{"id":101207,"date":"2026-07-01T17:04:28","date_gmt":"2026-07-01T17:04:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101207"},"modified":"2026-07-01T17:04:28","modified_gmt":"2026-07-01T17:04:28","slug":"stc974-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc974-2018\/","title":{"rendered":"STC974-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC974-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2017-00853-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga el 4 de diciembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Carlos Vera Galvis contra el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2013-00375. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tActuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y \u00aba la tutela judicial efectiva\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada al aprobar el acuerdo conciliatorio planteado dentro del asunto antes referido. <\/p>\n

2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del declarativo de uni\u00f3n marital de hecho y existencia de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes que promovi\u00f3 su progenitora Martha Janneth Galvis Mart\u00ednez, quien falleci\u00f3 estando en curso el pleito, \u00e9l, \u00abactuando en calidad de \u00fanico hijo y heredero\u00bb concurri\u00f3 como sucesor procesal. <\/p>\n

Indic\u00f3 que tras haber adelantado la liquidaci\u00f3n notarial de su causante, el 6 de febrero de 2015, en la audiencia de tr\u00e1mite celebrada ante el Juzgado acusado el 6 de febrero de 2015, lleg\u00f3 a un acuerdo conciliatorio con el demandado Luis Alfonso Yepes Pati\u00f1o, en la que se accedi\u00f3 a lo pretendido en la demanda, precisando que para liquidar la sociedad patrimonial, el 6 de agosto de 2015 \u00e9l recibir\u00eda la suma de $130\u00b4000.000 y la adjudicaci\u00f3n, \u00ablibre de deudas y grav\u00e1menes\u00bb, del inmueble de matr\u00edcula n\u00ba 303-54473. <\/p>\n

Dijo que como en el citado acuerdo \u00abno fueron incluidos\u00bb dos inmuebles \u00abcuya titularidad se encontraba en cabeza del se\u00f1or LUIS ALBERTO YEPES PATI\u00d1O y el predio con matr\u00edcula inmobiliaria No. 303-50948 cuyo titular es mi se\u00f1ora madre MARTHA JANNETH GALVIS (\u2026)\u00bb, el 27 de enero de 2016 elev\u00f3 petici\u00f3n al Juzgado querellado para que le informara \u00abla situaci\u00f3n jur\u00eddica\u00bb de los mismos, pero la respuesta dada por auto del 3 de febrero de esa anualidad, fue remitirlo al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos, en tanto tales bienes no fueron afectados con la conciliaci\u00f3n que dio lugar a la terminaci\u00f3n del proceso.
\nAfirm\u00f3 que al pretender el registro del acta de conciliaci\u00f3n, \u00e9ste fue negado por la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Barrancabermeja al aducir falta de claridad en el referido documento, y que similar situaci\u00f3n se suscit\u00f3 cuando intent\u00f3 protocolizarlo ante la Notar\u00eda de Sabana de Torres; agreg\u00f3 que como el inmueble a\u00fan figura a nombre de su difunta madre, con base en dicha conciliaci\u00f3n solicit\u00f3 a la Notar\u00eda Segunda de Floridablanca la \u00abadici\u00f3n a la sucesi\u00f3n\u00bb, pero \u00e9sta fue \u00abrechazada de plano\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que por esa senda de proceda a \u00abDECLARAR sin valor ni efecto alguno la providencia dictada el 6 de febrero de 2015 por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja (\u2026) mediante el cual imparti\u00f3 aprobaci\u00f3n al acuerdo conciliatorio dentro del radicado 2013-375-00\u00bb, y en su lugar tramitar el asunto \u00abacorde con la ley procesal aplicable\u00bb (fls. 29 a 34, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n

