{"id":101208,"date":"2026-07-01T17:04:39","date_gmt":"2026-07-01T17:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101208"},"modified":"2026-07-01T17:04:39","modified_gmt":"2026-07-01T17:04:39","slug":"stc975-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc975-2018\/","title":{"rendered":"STC975-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC975-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-01955-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 21 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c1lvaro D\u00e1vila Pe\u00f1a contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Primero Penal del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal con radicado n\u00b0 2012-00284. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.\tEl solicitante, actuando en nombre propio, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa, presuntamente vulnerados por las autoridades jurisdiccionales acusadas. <\/p>\n

2.\tRelat\u00f3 que se adelanta en su contra proceso penal por los delitos de cohecho, inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos y concierto para delinquir, por hechos relacionados con el denominado \u00abcarrusel de la contrataci\u00f3n\u00bb en la ciudad de Bogot\u00e1, concretamente respecto de la licitaci\u00f3n p\u00fablica 006 y el concurso de m\u00e9ritos 013 de 2008, del IDU a partir de los cuales fueron adjudicados contratos de obra de la malla vial del Distrito. <\/p>\n

El tr\u00e1mite que correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogot\u00e1 transcurre actualmente por el juicio oral que inici\u00f3 el 30 de junio de 2015. Resalt\u00f3 que en audiencia de 27 de septiembre de 2017, la Juez del asunto \u00abdecidi\u00f3 prescindir definitivamente de la testigo Liliana Pardo, no acceder a la solicitud de introducci\u00f3n de sus declaraciones anterior y dar por terminada la etapa probatoria, para as\u00ed abrir paso a la etapa de alegaciones finales\u00bb. <\/p>\n

Refiri\u00f3 que contra la anterior decisi\u00f3n su Defensor interpuso recurso de apelaci\u00f3n que fue rechazado, por lo que radic\u00f3 recurso de queja \u00aba fin de que la juez de conocimiento concediera la apelaci\u00f3n contra las decisiones adoptadas por \u00e9sta en la audiencia del 27 de septiembre pasado\u00bb; sin embargo, el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 mediante providencia de 31 de octubre de 2017 lo declar\u00f3 improcedente al considerar que lo dispuesto por la a quo constituy\u00f3 una orden \u00abde impulso procesal, y como tal, no susceptible de recurso de alzada\u00bb, determinaciones contra las que dirige la presente acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n

3.\tEn consecuencia solicita que se ordene \u00aba la Juez Primera Penal del Circuito de Bogot\u00e1 que proceda a: (i) practicar el testimonio de Liliana Pardo o (ii) en defecto de lo anterior que se incorporen sus declaraciones previas, bajo juramento e interrogatorios y entrevistas rendidas en el pasado ante diferentes autoridades (\u2026) Subsidiaria: Se ordene al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u2013 Sala Penal (\u2026) considere admisible el recurso de queja y por ende la conceda la apelaci\u00f3n interpuesta contra la decisi\u00f3n de la Juez Primera Penal del Circuito de Bogot\u00e1 de 27 de septiembre de 2017 (\u2026) que en todo caso se revoque la decisi\u00f3n de la Juez 1\u00b0 Penal de Conocimiento de cerrar la etapa probatoria\u00bb (ff. 1 a 37, cd.1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n

1.\tLa Procuradora 181 Judicial II Penal, considera improcedente la demanda por el comportamiento temerario del actor, puesto que ya interpuso, por hechos similares, una tutela anterior que le fue desfavorable, resuelta por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia en primera instancia y sostuvo \u00ab(\u2026) no puede sostenerse como que como ahora se anuncia un supuesto f\u00e1ctico \u201cdiverso\u201d al que fuera desarrollado en la anterior demanda de tutela, se trate de asuntos semejantes. Es claro que (i) se trata de un mismo e id\u00e9ntico caso, que (ii) se procede por supuestos de hecho pret\u00e9rita y oportunamente conocidos e incluso anunciados en la anterior demanda de tutela y que (iii) definitivamente se cuestiona por el accionante a trav\u00e9s del denominado defecto procedimental las decisiones de la Administraci\u00f3n de Justicia por el Juzgado 1\u00b0 Penal del Circuito de Conocimiento y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1\u00bb (ff. 275 a 276, ib\u00eddem). <\/p>\n

2.\tEl Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Penal, a trav\u00e9s del Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n discutida, inform\u00f3 que en el tr\u00e1mite en cuesti\u00f3n le ha correspondido a esa Corporaci\u00f3n resolver, en cinco oportunidades, recursos de queja contra diferentes determinaciones adoptadas por el Juez de conocimiento. <\/p>\n

