{"id":101232,"date":"2026-07-01T17:07:32","date_gmt":"2026-07-01T17:07:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/?p=101232"},"modified":"2026-07-01T17:07:32","modified_gmt":"2026-07-01T17:07:32","slug":"stc1004-2018","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2026\/07\/01\/stc1004-2018\/","title":{"rendered":"STC1004-2018"},"content":{"rendered":"
MARGARITA CABELLO BLANCO
\nMagistrada ponente <\/p>\n

STC1004-2018
\nRadicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-03166-01
\n(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) <\/p>\n

Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). <\/p>\n

Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhon Henry Zamora Prado en frente del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa urbe, extensiva a la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n

ANTECEDENTES <\/p>\n

1.- El quejoso depreca la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abdefensa\u00bb, \u00abnon bis in idem\u00bb y \u00abformas propias del juicio\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades recriminadas. <\/p>\n

2.- Arguy\u00f3, como sustento de su reclamo, en suma, lo siguiente: <\/p>\n

2.1.- Por causa de los hallazgos evidenciados al llevarse a cabo un operativo el d\u00eda 3 de octubre de 2002, le fue imputado el punible de \u00abtr\u00e1fico de sustancias para el procesamiento de narc\u00f3ticos\u00bb. <\/p>\n

2.2.- As\u00ed las cosas, tras ser adelantadas y agotadas las etapas procesales correspondientes, el despacho encartado, a trav\u00e9s de sentencia adiada 18 de enero de 2016, le impuso las penas principales de 6 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de 2000 salarios m\u00ednimos legales vigentes, y la accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por similar per\u00edodo. <\/p>\n

2.3.- Frente a dicho fallo enderez\u00f3 alzada que el tribunal enjuiciado desat\u00f3 el 15 de junio de 2016, ratificando la condena. <\/p>\n

2.4.- Tal la raz\u00f3n por la que interpuso \u00abrecurso extraordinario de casaci\u00f3n\u00bb, siendo que la Sala de Casaci\u00f3n Penal lo inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s de auto de 18 de enero de 2017. <\/p>\n

2.5.- Se duele de que los hechos que dieron origen al proceso sub examine \u00abfueron los enrostrados en la indagatoria y jur\u00eddicamente se les dio la denominaci\u00f3n de concierto para delinquir y hurto agravado, y por dichos cargos se impuso medida de aseguramiento a la hora de definir la situaci\u00f3n jur\u00eddica y posteriormente se [le] acusa por los mismos cargos, para finalmente ser acogidos en su totalidad [\u2026] en aplicaci\u00f3n del fen\u00f3meno de terminaci\u00f3n anormal del proceso por lo que se les reconoce 1\/8 de rebaja por aceptar los cargos. Y [fue] condenado [\u2026] a la pena de 52 meses de prisi\u00f3n\u00bb, por lo cual \u00abexiste identidad de sujeto, identidad del hecho, identidad de causa. Lo que se argumenta es, que aunque los hechos que originan una y otra investigaci\u00f3n son los mismos, y existe identidad de sujeto y que la causa que origina es la misma, no se da la violaci\u00f3n del principio del non bis in [i]dem en la medida en que se trata de un caso que permite el fen\u00f3meno jur\u00eddico del concurso de conductas punibles denominado concurso material y que por ello no importa que se quedara por fuera de la inicial investigaci\u00f3n, pues por tratarse de dicho fen\u00f3meno se pod\u00eda iniciar posteriormente la investigaci\u00f3n y su juzgamiento\u00bb, lo que en su criterio no es factible. <\/p>\n

2.6.- Asevera que atendi\u00f3 el postulado de la inmediatez comoquiera que \u00abapenas qued[\u00f3] ejecutoriada la sentencia condenatoria, y se envi\u00f3 [\u2026] este a\u00f1o a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad\u00bb. <\/p>\n