La funcionaria encartada neg\u00f3 que en el acuerdo alcanzado por las partes se hubiera incluido bien distinto del que el demandado \u00abse comprometi\u00f3 a entregar al hoy accionante\u00bb, por ello pidi\u00f3 negar el amparo por no cumplir el presupuesto de inmediatez, toda vez que \u00abla sentencia (sic) emitida por este Juzgado data y a de hace 2 a\u00f1os y 9 meses\u00bb, y que si se dejaron de relacionar bienes que est\u00e1n a nombre de su causante, en la notar\u00eda donde adelant\u00f3 la liquidaci\u00f3n sucesoral \u00abdebe hacer uso de la figura jur\u00eddica que establece el C\u00f3digo General del proceso en su art\u00edculo 518, luego tiene otra v\u00eda para incluir los bienes a los que hace referencia en su escrito tutelar\u00bb (fls. 58 a 60, ib\u00eddem).
\n2. La curadora ad litem de los herederos indeterminados de la causante Martha Janneth Galvis Mart\u00ednez, dijo que se aten\u00eda a lo que resultara probado (fl. 69, ib\u00edd.). <\/p>\n

3. Luis Alfonso Yepes Pati\u00f1o, vinculado en su condici\u00f3n de demandado en el ordinario cuya actuaci\u00f3n censura el reclamante, a trav\u00e9s de su mandatario judicial asever\u00f3 que mientras al se\u00f1or Yepes Galvis se le adjudic\u00f3 el inmueble con matr\u00edcula 303-54473, a \u00e9l le correspond\u00edan los otros tres predios, para lo cual \u00abcancel\u00f3 la suma de CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\u2026) m\u00e1s intereses, los cuales fueron cobrados mediante proceso ejecutivo radicado al N\u00ba 2015-311 Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Barrancabermeja\u00bb, y que la tutela para obtener la trasferencia del bien adjudicado no cumple el requisito de la inmediatez, pues el actor \u00abha iniciado los tr\u00e1mites de registro en el mes de agosto de 2017, es decir, dos a\u00f1os y seis meses despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n del acta de conciliaci\u00f3n de fecha 06 de febrero de 2015, y seis meses despu\u00e9s de haberse realizado un pago por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS (\u2026)\u00bb (fls. 70 a 73, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 la protecci\u00f3n al considerar que no cumpl\u00eda la exigencia de la inmediatez, comoquiera que \u00abel prove\u00eddo que reprocha el accionante fue proferida (sic) el 06 de febrero de 2015 y en la actualidad la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela, data del 20 de noviembre de 2017, es decir, dos a\u00f1os y ocho meses despu\u00e9s (\u2026) sin que se avizore ninguna justificaci\u00f3n v\u00e1lida que permita hacer un esguince a esta tardanza\u00bb; as\u00ed mismo, se\u00f1al\u00f3 que no se satisfac\u00eda el requisito de la subsidiariedad, porque el accionante \u00abno ha hecho uso de los mecanismos que tienen (sic) a su disposici\u00f3n\u00bb, como \u00absolicitar la liquidaci\u00f3n adicional de la sociedad patrimonial, para que sea el Juez natural quien determine la inclusi\u00f3n o no de los bienes inmuebles que dice el actor no fueron objeto del acuerdo conciliatorio y que deb\u00edan ser repartidos en su proporci\u00f3n a cada una de las partes\u00bb (fls. 76 a 83, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La impetr\u00f3 el quejoso refutando el cumplimiento de los presupuestos echados de menos por el Tribunal, porque adem\u00e1s de mantenerse la afectaci\u00f3n invocada y que contra la aprobaci\u00f3n del acuerdo conciliatorio \u00abno hab\u00eda lugar a interponer recurso alguno\u00bb, debi\u00f3 esperar el lapso de seis meses para que se cumpliera lo convenido para empezar a gestionar el registro y protocolizaci\u00f3n del mismo ante las diferentes oficinas, las cuales se tomaron el tiempo necesario para responder, hasta que finalmente \u00abno encontr\u00e9 otro camino para que se subsane el error procesal aprobado por el Juez\u00bb que el de acudir a la presente acci\u00f3n. Acot\u00f3 que la soluci\u00f3n a su caso no es la de recurrir a la v\u00eda judicial ordinaria, porque la contraparte podr\u00eda aducir que \u00absobre este asunto ya hay cosa juzgada\u00bb (fls. 88 a 93, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Esta Corporaci\u00f3n ha venido se\u00f1alando que para la viabilidad del amparo respecto de providencias judiciales, deben haberse cumplido todas y cada una de las causales generales decantadas por la jurisprudencia, entre las cuales son esenciales la inmediatez y la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable, y que previo al auxilio se hayan agotado los mecanismos de defensa. <\/p>\n