Sobre la providencia dictada el 27 de septiembre de 2017 indic\u00f3 que se dej\u00f3 all\u00ed claro que las decisiones que se pretendieron impugnar por la Defensa no comprenden \u00abaspectos sustanciales ni relacionados con la libertad y tampoco tienen efectos patrimoniales o que afecten la pr\u00e1ctica de pruebas, toda vez que se trat\u00f3 del cumplimiento de una orden expresada por la funcionaria en audiencia de juicio oral y la misma era conocida por las partes\u00bb (ff. 290 a 294, ib.). <\/p>\n

3.\tEl Director T\u00e9cnico de Gesti\u00f3n Judicial del Instituto de Desarrollo Urbano \u2013 IDU \u2013 manifest\u00f3 que el accionante \u00abno demostr\u00f3 la existencia de vulneraci\u00f3n alguna en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales teniendo en cuenta que las decisiones tomadas por los despachos judiciales [fueron] realizadas en derecho\u00bb (f. 298, \u00edd.). <\/p>\n

4.\tEl Fiscal 64 Especializado, Unidad Anticorrupci\u00f3n en La Contrataci\u00f3n Estatal, resalt\u00f3 que se revela de la actuaci\u00f3n del actor que su prop\u00f3sito no es otro que la \u00abb\u00fasqueda de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n penal de los delitos\u00bb y por ello la conducta de dilatar constantemente y por cualquier medio el tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n

Se\u00f1al\u00f3 que ahora quiere continuar forzando la suspensi\u00f3n del juicio, y a trav\u00e9s de la tutela lograr \u00abla presentaci\u00f3n de un testimonio que la propia defensa no present\u00f3 oportunamente y aplaz\u00f3 en varias oportunidades\u00bb, y agreg\u00f3 que \u00abel testimonio de Liliana Pardo Gaona (\u2026) desde junio de 2016 viene siendo aplazado por la defensa (\u2026) fue postergado por distintas razones atribuibles a la defensa (\u2026) y ahora el accionante trata de ubicar su carga probatoria, en hombros de la administraci\u00f3n de justicia, dando a entender que la judicatura no le facilit\u00f3, propuso o cercen\u00f3 los medios para hacerlo, aspecto ostensiblemente desleal y contrario a la realidad procesal\u00bb (ff. 309 a 315, \u00eddem). <\/p>\n

5.\tLa Juez Primera Penal del Circuito de Bogot\u00e1, relacion\u00f3 las incidencias procesales dentro del asunto penal que se sigue contra el actor, y respecto al reproche del actor destac\u00f3 que finalmente se desisti\u00f3 del testimonio de Liliana Pardo Gaona pedido por la Defensa luego de que se presentaran diversos inconvenientes de orden t\u00e9cnicos y log\u00edsticos no previstos por la parte interesada en dicha declaraci\u00f3n, por tratarse de un enlace \u00abv\u00eda Skype\u00bb que finalmente no se concret\u00f3, pese a que se le brindaron a la defensa varias oportunidades para su pr\u00e1ctica. <\/p>\n

Resalt\u00f3 que el procesado impetr\u00f3 otra tutela por intermedio de su apoderado \u00aben donde solicit\u00f3 la reconstrucci\u00f3n de audios y adem\u00e1s cuestion\u00f3 la negativa del Juzgado de acceder a prorrogar por m\u00e1s tiempo del debate probatorio para que \u00e9l finalmente pudiera traer a la testigo Liliana Pardo\u00bb (ff. 331 a 336, \u00eddem).
\nFALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n

Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que, (i) no exist\u00eda temeridad porque \u00ab(\u2026) aun cuando entre la acci\u00f3n de tutela referenciada en precedencia y la que ahora se decide existe identidad en el accionante y los accionados dentro del proceso penal que se adelanta en contra de \u00c1lvaro D\u00e1vila Pe\u00f1a bajo radicaci\u00f3n 11001 60 00 102 2012 00248 00, lo cierto es que no se observa similitud en los hechos que la sustentan\u00bb; y (ii) frente a las pretensiones es claro que la acci\u00f3n de tutela \u00abno tiene el car\u00e1cter alternativo y tampoco es admisible cuando el interesado dispone de otro medio de defensa judicial, dado que no fue concebido para sustituir a los jueces ordinarios, ni como herramienta supletoria de los procedimientos se\u00f1alados en las normas procesales o a manera de tercera instancia para continuar un debate ya agotado en las fases ordinarias\u00bb, esto porque si \u00abel proceso penal donde se origin\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n se encuentre en curso, cuando no haya culminado mediante sentencia que haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada la actuaci\u00f3n ante el Juez ordinario, el presunto afectado tendr\u00e1 la posibilidad de reclamar dentro de \u00e9se tr\u00e1mite el respeto de sus garant\u00edas constitucionales, sin que sea admisible acudir para tal fin a la excepcional v\u00eda de amparo\u00bb, esto porque uno de los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, consiste, justamente, en que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial (ff. 394 a 407, cd.1). <\/p>\n

IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

La formul\u00f3 el querellante, reiterando las alegaciones del escrito inicial, y insistiendo en la trascendencia del testimonio de Liliana Pardo Gaona para sus intereses dentro del proceso, y por tanto, negarlo, desconoce \u00abla efectividad de los derechos fundamentales\u00bb y sacrifica la b\u00fasqueda de la verdad; adem\u00e1s, asegura, contrario a lo expresado por el a quo, que \u00abni en la segunda instancia ni en sede de casaci\u00f3n existir\u00e1 la posibilidad de allegar esa pruebas que fueron enunciadas y solicitadas por la Defensa desde la audiencia preparatoria (\u2026) [y] en todo caso, resultar\u00eda ins\u00f3lito permitir que se dicte una sentencia en un proceso viciado de nulidad y que se difiera la protecci\u00f3n y el amparo de los derechos fundamentales a instancias posteriores\u00bb (ff. 418 a 428, ib\u00eddem).
\nCONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tBien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que en l\u00ednea de principio la acci\u00f3n instaurada no procede contra las providencias o actuaciones jurisdiccionales, dado que no pertenece al entorno de los jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n

No obstante, tambi\u00e9n se ha instituido que excepcionalmente, puede acudirse a esta herramienta, en los casos en los que el funcionario respectivo adopte alguna resoluci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure v\u00eda de hecho\u00bb, y en el entendido que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 mar. 2011, rad. 00329-00, reiterada entre muchas en STC683-2016). <\/p>\n

2.\t\tDesde ya anticipa la Sala que ratificar\u00e1 el fallo de primer grado por cuanto no se satisface el requisito de subsidiariedad conforme lo prev\u00e9 el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, dado que, tal como lo precis\u00f3 la Sala a quo, al encontrarse el proceso penal en cuesti\u00f3n activo, es ah\u00ed donde al promotor del resguardo le corresponde hacer valer las prerrogativas que estima afectadas. <\/p>\n

Es que, contrario sensu a lo arg\u00fcido por el actor, los reproches frente a cualquier presunta irregularidad procesal o de otra \u00edndole atribuibles al funcionario judicial, deben y pueden seguir siendo propuestos en las oportunidades contempladas legalmente y a trav\u00e9s de los medios o instrumentos de defensa previstos en el proceso y no por la v\u00eda tutelar que ahora utiliza, que como en reiteradas oportunidades se ha indicado, no fue instituida para desplazar al juzgador ordinario dado su indiscutido car\u00e1cter residual. <\/p>\n

En todo caso, solo se admitir\u00eda la injerencia del juez de amparo en un tr\u00e1mite penal que a\u00fan transcurre, en el evento de probarse con suficiencia la existencia de un perjuicio irremediable, pues, de no ser de esa manera, y de asumirse la acci\u00f3n de tutela como un mecanismo de protecci\u00f3n alternativo, se correr\u00eda el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales y concentrar en la jurisdicci\u00f3n constitucional todas las decisiones inherentes a ellas, propiciando un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta \u00faltima. <\/p>\n

Al respecto esta Sala ha dicho: <\/p>\n

Y la Sala de Casaci\u00f3n Penal, al resolver tutelas del mismo tenor igualmente precis\u00f3: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) la presencia de un proceso en curso, lleva aparejada la posibilidad de agotar, en su desarrollo, los medios defensivos que la normativa procesal contempla, requisito sin el cual la acci\u00f3n de tutela contra decisiones que en su tr\u00e1mite se produzcan, resulta francamente improcedente, como insistentemente lo ha defendido esta Sala, al punto que como opci\u00f3n extrema, ha dispuesto la posibilidad que por motivos como los expuestos en la demanda, se pueda acudir ante esta Corte por v\u00eda de casaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter de control constitucional que tiene ese recurso\u00bb (CSJ STP6603-2017, 11 may. 2017, rad. 91826-00). <\/p>\n

Ante la invariable posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, del estudio de los hechos expuestos por el reclamante, se reitera, deviene improcedente la garant\u00eda incoada, comoquiera que es evidente que cuenta con instrumentos id\u00f3neos para procurar la defensa adecuada de sus derechos dentro del tr\u00e1mite penal, en el que puede lograr hacer valer su condici\u00f3n de inocencia, toda vez que el juicio ni siquiera ha finalizado y por tanto no se ha dictado sentencia definitiva, frente a la cual, en caso de serle desfavorable, cuenta con la posibilidad de interponer el recurso de apelaci\u00f3n en el que puede plantear las censuras que considere adecuadas frente a la valoraci\u00f3n probatoria o los incidentes procesales que eventualmente pudieron perjudicarlo. <\/p>\n

