterior viene aparejada al precedente constitucional seg\u00fan el cual, \u00abes entendido, por las caracter\u00edsticas de la acci\u00f3n, que todo poder en materia de tutela es especial, vale decir, se otorga una sola vez para el fin espec\u00edfico y determinado de representar los intereses del accionante en punto de los derechos fundamentales que alega, contra cierta autoridad o persona y en relaci\u00f3n con unos hechos concretos que dan lugar a su pretensi\u00f3n\u00bb (CC T-001\/97). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n

De acuerdo con ello y revisado el tr\u00e1mite surtido se establece que la peticionaria no est\u00e1 facultada para interponer la presente acci\u00f3n, ya que la actuaci\u00f3n desplegada en el asunto civil s\u00f3lo le compete a las partes all\u00ed involucradas y no a los apoderados, condici\u00f3n que detenta la actora, seg\u00fan se desprende de su propio dicho contenido en el escrito de amparo. <\/p>\n

Al respecto esta Sala ha expuesto que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aquella a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo. (\u2026). El principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, reiterada en STC3125, 8 mar. 2017, rad. 00801-01, y STC7719-2017, 1\u00ba jun. 2017, rad. 00326-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, era perentorio que el quejoso demostrara en debida forma el derecho de postulaci\u00f3n para representar a la entidad bancaria que instaur\u00f3 la ejecuci\u00f3n sobre la cual recay\u00f3 la figura jur\u00eddica del desistimiento t\u00e1cito, si pretend\u00eda actuar como su agente oficioso, con observancia en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, debi\u00f3 alegar alguna circunstancia especial que le impidiera a aquella acudir por s\u00ed misma para defender sus derechos, omisiones que impiden estudiar de fondo las pretensiones. <\/p>\n

3. Ahora, en cuanto al reclamo que la abogada realiza a t\u00edtulo personal, a lo anterior se acota que es infundado acudir al resguardo aduciendo vulneraci\u00f3n a sus prerrogativas fundamentales, en tanto que \u00abcuando la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales dimana de actuaciones cumplidas en un espec\u00edfico tr\u00e1mite judicial, la legitimidad para pretender su reparaci\u00f3n s\u00f3lo est\u00e1 radicada en quienes son parte en tal asunto y no, como aqu\u00ed acontece, en quien no tiene tal calidad\u00bb (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC13818, rad. 00386-01 de 29 sep. de 2016 y STC17519-2016, 30 nov. 2016, rad. 29 nov. 2016). <\/p>\n

Adicionalmente, las consecuencias jur\u00eddicas de orden disciplinario o patrimonial a que alude en la impugnaci\u00f3n, derivadas de las posibles acciones que pudieran adelantarse por cuenta de su cliente aduciendo desatenci\u00f3n de sus deberes profesionales, no encuentran respuesta por esa excepcional senda, pues ante tales eventualidades ser\u00e1 ante los jueces competentes en donde habr\u00eda de plantear las explicaciones pertinentes, como que por la afectaci\u00f3n en su salud, no asumi\u00f3 la defensa judicial de su poderdante, solicitando la interrupci\u00f3n del juicio y\/o impetrando los recursos ordinarios que la ley prev\u00e9 para contrarrestar los efectos de tales determinaciones. <\/p>\n

4. Corolario de lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n de la protecci\u00f3n implorada en virtud a su improcedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Magistrado Ponente STC969-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-13-000-2017-00325-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101203","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101203","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101203"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101203\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101203"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101203"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101203"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}