Lo anterior por cuanto el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando desde 1991, han precisado que solamente tiene cabida para proteger los derechos fundamentales que son objeto de vulneraci\u00f3n o amenaza, cuando el interesado carece de otro medio id\u00f3neo de defensa judicial, pues dicha acci\u00f3n no es una herramienta sustitutiva o paralela de los dem\u00e1s instrumentos que ordinariamente consagra el ordenamiento jur\u00eddico, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n

2. Bajo tales premisas, la Corte respaldar\u00e1 el fallo denegatorio del auxilio, por cuanto \u00e9ste no alcanza a superar ninguno de los mencionados presupuestos de procedibilidad que requiere la presente acci\u00f3n. <\/p>\n

2.1. En efecto, respecto al aspecto temporal, se precisa que como lo pretendido se dirige a invalidar la aprobaci\u00f3n del acuerdo a que llegaron las partes en el pleito n\u00ba 2013-00375, la cual tuvo lugar mediante auto dictado dentro de la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada el 6 de febrero de 2015 (fls. 13 a 15, ib\u00edd.), el reclamo elevado a trav\u00e9s de esta excepcional v\u00eda, ciertamente result\u00f3 tard\u00edo, comoquiera que se hizo solo hasta el 20 de noviembre de 2017 (fls. 46 y 47, \u00eddem), lo que significa haber dejado transcurrir dos a\u00f1os y m\u00e1s de nueve meses, y con ello un lapso que excede el prudencial y razonable para este tipo de reclamaciones. <\/p>\n

Ciertamente, sobre este particular la Corte ha se\u00f1alado que la censura constitucional deviene improcedente cuando el t\u00e9rmino para elevarla supera el que se ha indicado para no desconocer el principio de la inmediatez, vista \u00e9sta como la urgencia para acudir al auxilio constitucional, ya que: <\/p>\n

\u00absi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n (\u2026), [por tanto] muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera (\u2026) el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ STC 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada en STC18714-2017, 10 nov. 2017, rad. 00417-01, entre otras). <\/p>\n

En ese mismo sentido, sobre dicha tem\u00e1tica la Sala tambi\u00e9n ha dicho: <\/p>\n

\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n

Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterada entre otras en STC17143-2017, 20 oct. 2017, rad. 00229-01). <\/p>\n

N\u00f3tese que el argumento dado por el impugnante para intentar justificar su desidia, no encuentra sustento jur\u00eddico, pues del texto del acuerdo en cuesti\u00f3n se infiere que el t\u00e9rmino de seis meses que deb\u00eda esperar, lo era para que el demandado hiciera entrega material del bien y no para adelantar los tr\u00e1mites tendientes a gestionar lo pertinente para la transferencia del mismo a su nombre, m\u00e1xime que al encontrarse en cabeza de su progenitora y \u00e9l haberse constituido en el \u00ab\u00fanico heredero\u00bb, pudo incluirla como activo en la liquidaci\u00f3n de la respectiva herencia. <\/p>\n

2.2. Acorde con lo anterior, en lo atinente a la subsidiariedad, tal impedimento de procedibilidad surge no solo por haber dejado de emplear los mecanismos previstos en la ley, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan cuenta con otros medios de defensa judicial tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n a los derechos que en esta oportunidad reclama.
\nEn relaci\u00f3n con la primera modalidad, la incuria del demandante se concreta en haber dejado de atacar el prove\u00eddo aprobatorio de la conciliaci\u00f3n, pues si el mismo conten\u00eda pasajes oscuros que merec\u00edan su esclarecimiento o no comprend\u00eda todos los aspectos que correspond\u00eda, el interesado debi\u00f3 pedir su aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n con vista en los preceptos 309 y 311 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, vigente para ese entonces. <\/p>\n