3.- Solicita, conforme a lo relatado, que \u00abse decrete la cesaci\u00f3n de procedimiento\u00bb en el sub lite, am\u00e9n de disponerse \u00abla cancelaci\u00f3n de la orden de captura existente\u00bb en su contra y la expedici\u00f3n de \u00ablos oficios de rigor para que se cancelen los registros de la sentencia de condena proferida\u00bb. <\/p>\n

4.- La presente actuaci\u00f3n fue remitida por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal a trav\u00e9s de resoluci\u00f3n de 14 de diciembre de 2017 (fls. 164 a 169), ya que dentro del sub lite esta, \u00aben pronunciamiento de 18 de enero de [2017 \u2026] inadmiti\u00f3 la demanda de casaci\u00f3n\u00bb formulada por el tutelista; a su vez, a la referida hom\u00f3loga inicialmente le hab\u00eda sido enviada por parte de esta Sala, por asunto de competencia (fol. 27). <\/p>\n

As\u00ed las cosas, a dicha formulaci\u00f3n se le dio tr\u00e1mite, admiti\u00e9ndola, mediante prove\u00eddo de 22 de enero de 2018 (fol. 179). <\/p>\n

LA RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n

La c\u00e9lula judicial acusado refiri\u00f3, en s\u00edntesis, que no vulner\u00f3 las prerrogativas del petente por cuanto obr\u00f3 respeto al debido proceso \u00abdurante toda la actuaci\u00f3n procesal\u00bb por lo que cumple la denegaci\u00f3n de \u00abla presente acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n

El tribunal querellado adujo, resumidamente, que no se atendi\u00f3 el principio de inmediatez. <\/p>\n

La Sala de Casaci\u00f3n Penal sostuvo no quebrantar ninguna prerrogativa. <\/p>\n

CONSIDERACIONES <\/p>\n

1.- La reiterada jurisprudencia ha sostenido, en l\u00ednea de principio, que este amparo no es la senda id\u00f3nea para censurar decisiones de \u00edndole judicial; s\u00f3lo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinaci\u00f3n \u00abcon ostensible desviaci\u00f3n del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure \u2018v\u00eda de hecho\u2019\u00bb, y bajo los supuestos de que el afectado concurra dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja, y de que \u00abno disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo\u00bb (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, rad. 00329-00). <\/p>\n

El concepto de \u00abv\u00eda de hecho\u00bb fue fruto de una evoluci\u00f3n pretoriana por parte de la Corte Constitucional, en vista de la necesidad de que todo el \u00e1mbito jur\u00eddico debe respetar los derechos fundamentales como base de la noci\u00f3n de \u00abEstado Social de Derecho\u00bb y la ordenaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 4 de la Carta Pol\u00edtica. As\u00ed hoy, bajo la aceptaci\u00f3n de la probabilidad que providencias desconozcan prerrogativas esenciales, se admite por salvedad la posibilidad de amparar esa afectaci\u00f3n siempre y cuando se cumplan los siguientes presupuestos: l. Generales: \u00aba) Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; b) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio ius fundamental irremediable; c) Que se cumpla el requisito de la inmediatez; d) Cuando se trate de una irregularidad procesal; e) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f) Que no se trate de sentencia de tutela\u00bb y, 2. Especiales: \u00aba) Defecto org\u00e1nico; b) Defecto procedimental absoluto; c) Defecto f\u00e1ctico; d) Defecto material o sustantivo; e) Error inducido; f) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; g) Desconocimiento del precedente y h) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n\u00bb (C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012). <\/p>\n

2.- Observada la discrepancia elevada surge que el gestor cuestiona, dentro del litigio punitivo objeto de esta salvaguarda, que fue indebidamente condenado por el juzgado acusado mediante providencia de 18 de enero de 2016, misma que ratific\u00f3 el tribunal encartado el d\u00eda 15 de junio de 2016, resoluci\u00f3n ante la cual interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n que la hom\u00f3loga Penal inadmiti\u00f3 a trav\u00e9s de auto de 18 de enero de 2017, todo lo cual engendra la presencia de la causal espec\u00edfica de procedibilidad por defectos procedimental absoluto y material. <\/p>\n

