{"id":101212,"date":"2026-07-01T17:05:17","date_gmt":"2026-07-01T17:05:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101212"},"modified":"2026-07-01T17:05:17","modified_gmt":"2026-07-01T17:05:17","slug":"stc979-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc979-2018\/","title":{"rendered":"STC979-2018"},"content":{"rendered":"
LUIS ALONSO RICO PUERTA
\nMagistrado Ponente <\/p>\n

STC979-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00b0 47001-22-13-000-2017-00223-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 22 de noviembre de 2017, dentro de la acci\u00f3n de tutela incoada por Cesar Enrique de La Rosa Fontalvo contra el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ci\u00e9naga, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Banco Agrario de Colombia S.A., la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El accionante, actuando en su propio nombre y como representante legal de la Asociaci\u00f3n de Campesinos La Esperanza \u2013 Asocaes, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, m\u00ednimo vital, igualdad, trabajo y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada, al no sancionar el desacato al fallo que en segunda instancia concediera el amparo a su favor. <\/p>\n

2.\tEn s\u00edntesis, expuso que en virtud a una acci\u00f3n de tutela por \u00e9l impetrada, mediante resoluci\u00f3n de segundo grado dictada el 22 de marzo de 2017, se le orden\u00f3 a la Agencia Nacional de Tierras que \u00aben un t\u00e9rmino no mayor a un mes\u00bb, designara un funcionario en reemplazo del nombrado por el Incoder \u00abterritorial Magdalena\u00bb, para que retirara los dineros consignados en la cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia en la que figuraba como titular el entonces director del extinto instituto. <\/p>\n

Adujo que vencido el plazo otorgado a la entidad accionada para que cumpliera la orden judicial y sin que ello se produjera, interpuso un incidente de desacato el cual resolvi\u00f3 favorablemente el Juzgado accionado el 23 de mayo de 2017, empero, al ser sometida esa decisi\u00f3n a consulta, el 16 de agosto de esa anualidad el Tribunal declar\u00f3 la nulidad para que se estableciera \u00absobre quien deb\u00eda recaer la sanci\u00f3n\u00bb, y ante ello el querellado vincul\u00f3 a la Subdirecci\u00f3n de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, adscrita a la Direcci\u00f3n de Acceso a Tierras de la Agencia convocada. <\/p>\n

Inform\u00f3 que surtido el tr\u00e1mite de rigor, dentro del cual se escucharon las versiones de las entidades involucradas, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con prove\u00eddo del 30 de agosto de 2017 el Juzgado convocado declar\u00f3 \u00abhecho superado el Incidente de desacato\u00bb, y se abstuvo de sancionar a la accionada, por lo que \u00abrevoc\u00f3 su propio fallo\u00bb. <\/p>\n

3. Pretende que \u00abse REVOQUE la Sentencia 30\/08\/2017, en su lugar, se SANCIONE a la Entidad Tutelada, por no haber CUMPLIDO CON EL FALLO de Tutela (\u2026)\u00bb (fls. 1 a 7, cd. 1). <\/p>\n

RESPUESTA DE LOS VINCULADOS <\/p>\n

1. El Banco Agrario de Colombia se opuso a lo pretendido, aduciendo que esa entidad \u00abno tiene injerencia\u00bb en las decisiones adoptadas por el accionado y por tanto no viol\u00f3 derecho fundamental alguno del actor (fls. 82 y 83, ib\u00eddem). <\/p>\n

3. La Agencia Nacional de Tierras \u2013 ANT neg\u00f3 haber vulnerado las prerrogativas del accionante, pues su actuar se ajust\u00f3 al ordenamiento legal, y que \u00abrevisado los archivos, se pudo evidenciar que se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela, por lo tanto, se configura hecho superado\u00bb (fls. 112 y 113, \u00eddem). <\/p>\n

LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n

Neg\u00f3 lo pretendido al considerar que la providencia mediante la cual el acusado se abstuvo de imponer sanci\u00f3n a la entidad accionada, \u00abno es una decisi\u00f3n arbitraria, ni mucho menos caprichosa\u00bb, en tanto expuso los motivos que condujeron a se\u00f1alar que la convocada \u00abacredit\u00f3 el cumplimiento de lo ordenado\u00bb al designar el funcionario para el \u00abmanejo de las cuentas controladas, y si bien el fin perseguido es la entrega de los dineros (\u2026) en modo alguno se puede entender que ello se har\u00eda sin el lleno de los requisitos que para tal efecto fueran necesario cumplir\u00bb (fls. 180 a 186, cd. 1). <\/p>\n

LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Sin presentar argumento adicional, la present\u00f3 el promotor del resguardo (fl. 212, ib\u00eddem). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, toda vez que al juez constitucional, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones all\u00ed proferidas como tampoco para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n

Por regla de excepci\u00f3n a lo expresado se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la concurrencia del juez del resguardo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n

2. En trat\u00e1ndose de tutela contra decisiones adoptadas al interior de un incidente de desacato de resoluci\u00f3n proferida en acci\u00f3n de similar rango constitucional, se hace necesario abordar su impertinencia, en la medida que: <\/p>\n

\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n

En ese orden de ideas, reexaminando este aspecto por la Sala, se estima que la acci\u00f3n impetrada no resulta procedente habida cuenta que hoy, luego de un nuevo an\u00e1lisis en torno a la actuaci\u00f3n que se cumple a la luz del art\u00edculo 52 del decreto 2591 de 1991, la fase que se origina por cuenta del eventual incumplimiento a la orden impartida, en principio no es dable materializar reproches o censuras a trav\u00e9s de otra acci\u00f3n constitucional so pretexto de haber incurrido en una v\u00eda de hecho, porque las providencias que se profieran en el tr\u00e1mite de los mismos, son de rango constitucional sobre las cuales el legislador no contempl\u00f3 medio de impugnaci\u00f3n alguno. <\/p>\n

Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC13840-2016, 29 sept. 2016, rad. 01680-01, y STC14036-2017, 8 sep. 2017, rad. 00289-01. <\/p>\n

De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n

Seguidamente ese alto tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00abSi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude\u00a0(Fraus omnia corrumpit);\u00a0y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

3. Con vista en la jurisprudencia descrita, frente a la eventual vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas superiores del accionante por parte del Juzgado acusado, al negar la declaraci\u00f3n de desacato solicitada frente a lo resuelto por ese Despacho el 30 de agosto de 2017, dentro del auxilio dirigido contra la Agencia Nacional de Tierras – ANT, encuentra la Sala que no se cumple ninguno de los supuestos f\u00e1cticos para la procedencia de la tutela contra lo decidido en el tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n

En efecto, para adelantar la actuaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991, finiquit\u00e1ndola con providencia desestimatoria de la pretensi\u00f3n que el actor impetrara, el juzgador de instancia evit\u00f3 incurrir en alguno de los defectos espec\u00edficos de procedibilidad del amparo, y al resultar infundada la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados, resulta inviable la intervenci\u00f3n del fallador excepcional. <\/p>\n

Ciertamente, el funcionario habilitado para ejercer el control y la ejecuci\u00f3n del resguardo contra la mencionada entidad estatal, mediante auto del prove\u00eddo 30 de agosto de 2017, dijo que seg\u00fan la documentaci\u00f3n allegada y los interrogatorios practicados, si bien \u00aben un inicio se incumpli\u00f3 por parte de la entidad incidentada (\u2026) la orden judicial (\u2026) en la actualidad ya esta situaci\u00f3n fue superada y que la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS ya design\u00f3 a un funcionario encargado para el manejo de las cuentas controladas en la ciudad de Santa Marta\u00bb, refiriendo concretamente al nombramiento realizado mediante la Resoluci\u00f3n No. 1061 del 16 de agosto de 2017. <\/p>\n