Y es que ha sido criterio definido y reiterado de esta Corporaci\u00f3n, al referirse a la impertinencia de la tutela que persigue la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en procesos en curso, no s\u00f3lo porque desconoce la independencia y la autonom\u00eda de que est\u00e1 revestido el juez ordinario para dirigir y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosof\u00eda que inspir\u00f3 la acci\u00f3n de amparo para la salvaguarda de los derechos superiores, mas no para su declaraci\u00f3n. <\/p>\n

4.\tPor otro lado, respecto a las cr\u00edticas dirigidas contra el proferimiento del Tribunal Superior de esta Capital de 31 de octubre de 2017 (ff. 384 a 393), que deneg\u00f3 el recurso de queja interpuesto por el accionante contra la decisi\u00f3n que prescindi\u00f3 del testimonio de Liliana Pardo Gaona y subsidiariamente la admisi\u00f3n como prueba de referencia la incorporaci\u00f3n de entrevistas, declaraciones e interrogatorios que la referida exfuncionaria rindiera ante otras autoridades jurisdiccionales y administrativas, se tiene que, revisada la misma, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, se concluye que carece de arbitrariedad, y no se advierte la incursi\u00f3n en una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n extraordinaria implorada, porque la negativa criticada se sustent\u00f3 en una interpretaci\u00f3n coherente de la actuaci\u00f3n de la juez demandada, labor en la que no es viable interferir. Sobre el tema ha dicho la Corte que con abstracci\u00f3n <\/p>\n

\u00ab(\u2026) de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinaci\u00f3n judicial sea el resultado de una actuaci\u00f3n subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jur\u00eddica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo an\u00e1lisis\u00bb (CSJ SC, sentencia de 5 de abril de 2010, exp. 00006-01, reiterada el 12 de marzo de 2015, exp. STC2713). <\/p>\n

La posici\u00f3n del Tribunal fue clara en el sentido de precisar que la Juez de conocimiento al desechar definitivamente la pr\u00e1ctica de la prueba reclamada luego de que en varias ocasiones se frustrara la misma por inconvenientes en la conexi\u00f3n que imposibilitaron la comunicaci\u00f3n virtual con la testigo (persona que se encuentra pr\u00f3fuga de la justicia), lo hizo con sujeci\u00f3n a la potestad legal de direcci\u00f3n del proceso, y con la finalidad de impulsar y orientar el desarrollo arm\u00f3nico del mismo, al respecto precis\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) lo debatido se circunscribe a definir si son apelables las decisiones adoptadas por el primer nivel el 27 de septiembre pasado (\u2026) pues bien, si se tiene decantado en forma di\u00e1fana (\u2026) que simplemente ejecut\u00f3 una disposici\u00f3n precedente que orient\u00f3 la forma como se llevar\u00eda a cabo la aducci\u00f3n probatoria defensiva en su recta final \u2013 para garantizarle ampliamente la posibilidad de allegarla \u2013 es claro que por tratarse de una orden no deviene susceptible de apelaci\u00f3n\u00bb <\/p>\n

As\u00ed mismo apoy\u00f3 su posici\u00f3n en jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte, que sobre el tema aclar\u00f3 que: <\/p>\n

\u00ab(\u2026) las decisiones que en materia probatoria adopte el funcionario judicial en el desarrollo del juicio oral, por norma general, tienen el car\u00e1cter de \u00f3rdenes al tenor de lo reglado en el art\u00edculo 161 de la Ley 906, por tanto, carecen de recursos y son de inmediato cumplimiento (\u2026) (CSJ AP2421-2014, 8 may. 2014, rad. 43481)\u00bb (ff. 122 a 126, ib.). <\/p>\n

De esta forma, conforme lo razon\u00f3 el Tribunal accionado, la postura de la juez acusada al descartar definitivamente el testimonio pedido, luego de que se intentara su recepci\u00f3n en varias ocasiones sin lograrse por dificultades completamente ajenas a la judicatura, no tuvo el car\u00e1cter que pretendi\u00f3 darle el encausado, pues aquella se adopt\u00f3 con miras a evitar mayores dilaciones, y adem\u00e1s en cumplimiento de un derrotero previamente establecido desde la audiencia preparatoria fijado con mucho tiempo de anticipaci\u00f3n, lo cual evidencia que se trat\u00f3 de una determinaci\u00f3n que propugn\u00f3 por el impulso procesal conforme la din\u00e1mica propia del juicio; as\u00ed las cosas, seg\u00fan se apunt\u00f3 en el auto rese\u00f1ado, por su naturaleza y contenido, contra la decisi\u00f3n cuestionada no proced\u00eda ning\u00fan recurso.
\n5.\tCorolario de lo discurrido en precedencia, se impone confirmar la sentencia controvertida. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n

Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC975-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2017-01955-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101208","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101208"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101208\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}