{"id":101222,"date":"2026-07-01T17:06:28","date_gmt":"2026-07-01T17:06:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101222"},"modified":"2026-07-01T17:06:28","modified_gmt":"2026-07-01T17:06:28","slug":"stc993-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc993-2018\/","title":{"rendered":"STC993-2018"},"content":{"rendered":"
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
\nMagistrado ponente <\/p>\n

STC993-2018
\nRadicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2017-00468-01
\n(Aprobado en Sala de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en la tutela instaurada por Jos\u00e9 Nicol\u00e1s L\u00f3pez Payares contra el Juzgado Primero Civil del Circuito; la Inspectora Diecis\u00e9is Urbana de Polic\u00eda; el Delegado del Ministerio P\u00fablico de esa ciudad, Merelda Ramona Bernal de Arcila, Mar\u00eda Josefa Roca Retamoso y William Portillo C\u00e1rdenas intervinientes del juicio ejecutivo n\u00famero 1998-0296-00. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y defensa por lo que pidi\u00f3 \u00abdecretar la nulidad de la actuaci\u00f3n celebrada el d\u00eda 08 de noviembre de 2017 (\u2026) ordenar a los accionados cesar cualquier acto de perturbaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. <\/p>\n

Relat\u00f3 que en esa data se llev\u00f3 a cabo la diligencia de entrega ordenada por el juzgado convocado en el ejecutivo de Merelda Ramona Bernal de Arcila (cesionaria), y Mar\u00eda Josefina Roca Retamozo contra V\u00edctor Morato Mart\u00ednez, decretada desde el 9 de septiembre de 2009 y suspendida el 9 de marzo de 2010; que al constatar que las medidas y linderos no coincid\u00edan con el bien objeto de la actuaci\u00f3n, la comisionada y el Ministerio P\u00fablico decidieron perturbar la posesi\u00f3n que ostenta en el predio colindante y \u00abprocedieron a rodar la cerca que [lo] divide\u00bb y que ocupa. <\/p>\n

Adujo que ante las presuntas inconsistencias en el metraje de un bien que es objeto de entrega con ocasi\u00f3n de remate se debe notificar a los que se puedan ver afectados con ese acto, esto es a los propietarios y\/o poseedores de los circundantes; que el procedimiento para determinar la cabida y mojones de un fundo es el litigio ordinario de deslinde y amojonamiento, no un proceder policivo; que la propiedad y posesi\u00f3n de la heredad afectada la ha tenido su familia desde 1985 a la actualidad, donde han permanecido pac\u00edficamente con \u00e1nimo de se\u00f1ores y due\u00f1os y han pagado impuestos. <\/p>\n

Agreg\u00f3 que la funcionaria policial invoc\u00f3 normas del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil para validar sus irregularidades; que desde el 2009 han trascurrido m\u00e1s de nueve a\u00f1os, por consiguiente hab\u00eda perdido competencia para adelantarla contrariando el ordenamiento establecido en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo de Polic\u00eda, en especial lo se\u00f1alado en el par\u00e1grafo primero. <\/p>\n

2. El Juez Primero Civil del Circuito Oral de Barranquilla, dijo desconocer las razones de la demora en el cumplimiento del exhorto ordenado; que el promotor se equivoca al manifestar que el despacho ten\u00eda que ponerle en conocimiento el decurso, ya que no era sujeto procesal del mismo. <\/p>\n

La Inspectora Diecis\u00e9is de Polic\u00eda, relat\u00f3 los pormenores de la misi\u00f3n, en lo relativo al alinderamiento del inmueble a entregar y que tuvo la participaci\u00f3n de un perito y el auxilio de una Top\u00f3grafa; que la aplicaci\u00f3n normativa dada al asunto se hizo con fundamento en el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n

Los dem\u00e1s interesados guardaron silencio. <\/p>\n

SENTENCIA DEL TRIBUNAL E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n

Neg\u00f3 el auxilio porque el gestor contaba con otros medios de defensa, para en ese contexto ventilar las inquietudes aqu\u00ed planteadas (fls. 82 a 90). <\/p>\n

El veredicto fue recurrido por el interesado quien reiter\u00f3 los argumentos expuestos en el libelo (fls. 101 y 102). <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.\tLa salvaguarda est\u00e1 prevista en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica como un mecanismo para proteger de forma inmediata y efectiva las prerrogativas esenciales de las personas, cuando arbitrariamente fueren desconocidas o seriamente amenazadas por cualquier autoridad o por particulares, a menos que su titular tenga o haya tenido la posibilidad de hacerlas prevalecer con otros caminos legales, siempre y cuando se haya interpuesto oportunamente. <\/p>\n

Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de ritualidades y providencias, se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n

2.\tEn el caso bajo estudio se advierte el fracaso del amparo deprecado por Jos\u00e9 Nicol\u00e1s L\u00f3pez Payares, al percatarse el incumplimiento del requisito de subsidiariedad, pues no ha hecho uso de la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n para el impulso del proceso de deslinde y amojonamiento a lugar y exponer all\u00ed las inquietudes que por esta ruta excepcional propone. <\/p>\n

Dicho tr\u00e1mite se encuentra previsto en los art\u00edculos 400 y s.s. del C\u00f3digo General del Proceso y tiene como finalidad \u00abconservar a cada una de la partes la integridad de su fundo\u00bb. <\/p>\n

Es por ello que el resguardo desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia estipulada en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, ya que L\u00f3pez Payares pretende un pronunciamiento anticipado de este escenario preferente, sobre aspectos que deben ser ventilados ante el juzgador natural, de consiguiente, sin asidero por esta senda residual y extraordinaria. <\/p>\n

Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n

(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026) (SC de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; citada en STC20906-2017, entre otras). <\/p>\n

3. Adem\u00e1s de lo anterior, el peticionario no demostr\u00f3 hallarse frente a un perjuicio irremediable, de caracter\u00edsticas graves, inminentes y urgentes, con entidad suficiente para facultar la intervenci\u00f3n de esta excepcional jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n

4. Ahora bien, en lo concerniente a la supuesta \u00abactuaci\u00f3n irregular\u00bb de la funcionaria comisionada, es pertinente memorar que le incumbe ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por la denuncia y las consecuencias que se deriven de ello. <\/p>\n

En torno a este tema la Sala ha manifestado <\/p>\n

\u201c(\u2026) [E]s preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito (\u2026)\u201d (CSJ STC 11 de noviembre de 2011, exp. 00502-01, reiterada el 14 de marzo de 2013, exp. 00492-00). <\/p>\n

5. De acuerdo a lo discurrido, se confirmar\u00e1 el veredicto examinado, por las razones aqu\u00ed plasmadas. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y oportunamente rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\nPresidente de Sala <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO
\n(Ausencia Justificada) <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA
\n(Ausencia Justificada) <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC993-2018 Radicaci\u00f3n n\u00ba 08001-22-13-000-2017-00468-01 (Aprobado en Sala de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo de 27 de noviembre de 2017 proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101222","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101222","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101222"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101222\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101222"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101222"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101222"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}