Precis\u00f3 que del an\u00e1lisis del fallo de tutela proferido el 22 de marzo de 2017 (fls. 8 a 20, ib\u00eddem), \u00abse evidencia que la orden dada, no es hacer entrega de los dineros que se encuentran depositados en el Banco Agrario dentro del t\u00e9rmino de un mes, como lo pretende hacer ver el incidentante, la orden claramente consiste en designar a un funcionario para que se encargue de estos tr\u00e1mites y de esta forma se pueda llevar a cabo el tan anhelado retiro de los dineros, previo claro est\u00e1 al cumplimiento de ciertos par\u00e1metros legales contemplados en el protocolo de manejo y cierre de cuentas controladas C\u00f3digo ACCTI-I003 del 1\u00ba de agosto de 2017, expedido por la Direcci\u00f3n de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional de Tierras, a trav\u00e9s del cual se evidencia que necesariamente para que se d\u00e9 dicho desembolso deben realizarse una ruta de actuaciones previamente demarcadas, entre las cuales tenemos actas de visita de seguimiento y\/o acompa\u00f1amiento, para lo cual se deber\u00e1 diligencia un formato y adjuntar otros documentos, actualizando los datos de los beneficiarios (\u2026) realizar una reuni\u00f3n previa de verificaci\u00f3n del estado del proyecto, actualizar el plan de inversi\u00f3n y planear el cronograma de actividades por medio de visita, seg\u00fan se contempla en el proyecto productivo MAG 025, actuaciones estas en las que debe colaborar la parte interesada\u2026\u00bb, pues la Subdirecci\u00f3n de Acceso de Tierras en Zonas Focalizadas, declar\u00f3 \u00abla falta de disposici\u00f3n de los beneficiarios del proyecto a fin de surtir todas las actuaciones requeridas\u00bb.
\nEn ese orden, asever\u00f3 que como la querellada design\u00f3 a la persona experta en el manejo de dicha cuenta bancaria, y demostr\u00f3 las gestiones realizadas \u00abpara poder materializar le desembolso de los aludidos dineros, por lo tanto no puede afirmarse que a la fecha se encuentre configurado desacato a la orden emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta\u00bb; por ello, declar\u00f3 \u00abcomo hecho superado el incidente de desacato\u00bb, y absteni\u00e9ndose de imponer sanci\u00f3n, dispuso \u00abexhortar\u00bb al reclamante \u00aba que preste la colaboraci\u00f3n necesaria a la entidad incidentada, a fin de surtir los par\u00e1metros legales contemplados en el protocolo de manejo y cierre de cuentas controladas (\u2026), para lograr el efectivo desembolso de los dineros adjudicados a los beneficiarios\u00bb (fls. 24 a 29, ib\u00edd.). <\/p>\n

4. Seg\u00fan lo que acaba de verse, contrario a lo afirmado por el querellante, las conclusiones a que lleg\u00f3 el Juzgado accionado son l\u00f3gicas y por ende no configuran defecto f\u00e1ctico, sustantivo o de otra \u00edndole, en tanto se soportan en los medios de prueba recaudados en el plenario y se analizaron con sujeci\u00f3n a la normativa aplicable al incidente de desacato de un fallo constitucional; en esas condiciones, no es dable pretender por esta excepcional v\u00eda, reabrir la discusi\u00f3n que se culmin\u00f3 en la instancia pertinente, pues valga reiterar que el acto criticado cuenta con una motivaci\u00f3n que obedece a un criterio razonable. <\/p>\n

En tal virtud, carece de vocaci\u00f3n de prosperidad la acci\u00f3n tendiente a que se revoque la actuaci\u00f3n cuestionada, porque \u00e9sta no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada por la reclamante, pues se reitera que mientras las decisiones que se reprochan en un proceso judicial no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible la intervenci\u00f3n del juez de tutela. <\/p>\n

5. Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone ratificar el fallo proferido por el Tribunal a-quo, mediante el cual se neg\u00f3 el amparo implorado. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n

Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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