3.- Obran como demostraciones que ata\u00f1en con el asunto que ahora concita la atenci\u00f3n, las siguientes: <\/p>\n

3.1.- Sentencia condenatoria emitida el d\u00eda 18 de enero de 2016, por la c\u00e9lula judicial encartada. <\/p>\n

3.2.- Fallo confirmatorio proferido, el 15 de junio de 2016, por el tribunal censurado. <\/p>\n

3.3.- Prove\u00eddo de 18 de enero de 2017, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, mediante el cual determin\u00f3 \u00abinadmitir la demanda de casaci\u00f3n\u00bb presentada por el peticionario. <\/p>\n

4.- Ata\u00f1edero con el reproche elevado en punto de las actuaciones emprendidas al interior del proceso penal objeto de pronunciamiento, advierte la Corte que la concesi\u00f3n de la salvaguardia tutelar deprecada deviene inane, por cuanto no se atendi\u00f3 al requisito general de procedencia de la inmediatez, dado el amplio lapso verificado a partir de cuando fue emitido el \u00faltimo de los pronunciamientos aqu\u00ed cuestionados, esto es, el auto adiado 18 de enero de 2017 con que se inadmiti\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto (y, con m\u00e1s veras, desde las sentencias de primer y segundo grado enantes aludidas datadas, en su orden, 18 de enero y 15 de junio, ambas de 2016), habida cuenta que la solicitud de auxilio fue propuesta s\u00f3lo hasta el d\u00eda 16 de noviembre de 20171, incuria que desnaturaliza el car\u00e1cter urgente e impostergable de la protecci\u00f3n implorada, sin que por dem\u00e1s sea admisible la excusa planteada para justificar la tardanza aludida, en el sentido de que \u00abla sentencia condenatoria [\u2026] se envi\u00f3 [\u2026] este a\u00f1o a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad\u00bb. <\/p>\n

4.1.- Lo propio, ya que como ha tenido ocasi\u00f3n de se\u00f1alar esta Corporaci\u00f3n al interior de asuntos que guardan simetr\u00eda con el aqu\u00ed analizado, \u00abno cualquier formulaci\u00f3n que eleven los quejosos puede tener la virtualidad de alterar el hito judicial a partir del cual se ha de realizar el c\u00f3mputo del preciso lapso que concierne con el postulado de que se viene tratando\u00bb (CSJ STC17379-2014, 18 dic. 2014, rad. 2014-02882-00), que \u00abno es otro distinto al de la puntual y concreta fecha en que se dicta la resoluci\u00f3n materia de disenso\u00bb (se subline\u00f3; CSJ STC15061-2017, 21 sep. 2017, rad. 2017-02450-00). Dicho de otro modo: \u00abel plazo m\u00e1ximo del semestre a considerar en aras de revisar el conteo de la referida figura, que se yergue como uno de los requisitos generales de procedencia, se parte a verificar, de suyo, desde la puntual calenda en que es dictada la providencia objeto del reproche ius fundamental, que no desde ning\u00fan otro acto procedimental\u00bb (CSJ STC18667-2017, 9 nov. 2017, rad. 2017-02996-00). <\/p>\n

Ello, por cuanto que el lapso a tener en cuenta para efectos del c\u00f3mputo de la inmediatez \u00abse contabiliza desde la precisa fecha en que se emiti\u00f3 la providencia que en cada caso se recrimina\u00bb (v\u00e9ase; CSJ STC11818-2017, 9 ago. 2017, rad. 2017-01982-00), habida cuenta que como se dijo en CSJ STC, 6 jul. 2012, rad. 01340-00, \u00abno se satisfizo el requisito de inmediatez, toda vez que la acci\u00f3n se interpuso [\u2026] trascurrido m\u00e1s de un a\u00f1o desde cuando el Tribunal emiti\u00f3 la sentencia censurada [\u2026], sin que sea excusa aceptable la esgrimida por el actor [\u2026], por cuanto el t\u00e9rmino se contabiliza es a partir de la providencia cuestionada [\u2026] y, no [desde] otras peticiones que se eleven [\u2026], cuyo resultado, en asuntos como este, no podr\u00edan restarle eficacia al referido fallo\u00bb (se relieva). <\/p>\n

