{"id":101218,"date":"2026-07-01T17:05:49","date_gmt":"2026-07-01T17:05:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101218"},"modified":"2026-07-01T17:05:49","modified_gmt":"2026-07-01T17:05:49","slug":"stc989-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc989-2018\/","title":{"rendered":"STC989-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC989-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00472-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Se decide la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de noviembre de 2017 dictado por la Sala Primera Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela de Bienvenido Su\u00e1rez Ibarra, frente al Juzgado Catorce Civil del Circuito de esa misma ciudad y la abogada Margarita Cristina Noguera Mendoza, asunto al que fueron convocadas las partes y dem\u00e1s intervinientes en el ejecutivo 1999-00252-00.
\nANTECEDENTES <\/p>\n

1. \tEl gestor pidi\u00f3 la protecci\u00f3n de las garant\u00edas de igualdad, debido proceso, derecho de petici\u00f3n e informaci\u00f3n, presuntamente infringidos por los querellados, y que se ordene una inspecci\u00f3n ocular al compulsorio ya referido, que cese toda vulneraci\u00f3n y se le restablezcan sus derechos.
\n2.\tPara sustentar su pedimento expuso, en s\u00edntesis, que en 1999 Bienvenido Su\u00e1rez Ibarra confiri\u00f3 poder a una profesional del derecho para que impulsara a su favor un tr\u00e1mite compulsorio y que \u00e9sta lo adelant\u00f3, pero que hasta ahora no lo ha puesto al tanto de lo all\u00ed sucedido, no obstante que embarg\u00f3 un bien de la deudora y de ese modo asegur\u00f3 el recaudo de la obligaci\u00f3n cobrada, a tal punto que obtuvo sentencia favorable. <\/p>\n

3.\t Los convocados se pronunciaron, as\u00ed: <\/p>\n

a).\tEl Juzgado 14 Civil del Circuito de Barranquilla rindi\u00f3 informe y se\u00f1al\u00f3 que no ha incurrido en los yerros enrostrados, por lo que exigi\u00f3 desestimar el ruego (fls. 71 a 73, c. 1). <\/p>\n

b).\tLa abogada implicada dijo que en el 2003 present\u00f3 renuncia al mandato porque el ejecutante le reclam\u00f3 de forma violenta; y que tiempo despu\u00e9s se comunic\u00f3 con \u00e9l y lo enter\u00f3 tanto de su dimisi\u00f3n como del estado del juicio advirti\u00e9ndole que deb\u00eda designar otro togado para que lo asistiera. <\/p>\n

c).\tLa parte vinculada guard\u00f3 silencio. <\/p>\n

4.\tEl colegiado neg\u00f3 la s\u00faplica, porque estim\u00f3 que el quejoso no est\u00e1 legitimado en la causa para actuar a nombre del titular del derecho, pues, aunque aport\u00f3 un escrito donde fue autorizado, no acredit\u00f3 ser abogado, ni procedi\u00f3 como \u00abagente oficioso\u00bb de aqu\u00e9l (fl. 85 a 87, cuaderno 1).
\n5.\tImpugn\u00f3 el accionante, quien recab\u00f3 en los argumentos inicialmente adosados e insisti\u00f3 en que su pretensi\u00f3n debe ser acogida. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1. \tLa tutela, consagrada en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, no fue instituida para refutar lo ocurrido en los procesos, excepto cuando exista arbitrariedad, a tal punto que se configure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y que el afectado as\u00ed lo exponga dentro de un tiempo razonable, siempre que no tenga ni haya desaprovechado otros remedios para conjurar el agravio, a no ser que promueva el auxilio de modo transitorio para evitar un perjuicio irremediable <\/p>\n

Sobre el tema, esta Corte ha dicho que \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (CSJ STC-4726 2015). <\/p>\n

2.\tRevisada la actuaci\u00f3n, muy pronto se establece que resulta infortunado el amparo, toda vez que el firmante carece de legitimaci\u00f3n para pedir en nombre de Bienvenido Su\u00e1rez Ibarra, teniendo en cuenta que no demostr\u00f3 ser abogado titulado y en ejercicio de la profesi\u00f3n, supuestos indispensables para ejercer v\u00e1lidamente el acto de delegaci\u00f3n que le fue conferido. <\/p>\n

Frente al punto, recientemente esta Sala record\u00f3 que: <\/p>\n

(\u2026.) Respecto del acto jur\u00eddico en comento, la Corte Constitucional mediante Sentencia T -955 de 10 de octubre de 2008, compendi\u00f3 que los elementos del apoderamiento en materia de tutela, as\u00ed: (i) un acto jur\u00eddico formal por lo cual debe realizarse por escrito; (ii) se concreta en un escrito, llamado poder que se presume aut\u00e9ntico; (iii) el referido poder para promover acciones de tutela debe ser especial; en este sentido (iv) el poder conferido para la promoci\u00f3n o para la defensa de los intereses en un determinado proceso no se entiende conferido\u00a0para la promoci\u00f3n de procesos diferentes, as\u00ed los hechos que le den fundamento a estos tengan origen\u00a0en el proceso inicial; (iv) el destinatario del acto de apoderamiento s\u00f3lo puede ser un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional (\u2026) (Se resalta). (STC 16581-2017).
\n\u00a0
\n(\u2026.) Respecto a este \u00faltimo elemento, la Corte, en sentencia T-207 de 1997, se extendi\u00f3 en consideraciones acerca de la informalidad, propia de la acci\u00f3n de tutela y de sus implicaciones frente al ejercicio de la misma.\u00a0 Con respecto al apoderamiento judicial, como excepci\u00f3n al principio de informalidad de la acci\u00f3n, se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n