Es m\u00e1s, si tal providencia no reflejaba completamente la voluntad de las partes y pese a la solicitud antes aludida el \u00abyerro\u00bb persist\u00eda, en la misma audiencia pudo incoar los recursos de reposici\u00f3n e inclusive de apelaci\u00f3n, este \u00faltimo en la medida en que la decisi\u00f3n conllevaba la terminaci\u00f3n del litigio (art\u00edculos 348 y 351-6 del mismo estatuto), pero nada de ello hizo no obstante estar asistido por abogado. <\/p>\n

Sobre la omisi\u00f3n en el uso de los medios legalmente previstos, en invariable l\u00ednea de pensamiento, esta Sala ha dicho y reiterado que: \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, reiterada entre otras en STC18714-2017, 10 nov. 2017, rad. 00417-01). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter residual de la acci\u00f3n de tutela no abre camino al amparo, pues bajo esa perspectiva s\u00f3lo es viable cuando quien acude a ella, ya se dirigi\u00f3 ante la autoridad competente para poner de presente su reclamo, y no obtuvo respuesta o la misma fue desfavorable en t\u00e9rminos de arbitrariedad, lo cual ac\u00e1 no acontece. <\/p>\n

Ahora, en cuanto a la segunda modalidad, esto es, la desatenci\u00f3n al esencial presupuesto de la subsidiariedad del auxilio por encontrarse vigentes otros medios de defensa judicial, la Sala precisa que si al tenor de la estipulaci\u00f3n realizada por las partes en la audiencia del 6 de febrero de 2015, el inmueble identificado con el folio inmobiliario n\u00ba 303-54473 fue adjudicado al ahora accionante Luis Carlos Vera Galvis, nada obsta para que estando la titularidad del dominio en su causante Martha Janneth Galvis Mart\u00ednez, ese derecho real se traslade a \u00e9l mediante el modo de la sucesi\u00f3n. <\/p>\n

Para dicho evento, basta indicar que habi\u00e9ndose liquidado la herencia mediante escritura p\u00fablica n\u00ba 1987 otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Floridablanca el 24 de noviembre de 2014, sin que en tal acto se incorporara el bien antes referido, puede acudir all\u00ed para que se adelante el tr\u00e1mite contemplado en el numeral 6\u00ba del canon 3\u00ba del Decreto 902 de 1988, o al procedimiento ante el juez competente (art\u00edculo 518 del C\u00f3digo General del Proceso. De igual modo, en ese escenario, es evidente la posibilidad de incluir los dem\u00e1s bienes que dice pertenecen a la sociedad patrimonial y no fueron objeto de adjudicaci\u00f3n, para que la autoridad competente analice la situaci\u00f3n y conforme a lo probado, adopte en derecho la decisi\u00f3n que corresponda. <\/p>\n

Conforme a lo anterior, no resulta viable la invocaci\u00f3n de este residual mecanismo, por no alcanzar a superar el presupuesto general de la subsidiariedad, porque adem\u00e1s de haberse dejado de utilizar en oportunidad los mecanismos correctivos que aquejan al querellante, tambi\u00e9n se configura por tener a su disposici\u00f3n otras posibilidades de defensa cuya idoneidad y eficiencia no admiten reproche alguno. <\/p>\n

Al respecto ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC21632-2017, 15 dic. 2017, rad. 02906-01). <\/p>\n

3. Finalmente, tampoco procede la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ya que no invoc\u00f3 y menos prob\u00f3 que se hubieran configurado las m\u00ednimas exigencias que as\u00ed la hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, reiterada, entre otras, en STC11415-2017, 3 ago. 2017, rad. 00294-01), y porque esa modalidad de salvaguarda, \u00abse encuentra subordinada al ejercicio de otro medio de defensa judicial ordinario\u00bb, pues de lo contrario \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n

4. En consecuencia, con las precisiones realizadas en esta instancia, se avalar\u00e1 la determinaci\u00f3n de primer grado mediante la cual se deneg\u00f3 el amparo en virtud a su improcedencia. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad env\u00edese el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC974-2018 Radicaci\u00f3n n\u00b0 68001-22-13-000-2017-00853-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101207","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101207","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101207"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101207\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101207"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101207"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101207"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}