4.2.- Es por eso que el actor no puede acudir a esta senda de resguardo para se\u00f1alar la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas, pues, pese a que no existe t\u00e9rmino de caducidad para interponer la tutela, s\u00ed se impone ejercerla dentro de un plazo razonablemente prudencial, que no es otro que el ya anunciado de seis (6) meses jurisprudencialmente establecidos al efecto, y ello en aras de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser que no es otra que la salvaguardia inmediata de los derechos fundamentales de la persona, m\u00e1s a\u00fan cuando la premura que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, justamente por lo distante del hecho en el tiempo, per se se desestructura. No tiene premura quien voluntariamente deja pasar largo lapso antes de elevar reclamo, raz\u00f3n por la que el amparo rogado no puede abrirse paso. <\/p>\n

Y es que, como esta Corporaci\u00f3n ha venido insistiendo sobre el particular, \u00ab[\u2026] la demanda de amparo [\u2026] no cumple con el presupuesto de inmediatez, por cuanto, como se aprecia, no se plante\u00f3 dentro de los seis meses siguientes al proferimiento del segundo de los pronunciamientos criticados, tardanza que, por s\u00ed, desvirt\u00faa la finalidad de este resguardo, pues la tutela es un mecanismo creado para la \u201cprotecci\u00f3n inmediata\u201d de los \u201cderechos constitucionales (\u2026) vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u201d (art. 86, C. P.)\u00bb (se subline\u00f3; CSJ SCT3569-2017, 15 mar. 2017, rad. 2017-00657-00). <\/p>\n

4.3.- Sobre el item que viene de tratarse, la Sala, desde hace bastante tiempo ya, puntualiz\u00f3 que: <\/p>\n

[E]n efecto, a pesar de la desaparici\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 hab\u00eda se\u00f1alado para ejercer la acci\u00f3n de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido \u2018que si bien no existe un t\u00e9rmino l\u00edmite para el ejercicio de la acci\u00f3n, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protecci\u00f3n y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u2019. Por lo tanto, resultar\u00e1 improcedente la acci\u00f3n de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricci\u00f3n tiene como finalidad preservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica (Sentencia T-797 de 26 de septiembre de 2002). <\/p>\n

Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Pol\u00edtica se\u00f1ala como finalidad del ejercicio de esta acci\u00f3n, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 23 jul. 2015, rad. 01540-00). <\/p>\n

5.- De acuerdo con lo discurrido, no se conferir\u00e1 la protecci\u00f3n impetrada. <\/p>\n

DECISI\u00d3N <\/p>\n

En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada. <\/p>\n

Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n

Notif\u00edquese <\/p>\n

AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
\n(Presidente de Sala) <\/p>\n

MARGARITA CABELLO BLANCO <\/p>\n

\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n

LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n

ARIEL SALAZAR RAM\u00cdREZ <\/p>\n

OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA
\n1 \tT\u00e9ngase \ten cuenta que el presente asunto hab\u00eda sido enviado a la \thom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal por competencia, siendo que \ttal, mediante auto CSJ ATP8599-2017, 14 dic. 2017, rad. 95859, tras \tdeclarar la nulidad de lo all\u00ed actuado, remiti\u00f3 las \tactuaciones a esta Sala aduciendo verse extensivamente involucrada \ten punto de las disconformidades elevadas.<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

MARGARITA CABELLO BLANCO Magistrada ponente STC1004-2018 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2017-03166-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Dec\u00eddese la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jhon Henry Zamora Prado en frente del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[102],"tags":[],"class_list":["post-101232","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-102"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101232","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=101232"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/101232\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=101232"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=101232"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=101232"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}