(\u2026.) Caso distinto es el de quien ejerce la acci\u00f3n de tutela a nombre de otro a t\u00edtulo profesional, en virtud de mandato judicial, pues es evidente que en tal caso act\u00faa dentro del marco legal y las reglas propias del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado, raz\u00f3n por la cual debe acreditar que lo es seg\u00fan las normas aplicables (Decreto 196 de 1971).\u00a0 Ello no solamente por raz\u00f3n de la responsabilidad que implica tal ejercicio, que se concreta en el campo disciplinario, sino por la necesaria defensa de los intereses del cliente, a quien conviene establecer con certidumbre que quien lo apodera puede actuar, de acuerdo con la ley, ante las distintas instancias judiciales y que responder\u00e1 por su gesti\u00f3n (\u2026.). <\/p>\n

(\u2026.) Sobre la obligatoriedad de que la representaci\u00f3n\u00a0 judicial en tutela sea asumida por abogados en ejercicio, la Corte ante el vac\u00edo legal y constitucional, en una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica del ordenamiento jur\u00eddico, ha sostenido en reiterada jurisprudencia que a partir de las\u00a0 disposiciones generales sobre representaci\u00f3n judicial y en especial a partir de la disposici\u00f3n del art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991, el cual\u00a0 se\u00f1ala las faltas\u00a0 para los abogados que promuevan irregularmente acciones de tutela, concluy\u00f3 que esta disposici\u00f3n no tendr\u00eda sentido\u00a0 de no entenderse que la representaci\u00f3n judicial\u00a0 s\u00f3lo pudiese ser adelantada por abogados titulados y en ejercicio (\u2026.) <\/p>\n

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional, citada por esta Sala en el caso ya referido, explic\u00f3 que \u00abEl se\u00f1or Morales act\u00faa en virtud de una licencia temporal de abogado expedida por el Tribunal Superior del Neiva, lo que quiere decir que el apoderado carece de t\u00edtulo profesional de abogado y por lo tanto de tarjeta profesional\u00bb. <\/p>\n

Acto seguido, destac\u00f3: <\/p>\n

(\u2026.) Al aplicar el precedente jurisprudencial adoptado por esta Corporaci\u00f3n, rese\u00f1ado en la parte motiva de esta providencia, al caso concreto tenemos que el apoderamiento del se\u00f1or William Morales se dio por\u00a0escrito, autenticado, y es un poder especial; sin embargo, el destinatario del acto de apoderamiento no es un profesional del derecho habilitado con tarjeta profesional, sino un estudiante al que por haber terminado sus materias se le ha concedido una licencia temporal, autoriz\u00e1ndosele el ejercicio del derecho s\u00f3lo para los casos que se\u00f1ala de forma expresa la ley (\u2026.) .
\nFinalmente, el m\u00e1ximo \u00f3rgano de la jurisdicci\u00f3n constitucional concluy\u00f3 que: \u00abDe lo anterior se tiene que no existe legitimaci\u00f3n por activa en virtud del poder judicial, ya que para que el se\u00f1or William Morales pueda actuar como poderdante se requiere que \u00e9ste sea abogado titulado con tarjeta profesional y no lo es\u00bb. Se resalta. <\/p>\n

Con ese precedente, queda claro que en el sub examine no era suficiente con que el titular de las prerrogativas supuestamente vulneradas apoderara a una persona natural para que \u00e9sta acudiera a esta particular justicia en su nombre y representaci\u00f3n, sino que, adem\u00e1s, era preciso que el delegado, al ejercer dicho encargo, demostrara ser un jurista titulado, inscrito y en ejercicio de la profesi\u00f3n, pues solo as\u00ed le era posible adelantar la misi\u00f3n encomendada. <\/p>\n

Luego, como ello no aconteci\u00f3 porque, seg\u00fan se observa al revisar el dossier, el promotor del resguardo no prob\u00f3 la calidad y aptitud ya referidas, esa sola circunstancia frustr\u00f3 el \u00e9xito de su intervenci\u00f3n, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que dicho actuante no manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de obrar como \u00abagente oficioso\u00bb; ni fue coadyuvado por el representado, quien no invoc\u00f3 ninguna dificultad para acudir directamente a este excepcional mecanismo. <\/p>\n

En ese sentido, la Sala, amparada en el art\u00edculo 86 superior y el 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ha dicho: <\/p>\n

(\u2026.) ning\u00fan tercero puede acudir al mecanismo de defensa constitucional en solicitud de amparo, por hechos que no afecten sus derechos fundamentales, a menos que se presente como apoderado o representante del agraviado, o bien como agente oficioso. Si de apoderado judicial se trata es indispensable presentar el poder; pero si la intervenci\u00f3n acaece como agente oficioso, deber\u00e1 manifestarse expresamente en la solicitud que el titular de los derechos constitucionales fundamentales no se encuentra en condiciones de ejercer su propia defensa (\u2026) CSJ SC 9 Feb. 1996, Exp. 2822; 9 Oct. 1998, Exp. 5429; 19 Feb, 2002, Exp. 0159-01; 11 Mar. 2009, Exp. 00001-01; reiteradas en STC 20978-2017). <\/p>\n

3.\tEn ese contexto, debe concluirse que la reclamaci\u00f3n est\u00e1 avocada al fracaso, por lo que, sin m\u00e1s, se prohijar\u00e1 el veredicto discutido. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\n(Ausencia Justificada) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\n(Ausencia Justificada) <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n

5<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC989-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 08001-22-13-000-2017-00472-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Se decide la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de noviembre de 2017 dictado por la Sala Primera Civil Familia del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101218","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101218","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101218"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101218\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101218"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101218"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101218"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}